PGN - ACCION DE REPETICION - Para que proceda el estado debe haber sido condenado a la reparación de

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-Para que proceda el Estado debe haber sido condenado a la reparación de un daño antijurídico Como se explicó, en el marco teórico de este concepto, para que proceda la acción de repetición, el Estado debe haber sido condenado a la reparación de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente o ex agente público y que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia. Todo lo anterior debe ser establecido en el proceso por la parte demandante, con el aporte de copias auténticas de la sentencia ejecutoriada que impuso la condena y de los documentos que prueben la cancelación de la misma, como también debe quedar acreditada la conducta dolosa o gravemente culposa del agente o ex agente público. De no demostrarse ello en debida forma, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, y se imposibilita la declaratoria de responsabilidad del funcionario estatal y la condena a resarcir el daño causado al patrimonio público. CARGA DE LA PRUEBA EN ACCIÓN DE REPETICIÓN-La entidad no demostró el pago realizado a la víctima del daño En el caso que nos ocupa, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia en sentencia del 15 de febrero de 2012, decidió desestimar las pretensiones de la demanda presentada por la Policía Nacional, en razón a que no encontró satisfecho el requisito de demostración del

pago realizado por la entidad. Manifiesta el Tribunal, que no se aportó copia del proceso que se dice se tramitó ante el Tribunal Administrativo donde se realizó la conciliación judicial, como tampoco se allegó la citada diligencia y su respectiva aprobación por parte de esa Corporación, tampoco se aporta ninguna constancia expedida por la Tesorería del Ministerio de Defensa Nacional sobre su pago o paz y salvo de los demandantes a favor de los cuales presuntamente se ordenó el correspondiente pago de perjuicios, declarando cancelada la obligación por parte de la entidad demandante. Esta Delegada del Ministerio Público al realizar una revisión detallada de las pruebas documentales aportadas al proceso, encuentra que efectivamente la parte actora no atendió la carga probatoria que le correspondía, en tanto y por cuanto en las diligencias adelantadas no se acreditó uno de los tres elementos que deben resultar plenamente probados dentro del plenario para establecer la responsabilidad patrimonial del servidor o ex servidor público “b) Que la entidad haya pagado a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria”, tal como en repetidas ocasiones lo ha señalado el Honorable Consejo de estado. ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN-No obra constancia del pago realizado impuesto como condena En opinión de esta Agencia del Ministerio Público, si bien es cierto que en el plenario obra constancia de la existencia de la obligación por parte de la actora a favor del beneficiario, también lo es, que no obra constancia del pago efectivamente realizado al mismo del valor impuesto como condena, como tampoco obra constancia de paz y salvo suscrita por el

beneficiario de haber recibido el pago de la suma establecida en la condena impuesta. En consecuencia, esta Delegada bajo los breves presupuestos planteados, encuentra que las Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co J.Cruz R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44818 (050012331000199900277-01) pretensiones de la institución demandante no tiene vocación de prosperidad, por lo que considera que la sentencia recurrida proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, debe ser confirmada. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44818 (050012331000199900277-01) CONCEPTO No. 353 / 2012

Bogotá, D.C 11 de diciembre 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: Doctor Hernán Andrade Rincón EXPEDIENTE: 050012331000199900277 -01 (44818) Acción de Repetición

ACTOR: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

DEMANDADO: Héctor de Jesús Giraldo Bermudez Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR el fallo recurrido originado en el Tribunal Administrativo de Antioquia del quince de febrero de 2012 - Acción De Repetición. / No se acreditó uno de los tres elementos que deben resultar plenamente probados dentro del plenario para establecer la responsabilidad patrimonial del servidor o ex servidor público. / La parte actora no atendió la carga probatoria que le correspondía.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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I. ANTECEDENTES

1. La Demanda – Hechos De acuerdo a lo señalado en el escrito introductorio, se extractan los siguientes: (fls.40 a 48 C.1.) Los hechos que se indican en el proceso son los siguientes: El 23 de febrero de 1992, los agentes Héctor de Jesús Giralda Bermúdez, José Emilio Mateus Bareno y el C.S Jaider Uriel Caro Sepúlveda, se transportaban en un

vehículo conducido por el primero de los mencionados y prestaban un servicio policial en el barrio El Poblado de la ciudad de Medellín. A la altura del sector de Belén los agentes se estrellaron contra el poste de un semáforo al parecer por esquivar una camioneta pick-up color verde que iba delante de ellos y era conducido por Rafael Gómez Ramírez. El citado señor continuó su camino y el agente Héctor al ver la conducta de aquel, descendió del vehículo y comenzó a dispararle en varias oportunidades con el arma oficial, uno de los proyectiles que fueron disparados por el uniformado penetró en la cabeza de Rafael Gómez siendo llevado a un centro hospitalario donde falleció a causa de dichas lesiones. 1.2. Contestación de la Demanda 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.44818 (050012331000199900277-01) 1.2.1. Demandado – Héctor Giraldo Bermudez En su escrito de contestación (folios 74 y ss C.1), el accionado fue emplazado y se le nombró curador adlítem quien respondió la demanda en los siguientes términos: Manifiesta el apoderado del accionado, que no se puede oponer a las pretensiones de la demanda, máxime que conforme al canon 90 Constitucional es procedente la

acción de repetición, dado que existe una sentencia penal donde el juez competente valoró los elementos del hecho punible, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad teniendo en cuenta que la conducta fue dolosa, tal como se expresa en el fallo. (folios 74 y siguientes). En la etapa de los alegatos de conclusión guardó silencio. 1.3. Sentencia de Primera Instancia El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 15 de febrero de 2012, declaró negar las pretensiones de la demanda. El fallo proferido se fundamentó principalmente en los siguientes: No se aporta copia del proceso que se dice se tramitó ante el Tribunal Administrativo donde se realizó la conciliación judicial, como tampoco se allegó la citada diligencia y su respectiva aprobación por parte de esa Corporación. Tampoco se aporta ninguna constancia expedida por la Tesorería del Ministerio de Defensa Nacional sobre su pago o paz y salvo de los demandantes a favor de los cuales presuntamente se ordenó el correspondiente pago de perjuicios, declarando cancelada la obligación por parte de la entidad demandante. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44818 (050012331000199900277-01) 1.4. Recurso de Apelación 1.4.1. La institución demandante - Policía Nacional

El apoderada de la parte actora dentro del proceso referido de repetición - incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus intereses, en donde en términos resumidos argumenta lo siguiente (fls. 103 a 107 del cuaderno del Consejo de Estado): Manifestó que si bien dentro del proceso no obra constancia de pago, paz y salvo o del recibido del beneficiario, obra el documento que acredita la existencia de dicha obligación, como lo es el documento emanado por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, que acredita la existencia de dicha obligación. Toda vez que los documentos allegados al proceso que acreditan dicho pago, constituyen prueba real y revisten de legalidad por ser documentos emanados directamente por funcionarios de la entidad que además de tener el carácter de público, su expedición goza de todos los formalismos legales que dan credibilidad del pago efectuado por la entidad, razón por demás que constituyen plena prueba y que dan lugar a que las pretensiones prosperen teniendo reunidos los presupuestos legales para la acción reversica.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico Puede ser expresado en los siguientes términos: 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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¿ la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional, estaba en el deber de asumir la carga probatoria de probar el pago efectivo de la suma dineraria que le fue impuesta por condena judicial, como presupuesto para asegurar la procedibilidad de la acción de repetición en contra del demandado Héctor de Jesús Giraldo Bermudez?. 2.2. Marco Teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Régimen de Responsabilidad aplicable Sobre el régimen de responsabilidad en la acción de repetición tenemos lo siguiente: Inicialmente, el Decreto 01 de 1984, actual Código Contencioso Administrativo, anterior a la Constitución Política de 1991, estableció en los artículos 77 y 78 que los funcionarios públicos serán "responsables de daños que causen por culpa grave o dolo en ejercicio de sus funciones". La Constitución Política en su artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad del Estado, prescribiendo "El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas", pero a su vez, y consecuentemente establece el deber para el mismo que cuando esta reparación patrimonial se derive de una conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes debe repetir contra éste. El mandato Constitucional anterior fue desarrollado por la Ley 678 del 03 de agosto de 2001, "Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44818 (050012331000199900277-01) patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición". La referida ley establece que la acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena u otra forma de terminación de un conflicto, acción que es de obligatorio ejercicio para las entidades públicas cuando el daño causado por el Estado provenga igualmente de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes. (arts. 2 y 4). Teniendo en cuenta que los hechos que suscitaron la presente acción sucedieron el 7 de junio de 1988, o sea, antes de entrar en vigencia la ley 678 de 2001 y la Constitución del mismo año, es necesario establecer la normatividad aplicable al presente asunto, con el fin de analizar los aspectos fundamentales de este tipo de acciones legales, como son, la responsabilidad de los agentes (si su actuación fue con culpa grave o dolo) y los elementos objetivos de la acción respecto de la condena impuesta (Reconocimiento y pago efectivo de ésta). En este sentido el Honorable Consejo de Estado señaló lo siguiente:

"La Sala advierte que los hechos y actos debatidos en este proceso tuvieron lugar el 16 de marzo de 1984, esto es, antes de la expedición de la Ley 678 de 2001 y, por lo tanto, dicha normativa no es aplicable en los aspectos sustanciales a este caso. No obstante lo anterior, en materia procesal, el caso en estudio sí se puede analizar a la luz de la Ley 678 de 2001, por tratarse de normas de orden público y, por ende, de aplicación inmediata. Así lo ha explicado la Sala: "Estas situaciones pretéritas que son sometidas y susceptibles de conocimiento de la jurisdicción, tal y como ocurre en el presente evento son las que plantean un conflicto de leyes en el tiempo, derivadas del tránsito normativo (.. .). a) Si los hechos o actos que originaron la responsabilidad civil patrimonial del servidor público, son posteriores a la Vigencia de Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44818 (050012331000199900277-01) agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter 'civil' que se le imprime a la acción en el artículo 2 de la misma ley, excepcionalmente se

acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en tomo a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 Y 90 de la Constitución Política). b) Si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad, fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público que es la fuente de su responsabilidad civil frente al Estado. En síntesis, en armonía con el derecho constitucional al debido proceso la culpa grave o dolo en la conducta del agente público se debe estudiar conforme a las normas vigentes a la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones que dieron lugar a la sentencia condenatoria contra el Estado o produjeron la conciliación que determinó el pago indemniza torio a la víctima del daño. De otra parte, en cuanto a los aspectos procesales, es claro, que por tratarse de normas de orden público rigen hacia el futuro y con efecto general e inmediato, en aplicación de lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 1 En aras de amparar el derecho fundamental al debido proceso se impone analizar la conducta desplegada por los demandados con fundamento en las normas vigentes para la fecha de los acontecimientos. Al respecto se ha manifestado el máximo

tribunal de lo Contencioso Administrativo diciendo: "En síntesis, en armonía con el derecho constitucional al debido proceso la culpa grave o dolo en la conducta del agente público se debe estudiar conforme con las normas vigentes a la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones que dieron lugar a la sentencia condenatoria contra el Estado o produjeron la conciliación que determinó el pago indemnizatorio a la víctima del daño”2. 1 H. Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra, sentencia del 20 de septiembre de 2007, rad. 25000-23-26-000-1999-00847-01 (26708), actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Acción de Repetición. 2 H. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, Ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio, actor: Contraloría General de la República, rad. 11001-03-26-000-2003-00019-01 (24953), Acción de 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44818 (050012331000199900277-01) Al respecto entonces el artículo 90 de la Constitución Política señala: "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le

sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. "En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste". Igualmente, se reitera los artículos 77 y 78 del C.C.A que establecen la responsabilidad de los funcionarios del Estado como consecuencia de los "daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones", estableciéndose que en caso de prosperidad de una eventual condena "la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere". Debe observarse cómo el precepto constitucional anteriormente citado establece unas condiciones objetivas para que proceda la acción de repetición, las que consisten en que el Estado haya sido condenado o se haya visto obligado a la reparación de un daño antijurídico, y que por ello haya pagado el perjuicio o indemnización impuesta en una condena. En repetidas oportunidades ha señalado el H. Consejo de Estado que son tres los elementos que deben resultar plenamente probados dentro del plenario para establecer la responsabilidad patrimonial del servidor o ex servidor público vinculado a través de demanda de Repetición 10, siendo ellos: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar los daños antijurídicos causados a las personas. b) Que la entidad haya pagado a la víctima del daño la suma determinada en la Repetición. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44818 (050012331000199900277-01) sentencia condenatoria. c) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas. Así mismo, en sentencia del 27 de noviembre de 2006, Radicación número: 11001-0326-000-2002-00002-01 (22099) Demandante: Nación, Contraloría General de la Republica, Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señaló: Pago "La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo de la suma dineraria que le fue impuesta por condena judicial o en la conciliación, a través de prueba que generalmente es documental, constituida por el acto en el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado, por el recibo de pago o consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario. De otra parte, cabe advertir que la Ley 678 de 2001, en desarrollo del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política3, reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales de la acción de repetición y el llamamiento en garantía, fijando, bajo la égida de los primeros, generalidades como el objeto, noción, finalidades, deber de ejercicio y especificidades, como las definiciones de dolo y culpa grave con las que

se califica la conducta del agente y el establecimiento de presunciones legales de estas dos modalidades y en las que estaría incurso el funcionario, con obvias 3 El Artículo 90 de la C.P. es del siguiente tenor: "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. "En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste." 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44818 (050012331000199900277-01) incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso; y con el cobijo de los segundos, asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución; así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Empero, los hechos y actos ocurridos bajo el imperio y vigencia del régimen jurídico precedente a la expedición de la Ley 678 de 2001 y del inciso segundo del artículo 90

de la Carta Política, potencialmente constitutivos de la acción de repetición contra funcionarios o exfuncionarios o particulares en ejercicio de función pública, tenían un régimen integrado, como se dijo, por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales, que aunque dispersas, permitían exigir la responsabilidad del agente del Estado4 En síntesis, en armonía con el derecho constitucional al debido proceso, la culpa grave o dolo en la conducta del agente público se debe estudiar de conformidad con las normas vigentes a la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones, que dieron lugar a la sentencia condenatoria contra el Estado o produjeron la conciliación que determinó el pago indemnizatorio a la víctima del daño. Se colige de lo anterior que, la Ley 678 del 2001, se aplica en lo sustancial para los hechos y actos que hubieren tenido lugar con posterioridad al 4 de agosto de 20015, fecha de su entrada en vigencia, pues los ocurridos con antelación a dicha fecha y por 4 A manera de ejemplo los artículos 63 y 2341 del Código Civil; artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo; artículos 6, 90, 95, 121, 122, 124 de la Constitución Política; artículos 65 a 70 de la Ley 270 de 1996 "Estatutaria de Administración de Justicia"; artIculo 54 de la Ley 80 de 1993, derogado expresamente por el artIculo 30 de la Ley 678 de 2002; artlculos 31 y 44 numeral 9, 40 Y 42 de la Ley 446 de 1998. 5 Según Diario Oficial No. 44.509 de 4 de agosto de 2001.

12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44818 (050012331000199900277-01) ende, la responsabilidad del agente público se debe analizar conforme a la normativa anterior; y en lo procesal, con la excepción que permite el efecto ultractivo de las normas antiguas sobre actos procesales iniciados de que trata el aparte segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, es obligado concluir que se aplica para los juicios de repetición en curso y pendientes a dicha fecha, incoados a la luz de la Ley 446 de 1998.6 2.2.2. Dolo o culpa grave Precisamente, en relación con la gradación de la culpa el artículo 63 del Código Civil establece que: "ARTICULO 63. [CULPA Y DOLO]. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. "Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. "Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de

culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. "El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. "Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un 6 En relación con lo anteriormente expuesto por la Sala ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de 31 de agosto de 2006, Expediente Rad. No. 17.482 Actor: Nación - Ministerio De Defensa Nacional - Ejército Nacional, Demandado: Manuel Jesús Guerrero Pasichana; y Expediente No. 28.448, Actor: Lotería La Nueve Millonaria de La Nueva Colombia Ltda. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44818 (050012331000199900277-01) hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. "El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro." De la norma que antecede se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia

ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo. Ahora bien, en cuanto a la segunda modalidad subjetiva con la que se califica la conducta del agente, esto es, el dolo, debe entenderse por tal, aquella conducta realizada por el autor con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio, o en otra concepción, un comportamiento antijurídico, habiéndoselo representado y adecuado a sus posibilidades, con el fin unívoco de obtener un resultado dañino deseado. Así pues, dentro de los aspectos integrantes del dolo, en materia civil el doctrinante Arturo Valencia Zea, ha manifestado que: “… es necesario distinguir entre el dolo contractual (o dolo como vicio del consentimiento) y el dolo extracontractual. El dolo contractual (dolo in contrahendo) es el engaño consciente que uno de los contratantes infiere a otro para inducirlo a la celebración de un contrato (C.C., art. 1515). El dolo extracontractual es el daño causado a otro en forma consciente al margen de un contrato. "En general, los daños cometidos con dolo, es decir con intención de dañar se 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44818 (050012331000199900277-01) denominan delitos civiles (C. C., art 2302, sustituido por el art.34 de la ley 57 de 1887; y los causados con culpa pero sin intención de dañar se denominan cuasidelitos o culpas (C. C., art.2301) A propósito de estas dos nociones con ocasión de la acción de repetición, el Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes términos: ''Al no haberse precisado o definido legalmente, de manera específica para efectos de la acción de repetición, los conceptos de 'culpa grave' y 'dolo', la jurisprudencia (. . .) acudió inicialmente a la noción recogida y desarrollada por el ordenamiento civil, en cuyo artículo 63 (. . .) se distingue entre la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima, para efectos de señalar que culpa o negligencia grave es el descuido en que ni siquiera incurrirían las personas negligentes o de poca prudencia en el manejo de sus propios negocios. Así mismo, el aludido artículo 63 precisa que en materia civil esa culpa se equipara al dolo que, a su vez, se concibe como 'la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad del otro. 2.3. Pruebas Obrantes Dentro del proceso quedaron aportadas las pruebas que se relacionan:

 Se aporta con la demanda la copia auténtica de la Resolución Nro. 02395 del 12 de agosto de 1.997 "Por la cual se da cumplimiento a una conciliación" ( folios 6 a 10)  Se aporta la sentencia en copia auténtica proferida en el Consejo Verbal de Guerra realizado en el Comando de la Policía Metropolitana, en la cual se condena a los agentes involucrados en los hechos (Folios 10 a 21).  Certificación del Director del Centro p