PGN - ACCION DE REPETICION - Por insubsistencia de un nombramiento con desconocimiento de la ley

ACCION DE REPETICION-Por insubsistencia de un nombramiento con desconocimiento de la ley ACCION DE REPETICION-Consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política ACCION DE REPETICION-Definición legal ACCION DE REPETICIONElementos Los elementos a analizar, en relación con la acción de repetición, son: (i) la calidad de agente del Estado; (ii) la existencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto; (iii) el pago realizado por parte de la entidad; y (iv) la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. ACCION DE REPETICION-Finalidad La acción de repetición busca recuperar u obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado como consecuencia de la acción u omisión, dolosa o gravemente culposa, que un servidor público o un particular investido de funciones públicas haya ocasionado o que haya dado lugar a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. ___________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Radicación: 110010326000-2015-00024-00 (53.060)

Demandante: Universidad Popular del Cesar

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, agosto 5 de 2019 Doctor

RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 19-98

Medio de Control de Repetición8UYY Radicación: 110010326000-2015-00024-00 (53.060)

Demandante: Universidad Popular del Cesar

Demandado: Raúl Enrique Maya Pabón Honorable Señor Consejero: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H.

Consejo de Estado para decidir en única instancia el medio de control de repetición incoado por la Universidad Popular del Cesar en contra del señor Raúl Enrique Maya Pabón, por lo que encontrándose dentro del término para presentar alegatos de conclusión, esta agencia del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo.

I. ANTECEDENTES

1. La Demanda

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2019-454138 __________________________________________2_________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Radicación: 110010326000-2015-00024-00 (53.060) Demandante: Universidad Popular del Cesar En ejercicio del medio de control de repetición, por conducto de apoderado judicial, LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR solicitó al Consejo de Estado acceder, entre otras, a las siguientes pretensiones: “(…)1º. Que se declare responsable a RAÚL ENRIQUE MAYA PABÓN de los perjuicios ocasionados a la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, condenada administrativamente por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar, de fecha 16 de abril de 2012, por concepto

de falta de motivación del acto administrativo, la expedición irregular del acto acusado y la nulidad por desconocimiento del derecho de defensa o administrativo Resolución No. 1485 de fecha 12 de JULIO de 2.010, mediante la cual se declaró la insubsistencia del nombramiento del señor GONZALO TRESPALACIOS PALOMINO, en el cargo de Profesional Universitario, Código 2044, grado 06, nivel profesional dependiente de la Vicerrectoría General de la Seccional De Aguachica De la Universidad Popular del Cesar. (…) 3º. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a RAUL ENRIQUE MAYA PABÓN a cancelar la suma de CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M.L. ($122.766.967) a favor de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR; suma de dinero que pagó esta Entidad a GONZALO TRESPALACIO PALOMINO, para hacer efectiva la condena de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar de fecha 11 de abril de 2013. 4º. Que se condene a RAUL ENRIQUE MAYA PABÓN a cancelar intereses comerciales a favor de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR desde la ejecutoria de la providencia que ponga fin a este proceso. 5º. Que se ajuste la condena tomando como base el índice de precios al consumidor (…)”

2. La Contestación Dado que no fue posible la notificación personal de demandado, se le designó curadora ad-litem, quien al dar contestación a la demanda se opuso a las pretensiones de la misma, manifestando que la acción se

encuentra caducada, pues en su criterio, la demanda fue presentada

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2019-454138 __________________________________________3_________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Radicación: 110010326000-2015-00024-00 (53.060) Demandante: Universidad Popular del Cesar en el año 2015 y que la misma solo fue notificada hasta el 27 de noviembre de 2017, es decir, más de dos años después de haber sido presentada. Sin embargo, esta excepción fue resuelta en forma desfavorable desde la audiencia inicial de este proceso.

Adicionalmente, argumentó que en este caso no se vislumbra ningún acto de dolo o culpa probado por la parte demandante para condenar a la parte pasiva, pues el acto administrativo de insubsistencia no fue elaborado por su agenciado, sino por el Director de Recursos Humanos o por la persona encargada en estos casos, por lo cual no se le puede endilgar al demandado que haya actuado con dolo o culpa grave.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problema Jurídico ¿Se encuentran acreditados los elementos requeridos para la prosperidad de la acción de repetición instaurada por la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR en contra del señor RAÚL

ENRIQUE MAYA PABÓN?

2. Análisis jurídico 2.1 Acción de Repetición La acción de repetición busca recuperar u obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado como consecuencia de la acción u omisión,

dolosa o gravemente culposa, que un servidor público o un particular investido de funciones públicas haya ocasionado o que haya dado lugar a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. Es por ello que en el proceso se debe demostrar, además del pago efectivamente realizado por la entidad pública, la

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2019-454138 __________________________________________4_________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Radicación: 110010326000-2015-00024-00 (53.060) Demandante: Universidad Popular del Cesar responsabilidad del servidor, en la forma prevista por el artículo 90 superior.

En el caso bajo examen, aparece señalado que la acción generadora del daño antijurídico acaeció el 12 de julio de 2010, fecha en la que el Rector de la Universidad Popular del Cesar declaró la insubsistencia del nombramiento que ostentaba el señor Gonzalo Trespalacios Palomino, por haber sido expedido dicho acto administrativo con desconocimiento de la ley, razón por la que la entidad demandante tuvo que reintegrarlo y ordenar el pago de todos los emolumentos dejados de percibir durante el lapso de tiempo que permaneció desvinculado del ente educativo. Dicha circunstancia da lugar a considerar que este proceso ha de regirse por las normas contenidas en la Constitución Política de 1991, artículo 90, y en la Ley 678 de 20011, pues el hecho generador del

daño antijurídico tuvo ocurrencia con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Ley2. El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagra la acción de repetición en su inciso segundo, en los siguientes términos: “ART. 90. - El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.” El citado precepto constitucional fue desarrollado por la Ley 678 de 2001, la cual, en su artículo 2º, definió la acción de repetición como “una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra 1 “Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.” 2 Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Radicación número: 11001-03-26000-2007-00074-00(34816).

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2019-454138 __________________________________________5_________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Radicación: 110010326000-2015-00024-00 (53.060)

Demandante: Universidad Popular del Cesar

del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.” Es por ello que en el proceso se debe demostrar, además de la calidad de servidor público y el pago efectivamente realizado por la entidad pública, la responsabilidad del agente estatal y la incidencia de su conducta en la producción del daño antijurídico. Los hechos en que se soporta el medio de control de repetición incoado por la Universidad Popular del Cesar, pueden sintetizarse de la siguiente manera: -. Que el señor RAÚL ENRIQUE MAYA PABÓN en calidad de Rector de la Universidad Popular del Cesar, profirió la Resolución No. 1485 del 12 de julio de 2.010, mediante la cual se declaró la insubsistencia del nombramiento del señor GONZALO TRESPALACIOS PALOMINO, en el cargo de Profesional Universitario, Código 2044, grado 06, nivel profesional de la Vicerrectoría General de la Seccional Aguachica de dicha institución. -. Que a raíz de lo anterior, el señor TRESPALACIOS PALOMINO, interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Universidad Popular del Cesar, proceso del que conoció en primera instancia el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar, el cual mediante sentencia de fecha 16 de abril de 2.012, accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 1485 del 12 de julio de 2.010, por

medio de la cual el entonces Rector de la Universidad Popular del Cesar declaró insubsistente el nombramiento del cargo de Profesional Universitario, Código 2044, grado 06, del nivel profesional de la Vicerrectoría General de la Seccional de Aguachica, que venía desempeñando el señor Gonzalo Trespalacios Palomino, sentencia que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia del 11 de abril de 2013. -. En cumplimiento de las precitadas decisiones judiciales, se ordenó el reintegro del actor, señor GONZALO TRESPALACIOS PALOMINO al cargo que ocupaba o a otro igual o equivalente, a partir de la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento, esto es, el día 12 de julio de 2.010; así mismo, se ordenó a la

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2019-454138 __________________________________________6_________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Radicación: 110010326000-2015-00024-00 (53.060) Demandante: Universidad Popular del Cesar Universidad Popular del Cesar, reconocer y pagar en su favor, todos los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento de su desvinculación, hasta cuando fuese efectivamente reintegrado, con la declaración de que no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio.

Dicho reconocimiento llevaba implícito además, el reconocimiento del valor de los aumentos que se hubieren decretado legalmente

con posterioridad al retiro del servicio. -. En concordancia con lo anterior, el Rector de la Universidad Popular del Cesar, mediante la Resolución No 1242 del 17 de junio de 2013, ordenó reintegrar al señor GONZALO TRESPALACIOS PALOMINO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.028.197 de Valledupar (Cesar), al cargo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 06, del Nivel Profesional, dependiente a la Vicerrectoría General de la Seccional de Aguachica. -. Posteriormente, mediante Resolución No. 2301 del 27 de septiembre de 2013, se le reconocieron unos salarios y prestaciones sociales al señor GONZALO TRESPALACIOS PALOMINO, por valor de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M.L. ($ 122.766.967), siendo ésta la fecha en que efectivamente se realizó el pago de la condena. -. Que el sustento del Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar para declarar la ilegalidad de la resolución que declaró insubsistente al señor GONZALO TRESPALACIOS PALOMINO, obedeció a la violación por parte del señor RAÚL ENRIQUE MAYA PABÓN, de las normas internas en que debía fundarse los actos administrativos; puntualmente a la FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO y la DESVIACIÓN DE PODER y que por ende, la expedición del acto administrativo que originó la remoción del

GONZALO TRESPALACIOS PALOMINO, no obedeció a razones del buen servicio público, por lo cual el aquí demandado deberá responder patrimonialmente. -. Refiere la parte accionante que “en el presente caso se presume el DOLO en el demandado, tal como lo consagra el artículo 5° de la ley 678 de 2001, en su numeral 1, ya que el señor RAÚL ENRIQUE MAYA PABÓN, al momento de expedición del acto administrativo de insubsistencia plurimencionado, no se motivó debidamente, actuando con desviación de poder.” -. Según afirma la apoderada de la entidad accionante, los ex rectores de la Universidad eran conocedores de pronunciamientos de la Corte Constitucional acerca de la obligatoriedad de motivar los actos de desvinculación, “por lo que es palmario el dolo con el que actuó el demandado RAÚL MAYA PABÓN, porque a sabiendas del mandato ineludible de la Corte Constitucional actuó en

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2019-454138 __________________________________________7_________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Radicación: 110010326000-2015-00024-00 (53.060) Demandante: Universidad Popular del Cesar contravía del mismo a sabiendas de la consecuencia nociva para la universidad que su proceder le acarrearía.” 2.2 Elementos Esenciales de la Acción de Repetición De las normas mencionadas y de la jurisprudencia desarrollada por el

Honorable Consejo de Estado sobre la materia, se tiene que deben concurrir elementos objetivos y subjetivos para que la entidad perjudicada pueda (y deba) en ejercicio de la acción de repetición, acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa contra el funcionario o exfuncionario que con su acción u omisión dolosa o gravemente culposa, haya ocasionado o dado lugar a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, que implica un menoscabo del patrimonio público3. Los elementos a analizar, en relación con la acción de repetición, son: (i) la calidad de agente del Estado; (ii) la existencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto; (iii) el pago realizado por parte de la entidad; y (iv) la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de

2007. Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Radicación número: 41001-23-31-000-199508354-01(24844): “En aplicación de lo previsto en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, las condiciones objetivas para que proceda la acción de repetición, como se señaló en esta providencia, consisten en que el Estado haya sido condenado o visto compelido conforme a la ley a la reparación de un daño antijurídico, y que se haya pagado el perjuicio o indemnización impuesto en la condena, todo lo cual debe ser acreditado en el

plenario por la entidad pública demandante en el proceso, mediante el aporte de copias auténticas de la sentencia ejecutoriada y copias auténticas de los actos administrativos y demás documentos o pruebas idóneas que demuestren la cancelación de la indemnización del daño; de lo contrario, esto es, si no se cumplen esas dos condiciones y no se acreditan en forma legal dentro del proceso, el Estado no puede ni tiene la posibilidad de sacar avante la acción contra el agente estatal y menos aún la jurisdicción declarar su responsabilidad y condenarlo a resarcir. (…) Para que se pueda imputar la responsabilidad al agente público se requiere demostrar que la actuación que originó la condena contra el Estado lo fue con culpa grave o dolo, y que dicha actuación la realizó en su calidad de servidor público o de particular investido de funciones públicas con ocasión del ejercicio de éstas o a propósito de la prestación del servicio. Es decir, se trata de un responsabilidad subjetiva y, por ende, se encontrará obligado a reparar al Estado si el daño o perjuicio le es imputable por haberlo causado con dolo o culpa grave.”

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2019-454138 __________________________________________8_________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Radicación: 110010326000-2015-00024-00 (53.060) Demandante: Universidad Popular del Cesar De tales presupuestos, la calidad de agente del Estado, la existencia de la sentencia condenatoria, conciliación u otra forma de solución del conflicto, en virtud de la cual la entidad deba reparar un daño

antijurídico, así como el pago realizado por parte de la entidad condenada, son los elementos objetivos para impetrar la acción de repetición; y la calificación de la conducta del agente estatal como dolosa o gravemente culposa, es el elemento subjetivo determinante de la responsabilidad del agente4, elementos que serán analizados en este mismo concepto. - Calidad de servidor Público del demandado: En relación con la calidad de servidor público que ostentaba el demandado RAÚL ENRIQUE MAYA PABÓN, con las pruebas allegadas al libelo, está plenamente demostrado que, en efecto, el aquí demandado trabajó al servicio de la Universidad Popular del Cesar, y más concretamente, se desempeñó como Rector de la misma. Igualmente, se pudo probar que el precitado señor mientras ostentaba dicho cargo, profirió la Resolución No. 1485 del 12 de julio de 2.010, acto por el cual se declaró la insubsistencia del nombramiento del señor GONZALO TRESPALACIOS PALOMINO, en el cargo de Profesional Universitario, Código 2044, grado 06, nivel profesional de la Vicerrectoría General de la Seccional Aguachica de la Universidad Popular del Cesar, según se observa en el folio 83 del cuaderno principal. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 9 de junio de 2010; Radicación: 37722; Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez (E). “La calidad de agente del Estado y la conducta desplegada como tal, determinante del daño causado a un tercero, la cual hubiere generado una

condena o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de un acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier otra forma de terminación de un conflicto; La existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto; El pago realizado por parte de la Administración; y La calificación de la conducta del agente, como dolosa o gravemente culposa. Los tres primeros requisitos son de carácter objetivo, frente a los cuales resultan aplicables las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda, según se explicó. Por su parte, la conducta dolosa o gravemente culposa corresponde a un elemento subjetivo que se debe analizar a la luz de la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la actuación u omisión determinante del pago por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición.”

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2019-454138 __________________________________________9_________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Radicación: 110010326000-2015-00024-00 (53.060) Demandante: Universidad Popular del Cesar -Existencia de la sentencia condenatoria, conciliación u otra forma de solución del conflicto en virtud de la cual la entidad deba reparar un daño antijurídico: Este elemento se encuentra acreditado en el proceso con la copia de la sentencia del 16 de abril de 2012 proferida por el Juzgado Tercero

Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar,

por medio de la cual declaró la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 1485 del 12 de julio de 2010, por medio de la cual, el Rector de la Universidad Popular del Cesar declaró insubsistente el nombramiento del cargo de Profesional Universitario, código 2044, grao 06, del nivel profesional, dependiente de la Vicerrectoría general de la seccional de Aguachica, se ordenó el reintegro del demandante al cargo que venía desempeñando y, consecuencialmente se condenó a la entidad a pagarle al señor Gonzalo Trespalacios Palomino, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.028.197 todos los sueldos y prestaciones, primas bonificaciones dejados de percibir desde que fue desvinculado de la entidad hasta la fecha en que efectivamente se produzca su reintegro. La anterior decisión fue confirmada en su totalidad, por sentencia de segunda instancia, de fecha 11 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. - Pago de la condena por parte de la entidad demandante: Para demostrar este elementopagose allegó certificado suscrito por el Coordinador del grupo de Tesorería y Pagaduría de la Universidad Popular del Cesar, en el cual se hace constar el pago realizado en favor del señor Gonzalo Trespalacios Palomino, en cumplimiento de la Resolución No. 2301 del 27 de septiembre de 2013, por valor de $122.766.967, así como también reposan en el expediente los

respectivos comprobantes de disponibilidad presupuestal y de egreso.

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2019-454138 __________________________________________1_0________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Radicación: 110010326000-2015-00024-00 (53.060) Demandante: Universidad Popular del Cesar Obra también la Resolución No. 2301 del 27 de septiembre de 2013, “Por medio de la cual se reconocen unos salarios, prestaciones sociales y se autoriza su pago”, a través de la cual se dio cumplimiento a la sentencia del 16 de abril de 2012 proferida por el Juzgado Tercero

Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar. Para esta Delegada se encuentra demostrado el elemento pago, con la certificación y los demás medios probatorios antes referidos, toda vez que la disposición aplicable al caso es la contenida en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, disposición que rige desde el año 2012. Como la presente demanda fue radicada el 23 de enero de 2015, es evidente que la norma aplicable es la disposición citada, así los hechos origen del presente medio de control hubiesen tenido ocurrencia en el año 2010, toda vez que se trata de una norma procedimental, de orden público y por ende de obligatorio cumplimiento, desde que entró a regir: Artículo 142: “(…) Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que

cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.” Luego es un hecho cierto que sobre la prueba del pago efectivo de la condena, es preciso señalar que la Ley 1437 de 2011, en su artículo 142 en forma expresa otorga mérito a la certificación del pagador de la entidad, y por ende, en el caso se encuentra demostrado dicho elemento estructurador del medio de control de repetición. - Del dolo o la culpa grave en la conducta del demandado En relación con la cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, la Ley 678 de 2001 en sus artículos 5° y 6° instituyó unas definiciones, diferentes a las de la

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2019-454138 __________________________________________1_1________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Radicación: 110010326000-2015-00024-00 (53.060) Demandante: Universidad Popular del Cesar codificación civil, y estableció una serie de conductas cuya probada ocurrencia genera una presunción sobre la existencia de dolo o culpa grave (según el caso) para efectos de este medio de control, así: “ARTÍCULO 5o. DOLO. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado.

Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.” “ARTÍCULO 6o. CULPA GRAVE. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por errorinexcusable. 4. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Violar (…) el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal.” Se trata de “presunciones legales” (iuris tantum) y no de “derecho”

(iuris et de iure), esto es, de aquellas que admiten prueba en

contrario, como lo dispone el artículo 66 del Código Civil y que por lo mismo, de “esta forma se garantiza el derecho de defensa de la persona contra quien opera la presunción”. Porque en estos casos no se lesiona el derecho fundamental al debido proceso, toda vez que el

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2019-454138 __________________________________________1_2________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Radicación: 110010326000-2015-00024-00 (53.060) Demandante: Universidad Popular del Cesar agente estatal contra el cual se dirija la acción de repetición, podrá presentar prueba en contrario que lo libere de la responsabilidad civil.

Ahora bien, la presunción es un juicio lógico del legislador, que consiste en tener como cierto o probable un hecho, partiendo de otro hecho debidamente probado. Cuando un hecho está amparado con una presunción, se entiende que está exento o no necesita de prueba, pues, precisamente, el objeto de la presunción es excluir ese hecho del tema probatorio para tenerlo como realizado y verídico dentro del proceso, dado que, como es la propia ley la que deduce esta consecuencia, se está seguro de la deducción. La fuerza de la presunción depende de la certeza del hecho conocido y de su relación con un hecho desconocido que se establece como consecuencia de la demostración de aquél. Por lo tanto, para su aplicación siempre se tiene que probar un hecho, esto es, aquel del cual se deduce o se supone que es cierto otro hecho.

La Corte Constitucional en sentencia C–374 de 2002 al analizar la exequibilidad de los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, indicó que las presunciones buscan relevar al Estado de la carga de la prueba dentro de la acción de repetición, sin perjuicio de que la parte demandada pueda desvirtuarlas mediante prueba en contrario, lo anterior, debido a que las presunciones allí consagradas no constituyen un juicio anticipado que desconozca la presunción de inocencia del agente o ex agente del Estado: “(…) con estas presunciones legales de dolo y culpa grave el legislador busca hacer efectivo el ejercicio de la acción de repetición en la medida en que el Estado, al formular la correspondiente demanda, deberá probar solamente el supuesto fáctico en el que se basa la presunción que alega para que ésta opere, correspondiéndole al demandado la carga de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse de responsabilidad, con lo cual no sólo se garantiza su derecho de defensa sino que se logra un

5CdeE/AMV/CJCHG IUS E-2019-454138 __________________________________________1_3________________________________________________

Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Radicación: 110010326000-2015-00024-00 (53.060) Demandante: Universidad Popular del Cesar equilibrio en el debate probatorio que debe surtirse en esta c