PGN - ACCION DE REPETICION - Por los perjuicios causados con la condena impuesta por parte del tribu

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por los perjuicios causados con la condena impuesta por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ACCIÓN DE REPETICIÓN-Esta encaminada a recuperar los dineros pagados en codena al Estado La acción de repetición está encaminada a recuperar u obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado por un hecho antijurídico ocasionado por la acción u omisión, dolosa o gravemente culposa, de un servidor público o un particular investido de funciones públicas, es por ello que en el proceso se debe demostrar, además del pago efectivamente realizado por la Entidad Pública, la responsabilidad del servidor público. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos para su procedencia En el presente caso vemos que para que proceda la acción de repetición se deben probar cuatro requisitos a saber: Que una entidad pública haya sido condenada a reparar la causación de un daño antijurídico; Que la entidad haya pagado el monto de la condena a favor de la víctima; Que la condena haya sido impuesta como consecuencia del actuar del servidor o ex servidor público y, Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor del Estado o de un particular que ejerza funciones públicas. PAGO DE LA CONDENA-Se encuentra acreditado Con los documentos anteriormente mencionados se encuentra plenamente demostrado el pago que el Ministerio de Defensa Policía Nacional canceló al afectado los dineros por concepto de la sentencia condenatoria dentro del proceso de reparación directa que curso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca radicado bajo el número 2000 – 0154.

Existe el deber de aplicar el principio de buena fe, que es constitucional según el artículo 83 de la Carta Política aplicable a los documentos relacionados expedidas por funcionarios competentes. CULPA GRAVE-Se encuentra plenamente probada La conducta frente a las lesiones permitió la condena en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque se hubiera demandado el tema de la detención de que fue objeto por la denuncia del mismo patrullero, pero el material del proceso penal resultaba útil para poder calificar el comportamiento contra reglamento o ley por parte del hoy demandado, es decir que faltó a los deberes a que estaba obligado al momento de su posesión, lo que constituye culpa grave concordando el artículo 122 de la Constitución Política y el artículo 63 del Código Civil. Se encuentra demostrado que el miembro de la Policía Nacional actuó con culpa grave al desenfundar su arma de dotación y herir al señor. Por lo que este requisito se encuentra Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO plenamente probado y por ende se llenan a cabalidad, las exigencias para la prosperidad de la acción de repetición que nos ocupa. ANÁLISIS PROBATORIO-Falta de rigor jurídico atribuible al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Se concluye con meridiana claridad a la falta de rigor jurídico atribuible al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al no estudiar la prueba allegada, desatendiendo los deberes que se le imponen al juez que no es más que contrariar la Constitución frente a las

reglas del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Norma Superior, lo cual puede incluso a permitir adecuar conductas reprochables penal y disciplinariamente, porque una cosa es criterio de interpretación e independencia que tiene el juez y otra distinta abstenerse del análisis de las pruebas y las inferencias que se originan en este, produciendo decisiones contraevidentes. RESPONSABILIDAD PERSONAL-Del servidor público según jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado.

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 RZO PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 072 / 2015

Bogotá, D.C 5 de mayo de 2015

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente, doctor Hernán Andrade Rincón (E)

EXPEDIENTE No: 250002326000200501086-01(52946)

Acción: Repetición

ACTOR: Nación Ministerio de Defensa-Policía Nacional DEMANDADO: Richard Alfonso Silva Sánchez Sentido del concepto: solicitud de revocar el fallo recurrido. / Se cumplió con la carga probatoria por parte de la entidad (Policía Nacional) para acreditar los elementos de la acción de repetición en contra del demandado. / Se configuró la conducta gravemente culposa del patrullero de la policía, en vigencia de las disposiciones anteriores a la Ley 678 de 2001, según la época en que se presentaron los hechos. / La acción de repetición busca

recuperar la erogación económica como consecuencia de la condena por acciones u omisiones de los servidores públicos. / Incumplimiento de los deberes del servidor público que jura cumplir al tomar posesión del cargo. /Decisión de primera instancia contraevidente. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES I.1. La demanda – hechos

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 RZO PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO En ejercicio de la acción de repetición, la Nación-Ministerio de DefensaPolicía Nacional, presentó demanda en contra del Richard Alfonso Silva Sánchez, quien se desempeñaba como miembro activo de la Policía Nacional, para que se le condenara a reembolsar a esa entidad la suma de dinero que canceló al señor Luis Javier Segura Moreno, en cumplimiento de la sentencia dentro de la acción de reparación directa que incoaran para obtener el resarcimiento de los perjuicios sufridos como resultado de la herida con arma de dotación oficial, captura y formulación de denuncia por un supuesto atraco contra el ciudadano Luis Javier Segura Moreno. Como consecuencia de dicha denuncia, se adelantó proceso penal por el delito de

hurto calificado y agravado contra el señor Segura Moreno quien permaneció dos meses privado de la libertad. La Fiscalía 117 Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de la Unidad Cuarta de Patrimonio Económico precluyó la investigación a favor del sindicado por que éste no participó en los hechos que fueron materia de investigación. A juicio de la entidad demandante en acción de repetición, la conducta del ex agente de policía Richard Alfonso Silva Sánchez estuvo acompañada de “culpa grave o dolo”, razón por la cual debe devolver a la Nación – Policía Nacional la cantidad pagada mediante Resolución 0524 del 12 de noviembre de 2004 ($ 31.419.888,64). I.2. Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda y la sustentó diciendo: que no se acreditó el pago efectivo de la condena impuesta ni el dolo o culpa grave del señor Richard Alfonso Silva Sánchez. Es de anotar que la Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional allegó el comprobante de egreso No. 22500 del 23 de noviembre de 2004 suscrito por el Tesorero de la Entidad demandante y el comprobante de consignación No. 78965981 de la misma fecha, por la suma de $31.322.592,54 de la cuenta No. 0000006300360044 del Banco 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 RZO

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Davivienda a nombre de la señora Martha Isabel Duarte Toloza, apoderada del señor Luis Javier Segura Moreno, y no obra en el expediente documento proveniente del deudor o de su causante en el que conste el pago de dicha suma. Con relación a la calificación de dolosa o gravemente culposa de la conducta desplegada por el agente estatal, la Subsección evidencia que la Policía Nacional no realizó esfuerzo alguno para establecer la culpa grave o el dolo del señor Richard Alfonso Silva, como miembro activo de dicha institución, para la época de los hechos, conforme a los artículos 63 y 2341 del Código Civil. I.3. La apelación La apoderada de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia desfavorable a sus pretensiones y dijo: Que se aportó el acto administrativo - Resolución No. 0524 del 12 de noviembre de 2004, firmada por el Director administrativo y financiero de la entidad, a través de la cual se dispuso el pago de la condena impuesta judicialmente, en dicho acto claramente se indicó el valor a pagar, número de cuenta de que es titular la abogada del actor, también se allegó comprobante de egreso No. 22500 del 23 de noviembre de 2004, a favor de la apoderada del demandante dentro del proceso que condenó a la Policía Nacional; también reposa el comprobante de consignación de fecha 23 de noviembre de 2004, del cheque No. 6613843, deposito que se realizó en el mismo número de cuenta bancaria de los demandantes – apoderada con facultades para recibir. Con relación al dolo o culpa grave hay que decir que el demandado con su

comportamiento incumplió de manera grave la Constitución y la Ley; además de que no fue diligente ni cuidadoso, porque aun cuando era consciente de la irregularidad que cometió al apuntar y accionar contra la humanidad de otra persona un arma de 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 RZO PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO fuego, materializó tal conducta, aunado a que formuló en su contra una denuncia penal por un presunto hurto, hechos de los cuales era totalmente ajeno el particular. Está probado que no hubo ninguna justificación para que el demandado desenfundara el arma de fuego que portaba y la accionara en el rostro del ciudadano, porque lo que hubo una violación a la buena conducta, obligada a ser ejercida por el demandado, con lo que materializó un actuar doloso y/o por lo menos gravemente culposo, igual acontecer se predica de la denuncia formulada.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Se demostró el elemento para la prosperidad de la acción de repetición instaurada por la Nación-Ministerio de DefensaPolicía Nacional contra Richard Alfonso Silva Sánchez consistente en el pago que hizo la entidad demandante por los perjuicios causados con la condena impuesta a la misma por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 15 de julio de 2014? 2.1.2. ¿Se demostró el dolo o culpa grave por parte de la Nación – Ministerio de

Defensa – Policía Nacional para la prosperidad de la acción de repetición contra Richard Alfonso Silva Sánchez? 2.1.3. ¿El señor Richard Alfonso Silva Sánchez está obligado a responder en acción de repetición cuando se han satisfecho los elementos estructurales de ésta. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado.

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 RZO PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.2. Marco teórico.

Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Requisitos de la acción de repetición. “Son dos (2) los requisitos sustanciales para la procedencia de la acción: Debe existir daño en contra de la entidad por el pago de una sentencia condenatoria de carácter indemnizatoria o de una conciliación debidamente aprobada. La acción de repetición es, entonces, la consecuencia de las acciones de reparación. La condena proferida o la conciliación lograda deben ser consecuencia de la acción u omisión dolosa o gravemente culposa del servidor o ex-servidor público. En el ejercicio de la acción de repetición le incumbe al demandante probar la culpa grave o el dolo del funcionario, salvo en los casos contemplados en las presunciones de culpa grave o dolo (Art. 5° y 6° Ley 678 de 2001); así mismo, debe demostrar también la relación de causalidad entre la conducta dolosa o gravemente culposa del agente y el daño sufrido por el particular. (Subrayas fuera de texto).

2.2.2. Conducta dolosa o con culpa grave Para determinar la conducta dolosa o con culpa grave se debe acudir a la norma aplicable en la fecha de la ocurrencia del hecho generador de la demanda (24 de diciembre de 1996), siendo esto lo dispuesto por el artículo 63 del Código Civil: 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 RZO PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. El dolo consiste en la intención positiva de infringir injuria a la persona o propiedad de otro” Artículo 2341. “El que ha cometido un delito o culpa, que ha infringido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el daño cometido”. 2.2.3. Responsabilidad personal del agente La jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho. “Sabido es que al servidor público como portador de unas funciones y de una misión establecida en las normas de derecho, le es exigible todo aquello que recae en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Constitución Política,

la Ley y en el respectivo manual de funciones (….). De manera que si falta inexcusablemente al cumplimento de sus deberes y funciones, infringiendo con su conducta por acción u omisión dolosa o con culpa grave daños a las personas o a su patrimonio y, como consecuencia de ello genera un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado a la víctima, será responsable por su hecho anómalo y, por ende, estará obligado a reintegrar lo pagado por aquél”1 1 Sentencia del 8 de marzo de 2007, Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Rad. 11001-03-26-000-2003-00019-01(24953), Actor: Contraloría General de la República, Demandado David Turbay Turbay. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 RZO PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.2.4. Obligaciones del servidor público al tomar posesión del cargo según la constitución política. En efecto el artículo 122 de la Constitución Política señala que: “ningún servidor público entrara a ejercer su cargo sin prestar juramento de defender la constitución y desempeñar los deberes que le incumben”. Es decir que del acto de juramento en la posesión surge la responsabilidad. Este último término “viene del verbo latino responderé y significa garante, es decir carga con las consecuencias de un acto. En otras palabras, en virtud de la responsabilidad se origina un determinado colorario, resultado de su conducta”2

2.2.5. Siguiendo el anterior análisis, el artículo 123 de la Carta a su vez prescribe que los “servidores públicos están al servicio del Estado y la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”; en otras palabras, extiende la responsabilidad no solo en el cumplimiento de la Constitución, sino además a la ley y al reglamento, es decir a la ley en sentido material. 2.3. Pruebas obrantes Documentales: Se allegó en el material probatorio, de conformidad con las reglas establecidas, en materia de prueba documental, exigidas en el Código de Procedimiento Civil, las cuales se relacionan en el caso concreto de este concepto. 2.4. Caso concreto La acción de repetición está encaminada a recuperar u obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado por un hecho antijurídico ocasionado por la acción u 2 Younes Moreno, Diego. “Derecho Administrativo Laboral”. Pág. 301. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 RZO PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO omisión, dolosa o gravemente culposa, de un servidor público o un particular investido de funciones públicas, es por ello que en el proceso se debe demostrar, además del pago efectivamente realizado por la Entidad Pública, la responsabilidad del servidor público. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección “C” de Descongestión dictó sentencia dentro del proceso reparación directa instaurado por el señor Luis Javier Segura Moreno, radicado No. 2000-0154, en consecuencia de lo

anterior, y a título de indemnización, se condenó a la Entidad demandada a cancelar ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia (fls. 7 a 18 cuaderno de pruebas). En el presente caso vemos que para que proceda la acción de repetición se deben probar cuatro requisitos a saber: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar la causación de un daño antijurídico; b) Que la entidad haya pagado el monto de la condena a favor de la víctima; c) Que la condena haya sido impuesta como consecuencia del actuar del servidor o ex servidor público y, d) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor del Estado o de un particular que ejerza funciones públicas. De los anteriores requisitos la controversia se presenta por dos de ellos que según el Tribunal no se probaron: el pago y el dolo o culpa grave, sobre los cuales se analizará en este concepto así: 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 RZO PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 1.- Con relación al pago: Para dar cumplimiento a la sentencia proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nación-Ministerio de DefensaPolicía Nacional expidió la Resolución No. 0524 del 12 de noviembre de 2004, “por medio de la cual se da cumplimiento a una sentencia” ordenó el pago por la suma de $31.419.888,64, al señor Luis Javier

Segura Sánchez a través de su apoderada doctora Martha Isabel Duarte Toloza (fls. 4 a 6 cuaderno de pruebas). Este acto se presume legal, conforme al artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 66 del Decreto 01 de 1984. También se acompañó a la demanda el comprobante de consignación No. 78965981 de 23 de noviembre de 2004 por la suma de $31.322.592,54 en la cuenta No. 0000006300360044 del Banco Davivienda, así como también el cheque No. 6613843, deposito que se realizó en el mismo número de cuenta bancaria del demandanteapoderada con facultades para recibir a nombre de la señora Martha Isabel Duarte Toloza, apoderada del señor Luis Javier Segura Moreno (fl. 2 cuaderno de pruebas). Además, se allegó en comprobante de egreso No. 22500 del 23 de noviembre de 2004 suscrito por el tesorero de la Entidad demandante en la presente acción de repetición (fl. 3 del cuaderno de pruebas). Con los documentos anteriormente mencionados se encuentra plenamente demostrado el pago que el Ministerio de Defensa Policía Nacional canceló al señor Luis Javier Segura Moreno los dineros por concepto de la sentencia condenatoria dentro del proceso de reparación directa que curso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca radicado bajo el número 2000 – 0154. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 RZO

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Existe el deber de aplicar el principio de buena fe, que es constitucional según el artículo 83 de la Carta Política aplicable a los documentos relacionados expedidas por funcionarios competentes. 2.- Con relación a la calificación de dolosa o gravemente culposa de la conducta desplegada por el agente el Tribunal Administrativo, dijo que no se llenaba este requisito por lo que negó las súplicas de la demanda, veamos si se configura este elemento en la acción de repetición: El criterio aplicado por el Tribunal, no corresponde a la necesidad y el espíritu de la acción de repetición, que la funda en el artículo 90 inciso 2 de la Carta Política, que reza “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste” es decir, el propósito es solicitar los dineros erogados por la Administración, que al final provienen de la actividad ejercida por los ciudadanos en su calidad de contribuyentes. Tampoco tuvo en cuenta los parámetros planteados en el artículo 63 del Código Civil que se explicitaron en el marco teórico. Se demostró que el patrullero de la Policía Nacional Richard Alfonso Silva Sánchez, hirió con su arma de dotación oficial, capturó y formuló denuncia por atraco contra el señor Luis Javier Segura Moreno, por los presuntos punibles de hurto calificado y agravado, quien permaneció detenido por un periodo de dos (2) meses, la Fiscalía 117 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de la Unidad Cuarta de

Patrimonio Económico precluyó la investigación a favor de Segura Moreno porque él no participó en los hechos por los cuales se le abrió investigación. La conducta frente a las lesiones permitió la condena en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque se hubiera demandado el tema de la detención de que fue 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 RZO PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO objeto por la denuncia del mismo patrullero, pero el material del proceso penal resultaba útil para poder calificar el comportamiento contra reglamento o ley por parte del hoy demandado, es decir que faltó a los deberes a que estaba obligado al momento de su posesión, lo que constituye culpa grave concordando el artículo 122 de la Constitución Política y el artículo 63 del Código Civil. Con lo anterior se encuentra demostrado que el miembro de la Policía Nacional Richard Alfonso Silva Sánchez actuó con culpa grave al desenfundar su arma de dotación y herir al señor Luis Javier Segura Moreno. Por lo que este requisito se encuentra plenamente probado y por ende se llenan a cabalidad, las exigencias para la prosperidad de la acción de repetición que nos ocupa. Todo lo anteriormente analizado, concluye con meridiana claridad a la falta de rigor jurídico atribuible al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al no estudiar la prueba allegada, desatendiendo los deberes que se le imponen al juez que no es más que contrariar la Constitución frente a las reglas del debido proceso consagrado en el

artículo 29 de la Norma Superior, lo cual puede incluso a permitir adecuar conductas reprochables penal y disciplinariamente, porque una cosa es criterio de interpretación e independencia que tiene el juez y otra distinta abstenerse del análisis de las pruebas y las inferencias que se originan en este, produciendo decisiones contraevidentes. La Procuraduría General de la Nación, en su función de garantizar la eficacia del derecho de acción y en representación de los intereses de la sociedad, a través de esta Delegada, solicita se declaren prósperas las pretensiones de la acción de repetición de la referencia, revocando el fallo apelado. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 RZO

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

III. CONCLUSIÓN Efectuado el análisis que antecede, esta Delegada del Ministerio Público solicita a esa alta Corporación, REVOCAR la sentencia recurrida proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca del catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014) y acceder a las pretensiones de la demanda en acción de repetición contra el demandado Richard Alfonso Silva Sánchez, declarándolo administrativamente responsable y en consecuencia ordenando reintegre los dineros pagados por la Policía Nacional y a favor de Luis Javier Segura Moreno según sentencia del 15 de julio de 2004 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.3

Del H. Magistrado, MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 3 Líneas conceptuales. Exp. No. 250002326000201000117-01 (50753) concepto número 192 de octubre 16 de 2014; Exp. 760012331000200700158-01 (52043) concepto número 021 de febrero 12 de 2015; Exp. 760012331000200600651-01 (52811) concepto número 065 de 27 de abril de 2015. 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 RZO