PGN - ACCION DE REPETICION - No se demostró la existencia de culpa grave o dolo en las actuaciones d

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-No se demostró la existencia de culpa grave o dolo en las actuaciones de los demandados RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL-No se probó el título de imputación/SERVIDOR PÚBLICO-Están sujetos al régimen de responsabilidad subjetiva Es menester concluir que de acuerdo con la jurisprudencia anotada para que exista responsabilidad del demandado en acción de repetición, es necesario demostrar la existencia de culpa grave o dolo en sus actuaciones, es preciso decir que al no estar demostrada la culpa grave de los demandados tal y como se demostró en líneas anteriores, no son responsables el Gerente de la entidad, el Jefe de la Unidad Administrativa y el asesor jurídico para la época de los hechos, por presunta responsabilidad del detrimento patrimonial sufrido por ese mismo organismo, por la condena impuesta a favor del señor y por lo tanto no deben responder patrimonialmente por las sumas correspondientes. Los servidores públicos están sujetos a un régimen de responsabilidad subjetiva y por lo tanto, no probado el título de imputación, en este caso la responsabilidad subjetiva derivada de la actuación dolosa o gravemente culposa de los señores, presupuesto de hecho de la acción de repetición, no cabe imponer sanción a los ex servidores públicos, consistente en el pago total o parcial de la suma que la entidad demandante debió reconocer a la víctima indirecta del daño antijurídico. PRUEBAS-No se acreditó dentro del proceso las funciones de los demandados al momento de los hechos Llama la atención la falta de rigor jurídico por parte de la entidad demandante en la aportación

del material probatorio, pues no se acreditó dentro del proceso las funciones de los demandados al momento de los hechos ni los manuales de funciones de cada uno de los cargos desempeñados, es decir no se probó la conducta dolosa o culposa de los exfuncionarios, solo se limitaron a anexar las actas de posesión de cada uno, sin aportar pruebas sobre la responsabilidad de cada uno de ellos en la ocurrencia de los hechos que generaron la presente acción de repetición. Tampoco el acto administrativo objeto de la nulidad, ni el oficio por medio del cual se le notificaba la novedad administrativa, no es suficiente para cumplir los imperativos legales presentar la demanda, además aportar las pruebas pertinentes y conducentes. VALOR PROBATORIO DE COPIAS SIMPLES-No soportaron la tacha de falsedad por la parte contraria Tampoco comparte esta Delegada el criterio del fallo de primera instancia al no tener en cuenta la copias simples de los documentos aportados con la demanda y al no dar aplicación a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013 Sección Tercera, pues en el presente caso las aportadas por la parte demandante lo fueron con la presentación de la demanda y no soportaron la tacha de falsedad por la parte contraria, aspecto sobre el cual ya se ha manifestado abundante y recientemente el Consejo de Estado, lo que significa desconocimiento de precedentes jurisprudenciales, razón por la cual para el Ministerio Público deben ser valoradas y tenidas en cuenta dentro del proceso. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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ACCIÓN DE REPETICIÓN-Características que determina la responsabilidad patrimonial según jurisprudencia del Consejo de Estado VALOR PROBATORIO DE COPIAS SIMPLES-Jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T.

CONCEPTO No. 230 / 2013

Bogotá, 13 de noviembre de 2013.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor: HERNÁN ANDRADE RINCON

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002326000200501896 01 (48195) Acción de Repetición ACTOR: Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la

Republica.

DEMANDADO: Maria de Jesús Ortiz, Mario Jiménez, Camilo Escobar

Plata.

Sentido del Concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida. / No se demostró la existencia de culpa grave o dolo en las actuaciones de los demandados en acción de repetición. / Falta de rigor jurídico por parte de la

entidad demandante en la aportación del material probatorio. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y al Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda - hechos El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de repetición, entabló demanda contra los

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48195 250002326000200501896 01) E.A.S.T. señores María de Jesús Ortiz Quintero en su calidad de Gerente de la entidad; Mario Jiménez en su calidad de Jefe de la Unidad Administrativa y Camilo Escobar Plata en calidad de asesor jurídico, por presunta responsabilidad, por la expedición de las Resoluciones 056 de abril de2004 y 036 de 23 de febrero de 2005, mediante las cuales se ordenó el reintegro y pago de la indemnización al señor Juan Carlos Hernández Marín.  El Director Administrativo de la entidad, a través de oficio 118500-156 del 21 de febrero de 2000, le comunicó a Juan Carlos Hernández Marín la supresión del

cargo de mensajero del nivel operativo y se ordenó la indemnización.  El señor Juan Carlos Hernández Marín presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se profirió sentencia en la que se declaró la nulidad del acto administrativo que lo retiró del cargo, ordenando así mismo el reintegro y pago de las prestaciones económicas dejadas de percibir.  En cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se expide la resolución No 56 del 23 de abril de 2004, mediante el cual se ordenó el reintegro del demandante y mediante resolución No 036 del 23 de febrero de 2005 se ordenó el pago de la indemnización al señor Juan Carlos Hernández Marín. 1.2. La contestación 1.2.1. Frente a las pretensiones materia de demanda, la señora María de Jesús Páez Pinzón a través de apoderado contestó la demanda:  Señaló que no hay lugar a que la acción de repetición prospere por que a pesar de que el Fondo fue condenado a pagar por lo causado al señor Hernández 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Marín, no hay prueba alguna de la conducta dolosa gravemente culposa de la

accionada.  Indica que debe analizarse la conducta no solo de manera material sino sicológica y culpable de actor, es decir el querer y realizar la conducta, por eso el dolo y la culpa gravemente culposa que se pretendió endilgar en la sentencia del Tribunal está basada más en una presunción la cual no puede servir para condenar a la accionada. Los señores Camilo Escobar Plata y Mario Jiménez Gayón no acudieron al llamado de la justicia por lo que se les asignó dentro del proceso curador ad litem, quien se opuso a todas y cada una de las pretensiones. 1.3. Sentencia en primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia de fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012) negó las pretensiones de la demanda, basado en los siguientes argumentos:  Consideró que la ausencia de documentos idóneos que sirven de prueba, no permite analizar si los demandados obraron con dolo o culpa grave, por cuanto no se acreditaron en debida forma las funciones de los demandados al momento de los hechos, ya que tampoco fueron aportados los respectivos manuales de funciones inherentes a cada uno de los cargos que refiere la entidad demandante y al no haber certeza del vínculo de los accionados con los hechos que motivan la demanda no se reúnen los requisitos de procedibilidad de la presente acción. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48195 250002326000200501896 01) E.A.S.T.  Argumentó que las condiciones objetivas para que proceda la acción de repetición, deben ser acreditadas en el proceso por la entidad pública demandante, mediante el aporte en debida forma de los documentos idóneos para acreditar los requisitos exigidos por la ley de lo contrario sino se cumplen tales exigencias, el Estado no puede sacar avante la acción contra el agente estatal.  Concluyó que en el presente proceso no se cumplió con los requisitos necesarios para que proceda la acción de repetición, dado que existen serias deficiencias probatorias en relación con la acreditación de la condición de agente o servidor público del demandando al momento de los hechos. 1.4. Argumentos de la apelación El apoderado de la parte demandante, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca:  Argumentó conforme a la jurisprudencia reiterada de los últimos años, para el Consejo de Estado las copias deben tener peso probatorio y lograr el fin para el cual fueron aportadas cuando las mismas no has sido tachadas de falsas dentro de la dinámica procesal y se garantizó el derecho de contradicción con relación a las mismas, por lo tanto no pueden ser desestimadas las pruebas documentales allegadas al proceso.  Alegó que los documentos que sostuvo el Tribunal se aportaron en copia simple sus originales se encuentran en los archivos de la entidad demandante y partiendo de la premisa anterior es decir que entre tanto no fueron tachados de falsos se garantizó el derecho de contradicción durante el proceso, es claro que

están probados los supuestos para que sopese el grado de culpabilidad y prospere la presente acción contra los demandados. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48195 250002326000200501896 01) E.A.S.T.  Concluyó que en el presente caso están dados los presupuestos para que proceda la acción de repetición.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico. Puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Le asiste responsabilidad a los señores María de Jesús Ortiz Quintero, en su calidad de Gerente del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, Mario Jiménez, en su calidad de Jefe de la Unidad Administrativa y Camilo Escobar Plata en calidad de asesor jurídico, por la expedición del acuerdo 052 de 1999 donde se ordenó la supresión de la planta de personal y estableció una nueva comunicándole la supresión del cargo de mensajero del nivel operativo al señor Juan Carlos Hernández Marín? 2.1.2. ¿Se cumple con las exigencias de la Ley 678 en cuanto a los requisitos de procedibilidad para impetrar la acción de repetición? 2.1.3. ¿Las copias simples tienen valor probatorio cuando han sido aportadas desde la presentación de la demanda y no fueron tachadas de falsas por la parte contraria

en el proceso? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48195 250002326000200501896 01) E.A.S.T. 2.2.1. Naturaleza jurídica de la acción de repetición. A este respecto, la Cartilla Instructiva de Acción de Repetición del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derecho, establece: “La acción de repetición es una acción civil por su naturaleza retributiva de contenido económico y de obligatorio cumplimiento cuando el daño causado, razón de la condena contra el Estado, haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de su agente. Esta acción como su nombre lo indica, permite a la entidad pública condenada en un proceso de responsabilidad por sus actos, hechos o contratos, repetir contra un servidor o ex – servidor suyo, cuando considere que este, en razón de su conducta dolosa o gravemente culposa en ejercicio de sus funciones, haya podido ser la causa de la responsabilidad que se le imputó a aquella. Con antelación a la Constitución Política de 1991 la figura jurídica de la acción de repetición era considerada como una institución de carácter legal, pues sólo la

establecía el artículo 78 del C.C.A.: “Artículo 78. Jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad conexa. Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere.” La acción de repetición es una acción civil por su naturaleza retributiva de contenido económico y de obligatorio cumplimiento cuando el daño causado, razón de la condena contra el Estado, haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de su agente. República de Colombia No obstante, la norma sigue vigente, y al respecto la Corte Constitucional al declararla exequible1 se pronunció de la siguiente forma: 1 La parte subrayada fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-430 de 2000 República de Colombia 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48195 250002326000200501896 01) E.A.S.T. “…Conforme a las consideraciones precedentes la Corte concluye lo siguiente:

a) La norma cuestionada habilita al perjudicado para promover la acción resarcitoria frente a la entidad, el funcionario o contra ambos. Sin embargo, debe entenderse que la responsabilidad del agente se ve comprometida siempre que prospere la demanda contra la entidad, o contra ambos. b) Cuando prospera la demanda contra ambos, la sentencia declara la responsabilidad de la entidad pública, así como la responsabilidad del funcionario por haber incurrido en la conducta dolosa o gravemente culposa que contribuyó a la ocurrencia del daño. Pero la obligación de resarcir los perjuicios se impone a la entidad y no al funcionario; pero a la entidad se le reconocen el derecho de repetir lo pagado contra el funcionario. Ello es así, por que la responsabilidad por el daño antijurídico es del Estado y no propiamente de su agente; lo que sucede es que la conducta de éste gravemente culposa o dolosa, determinante del daño, tiene como consecuencia el que la entidad pueda repetir lo pagado...” A partir de 1991, la Constitución Política le otorga canon constitucional, al ser consagrada en su artículo 90, así: “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. Consiguientemente, la ley 678 de 2001 la define en su artículo 2, así: “La acción de Repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá

ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.” 2.2.2. Presupuestos de la responsabilidad del funcionario. Con el ánimo de facilitar la prueba de la culpa grave y del dolo del funcionario, la Ley 678 en sus artículos 5° y 6° consagra las siguientes presunciones: Artículo 5°. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas: 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de

la administración.

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

Artículo 6°. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

4. Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal. 2.2.3. Acción de repetición – Elementos estructurales Del anterior contexto normativo se deduce que la prosperidad de la acción de repetición requiere la concurrencia de los siguientes elementos estructurales: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar la causación de un daño antijurídico; b) Que la entidad haya pagado el monto de la condena a favor de la víctima; c) Que la condena haya sido impuesta como consecuencia del actuar del servidor o ex servidor público y, d) Que la condena se haya producido a causa de la conducta

dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor del Estado o de un particular que ejerza funciones públicas. La Sala analizará cada uno de los anteriores requisitos en la medida en que se verifique su existencia. Con base en los anteriores medios de prueba, encuentra la Sala satisfecho el primero de los elementos para la prosperidad de la acción de repetición, pues se encuentra acreditado que la entidad demandante fue condenada a pagar una suma de dinero a favor de una persona, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de un acto administrativo proferido por el demandado.2 (Negrillas fuera de texto). 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente Myriam Guerrero Escobar Radicación No. 25000-23-26-000-1999-02563-02 (36489). 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T. 2.2.4. Acción de repetición - culpa grave o dolo: El Consejo de Estado en sentencia de fecha 28 de abril de 2010, Consejera Ponente Myriam Guerrero de Escobar, Radicación No. 52001-23-31-000-1997-08809-01 se pronunció sobre las características que se deben estudiar para determinar la responsabilidad patrimonial por culpa grave o dolo del funcionario público, ex funcionario público o particular con funciones públicas en ejercicio de sus funciones

que haya ocasionado una detrimento patrimonial al Estado, diciendo lo siguiente: Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 90 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo contratos, bienes y familia. En consideración a lo anterior, la Sala ha explicado que, para establecer la responsabilidad personal de los agentes o ex agentes estatales, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta necesariamente el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas, se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivasactuación dolosa, o si al actuar, pudo prever la irregularidad en la que incurriría y el daño que podría ocasionar, y aún así no lo hizo, o confió en poder evitarloactuación culposa-. Es claro entonces, que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del

agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta. Dado lo anterior, no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional haya estipulado expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios sólo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48195 250002326000200501896 01) E.A.S.T. pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo que podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública. (Negrillas fuera de texto). 2.2.5. Valor probatorio de las copias. En sentencia de unificación No. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022) de Consejo

de Estado Sección Tercera, de 28 de Agosto de 2013, Magistrado Ponente Enrique Gil Botero sobre el valor probatorio de las copias se precisó: “Decide la Sala Plena de la Sección Tercera, por importancia jurídica y con fines de unificación de la jurisprudencia (…) Debe precisarse que la copia simple de las pruebas que componen el acervo del proceso penal, en especial las diligencias adelantadas por las demandadas, pueden ser valoradas toda vez que los medios probatorios obrantes fueron practicados con audiencia de la demandada, y solicitados como prueba traslada por la parte demandante, petición que fue coadyuvada por las demandadas, surtiéndose así el principio de contradicción(…)se advierte que el proceso penal fue aportado con la demanda en copia simple, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan, no obstante, conforme a los lineamientos legales y jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, respecto de la misma se surtió el principio de contradicción”. 2.3. Las pruebas obrantes: 2.3.1. Para efectos del presente concepto es preciso destacar las siguientes pruebas que en su momento se arrimaron al plenario, esta son:  A folios 17 a 27 del cuaderno 2 de pruebas obra copia de la sentencia de fecha 23 de mayo de 2002, emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenando el reintegro al señor Juan Carlos Hernández Marín. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48195 250002326000200501896 01) E.A.S.T.  A folio 28 a 49 obra copia de la resolución número 036 del 23 de febrero de 2005 por le cual se paga una indemnización en cumplimiento del fallo proferido dentro del expediente No. 2000-4595d del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.  A (folios 74 a 76 del cuaderno de pruebas) obra copia de constancia expedida por la tesorera del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República de la orden de pago No. 1321 y 1326 del día 6 de junio de 2005, fue cancelado al Fondo de Pensiones Porvenir el valor de (5.148.019) por concepto de liquidación de aportes pensionales en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Administrativo al funcionario Juan Carlos Hernández Marín.  A (folio 8 del cuaderno de pruebas) obra copia del acta de posesión de la señora María Jesús Ortiz Quintero como Directora General Nivel Directivo Grado 25.  A (folios 15 y 16 del cuaderno 2 de pruebas) obra copia de la Resolución 1460 del 17 de septiembre de 1999 por el cual se efectúa el nombramiento del señor Camilo Escobar Plata.  A (folio 1 del cuaderno 2 de pruebas) obra copia de la resolución 1322 del 12 de febrero de 1999 por el cual se encarga de las funciones de Jefe de la unidad

Administrativa del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República al señor Mario Jiménez Gayón.  A (folios 9 a 14 del cuaderno 2 de pruebas) obra copia del acuerdo número 052 de 1999 del 14 de julio, por medio del cual se establece la planta de personal del Fondo de Bienestar de la Contraloría General de la República. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48195 250002326000200501896 01) E.A.S.T. 2.4. Caso concreto Estudiadas las pruebas allegadas al plenario y de conformidad con las normas aplicables y el alcance que les ha dado la jurisprudencia, encuentra esta Delegada que la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada conforme a los siguientes argumentos: Para que proceda la acción de repetición deben concurrir los siguientes elementos:

1. Que la entidad pública haya sido condenada al pago de los daños antijurídicos causados o haya acordado mediante conciliación u otro mecanismo alternativo de solución de conflictos dicho pago.

2. Que dicha condena se haya ocasionado por la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario público o un particular que ejerza función pública.

3. Que efectivamente se haya realizado el pago.  Dentro del acervo probatorio se encontró acreditada la condena a la entidad

mediante sentencia del 23 de mayo de 2002 emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el cual declaró la nulidad del oficio No. 118500156 del 21 de febrero del 2000, expedido por el Director Administrativo y Financiero del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República por medio del cual se le comunicó el retiro del servicio al señor Juan Carlos Hernández Marín.  También se encontró probado el pago a la víctima, pues se demostró que el señor Juan Carlos Hernández Marín recibió la suma de $57.728.572.37, la cual le fue consignada según certificación de tesorería de la Contraloría General de la República, es decir se pagó una suma de dinero por el tiempo de la desvinculación 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48195 250002326000200501896 01) E.A.S.T. por cuenta del Fondo de