PGN - ACCION DE REPETICION - Por la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Falla del servicio por presunto error judicial PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Fue un error involuntario de la funcionaria que estaba a cargo del proceso de investigación/DERECHO A LA LIBERTAD-Cuando se viola se convierte en una falta gravísima La libertad, es un bien jurídicamente tutelado tanto por la Constitución Política de Colombia, como por el Código Penal, puesto que no sólo se conculca tal derecho sino también se afrenta otros, como es el de la dignidad y la integridad moral, violando de esta forma lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana de los Derechos Humanos. En consecuencia se convierte en una falta gravísima, y por tanto no es dable concluir que el actuar de la funcionaria para la época de los hechos hoy demandante, incurrió en cualquier tipo de falla en la que cual cualquier funcionario público le podía ocurrir, porque se trata de una falta tan grave que administrativamente se podría deprecar responsabilidad contra la Fiscalía General de la Nación. Ordenar detenciones significa gran responsabilidad, cuidado, atención, prudencia, es decir, conducta altamente calificada y de grave responsabilidad. En este caso se trataba de una falta gravísima, por cuanto la persona que había sido objeto de privación de la libertad, no tenía por qué soportar la carga de una medida injusta por el error involuntario de la funcionaria que estaba a cargo del proceso de investigación. No se está hablando de un error pequeño o nada elemental, al contrario se trató de un error, del cual se deriva eminente y flagrantes violaciones a la Carta Política, en la cual se

defiende con ahínco la libertad de las personas. Además la privación injusta de las personas se adecua como una falta gravísima según lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público con ocasión de detenciones injustas Es evidente que la Procuraduría General de la Nación, no puede ir en contravía de sus deberes constitucionales y legales, buscando se exculpe una negligencia tan grave, como la de la entonces Fiscal, cuando en la actualidad precisamente se ha recordado a la Fiscalía General de la Nación, el deber de repetir contra sus funcionarios, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley 678 de 2001, por la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público, con ocasión de detenciones injustas. ERROR JUDICIAL-Las decisiones judiciales se encuentran conforme a derecho Esta Delegada concluye que no se encuentra demostrada conforme al marco probatorio el error judicial en que supuestamente habrían incurrido el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena y Consejo Superior de la Judicatura, al proferir las sentencias de fechas 23 de septiembre de 2009, y la confirmatoria del 12 de mayo de 2010, a través de cual se le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años a la ex Fiscal, toda vez que se vislumbró que las decisiones judiciales se encuentran conforme a derecho, con un adecuada valoración de las pruebas y con la aplicación de las normas correspondientes al caso en concreto, lo cual hace imposible declarar la responsabilidad

Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 49666 250002326000201200598 01 IJCB de la entidad, pues no se puede olvidar que la actuación de la ex funcionaria se encuentra enmarcada dentro de los lineamiento de la Ley 734 de 2002. Por tanto mal haría la Procuraduría General de la Nación, motivar un fundamento diferente para el caso, cuando es una entidad que tiene por finalidad investigar y sancionar disciplinariamente aquellos comportamientos descritos como faltas en la ley. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-No se demostró el error judicial De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, en el presente caso, no se demostró el error judicial en las decisiones demandadas, por tales motivos esta Delegada concluye que la Nación – Rama Judicial, no es administrativamente responsable de los perjuicios irrogados a la actora y proferirá concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del caso objeto de estudio, por los argumentos aquí expuestos. ERROR JURISDICCIONAL-Definición según jurisprudencia del Consejo de

Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 49666 250002326000201200598 01 IJCB CONCEPTO No. 122 / 2014

Bogotá, D.C., 23 de julio de 2014

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002326000201200598 01 (49666)

ACCIÓN: Reparación Directa

ACTOR: Astrid Isabel Charris Bermudez

DEMANDADO: Nación - Rama Judicial.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR el fallo. Temas: No se configuró el error judicial de las decisiones judiciales demandadas. / La restricción a la libertad significa conculcar los derechos establecidos en la Constitución Política de Colombia y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. / La carga procesal le corresponde a la parte interesada.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y Patrimonio Público.

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda La señora Astrid Isabel Charris Bermudez, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entabló demandada contra la Nación-Rama Judicial, para que se le declare administrativamente responsable por los perjuicios morales y materiales causados, como consecuencia del error judicial en que incurrieron el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena y Consejo Superior de la Judicatura, al proferir las sentencias de fechas 23 de septiembre de 2009, y la confirmatoria del 12 de mayo de 2010, a través de cual se le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años. 1.2. Contestación de la demanda.

La apoderada de la Nación-Rama Judicial, contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, toda vez que no existe razón de hecho o de derecho sobre la cual el Estado deba resarcir daño alguno a terceros porque carece de todo fundamento jurídico, y por tanto solicitó se absuelva de todo cargo a la entidad y propuso como excepción “ausencia de causa para demandar”. 1.3. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, falló en sentencia del 11 de octubre de 2013, negando las pretensiones de la demanda, manifestando, en resumen, los siguientes argumentos: 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 49666 250002326000201200598 01 IJCB  Que las decisiones adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, y confirmada por el Consejo Superior de la Judicatura, no constituyó un error judicial, ya que dichas corporaciones acataron las normas que rigen la materia, para los casos como el allí estudiado, pues desde la formulación del pliego de cargos, hasta la sanción impuesta a Astrid Isabel Charris Bermudez, se evidenció que las distintas actuaciones se encontraban enmarcadas dentro de los preceptos estipulados en el Código Disciplinario Único, puesto que dentro del plenario existían pruebas que conducían a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad de la investigada, lo cual conllevó a que se configurará la sanción impuesta por darse los requisitos establecidos en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002.  Evidencio además que dentro de las decisiones adoptadas tanto por el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, y el Consejo Superior de la Judicatura, que fueron motivadas en derecho sin que se advirtiera

arbitrariedad o desconocimiento de la Ley, ni vías de hecho. 1.4. Argumentos de la apelación. La actora presentó escrito de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del 11 de octubre de 2013. En éste, expone los siguientes argumentos en contra del fallo:  Expone su inconformidad respecto del fallo, en razón a que no acude a esta instancia para debatir el proceso disciplinario, toda vez que es de conocimiento que lo pretendido es la indemnización por los perjuicios que se encuentra sufriendo como consecuencia del error judicial en que 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 49666 250002326000201200598 01 IJCB incurrieron el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena y Consejo Superior de la Judicatura, sala Disciplinaria, al proferir las sentencias de fechas 23 de septiembre de 2009, y la confirmatoria del 12 de mayo de 2010, ya que existió una indebida apreciación de la prueba para incluir “desatención elemental”, incurriendo con ello en un error normativo de derecho, conforme a la prueba clara de que todos los sujetos procesales ojearon el expediente y ninguno se percató del error en el nombre del sindicado, frente al cual se encontraba declarando la nulidad del proceso que estaba investigando, pero si le incluyen en su actuar desatención para

lograr destituirla, siendo también contrario que se hubiera dicho “porque con una simple lectura del expediente me hubiera dado cuenta del error”, circunstancias semejantes que le han pasado a infinidades de funcionarios.

II. Consideraciones del Ministerio Público 2.1. Problemas Jurídicos: 2.1.1. ¿Es responsable pecuniaria y administrativamente la Nación-Rama Judicial, por los perjuicios materiales y morales ocasionados a la demandante en razón al error judicial en que incurrieron el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena y Consejo Superior de la Judicatura, al proferir las sentencias de fechas 23 de septiembre de 2009, y la confirmatoria del 12 de mayo de 2010, ordenando como sanción a la funcionaria destitución e inhabilidad por el término de 10 años, al faltar al deber previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y la falta en el artículo 48 de la Ley 734 de 2012? 2.1.2. ¿Se configuró el error jurisdiccional alegado por la accionante?

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 49666 250002326000201200598 01 IJCB 2.2. Marco teórico.

Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el

argumento del concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política y en lo establecido por el Consejo de Estado, que ha puntualizado los siguientes presupuestos: a). Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. b) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable. c) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización. 2.2.2. Error jurisdiccional Al respecto ha definido el Consejo de Estado1 el error jurisdiccional como “el error que se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, es decir, aquellas resoluciones judiciales mediante las cuales se interpreta y aplica el Derecho”, de igual forma también ha establecido los requisitos para se configure, señalando que el afectado interponga los recursos de ley y el que la providencia se encuentre en firme, frente a los cuales explicó que “En cuanto al primero de ellos, su constitucionalidad se explicará al analizar el artículo 70 del presente proyecto de ley. Respecto del segundo, resulta apenas lógico exigir que la providencia que incluye el error que reprocha haya hecho tránsito a cosa juzgada, pues

1 Sentencia del 19 de octubre de 2011, Sección Tercera, Subsección C, Radicación: 730012331000199802055 01 (20362). 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 49666 250002326000201200598 01 IJCB mientras ello no ocurra, el interesado podrá interponer los recursos de ley y hacer notar el yerro que se ha cometido”. 2.2.3. Cargas procesales Estipula el Código de Procedimiento Civil en su artículo 177: “ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”. 2.3. Pruebas. Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, los siguientes documentos:  Copia de la sentencia de fecha 23 de septiembre de 2009, proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, mediante la cual se ordenó sancionar con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años a la señora Astrid Isabel Charris Bermudez, como responsable del incumplimiento de los deberes consagrados en el artículo 153 numerales 1

y 2 de la Ley 270 de 1996, hechos constitutivos de la falta disciplinaria gravísima consagrada en el numeral 14 del artículo 48 de la Ley 743 de 2002, por vulneración al derecho fundamental a la libertad consagrado en los artículos 28 de la Constitución Nacional y 3 del Código de Procedimiento Penal (Fls 96-110 cuaderno 12 de pruebas). 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 49666 250002326000201200598 01 IJCB  Copia de la sentencia de fecha 12 de mayo de 2010, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual se confirmó la sentencia del 23 de septiembre de 2009 (Fls 90-102 cuaderno del Tribunal). 2.4. Caso Concreto. Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede esta Delegada del Ministerio Público a emitir su concepto:  Inicialmente debe pronunciarse de acuerdo con los argumentos enunciados por el a quo, puesto que como bien lo explicó no se comprobó error judicial en la sentencias de fecha 23 de septiembre de 2009 y 12 de mayo de 2010, proferidas por el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena y Consejo Superior de la Judicatura, respectivamente, toda vez que lo que se

evidenció fue un actuar ajustado a derecho. Llama la atención, que en el fallo confirmatorio del Consejo Superior de la Judicatura, datada del día 12 de mayo de 2010, se consideró lo siguiente: “que si bien la situación presentada fue posteriormente subsanada, con el actuar de la funcionaria se lesionó el bien jurídicamente tutelado, por lo que es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 734 de 2002, el cual estipula que la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna, principio rector que para el caso en estudio indica que se infringió objetivamente el deber funcional de definir nuevamente la situación jurídica del sindicado, antes de ponerlo a disposición del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Santa Martha, infracción que de acuerdo al material probatorio, se tradujo en afectación de la libertad del señor Dagoberto José Campo Arrieta, quedando evidenciada la antijuridicidad sustancial de la falta y obligando a la confirmación de la decisión sancionatoria de primera instancia”, circunstancia que por sí sola permite evidenciar que se trata de la libertad de una persona, como en el caso objeto del debate disciplinario, pues si bien desde un 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 49666 250002326000201200598 01 IJCB primer momento la funcionaria para la época Astrid Isabel Charris

Bermudez, tenía todos los fundamentos jurídicos para imponer medida de aseguramiento contra aquel sindicado, como lo afirma en los hechos de la demanda, no es menos cierto que cuando se dio la captura, no se encontraba resuelta la situación jurídica de este, por cuanto se había declarado la nulidad respecto de él, circunstancia que pone en evidencia que se le estaba privando de la libertad injustamente. La libertad, es un bien jurídicamente tutelado tanto por la Constitución Política de Colombia, como por el Código Penal, puesto que no sólo se conculca tal derecho sino también se afrenta otros, como es el de la dignidad y la integridad moral, violando de esta forma lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana de los Derechos Humanos. En consecuencia se convierte en una falta gravísima, y por tanto no es dable concluir que el actuar de la funcionaria para la época de los hechos hoy demandante, incurrió en cualquier tipo de falla en la que cual cualquier funcionario público le podía ocurrir, porque se trata de una falta tan grave que administrativamente se podría deprecar responsabilidad contra la Fiscalía General de la Nación. Ordenar detenciones significa gran responsabilidad, cuidado, atención, prudencia, es decir, conducta altamente calificada y de grave responsabilidad. En este caso se trataba de una falta gravísima, por cuanto la persona que había sido objeto de privación de la libertad, no tenía por qué soportar la carga de una medida injusta por el error involuntario de la funcionaria que estaba a cargo del proceso de investigación. No se está hablando de un

error pequeño o nada elemental, al contrario se trató de un error, del cual se deriva eminente y flagrantes violaciones a la Carta Política, en la cual se defiende con ahínco la libertad de las personas. Además la privación injusta 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 49666 250002326000201200598 01 IJCB de las personas se adecua como una falta gravísima según lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.  Así mismo, es evidente que la Procuraduría General de la Nación, no puede ir en contravía de sus deberes constitucionales y legales, buscando se exculpe una negligencia tan grave, como la de la entonces Fiscal Astrid Isabel Charris, cuando en la actualidad precisamente se ha recordado a la Fiscalía General de la Nación, el deber de repetir contra sus funcionarios, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley 678 de 2001, por la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público, con ocasión de detenciones injustas.  Por consiguiente, ésta Delegada concluye que no se encuentra demostrada conforme al marco probatorio el error judicial en que supuestamente habrían incurrido el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena y Consejo Superior de la Judicatura, al proferir las sentencias de fechas 23

de septiembre de 2009, y la confirmatoria del 12 de mayo de 2010, a través de cual se le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años a la ex Fiscal Astrid Isabel Charris, toda vez que se vislumbró que las decisiones judiciales se encuentran conforme a derecho, con un adecuada valoración de la pruebas y con la aplicación de las normas correspondientes al caso en concreto, lo cual hace imposible declarar la responsabilidad de la entidad, pues no se puede olvidar que la actuación de la ex funcionaria se encuentra enmarcada dentro de los lineamiento de la Ley 734 de 2002. Por tanto mal haría la Procuraduría General de la Nación, motivar un fundamento diferente para el caso, cuando es una entidad que tiene por finalidad investigar y sancionar disciplinariamente aquellos comportamientos descritos como faltas en la ley. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 49666 250002326000201200598 01 IJCB  De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, en el presente caso, no se demostró el error judicial en las decisiones demandadas, por tales motivos esta Delegada

concluye que la Nación – Rama Judicial, no es administrativamente responsable de los perjuicios irrogados a la actora y proferirá concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del caso objeto de estudio, por los argumentos aquí expuestos.

III. CONCLUSIÓN Esta Delegada del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo de Estado CONFIRMAR, la sentencia recurrida, proferida por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha 11 de octubre de 2013, por los argumentos expuestos en el caso en concreto.

Del Honorable Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co