PGN - ACCION DE REPETICION - No está probado el elemento subjetivo de la conducta

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Para reembolso de pago de condena por muerte de uniformados a causa de ataque subversivo ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos para su prosperidad según Jurisprudencia del Consejo de Estado RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Deber de incoar la acción de repetición en contra del funcionario responsable APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO-Según Jurisprudencia del Consejo de Estado PAGO DE LA CONDENA-Es requisito probatorio para demostrar el elemento objetivo frente a la acción de repetición ACCIÓN DE REPETICIÓN-No está demostrada existencia de totalidad de elementos esenciales objetivos y subjetivos para su prosperidad/ACCION DE REPETICIÓN-No se acreditó el pago de la condena impuesta a la entidad demandada ….De conformidad con las normas citadas, con la jurisprudencia invocada, con las pruebas allegadas y practicadas, y con las consideraciones y reflexiones consignadas en este concepto, para esta Procuraduría Delegada, no se encuentran reunidos los elementos objetivos y subjetivos para la prosperidad de la repetición incoada contra el señor…..toda vez que, además de no haberse acreditado o demostrado, y por lo tanto no existir certeza del pago efectivo de la condena a la que se vio obligada la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa como elemento tradicional de la responsabilidad DOLO Y CULPA GRAVE-Definición según regulación legal ACCION DE REPETICIÓN-Para que prospere se requiere que conducta de quien se demanda haya sido dolosa o gravemente culposa

ACCIÓN DE REPETICIÓN-No está probado el elemento subjetivo de la conducta/CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO-No fue aportada a la demanda/CARGA DE LA PRUEBA-El demandante no aportó el acta del comité de conciliación/FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Se debe confirmar

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 540012331000200300610 01 (58708) 5aCdeE/RABB/Llms IUS-E-2017-779424 al haber exonerado de responsabilidad al demandado/PRETENSIONES DE LA DEMANDA-Deben ser desestimadas ….tampoco se acreditó el proceder doloso o gravemente culposo del demandado. Igualmente hemos considerado necesario y procedente repetir e insistir en este acápite final, que para esta Procuraduría Delegada, resulta muy lamentable y reprochable desde todo punto de vista que la entidad demandante, independientemente del resultado del proceso, teniendo en su poder las pruebas para haber acreditado y demostrado en debida forma la calidad de funcionario público del demandado y el pago del valor de la sentencia y/o conciliación, no los haya aportado con la demanda, y que además habiéndolas solicitado en la misma y decretado por el Tribunal de instancia, no haya dado respuesta y no haya remitido la documentación solicitada. Asimismo, es cuestionable y demuestra un total desconocimiento de las normas que regulan el tema, que no se haya aportado el acta del comité de conciliación y/o del secretario técnico del comité de conciliación

del Ministerio de Defensa - Policía Nacional, que en la demanda no se haya indicado ni micho menos sustentado si en su opinión, el demandando actuó con culpa grave o con dolo, pero además que no se haya analizado, no la conducta del comandante de la subestación….., donde se produjo el ataque subversivo, sino la de los superiores que tenían las funciones relacionadas con la designación del personal que debía ocuparla y el armamento para su defensa y la de dicha guarnición policial. Por lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, comedidamente solicita a la H. Corporación, que en este evento, SE CONFIRME LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE

EXONERÓ DE RESPONSABILIDAD AL DEMANDADO Y NEGÓ LAS

PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

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PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2017 Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 17-73

Acción: Repetición Radicado: 540012331000200300610 01 (58708)

Actor: Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Demandado: Arfelio Vera Carrero.

Honorable Señora Consejera: Estando dentro del término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación presentado por la parte actora, con fundamento en los argumentos que se expondrán.

ANTECEDENTES Demanda La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, presentó demanda de repetición en contra del señor ARFILIO VERA CARRERO, con el objetivo de que fuera condenado a reembolsar lo que la entidad se vio abocada a pagar con ocasión de la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que le impuso la obligación de pagar los perjuicios generados por la muerte de los uniformados LUIS ENRIQUE GARCÍA MEZA y RUPERTO BONILLA GONZÁLEZ, ocurrida el 27 de junio de 1992, a casusa de un ataque subversivo. Contestación El apoderado judicial del señor ARFILIO VERA CARRERO manifestó que, frente a los hechos de la demanda, su representado no tuvo una actitud omisiva que pudiera calificarse a título de culpa grave, ya que no era de su resorte el suministro de armamento al personal bajo su mando, y las ausencias de personal en la subestación de policía estaban debidamente soportadas y justificadas. 3

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Agregó que como al señor VERA CARRERO no se la abrió investigación interna alguna por los hechos ocurridos el 27 de junio de 1992, ello era indicativo de que sus superiores consideraron que su proceder se ajustó a los parámetros exigidos a un comandante de subestación de policía. Sentencia de primera instancia Mediante providencia del 31 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las súplicas de la demanda, teniendo como presupuesto las siguientes consideraciones: “(…) La Sala evidencia que el señor ARFILIO VERA CARRERO efectivamente sí se desempeñaba en el cargo Comandante de la Subestación de Policía del barrio Ospina Pérez, lo cual se acredita con el oficio No. 2084/XESTCU del 16 de agosto de 1994. No obstante, se observa que en la sentencia proferida por esta corporación el 09 de noviembre de 1998 se indicó que hubo negligencia omisiva por parte de los superiores de los policías fallecidos, dado que los antecedentes y difíciles circunstancias de orden público hacían prever los hechos. Por lo anterior, la Sala concluye que en dicho fallo se hizo referencia a una culpa institucional y no a una culpa personalizada, pues en la sentencia no se afirmó que el ataque subversivo de la Subestación de Policía del barrio Ospina Pérez hubiera ocurrió por la negligencia del Comandante de la Subestación de Policía sino que menciona a los superiores en general.

(…) De igual forma, se evidencia que los señores RUBÉN DARÍO RINCÓN PEDRAZA, FERMÍN ORTEGA CARVAJAL y VÍCTOR MANUEL ORTEGA VARGAS en sus declaraciones afirmaron que el armamento era designado por el Comando del Distrito y que el señor ARFILIO VERA CARRERO había solicitado antes del ataque subversivo armamento para la Subestación, pero que no le habían prestado atención, lo cual permite a la Sala inferir que el demandado sí informó a sus superiores de la insuficiencia de armamento en la Subestación de Policía, pero que aun así sus superiores omitieron su requerimiento. Igualmente se observa que contra el señor ARFILIO VERA CARRERO no se inició investigación disciplinaria ni penal por la muerte de los señores LUIS ENRIQUE GARCÍA MEZA y RUPERTO BONILLA GONZÁLEZ el 27 de junio de 1992, que continuó en su cargo como Comandante de la Subestación de 4

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Policía y que la Policía Nacional tampoco lo sancionó por los hechos, lo cual se acredita con lo indicado por los señores

ARNULFO BORRERO MÉNDEZ, RUBÉN DARÍO RINCÓN

PEDRAZA, FERMÍN ORTEGA CARVAJAL y VÍCTOR MANUEL

ORTEGA VARGAS en sus declaraciones. De otra parte, se evidencia que el pago de la suma de dinero a que fue condenada La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional no se acreditó, dado que solo se aportó copia de la Resolución No. 03853 del 08 de noviembre de 2000 suscrita por el Director General de la Policía Nacional, la cual fue aclarada por la Resolución No. 00458 del 15 de febrero de 2001 que dispuso el

pago de TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS $312.448.839,73, sin constancia del recibido de los beneficiarios, motivo por el cual la Sala determina que los documentos aportados no resultan suficientes para demostrar el cumplimiento efectivo de la condena impuesta a La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, pues aunque los demandantes allegaron copia simple del comprobante de egreso de la Resolución No. 000328 del 30 de abril de 2010 que dispuso el pago de intereses, no resulta suficiente para acreditar el pago de la condena impuesta a la Policía Nacional, toda vez que la jurisprudencia reseñada en precedencia señala que la entidad demandada debe acreditar el pago, lo cual no ocurrió en el presente caso. (…) Por lo tanto, teniendo en cuenta el estudio y la valoración de los elementos materiales probatorios obrantes en el expediente, y ante la carencia de la acreditación de los elementos que determinan la responsabilidad, la Sala se permite concluir que en el presente caso la parte accionante no cumplió con los

requerimientos probatorios exigidos para la prosperidad de la acción de repetición, de conformidad con los fundamentos jurídicos y jurisprudenciales que respaldan la misma, evento que hace imposible conceder las pretensiones de la demanda. (…)” Apelación El apoderado de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, indicó que, contrario a lo expuesto por el A quo, en el presente asunto se encontraban reunidos todos los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia para la procedencia y prosperidad de la acción de repetición, 5

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CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problema Jurídico  ¿Se encuentran acreditados los elementos objetivos y subjetivos requeridos para la prosperidad de la acción de repetición instaurada por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en contra de señor

ARFELIO VERA CARRERO?

Análisis jurídico Acción de Repetición La acción de repetición está encaminada a recuperar u obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado como consecuencia de la acción u omisión, dolosa o gravemente culposa, que un servidor público o un particular investido de funciones públicas haya ocasionado o dado lugar a un

reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. Es por ello que en el proceso se debe demostrar, además del pago efectivamente realizado por la entidad pública, la responsabilidad del servidor público. Los hechos en los que se sustentó la parte actora para la presente acción fueron exhibidos en los siguientes términos: “(…) 1.- La señora LUZ FANNY ORTIZ TORRES Y OTROS, instauraron demanda de Reparación Directa contra LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, tendiente a obtener la declaratoria de responsabilidad administrativa y el reconocimiento y pago de los perjuicios que les fueron causados con motivo de la muerte de los Agentes de la Policía Nacional LUIS ENRIQUE GARCIA MEZA y RUPERTO BONILLA GONZALEZ, ocurrida el día 27 de junio de 1992 en la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander. 2.- Es así como se tramita ante el H. Tribunal Administrativo Norte de Santander el Expediente Radicado No. 8249, dentro del cual mediante providencia de fecha 09 de noviembre de 1998, se declara la responsabilidad administrativa de LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL, y se le condena consecuencialmente al pago de perjuicios materiales y 6

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morales a favor de la parte actora, considerando entre otros el H. Tribunal, los siguientes (SIC): “…Es incontrovertible entonces que los agentes murieron en actos del servicio. Así se reconoció en el expediente contentivo de la investigación por muerte…, en el cual se llegó a tal conclusión que los decesos ocurrieron en tales circunstancias, conforme puede apreciarse, en el informe Administrativo por Muerte No. 027-92, suscrito por el comandante del Departamento de Policía Norte de Santander… Ahora bien, sabiendo las autoridades policivas que existían antecedentes de hostigamiento a la Sub-Estación de Ospina Pérez…, lo cual hacia previsible el peligro para la vida de los integrantes de la sub-Estación, máxime que se trata de una zona de la ciudad en la cual existe asentamiento de grupos subversivos, no entiende la Sala como teniendo catorce (14) integrantes la SubEstación, se encontraban apenas dos agentes al cuidado del puesto. Cómo es posible que no exista una organización que impidiera que pasara lo que paso en dicha Estación, en el cual todos tenían una excusa para estar fuera, por razones de deporte, por razones de descanso, por reuniones, por reparación del vehículo, por hacer una llamada al Comandante que exigía en forma por demás absurda ante la escasez de efectivos, se la hicieran para que le informaran las novedades, mientras tanto las novedades pasaron y no hubo quien las enfrentara, prácticamente estaba desmantelada la Estación de su integrantes. Es obvio que dos agentes solos, armados apenas con un revolver

cada uno, no tenían la posibilidad de enfrentar con éxito un ataque de la subversión. En criterio de la Sala, el servicio funcionó tan mal, que permitió que por una u otra razón, valedera o no, los dos agentes estuvieran abandonados a su suerte. Fallo la organización de la policía que debió prever que en ningún caso, por potísimas razones que existieran, no era viable que solo dos personas pudieran combatir con éxito un previsible ataque subversivo. Acorde con todos los elementos anteriores, para la Sala la falla del servicio se encuentra debidamente probada, toda vez que hubo negligencia omisiva por parte de los superiores de los agentes fallecidos, ya que dado los antecedentes y las difíciles circunstancias de orden público que hacían prever las fatales consecuencias que finalmente se dieron, se permitió que el principio organizacional de la prestación del servicio fuese tan deficiente que no estableciera unas reglas básicas mínimas que impidieran tan poca presencia policial en la Estación, se comprometió por tanto la responsabilidad del Estado por lo que en desacuerdo con lo expresado con el concepto de la Procuradora 7

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En sentir de la Sala la actuación de terceros si bien tiene total relación de causalidad con el daño, como que fueran grupos armados fuera de la ley quienes atacaron la Sub-Estación de Policía, del Barrio Ospina Pérez y asesinaron a los agentes GARCÍA MESA y BONILLA GONZÁLEZ, fueron sus superiores quienes sometieron al riesgo excepcional ya analizado en forma suficiente. Si no se hubieran presentado actitudes negligentes y omisivas en el funcionamiento de la mencionada unidad policiva, esto es, si hubiera habido más agentes en servicio y mayor armamento, hubieran podido repeler con más probabilidades de éxito el ataque subversivo. Por tanto, fue eficiente y determinante la actuación omisiva y negligente de los superiores jerárquicos en la producción del daño, por lo que es obligado colegir que no se configura la causal exculpativa de la responsabilidad de la Nación. 3.- En trámite de segunda instancia, ante el H. Consejo de Estado, el día 25 de noviembre de 1999, se celebró Audiencia de Conciliación Judicial, lográndose un acuerdo total sobre las pretensiones de la demanda, entre las partes. 4.- Acuerdo éste que es aprobado por el H. Consejo de Estado, en la misma diligencia, notificado en estrados y debidamente ejecutoriado el día 30 de noviembre de 1999. 5.- Dando entonces cumplimiento al acuerdo conciliatorio, se profiere la Resolución No. 03853 del 08-11-00 por la cual se compromete y ordena el pago de una partida del Presupuesto de Funcionamiento de la Policía Nacional de la Vigencia Fiscal de 2000, la Resolución 00458 del 15-02-01, por la cual se modifica la

Resolución anterior y en la cual se dispone el pago de la suma de

TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($312.448.839,73), a favor de ORTIZ TORRES LUZ FANNY, y la Resolución 000328 del 30-04-01, por la cual se liquidan unos intereses. 6.- El señor apoderado de los actores Dr. OLID LARRARTE RODRIGUEZ, debidamente facultado para ello, recibió el pago total de lo dispuesto mediante las reseñadas Resoluciones el día 29 de mayo de 2001, conforme al respectivo Comprobante de Egreso No. 12028 de fecha 24 de mayo de 2001, de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional. 8

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las normas contenidas en el artículo 90 de la Constitución Política1, en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo2, y en el artículo 63 del Código Civil, que define la culpa grave y el dolo en los siguientes términos: “ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.” (Subrayado fuera de texto) En consecuencia, al sub examine no se pueden aplicar las normas sustantivas de la Ley 678 de 2001, ya que entró a regir a partir del 4 de agosto de 2001, esto es, las conductas en las que se presume la actuación

dolosa o culposa del agente del Estado causante del daño, generando como 1 Constitución Política Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. 2 “...los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones”. “...la Entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere”. 9

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la Corporación, en aras de garantizar el derecho al debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política), la Ley 678 de 2001 se aplica en lo sustancial para los hechos y actos que hubieren tenido lugar con posterioridad al 4 de agosto de 2001, fecha en que comenzó a regir, pues los hechos y actos ocurridos con antelación a dicha fecha, y por ende la responsabilidad del agente público, se deben analizar a luz de la legislación anterior, salvo lo atinente a las normas sustanciales posteriores favorables, las cuales pueden ser aplicadas a los mismos. En lo procesal, con la excepción que permite el efecto ultractivo de las normas antiguas sobre actos procesales iniciados de que trata el aparte segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se aplica la Ley 678 de 2001 a los juicios de repetición en curso y pendientes a la fecha de su entrada en vigencia.” Elementos Esenciales de la Acción de Repetición De las normas mencionadas y la jurisprudencia desarrollada por el Honorable Consejo de Estado sobre la materia, se tiene que deben concurrir elementos objetivos y subjetivos para que la entidad perjudicada pueda, en ejercicio de la acción de repetición, acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa contra el funcionario o exfuncionario que con su acción u omisión dolosa o gravemente culposa, haya ocasionado o dado lugar a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, que implica un menoscabo del patrimonio público4. Los elementos a analizar, en relación con la acción de repetición, son: (i) la

calidad de agente del Estado y la conducta desplegada, determinante de la condena; (ii) la existencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto; (iii) el pago realizado por parte de la entidad; y (iv) la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. 3 Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Radicación número: 11001-03-26000-2007-00074-00(34816). 10

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De tales presupuestos, la calidad de agente del Estado, la existencia de la sentencia condenatoria, conciliación u otra forma de solución del conflicto, en virtud de la cual la entidad deba reparar un daño antijurídico, así como el pago realizado por parte de la entidad condenada, son los elementos objetivos para impetrar la acción de repetición; y la calificación de la conducta como dolosa o gravemente culposa del agente estatal, es el elemento subjetivo determinante de la responsabilidad del agente5, elementos de los cuales pasaremos a ocuparnos a continuación. (i) La calidad de agente estatal Para acreditar este requisito en la demanda la apoderada de la entidad solicitó que se oficiara a la Policía Nacional para que se allegara copia de los actos de nombramiento y posesión del demandado, petición que llama la

atención del Ministerio Público, pues siendo apoderada de la entidad, en la cual reposa la prueba, lo lógico es que la hubiera aportado, no obstante no lo hace, sino que pide que se decrete, el Tribunal accede y oficia al Secretario General del Grupo de Negocios Judiciales de la Policía Nacional6, pero esa 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007. Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Radicación número: 41001-23-31-000-1995-08354-01(24844): “En aplicación de lo previsto en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, las condiciones objetivas para que proceda la acción de repetición, como se señaló en esta providencia, consisten en que el Estado haya sido condenado o visto compelido conforme a la ley a la reparación de un daño antijurídico, y que se haya pagado el perjuicio o indemnización impuesto en la condena, todo lo cual debe ser acreditado en el plenario por la entidad pública demandante en el proceso, mediante el aporte de copias auténticas de la sentencia ejecutoriada y copias auténticas de los actos administrativos y demás documentos o pruebas idóneas que demuestren la cancelación de la indemnización del daño; de lo contrario, esto es, si no se cumplen esas dos condiciones y no se acreditan en forma legal dentro del proceso, el Estado no puede ni tiene la posibilidad de sacar avante la acción contra el agente estatal y menos aún la jurisdicción declarar su responsabilidad y condenarlo a resarcir. (…)

Para que se pueda imputar la responsabilidad al agente público se requiere demostrar que la actuación que originó la condena contra el Estado lo fue con culpa grave o dolo, y que dicha actuación la realizó en su calidad de servidor público o de particular investido de funciones públicas con ocasión del ejercicio de éstas o a propósito de la prestación del servicio. Es decir, se trata de un responsabilidad subjetiva y, por ende, se encontrará obligado a reparar al Estado si el daño o perjuicio le es imputable por haberlo causado con dolo o culpa grave.” 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 09 de junio de 2010; Radicación: 37722; Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez (E). “La calidad de agente del Estado y la conducta desplegada como tal, determinante del daño causado a un tercero, la cual hubiere generado una condena o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de un acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier otra forma de terminación de un conflicto; La existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto; El pago realizado por parte de la Administración; y La calificación de la conducta del agente, como dolosa o gravemente culposa. Los tres primeros requisitos son de carácter objetivo, frente a los cuales resultan aplicables las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda, según se explicó. Por su parte, la conducta dolosa o gravemente culposa corresponde a un elemento subjetivo que se debe analizar a la luz de la normativa vigente al

momento de la ocurrencia de la actuación u omisión determinante del pago por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición.” 6 Folio 106 – cuaderno 1 11

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cual el Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander declaró la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la muerte de los señores LUIS ENRIQUE GARCÍA MEZA y RUPERTO

BONILLA GONZÁLEZ.

Del mismo modo, también reposa en el plenario copia del acta del 25 de noviembre de 1999, contentiva del acuerdo conciliatorio suscrito entre la Policía Nacional y el apoderado del grupo de demandantes encabezados por la señora LUZ FANNY ORTÍZ TORRES, fecha en