PGN - ACCION DE REPETICION - Modificación de condena

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Modificación de condena ACCIÓN DE REPETICIÓN-Responsabilidad patrimonial PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN-Función El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, además de la protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Marco normativo ACCIÓN DE REPETICIÓN-Definición ACCIÓN DE REPETICIÓN-Requisitos

1. La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena.2. La existencia de una condena judicial, una conciliación, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado. 3. El pago efectivo realizado por el Estado y 4. La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado como dolosa o gravemente culposa.

De esta manera se tiene que, los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda, en tanto que el último de ellos es de carácter subjetivo y está sometido a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción.

RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE-Características

PRESUNCIÓN LEGAL-Naturaleza

PRESUNCIONES EN EL ÁMBITO JURÍDICO-Clases

Las presunciones en el ámbito jurídico son de dos tipos: Las presunciones legales y las presunciones simples o judiciales, también llamadas presunciones de hombre. Dentro de las Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado presunciones legales, se distinguen las presunciones iuris tantum - que admiten prueba en contrario - y las presunciones iuris et de iure - que no admiten prueba en contrario. Conviene recordar que la existencia de presunciones legales no comprometen el derecho al debido proceso ni el derecho de defensa, pues si bien es cierto que por regla general los sujetos procesales están obligados a demostrar los hechos que alegan como fundamento de su pretensión -onus probandi incumbi actori-, también lo es que con el fin de promover la equidad en las relaciones procesales que surgen a raíz de la acción de repetición, así como de propender por la protección y efectividad de bienes jurídicos relevantes como la moralidad y la defensa del patrimonio público, el legislador bien podía relevar al Estado de la carga de la prueba, cuando al ejercer dicha acción, alega en su favor la presunción de dolo o culpa grave, sin perjuicio de que la parte demandada pueda desvirtuarla mediante prueba en contrario. De lo anterior, se precisa que la presunción reviste un carácter probatorio, debido a que el actor debe demostrar que de una circunstancia o causal resulta probado el hecho al cual se refiere la

presunción, invirtiéndose la carga de la prueba al demandado, el cual deberá probar la inexistencia del hecho o de las circunstancias del cual se infieren, para liberar su responsabilidad patrimonial. Para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso, que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. LITISCONSORCIO CUASINECESARIO-Definición El Litis consorcio cuasinecesario, es una especie o modalidad jurídica intermedia, entre el litis consorcio necesario y el litis consorcio facultativo, que se presenta cuando uno o varios sujetos tienen legitimación para intervenir en un proceso, por la activa o por la pasiva, esto es, en calidad de demandantes o de demandados, por tener una relación sustancial o material, pero basta con que uno solo actúe dentro del proceso en tal calidad, para que pueda dictarse sentencia de mérito con plenos efectos jurídicos. ACCIÓN DE REPETICIÓN-En el caso sub lite se cumplieron los requisitos necesarios para la prosperidad de esta figura …, es claro que en el presente caso existen, una serie de eventos carentes de explicación lógica, que obligan a concluir que la conducta de los miembros del Ejército Nacional, que desarrollaron la misión táctica 004/2007, se debe calificar a título de dolo, pues no existe duda de la intención de los nueve (09) militares en obtener el resultado positivo de esta operación, el

cual va más allá del simple desconocimiento de la Constitución y la ley, transgrediendo así intencionalmente las normas internacionales ratificadas por Colombia en el marco del respeto por la vida y la distinción de la población civil en el conflicto armado. ..., es necesario indicar que en el sub lite se cumplieron los requisitos necesarios para la prosperidad de la acción de repetición; sin embargo, debido a que no se vincularon al presente proceso a los demás uniformados que igualmente tienen comprometida su propia responsabilidad, existiendo múltiples motivos para imputárseles los hechos o acciones que 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF derivaron en una condena en contra del Estado. Así mismo, frente a la responsabilidad del comandante militar con mando efectivo de las tropas en desarrollo del operativo, por hacer, omitir y permitir que quienes estaban bajo su mando actuaran desconociendo el deber que les asiste de sujetarse a los postulados definidos en la Carta Política y en la legislación especial e internacional. RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS-En el caso que nos ocupa es improcedente aceptarla De esta manera, al no lograr el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional individualizar la responsabilidad de los demandados, y no presentar sustento lógico de por qué la entidad actora excluyó a los otros cuatro militares que desarrollaron la misión táctica “EGIPTO” operación fragmentaria “EGIPTO 1”, es improcedente e inaceptable endilgar la responsabilidad

únicamente a los señores …, … y …, desprendiéndose la responsabilidad de la eventual mentira fabricada para legalizar la baja, configurándose de esta manera un comportamiento reprochable en todos los militares que se encontraron presentes en el desarrollo de la operación táctica No 004 de 2007”, presumiéndose en su contra la conspiración y el concierto criminal, correspondiendo la imposición de la condena sobre cada uno de los uniformados, pues todos deben pagar de manera solidaria, porque todos participaron en la organización de la redada en que resultaron dos civiles sin vida, unos accionando las armas y el comandante de la misión permitiéndoles desarrollar dicho operativo fuera de las funciones que la Constitución y la Ley les ha entregado a las fuerzas militares. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Frente al presente caso Frente al presente caso, no puede el Ministerio Público, dejar pasar por alto la obligación que le asiste al Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, de efectuar los estudios y evaluaciones de los posibles casos en que deba iniciarse la acción de repetición para poder recuperar el dinero cancelado por la entidad en una eventual falla generada por sus agentes o ex agentes, para lo cual se han fijado unos parámetros legales, en la Ley 678 de 2001, 446 de 1998, en el Decreto 1716 de 2009, y en la reglamentación interna del Ministerio de Defensa Nacional mediante la Resolución No 3200 del 31 de julio de 2009 por la cual, se adecuó la conformación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa, se promovió la acción de repetición, y se delegó la

facultad de constituir apoderados para conciliar, normas que se encontraba vigentes para la fecha de radicación de la presente acción de repetición….. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Deber de ejercerla contra los funcionarios y exfuncionarios o particulares que ejerzan funciones públicas …, la Procuraduría Cuarta Delegada, solicita al Honorable Consejo de Estado efectuar admonición al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en el sentido de advertir a la entidad demandante que el deber de ejercer la acción de repetición contra los funcionarios y exfuncionarios o particulares que ejerzan funciones públicas, comporta la obligación de analizar e individualizar la responsabilidad de cada uno de los agentes estatales para establecer si su acción u omisión fue con culpa grave o con dolo, toda vez que, a pesar de existir presunción de 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF dolo frente a los hechos que generaron la condena en contra del Ministerio de Defensa, esta debió aportar material probatorio que demostrara la responsabilidad exclusivamente de los aquí demandados, o de no ser posible, haber presentado la demandan en contra de los seis militares que utilizaron material de guerra, y contra el Sargento … que estaba al mando del grupo que ejecutó la operación táctica No 004/2007, cumpliendo así el desarrollo efectivo de la carga de la prueba, tanto al incoar la acción como durante las etapas previstas para ello dentro del proceso, con el fin de demostrar judicialmente los presupuestos objetivos y el requisito de

carácter subjetivo; esto es la conducta dolosa o gravemente culposa del agente público, por la cual debe pagar al Estado las sumas que éste canceló como consecuencia de la sentencia proferida dentro de un proceso indemnizatorio, lo que además se traduce en garantizar el derecho de defensa al demandado servidor o ex servidor público o particular que ejerció función pública, de suerte que le permita presentar sus pruebas y contradecir las que se aduzcan en su contra, para responsabilizarlo por los hechos que originaron una indemnización o el pago de una condena. Así mismo se solicita al Consejo de Estado efectuar la admonición al Ministerio de Defensa, pues la acción de esta entidad en el presente caso, fue falta de seriedad y precaria frente a la claridad de la teoría del caso, que trasmitió al contencioso administrativo, pues al radicar la demanda, la inició en contra de una persona que nada tenía que ver con los hechos que fundamentaron la condena, esto para el caso del Cabo Segundo…, igualmente al indicar que desconocía el domicilio de notificación de los demandados, cuando dos de estos se encontraban privados de la libertad en una cárcel militar, olvidando la obligación que le asistía de aportar todas las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad de los demandados, y lograr así la finalidad del presente medio de control. Igualmente, se advierte una deficiente y ligera actuación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional, quienes no cumplieron sus funciones cabalmente, al no analizar el fondo de la situación y simplemente adoptar la decisión de repetir en contra de los hoy demandados en

la presente acción de repetición, sin invocar un fundamento probatorio que aclarara y justificara la decisión de no vincular al presente proceso a los otros cuatro (04) militares que participaron en los hechos que generaron la condena cancelada y que hoy pretende la entidad recuperar, que debido a su negligente y pésima actuación , hemos considerado que el fallo no puede acceder al 100% de sus pretensiones. PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA-La entidad demandante no vinculó a todos los militares que participaron en los hechos que dieron lugar a la condena e indemnización que debió pagar por este proceso …, se encuentra que la entidad demandante no vinculó a todos los militares que participaron en los hechos que dieron lugar a la condena e indemnización que debió pagar por el proceso de reparación directa con radicado No 2008 00239 01, ni tampoco presentó explicación alguna de las razones por las cuales, inició el medio de control de repetición únicamente en contra de tres (03) uniformados y dejó a cuatro (04) por fuera de esta acción, así como tampoco logró demostrar el grado de participación de cada uno de los demandados para proceder a efectuar la calificación de las actuaciones como gravemente culposa o dolosa, para esta Delegada del Ministerio Público, es claro que en los lamentables hechos acaecidos el 5 de enero de 2007 donde perdieron la vida dos civiles, los 6 uniformados que dispararon actuaron con dolo, asistiéndole igualmente responsabilidad al comandante de la operación, razón por la cual no considera el Ministerio Público que sea justo ni mucho menos equitativo con la sociedad, que

por la reprobable actuación de la entidad accionante, y el bajo interés de sus funcionarios en el presente proceso, se absuelva de responsabilidad a los demandados, sin embargo, tampoco 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF es justo ni equitativo que ellos asuman toda la carga cuando en esos hechos también participaron otros cuatro (04) miembros del Ejército Nacional, que no fueron vinculados en este proceso.

CONCEPTO No. 095 / 2017

Bogotá D.C., 21 de junio de 2017

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

E. S. D.

EXPEDIENTE: 850012333001201400023 01 (58511) Medio de control– Ley 1437 de 2011

Acción: Repetición

Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

Demandado: Diego Alexander Rojas y otros.

Sentido del concepto: solicitud de MODIFICAR la sentencia recurrida / Se cumplió con la carga probatoria por parte de la entidad para acreditar los elementos de la acción de repetición en contra de los demandados / No se logró demostrar el grado de participación de los demandados / La presente acción de repetición se debió iniciar en contra de los seis militares que dispararon sus armas de dotación y del Sargento Rodríguez Rodríguez quien estaba al mando de la misión Táctica

004 /2007 / Se puede atribuir la imputación de la conducta dolosa a los demandados / Solicitud de admonición al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, además de la protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF

I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

La Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de repetición consagrada en los artículos 77, 78 e inciso segundo del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entabló demanda, en contra de los señores Diego Alexander Rojas quien se desempeñaba como Cabo Segundo del Ejército, Darío Sigua Leal y José Nicolás Siábato Bohórquez soldados profesionales, con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables por los daños causados a la entidad, con ocasión de la condena judicial proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal dentro del proceso de reparación directa iniciada bajo el radicado No 2008-0023900, y confirmada por el Tribunal Administrativo de Casanare en decisión del 26 de mayo de 2011, en la que se reconoció a favor de los demandantes, la suma de $470.420.851.13 por

concepto de perjuicios ocasionados por la muerte del señor Wilmer Jaimes Jaimes, ocurrida el 5 de enero de 2007 en horas de la noche, en el sector conocido como Casa Roja del municipio de Hato Corozal (Casanare), lugar en donde un escuadrón militar del Batallón Contraguerrilla No 23 “LLANEROS DE RONDON” desarrollaban la misión táctica operacional 004/2007 denominada “EGIPTO”, fraccionaria “EGIPTO 1”, fragmentaria “OPERACIÓN BATALLA 1” adelantada en contra de los miembros del frente 28 de las FARC, quienes presuntamente se encontraban situados cerca a la vía conocida como la marginal de la selva del municipio de Hato Corozal. 1.2. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Casanare, en sentencia del 29 de septiembre de 2016, efectuó el estudio del proceso bajo los criterios establecidos en la Ley 678 de 2001, y en consecuencia accedió a las pretensiones de la demanda sin condena en costas, manifestando en resumen, lo siguiente: 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF  El Tribunal encontró acreditada la obligación proveniente de la declaratoria de responsabilidad administrativa y extracontractual, y de la condena impuesta, dentro de la acción de reparación directa No 85001333100220080023900, iniciada en contra de la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional que cursó en el Juzgado Segundo

Administrativo de Yopal, y confirmada por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante providencia del 26 de mayo de 2011, acreditándose así el primer elemento objetivo.  Frente al segundo requisito establecido por la Ley 678 de 2001, manifestó el a quo que este se encuentra acreditado, a través de la Resolución No 075 del 15 de febrero de 2012, el cual ordenó reconocer y pagar el valor de $470.420.851,13 a favor de los demandantes en reparación directa, pago que se hizo efectivo el 28 de febrero de 2012, conforme se indicó en certificación expedida por un funcionario de la unidad oficial, documentos que reposan dentro del plenario.  Igualmente, encontró la Sala demostrado que, para la época de los hechos que dieron lugar a la condena que hoy se repite, se desempeñaban como Soldados Profesionales los señores Darío Sigua Leal y José Siábato Bohórquez y el señor Diego Alexander Rojas como Cabo Segundo del Ejército, este último retirado al momento de la presentación de la presente acción de repetición. De esta manera el Tribunal, al encontrar probado los elementos de carácter objetivo necesarios para la procedibilidad del medio de control de repetición, analizó la relación entre los demandados y el hecho que generó el daño indemnizado por el Estado – entidad demandante, indicando que estos estuvieron en el sitio de los hechos en que perdió la vida el señor William Jaimes Jaimes, y hacían parte del grupo de militares que dispararon indiscriminadamente contra los supuestos atacantes, tesis que afirmó con lo indicado en los informes rendidos por medicina legal y la necropsia practicada a los cuerpos, lo cual le

permitió concluir que, el hecho dañoso no se materializo con el uso legítimo de la Fuerza Pública como lo invoco la parte pasiva, sino por el contrario las dos víctimas fueron vilmente ajusticiadas en absoluto estado de indefensión y con una flagrante violación de todos sus derechos. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF Así mismo, manifestó que los hechos que rodean el ajusticiamiento del señor Wilson Jaimes y otro, permiten renombrar al escudaron militar que desarrolla la misión táctica encomendada, como una empresa criminal que planeó llevar a las víctimas hasta el sitio donde fueron ultimados, y luego se pusieron de acuerdo para hacer las manifestaciones que rindieron en sus versiones, e incluso para tergiversar la investigación colocando a las víctimas armas que no portaban, y así pasarlos como criminales, alterando la escena del crimen. De esta manera, la Sala consideró que el acervo probatorio, permite evidenciar la existencia de una cadena de indicios, todos concordantes y confluentes a concluir que no hubo tal uso legítimo de la fuerza, por el contrario, el hecho que generó la condena en acción de reparación directa se puede catalogar como un uso excesivo de la fuerza, permitiendo calificar el actuar de los demandados en una actuación dolosa, la cual conlleva a su responsabilidad solidaria, debiendo reponer el dinero pagado por la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional; sin embargo, este no debe ser por el monto total

pagado por la entidad, sino solo por el capital que corresponde a $396.436.336, más su actualización desde la fecha de la cancelación hasta la ejecutoria de la sentencia. De esta manera, el Tribunal Administrativo de Casanare, consideró que se encuentran cumplidos todos los elementos necesarios para la prosperidad del medio de control invocado, procediendo entonces a imponer condena en contra de los demandados por su actuar doloso, la cual derivó una condena en contra de la entidad actora. 1.3. Argumentos de la apelación. La apoderada de los señores Darío Sigua Leal y José Nicolás Siábato Bohórquez, interpuso recurso de apelación, manifestando que la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Casanare del 29 de septiembre de 2016, es contraria a derecho y en resumen expone los siguientes fundamentos: 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF  De cara al acervo probatorio obrante en el proceso penal, se evidencia a todas luces, que los hechos en los cuales falleció el señor Wilson Jaimes Jaimes, fueron producto del desarrollo de una operación militar legítima, por cuanto obra en el expediente el informe de inteligencia previo a la emisión de la orden operacional denominada “EGIPTO”, copia de la orden y otros documentos que indican que en esta misión táctica participaron nueve militares, de los cuales quedó probado que seis de ellos accionaron sus armas y consumieron munición, por lo tanto, se hace necesario que la entidad demandante probara

que militar fue el que realizó la baja del señor Wilson. Sin embargo, pese a esta incertidumbre, injustamente la demandante inició proceso de repetición solo contra tres de los nueve militares que participaron en el desarrollo de la mencionada misión, pese a que cada uno tenía funciones asignadas individualmente.  No tuvo en cuenta el Tribunal que, en vida el señor Wilson Jaimes Jaimes estuvo condenado a prisión, por el delito de extorsión; lo cual coincide con las versiones libres y testimonios rendidos por los demandados en el proceso penal y disciplinario adelantado en su contra, lo cual permite confirmar que efectivamente se trató de un combate desencadenado por una orden operacional legítima.  Pese a que la Sala indicó que esta no era instancia penal, por lo que no es su obligación aclarar si hubo o no un delito, en el caso en concreto lanzó una serie de apreciaciones que lejos están de la verdad, pues ni siquiera en el proceso penal han hecho tales aseveraciones puesto que a la fecha no hay certeza de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desollaron los hechos, por lo que no hay fundamento fáctico ni jurídico que determine que los demandados constituyeron una empresa criminal para realizar el hecho y para ocultar las circunstancias en que ocurrió.  De esta manera, no se logó probar el grado de participación de cada demandado en la acción u omisión dañina determinante de la responsabilidad del Estado, sin embargo, el Tribunal impone una condena solidaria, apartándose de la verdad y careciendo del elemento subjetivo necesario para condenar a los demandados, sin tan siquiera decirles el

por qué se les está condenando. Desconociendo la necesidad que tiene la administración 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF de justicia de impartir justicia, debiendo proferir una sentencia que determine con precisión cual es el cargo que se le imputa a cada uno, así como que actuaciones realizó en la producción del hecho lesivo, pero no condenar por condenar.  La demanda de repetición, posee dos pilares constitucionales, enmarcados en los artículos 29 y 90: i) el ingrediente subjetivo o de culpabilidad; y ii) la participación real en el hecho lesivo, por acción u omisión. Adicionalmente este medio de control requiere que se presente mediante un escrito serio, que tenga clara la teoría del caso, imputable, certero y oportuno, puesto que estas son garantías para el debido proceso de los demandados. En consecuencia, la entidad demandante en ninguno de los escenarios procesales logró estructurar en modo alguno cual fue la actuación de cada uno de los demandados, ni tampoco cual podría ser la calificación de su conducta y si efectivamente se constituyen en agentes determinantes del daño reparado por el Ejército, razón por la cual, en el presente caso no se encuentra probado el elemento de responsabilidad subjetivo, correspondiente a demostrar que los hechos del 5 de enero de 2007 en que falleció el señor Wilmer Jaimes Jaimes, son reprochables a las actuaciones de los señores Darío Sigua Leal y José Nicolás

Siábato Bohórquez. En conclusión, la apoderada de los demandados solicitó al H. Consejo de Estado revocar en su integridad la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2016, por el Tribunal Administrativo de Casanare y en su lugar desestimar las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF 2.1.1. Problemas jurídicos planteados por la apoderada de la parte pasiva.  ¿Es viable en el presente caso indicar, conforme a los hechos ocurridos el 5 de enero de 2007 en horas de la noche, en el sector conocido como Casa Roja del municipio de Hato Corozal (Casanare), que la muerte de los dos presuntos extorsionistas, entre ellos el señor Wilmer Jaimes, fue en cumplimiento de una misión táctica, y de manera legítima?  ¿Logró la actora demostrar el grado de participación de cada demandado, en los hechos del 5 de enero de 2007, donde perdieron la vida dos civiles? 2.1.1. Problemas jurídicos planteados por el Ministerio Público.  ¿En el caso sub examine, se configuran los elementos sustanciales de la acción de repetición, instaurada por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, conforme las disposiciones legales vigentes para la época de los hechos, en contra de tres miembros del Batallón Contraguerrilla No 23 “LLANEROS DE RONDON”, quienes desarrollaban la

misión táctica operacional 004/2007 denominada “EGIPTO”, fraccionaria “EGIPTO 1”, fragmentaria “OPERACIÓN BATALLA 1”?  ¿Deben responder patrimonialmente en acción de repetición, los señores Diego Alexander Rojas, Darío Sigua Leal y José Nicolás Siábato Bohórquez, quienes para la época de los hechos se desempeñaban como Cabo Segundo y Soldados Profesionales del Ejército, respectivamente? 2.2. Marco teórico. Premisa normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Fundamento ConstitucionalAcción de repetición. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF La acción de repetición tiene su fundamento Constitucional en el inciso 2° de su artículo 90°, el cual indica: “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. Así mismo, se encuentra los fines del Estado en el artículo 2° de la carta Magna, el cual en su inciso 2 expresa: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 2.2.2. Acción de repetición – Ley 678 de 2001. Por su parte la Ley 678 de 2001 que reglamenta tanto aspectos sustanciales como procesales de la acción de repetición, en su artículo 2° inciso primero la define de la siguiente manera: “La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial”. El Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, de la Sección Tercera del Consejo de Estado en pronunciamiento efectuado el 09 de diciembre de 2016, dentro del expediente No 68001233100020090036201 (54394), recordó que son cuatro los elementos necesarios y concurrentes para la declaratoria de repetición sobre un agente del Estado: 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado YPCF

1. La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena

2. La existencia de una condena judicial, una conciliación, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos