PGN - ACCION DE REPETICION - Naturaleza jurídica según marco legal

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Contra servidores públicos de Universidad Nacional de Colombia por haber dado lugar a condena en contra de la administración ACCIÓN DE REPETICIÓN-Naturaleza Jurídica y Objeto … La acción de repetición es autónoma, de carácter eminentemente patrimonial y resarcitoria, su ejercicio tiene como finalidad la persecución del patrimonio del funcionario o exfuncionario que con su actuación dolosa o gravemente culposa dio lugar a la condena en contra de la administración. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Naturaleza Jurídica y finalidades según Jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Naturaleza Jurídica según marco legal ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos de viabilidad según Jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos de procedibilidad Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: la existencia de una condena o conciliación en contra de la administración, el pago de la misma por la entidad pública, y que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, lo que implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño o acto que llevó a la afectación del erario por la citada condena. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Deber de incoar la acción de repetición en contra del funcionario responsable ACCIÓN DE REPETICIÓN-Existe prueba de la conciliación y su aprobación A esta actuación se allegó copia del acta de la audiencia de conciliación celebrada el 5

de diciembre de 2008 dentro del proceso de reparación directa promovido por… y otros contra la Universidad Nacional, Copia de la providencia del 22 de enero de 2009 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia aprobó la conciliación, Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 PBX 5878750 Ext. 12056 2 Expediente 51845 Igualmente se cuenta con constancia secretarial, en la que se indica la fecha de ejecutoria de la providencia a través de la cual se aprobó la audiencia de conciliación. En el expediente obra copia de la constancia de conciliación extrajudicial, celebrada el 4 de noviembre de 2009, expedida por la Procuraduría 32 judicial II para asuntos administrativos. De manera que se cuenta con dicho presupuesto para la prosperidad de la acción. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Está acreditada la condición de ex servidores públicos de los demandados El medio probatorio idóneo para comprobar la calidad de servidor público y el ejercicio de funciones es con las respectivas constancias (certificaciones) o copias auténticas del nombramiento y del acta de posesión. Se allegó certificación expedida por el Jefe Laboratorio de Mecanización Agrícola, señor…donde comunica la necesidad de tramitar autorización para que el técnico… conduzca los vehículos del Laboratorio de Mecanización Agrícola. Así mismo, consta copia de certificación expedida por el Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, señor… en la que se autoriza el ejercicio de esa actividad. Se cuenta con certificación expedida por el Jefe de división

de personal de la Universidad Nacional donde se relaciona el tiempo de vinculación laboral del señor… con la Universidad Nacional y sus respectivas funciones. Obra dentro del acervo probatorio copia de la resolución a través de la cual se renueva el nombramiento del señor… Igualmente, se anexó resolución por medio de la cual se designa al profesor…Coordinador del área de mecanización agrícola. Se allegó resolución, a través de la cual se renueva el nombramiento del docente…De lo anterior se concluye se encuentra probada la calidad de ex servidor público de cada uno de los demandados como: docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Auxiliar de Servicios Generales (Entiéndase, los señores….respectivamente). ACCIÓN DE REPETICIÓN-La prueba del pago es requisito esencial para su prosperidad/ACCIÓN DE REPETICIÓN-No existe prueba de pago efectuado por entidad/ACCIÓN DE REPETICIÓN-No prospera dado que ante falta de prueba del pago del monto conciliado es improcedente el reembolso pretendido En concepto del Ministerio Público los documentos referidos no acreditan el pago por cuanto no se trata de un documento emanado del acreedor que demuestre que recibió la suma de dinero, por lo que no se probó que el monto de la consignación señalada haya ingresado a la cuenta de la persona a favor de la cual se concilió la cuota indemnizatoria, de manera que, no es viable inferir el pago efectivo del monto conciliado, menos aún que se haya recibido conforme a lo pactado en la audiencia de conciliación y que la entidad

pública haya quedado a paz y salvo, pues se carece del respectivo mandato o autorización suscrita por el beneficiario donde se autorice que los perjuicios fuesen girados, pagados o abonados a determinada cuenta a favor del real beneficiario de la conciliación suscitada y objeto de la presente litis. Aunado a lo anterior cabe resaltar que tampoco se aportó certificación del banco en la que se haga constar que efectivamente la cuenta en la cual se consignó pertenezca al señor…,de contera que ante la falta de prueba de tal pago resulta improcedente el reembolso pretendido. En síntesis, ante la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 PBX 5878750 12056 3 Expediente 51845 ausencia de la prueba del pago no se permite predicar la extinción de la obligación, haciendo inviable la repetición, e impertinente el estudio de los demás requisitos para la prosperidad de la acción de repetición.De conformidad con las consideraciones precedentes, el Ministerio Público solicita al H. Consejo de Estado confirmar la decisión de primera instancia, denegando las pretensiones de la demanda. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 PBX 5878750 12056 4 Expediente 51845

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 283-2014

Bogotá D. C., 28 de Octubre de 2014 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente doctor: ENRIQUE GIL BOTERO

E. S. D.

Ref: Proceso 51845 (05001233100020111021801)

Acción Repetición

Actor: Universidad Nacional de Colombia

Demandado: Fernando Álvarez Mejía y Otros.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1.- La Universidad Nacional, en ejercicio de la acción de repetición, presentó demanda contra los señores Fernando Álvarez Mejía, Alexander Larrea Ríos y Jaime Botero Hoyos servidores públicos para el 11 de mayo de 19981, fecha de los hechos que dieron lugar a la acción de reparación directa impetrada por el señor Alejandro Álvarez y otros, satisfecha a través de conciliación celebrada el 5 de diciembre de 2008, aprobada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 22 de enero de 2009 en suma de $400.000.000 como indemnización a favor del señor Alejandro Álvarez García y otros

(fls. 12 a 18 del c.2.). 1.2. El apoderado del demandado manifestó oponerse a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, afirmando que no le asiste responsabilidad a sus defendidos para confesar condena alguna (fls. 46 al 62 del c.2). 1.3. El a-quo denegó las pretensiones al concluir que el demandante no acreditó que el demandado haya obrado con dolo o culpa grave en la comisión de los hechos (fls. 256 al 266 del c. del C. E.).

1 Fecha en que los demandadosservidores públicos de la Universidad Nacional con ocasión a accidente de tránsito, produjeron lesiones personales al señor Alejandro Álvarez. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 PBX 5878750 12056 5 Expediente 51845 1.4. La entidad demandante apeló el fallo. Adujo que los demandados se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones estatutarias y reglamentarias, de manera que, el no actuar con la suficiente diligencia y cuidado requerido demuestra la conducta gravemente culposa de los señores demandados (fls. 268 al 269 c. del C.E.).

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO El debate se enmarca en determinar si se encuentran acreditados los supuestos sustanciales para la prosperidad de la Acción de Repetición, 2.1. Naturaleza de la acción de repetición El Consejo de Estado ha precisado sobre la naturaleza y finalidades de la acción de repetición2: En cuanto a la acción de repetición, el artículo 2° de la Ley 678 de 2001, prescribe: “La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.”

La acción de repetición se erige, entonces, como el mecanismo procesal especial con que cuenta el Estado para proteger el patrimonio público, pues, sustentado en la responsabilidad patrimonial de los servidores y exservidores públicos, tiene el derecho-deber de acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa3, para que se declare responsable al sujeto, que con su actuar doloso o gravemente culposo, ha causado un daño antijurídico por el cual -el Estadoha respondido. El objeto de la acción de repetición se encamina a la protección directa del patrimonio y de la moralidad pública y, además, estimula el correcto ejercicio de la función pública4. (…) 2 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008. Expediente 16335 3 (pie de página de la cita) De acuerdo al artículo 7 de la Ley 678 de 2001, la Jurisdicción Contencioso Administrativa es competente para conocer de este tipo de acciones. El artículo dispone: “La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición. (…)” 4 (pie de página de la cita) En efecto, el artículo 3 de la Ley 678 de 2001 dispone: “La acción de repetición está orientada a garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella.” Así mismo, ha señalado la Corte Constitucional: “Es importante subrayar que la responsabilidad de los agentes del Estado surge como consecuencia de un proceso de fortalecimiento del compromiso que debe tener el servidor público con la función o labor que esta llamado a desempeñar a favor de la sociedad y en beneficio general, y pretende

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 PBX 5878750 12056 6 Expediente 51845 […] 2.3. Naturaleza jurídica de la acción de repetición La Ley 678 de 2001 calificó la acción de repetición como una acción de carácter civil -art. 2-, lo cual implica que su fundamento y propósito se circunscriben a un ámbito netamente patrimonial. En este sentido, el objeto directo de la acción consiste en reembolsar el dinero pagado por el Estado, a título de indemnización a favor de la víctima del daño antijurídico, causado por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes.” (Resalto y Subrayo) De conformidad con lo expuesto la acción de repetición es autónoma, de carácter eminentemente patrimonial y resarcitoria, su ejercicio tiene como finalidad la persecución del patrimonio del funcionario o exfuncionario que con su actuación dolosa o gravemente culposa dio lugar a la condena en contra de la administración. 2.2. Presupuestos para la viabilidad de la acción de repetición Los supuestos exigidos para la viabilidad de la acción de repetición fueron referidos por el H. Consejo de Estado, entre otras, en sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926: “Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública;

1. la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de funciones públicas; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico.

En relación con lo anterior se debe precisar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de esa entidad, tornan improcedente la acción y relevan al Juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa a los demandados”. Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: la existencia de una condena o conciliación en contra de la desarrollar los principios superiores de moralidad pública, eficiencia y eficacia administrativa (C.P. art. 209), defensa del interés general y garantía del patrimonio público (C.P. art. 2°). (Sentencia C-965 de octubre 21 de 2003) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 PBX 5878750 12056 7 Expediente 51845 administración, el pago de la misma por la entidad pública, y que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, lo que implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño o acto que llevó a la afectación del erario por la citada condena.

2.3. Prueba de la conciliación y su aprobación A esta actuación se allegó copia del acta de la audiencia de conciliación celebrada el 5 de diciembre de 2008 dentro del proceso de reparación directa promovido por Alejandro Alberto Álvarez García y otros contra la Universidad Nacional (fls. 12 al 13 c.2). Copia de la providencia del 22 de enero de 2009 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia aprobó la conciliación (fls. 14 al 18 del c.2). Igualmente se cuenta con constancia secretarial, en la que se indica la fecha de ejecutoria de la providencia a través de la cual se aprobó la audiencia de conciliación (fl. 19 del c.2). En el expediente obra copia de la constancia de conciliación extrajudicial, celebrada el 4 de noviembre de 2009, expedida por la Procuraduría 32 judicial II para asuntos administrativos (fl. 30 del c.2). De manera que se cuenta con dicho presupuesto para la prosperidad de la acción. 2.4. Calidad de servidor público El medio probatorio idóneo para comprobar la calidad de servidor público y el ejercicio de funciones es con las respectivas constancias (certificaciones) o copias auténticas del nombramiento y del acta de posesión5: 5 Sección Segunda. Sentencia de 8 de febrero de 2001, Expediente 66001-23-31-000-1997-460-01, Consejero Ponente Tarcisio Cáceres Toro. “De la prueba supletoria en el campo laboral administrativo. De tiempo atrás la Jurisdicción ha admitido la prueba supletoria para acreditar tiempos de servicios estatales, restrictivamente con fundamento en la Ley 50 de 1886 que al

respecto manda: Art 7° No es admisible la prueba testimonial para comprobar hechos que deben constar por documentos ó por pruebas preestablecidas por las leyes. Así los servicios de un militar, los cuales deben comprobarse con su hoja de servicios debidamente formada y calificada; los empleos que haya tenido un ciudadano, los cuales deben constar en los respectivos nombramientos; los servicios de un individuo que deben constar en los actos oficiales que ejecutara y de que debió quedar prueba escrita; y todos los hechos de la misma naturaleza, deben probarse con los respectivos documentos o sus copias autenticas.” Art. 8º En el caso de que se pruebe que los archivos donde han debido reposar las pruebas preestablecidas de los hechos que deben comprobarse con arreglo a esta ley o al código militar, han desaparecido, el interesado debe recurrir a aquellos documentos que puedan reemplazar los perdidos o hacer verosímil la existencia de éstos, ocurriendo para ello a las otras oficinas o archivos donde pueden hallarse estas pruebas. La prueba testimonial no es admisible sino en caso de falta absoluta, bien justificada, de pruebas preestablecidas y escritas; dicha prueba testimonial debe llenar, además de las condiciones generales, las que se especifican en el artículo siguiente. (…) (…) Pues bien, como la vinculación al servicio público requiere de nombramiento y la respectiva posesión (en caso de relación legal y reglamentaria) (…), entonces ellos constituyen la prueba documental válida para tales efectos, además de las certificaciones que sobre dichos aspectos expidan las autoridades competentes teniendo en cuenta las pruebas que tengan y sean relevantes.

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 PBX 5878750 12056 8 Expediente 51845 Se allegó certificación expedida por el Jefe Laboratorio de Mecanización Agrícola, señor Jaime Botero Hoyos donde comunica la necesidad de tramitar autorización para que el técnico Alexander Larrea conduzca los vehículos del Laboratorio de Mecanización Agrícola (fl. 21 del c.2). Asimismo, consta copia de certificación expedida por el Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, señor Fernando Álvarez Mejía en la que se autoriza el ejercicio de esa actividad. Se cuenta con certificación expedida por el Jefe de división de personal de la Universidad Nacional donde se relaciona el tiempo de vinculación laboral del señor Alexander Larrea Ríos con la Universidad Nacional y sus respectivas funciones (fls. 22 al 24 del c.2). Obra dentro del acervo probatorio copia de la resolución a través de la cual se renueva el nombramiento del señor Jaime Botero Hoyos (fl. 1078 del c.2 de pruebas). Igualmente, se anexó resolución por medio de la cual se designa al profesor Jaime Botero Hoyos Coordinador del área de mecanización agrícola (fl. 1087 del c.3). Se allegó resolución, a través de la cual se renueva el nombramiento del docente Fernando Álvarez Mejía (fl. 506 del c.4 de pruebas). De lo anterior se concluye se encuentra probada la calidad de exservidor público de cada uno de los demandados como: docente de la Facultad de

Ciencias Agropecuarias, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Auxiliar de Servicios Generales (Entiéndase, los señores: Jaime Botero Hoyos, Fernando Álvarez Mejía y Alexander Larrea Ríos respectivamente). 2.5. Pago En sentencia del 11 de febrero de 2009, expediente: 29.926, se expresó: Acerca del pago por razón de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, debe decirse que en cuanto el objeto de la repetición lo constituye la reclamación de una suma de dinero que efectivamente hubiere sido cancelada por la entidad demandante y recibida por el beneficiario de la indemnización, la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de la acción, en cuyo caso habrá de concluirse que la misma carece de fundamento y, por tanto, deberán negarse las súplicas de la demanda. Ahora bien, tal como lo mandan los arts. 7º a 9º de la Ley 50 de 1886, sólo en las circunstancias de ausencia insalvable de la prueba documental pertinente es posible recurrir a la PRUEBA TESTIMONIAL para buscar demostrar con ella lo que normalmente se hace con documentos públicos respecto de los servicios a las Entidades Públicas. La Ley, como aparece en la transcripción previa, es rigurosa para la admisibilidad de esta prueba y la somete a los requisitos generales además de unos especiales que ella contempla; de manera que no es de recibo cuando de cualquier manera se trata de reemplazar la prueba documental por la testimonial para estos efectos, pues deben darse las situaciones y exigencia de ley. (Subrayado ajeno al texto original) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado.

Carrera 5 No.15-80 piso 20 PBX 5878750 12056 9 Expediente 51845 […] 2.2.- Caso concreto. […] En este orden de ideas, se tiene que la única prueba susceptible de valoración en relación con el pago es el certificado expedido por el Pagador Distrital anexo a folio 29 del cuaderno 2, el cual, como entrará a analizarse, resulta insuficiente para acreditar la extinción de la obligación por cuya restitución se repite, pues el mismo no proviene del deudor, de manera que no reúne los requisitos legales para tener por cierto que la entidad pública demandante efectivamente hubiere cancelado una suma de dinero a Gustavo Vega Arias por razón de una condena judicial. Sobre el particular conviene citar el artículo 1625 del Código Civil que establece una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones6, dado que toda obligación está llamada a ser cumplida y por tanto a extinguirse a través de la ejecución de la prestación debida7. Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago8, modo de extinción de la obligación, entendido como la ejecución total de la prestación debida; es decir, para que exista el pago es menester la preexistencia de una obligación entendida como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, en la cual se busca la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor a través de la materialización de una prestación9 de dar, hacer o no hacer (dare, facere y prestare). Ahora bien, respecto de esa relación jurídica y de su extinción, el artículo 1757

del Código Civil señala que “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”, de manera que el acreedor deberá probar la existencia de la prestación con miras a hacerla valer ante su deudor y, contrario sensu, el deudor debe probar la extinción de la misma, es decir, su liberación como sujeto pasivo dentro de la relación obligacional. En otras palabras, al acreedor le corresponde demostrar el surgimiento de la obligación mediante la prueba del hecho jurídico generador de la misma, mientras el deudor debe demostrar la ocurrencia del hecho extintivo, lo cual, aplicado al caso concreto para efectos del cumplimiento de los requisitos 6 (pie de página de la cita) Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o parte: 1) Por la solución o pago efectivo 2) Por la novación 3) Por la transacción 4) Por la remisión 5) Por la compensación 6) Por la confusión 7) Por la pérdida de la cosa que se debe 8) Por la declaración de nulidad o por la rescisión 9) Por el evento de la condición resolutoria 10) Por la prescripción. 7 (pie de página de la cita) Entendiéndose que la ejecución de la prestación debida – pagono es la única forma de extinción de la obligación pero si es la que encierra una mayor relevancia, dado que existen otros modos que tienen como finalidad finiquitar la obligación como la novación, la transacción, la remisión etc.

8 (pie de página de la cita) Artículo 1626 del Código Civil. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe. 9 (pie de página de la cita) Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. Bogotá, 2002. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 PBX 5878750 12056 10 Expediente 51845 de la acción de repetición, se materializa en el deber en el cual se encuentra la respectiva entidad pública demandante de probar el pago efectivo de la indemnización contenida en una sentencia a la víctima, cuestión que podrá realizar mediante la aportación de la constancia de pago con la consiguiente prueba de su recibo por parte del acreedor o beneficiario, la entrega material de la suma adeudada o la consignación o transferencia que de dicha cantidad hubiere realizado el deudor a favor del acreedor. A este respecto conviene comentar que por excelencia la prueba del pago la constituye, de conformidad con el Código Civil, la carta de pago10 o el recibo11 según el Código de Comercio, documentos llamados a reflejar con claridad que la obligación fue debidamente satisfecha, sin perjuicio, claro está, de que los interesados puedan acudir a otros medios de acreditación dado que en el ordenamiento colombiano rige, como regla general, el principio de libertad probatoria y de apreciación de conformidad con las reglas de la sana crítica. Por consiguiente, al analizar el artículo 1626 del Código Civil “…el pago efectivo es la prestación de lo que se debe…” con lo cual se extingue la

obligación, en consonancia con el artículo 1757 ibídem que señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta, se concluye que correspondía a la entidad ahora demandante demostrar que efectivamente realizó el pago y, en virtud de esa carga aducir, dentro de las oportunidades legales, los elementos de convicción al proceso que permitieran al juez llegar a tener certeza acerca de la ocurrencia de este acto por parte del Estado, en este caso por razón de una condena judicial. En este orden de ideas, se debe precisar que la sola constancia de pago expedida por la propia entidad pública deudora no constituye prueba suficiente de la realización del mismo, pues una certificación así no acredita que efectivamente la obligación hubiese sido realmente extinguida mediante la correspondiente cancelación de una determinada suma de dinero a favor del acreedor. En este caso, no se solicitó la práctica de alguna prueba idónea ni se aportó un documento tendiente a demostrar el cumplimiento de tal obligación, ya sea recibo, consignación o cualquier medio diferente que demuestre que el egreso efectivamente se produjo a favor del beneficiario y que este lo hubiere recibido directamente o por medio de apoderado o delegado para ese efecto. (subrayado fuera de texto) […] ” Para acreditar el pago se allegaron: i) Resolución V-0237 del 11 de febrero de 2009 a través de la cual se ordenó el pago derivado del acuerdo conciliatorio en suma de 10 11 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera 5 No.15-80 piso 20 PBX 5878750 12056

11 Expediente 51845 $400.000.000 a favor del señor Alejandro Alberto Álvarez García (fls. 25 y 26 del c.2). ii) Comprobante de egreso No. 364 con fecha de 13 de febrero de 2009 en la suma mencionada en el numeral anterior (fl. 27 del c.2). iii) Consignación en cheque por valor de $400.000.000 a favor del señor Alejandro Alberto Álvarez García (fl. 28 del c.2). En concepto del Ministerio Público los documentos referidos no acreditan el pago por cuanto no se trata de un documento emanado del acreedor que demuestre que recibió la suma de dinero, por lo que no se probó que el monto de la consignación señalada haya ingresado a la cuenta de la persona a favor de la cual se concilió la cuota indemnizatoria, de manera que, no es viable inferir el pago efectivo del monto conciliado, menos aún que se haya recibido conforme a lo pactado en la audiencia de conciliación y que la entidad pública haya quedado a paz y salvo, pues se carece del respectivo mandato o autorización suscrita por el beneficiario donde se autorice que los perjuicios fuesen girados, pagados o abonados a determinada cuenta a favor del real beneficiario de la conciliación suscitada y objeto de la presente litis. Aunado a lo anterior cabe resaltar que tampoco se aportó certificación del banco en la que se haga constar que efectivamente la cuenta en la cual se consignó pertenezca al señor Alejandro Alberto Álvarez García, de contera que ante la falta de prueba de tal pago resulta improcedente el reembolso pretendido. En síntesis, ante la ausencia de la prueba del pago no se permite predicar la

extinción de la obligación, haciendo inviable la repetición, e impertinente el estudio de los demás requisitos para la prosperidad de la acción de repetición. De conformidad con las consideraciones precedentes, el Ministerio Público solicita al H. Consejo de Estado confirmar la decisión de primera instancia, denegando las pretensiones de la demanda. De los señores Consejeros, respetuosamente,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

LMDC/FMSG

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