PGN - ACCION DE REPETICION - Presupuestos de procedibilidad segun la jurisprudencia del consejo de e

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Contra la ex-Fiscal Seccional de Miraflores, como consecuencia de la condena impuesta por la declaración injusta de la privación de la libertad de un ciudadano ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos de procedibilidad según la jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos esenciales para su configuración ACCIÓN DE REPETICIÓN-Marco constitución ACCIÓN DE REPETICIÓN-Definición legal ACCIÓN DE REPETICIÓN-Marco legal CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO-Alcance según la jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Principal herramienta para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de los agentes del estado Expediente: 15001233300020140029901 (66859)

Medio de Control: Repetición

Concepto Ministerio Público

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO N° 095/ 2021

Bogotá, D.C., 01 de octubre de 2021 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente doctor FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ

E. S. D.

Ref: 15001233300020140029901 (66859)

Medio de Repetición

Control: Actor: Fiscalía General de la Nación

Demandado: Mariela Sánchez de Buitrago Trámite: Concepto del Ministerio Público El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el

proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

La Fiscalía General de la Nación (FGN) presentó el 12 de mayo de 2014, acción de repetición en contra de la señora Mariela Sánchez de Buitrago, quien fungió como Fiscal Seccional de Miraflores, para que se le condene al pago $515.301.240. Dicha suma fue cancelada por la FGN en razón a la condena

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Expediente: 15001233300020140029901 (66859)

Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público judicial que le fue impuesta dentro del proceso de reparación directa, luego de declarar injusta la privación de la libertad del señor Juan de la Cruz Ávila

Galindo. El fundamento de las pretensiones se basa en los siguientes hechos:  Al señor Ávila Galindo se le privó de la libertad, en el marco del proceso penal que se le adelantó por la presunta comisión del delito de secuestro simple desde el 5 de febrero de 1995 al 19 de octubre del mismo año.  Con base en lo anterior, el señor Ávila Galindo tramitó proceso de reparación directa en contra de la FGN, bajo el radicado 150012331000-1996-06594-01, en el que, con sentencia del 6 de diciembre de 1999, se negaron las pretensiones de la demanda, no obstante, el

Consejo de Estado, en sede de apelación, dispuso revocar la anterior decisión.  Por lo anterior, la FGN mediante resolución No. 0281 de 24 de julio de 2012, reconoció y ordenó el pago de $515.301.240 a favor del señor Juan de la Cruz Ávila Galindo, en cumplimiento de la sentencia emitida por el Consejo de Estado. Aduce la FGN que la decisión de privación de la libertad del señor Ávila Galindo desconoció los requisitos que la ley establecía para imponer dichas medidas, que en efecto el Consejo de Estado cuando revocó y condenó a la Entidad, adujo que la fiscal que tenía el caso a su cargo vulneró el principio de la investigación integral, pues el material probatorio recaudado no era suficiente para cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 2700 de 1991, en donde se hace menester contar con al menos un indicio grave de responsabilidad para proferir la orden de privación. 1.2. La Oposición.

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Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público El curador ad-litem de la señora Mariela Sánchez de Buitrago, expuso que no existe prueba suficiente en el expediente que acredite la culpa grave o el dolo de su defendida, así como tampoco se tiene certeza que la entidad haya cancelado la suma adeudada debidamente, pues a su parecer el monto total

cancelado no corresponde al de la orden de pago. Así mismo presentó como excepción la caducidad de la acción y la falta de cumplimiento de requisitos legales y jurisprudenciales que se le impone a la acción de repetición. 1.3. La sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Quinta de Decisión, negó las pretensiones de la demanda, al considerar lo siguiente:  Encontró probado en el expediente los requisitos objetivos de la acción de repetición, esto es la existencia de una condena en contra de la Entidad, su correspondiente pago y la calidad de servidor público de quien se demanda en la acción.  Con respecto al elemento subjetivo, esto es el accionar doloso o gravemente culposo, el Tribunal concluyó lo siguiente: “En atención a que: i) El legislador del Decreto 2700 de 1991 frente la imposición de la medida de aseguramiento, sólo exigió un indicio grave en contra del sindicado para la procedencia de la restricción de su libertad, ii) la providencia del 7 de febrero de 1995 tuvo al menos dos indicios acerca de la participación del actor en el delito de secuestro, denuncia de María Rosalba Barreto Moreno y el reconocimiento en fila de personas, iii) el Código de Procedimiento Penal de 1991, establecía como criterio objetivo para la procedencia de la detención preventiva, que el delito atribuido al imputado tuviera prevista pena de prisión, cuyo mínimo excediera de dos años y, iv) en el caso del señor Juan de la Cruz Ávila, se decretó medida de aseguramiento por el hecho punible de secuestro, que contemplaba pena de prisión de 6 a 15 años.

La responsabilidad de la agente estatal Mariela Sánchez de Buitrago se descarta, al no haberse demostrado que la decisión adoptada fuera contraria a derecho o desconociera las normas que ésta se

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Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público encontraba obligada a aplicar, sino porque no se presentó ninguna evidencia de la cual pueda deducirse que, al proferir tal decisión, hubiese tenido la intención de causar daño al sindicado o hubiese obrado con un grado de negligencia que permita deducir tal intención.” 1.4. La apelación.

La parte demandante recurrió el fallo de primera instancia solicitando que sea revocado en su integridad. De acuerdo con la apoderada de la FGN, el juez de primera instancia falló en su análisis al considerar como indicio grave la denuncia y el reconocimiento en fila, pues este se practicó sin la presencia del abogado del sindicado, siendo requisito fundamental consagrado en la ley penal. Así mismo indica que este reconocimiento no puede ser considerado de manera aislada, pues como tal no es un mecanismo de prueba, sino que e entiende derivado de la denuncia realizada. Por lo anterior, considera que la denuncia existente era prueba suficiente para adelantar la investigación penal, pero la Fiscal no contaba con otro medio probatorio o indicio para declarar la privación de la libertad. Por lo anterior la apoderada concluye que se configuró la culpa grave por la

conducta negligente de la señora Mariela Sánchez de Buitrago al ordenar la detención preventiva del señor Ávila Galindo.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

Consiste en determinar, en primer lugar, si se cumplen los elementos estructurales del medio de control de repetición, para posteriormente evaluar la responsabilidad de la demandada, es decir, si su actuar fue doloso o gravemente culposo.

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Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público Para dar respuesta al problema jurídico planteado a continuación se desarrollarán los siguientes temas: i) referente jurisprudencial sobre los presupuestos de la acción de repetición, ii) la prueba del pago cuyo reembolso se pretende, y iii) la conducta dolosa o gravemente culposa del agente. 2.2. Referente jurisprudencial sobre los presupuestos de viabilidad de la pretensión de repetición.

Respecto a la acción de repetición y los supuestos exigidos para su viabilidad, el Consejo de Estado1 ha precisado: “El artículo 90 de la Constitución Política establece que “(…) En evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste” (Subrayado fuera de texto) Así mismo, sobre la acción de repetición la Ley 678 de 2001 dispone

que ésta es un mecanismo judicial por medio del cual la Administración puede obtener de sus funcionarios o ex funcionarios la restitución del capital que debió reconocer a algún particular como resultado de una condena proferida por la jurisdicción por daños antijurídicos que hubieren sido ocasionados por un agente del Estado. El artículo 2 de la Ley 678 de 2001 reza lo siguiente: “La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte de Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto (…)” “(…) ha explicado en abundantes providencias2 los elementos que determinan la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado contra sus agentes. Ha considerado que los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda; en tanto que el último de ellos, es de carácter subjetivo y está sometido a la 1 Sección Tercera, sentencia de 24 de julio de 2013. EXP 46.162 2 (pie de página de la cita) Sobre el tema pueden consultarse las siguientes sentencias: 27 de noviembre de 2006, expediente: 22099; 6 de diciembre de 2006, expediente: 22056; 3 de octubre de 2007, expediente: 24844; 26 de febrero de 2009, expediente: 30329; 13 de mayo de 2009, expediente: 25694;

28 de abril de 2011, expediente: 33407, entre otras.

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Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición3.

Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria de repetición son los siguientes: i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena. La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado. ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación4, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado. La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto5. iii) El pago efectivo realizado por el Estado. La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por

una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación, a través de una prueba que, en caso de ser documental, generalmente6 suele constituirse por el acto mediante el cual se reconoce y ordena el pago en favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago o consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario. iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa. 3 (pie de página de la cita)Sentencia de 28 de abril de 2001, expediente: 33407. 4 (pie de página de la cita) La ley 678 de 2001 agregó que la obligación de pago también puede surgir de una conciliación aprobada legalmente. 5 (pie de página de la cita) Al respecto puede consultarse la sentencia del 8 de noviembre de 2007, expediente: 30327. 6 (pie de página de la cita)El artículo 232 del Código de Procedimiento Civil dispone que en los eventos en que se trate de probar el pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito será apreciado como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias especiales en que tuvo lugar el mismo, haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión, situación que no es común debido a la prudencia y diligencia que todas las personas acostumbran observar en sus relaciones jurídicas.

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Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables.

Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: i) la existencia de una condena en contra de la administración, ii) el pago de la misma por la entidad pública, y, iii) que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado. Este último presupuesto implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño que llevó a la afectación del erario por la condena en contra de la administración. 2.3. Caso Concreto – Hechos probados y análisis: 2.3.1. Condena impuesta. Se allegó copia de la sentencia de 25 de mayo de 2011, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, dentro del proceso de reparación directa No. 15001233100019960659401, mediante la cual se condenó a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor Juan de la Cruz Ávila Galindo. Esta sentencia quedó ejecutoriada el 14 de junio de 2011, tal como consta en certificación expedida por la secretaria de la Corporación y que se allegó al presente proceso. 2.3.2. Prueba del pago. Para acreditar el pago la entidad demandante allegó las siguientes pruebas al proceso:

• Copia autentica de la Resolución No. 000281 del 24 de julio de 2012, mediante la cual jefe de la división administrativa de la FGN dispuso ordenar el

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Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público pago de $515.300.241 a favor del señor Ávila Galindo. - Copia de los comprobantes de reporte de compromiso presupuestal de gato, cuenta por pagar y obligación presupuestal a nombre del señor Ávila Galindo, por el valor anteriormente señalado. - Copia de la liquidación de resolución No. 00281 de 24 de julio de 2012, suscrita por el responsable de cuentas y el ordenador del pago de Tesorería de la FGN.

A partir de lo anterior, es importante resaltar que en sentencia del 1º de septiembre de 2016, expediente No. 48.413, el Consejo de Estado precisó sobre la valoración de la orden de pago que emite la Entidad pública lo siguiente: “Respecto de la tercera exigencia, esto es, el pago efectivo, la entidad demandante allegó los siguientes medios probatorios: Copia autenticada de la Resolución 0097 del 14 de marzo de 2006 proferida por el Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional, donde se ordena dar cumplimiento a la condena impuesta a la entidad y cancelar la suma de $182’880.687,66 al señor José

Excelino Salcedo y sus familiares. Se aportó también copia del comprobante de egresos 929 elaborado por la Dirección Administrativa y Financiera, en la cuantía antes señalada, suscrita por el Tesorero pero carece de firma de recibido, el cual es documento público y por ello será valorada por la Sala. De esta manera, para la sala queda demostrado con las pruebas arrimadas al proceso, que la entidad demandante cumplió con la obligación a su cargo, consistente en el pago de la condena impuesta por la jurisdicción contenciosa. En consecuencia, aportada en el sub lite la prueba idónea que acredita que se realizó efectivamente el pago, se tiene por cumplido el tercero de los requisitos para la procedencia de la acción de repetición.”

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Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público En la misma fecha, en sentencia proferida dentro del radicado 56.638, se consideró sobre la prueba del pago lo siguiente: “4.3.- Respecto de la tercera exigencia, esto es, el pago efectivo, la entidad demandante allegó los siguientes medios probatorios: 4.3.1.- Resolución No. 2219 de 15 de diciembre de 2005 de la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional “por la cual se da cumplimiento a una sentencia a favor de Teofilde Montero Silva y otros” mediante la cual se resolvió, en su artículo primero,

disponer el pago de Sesenta y Seis Millones Doscientos Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos con 53/100 ($66.200.469,53) a Teofilde Montero Silva y Otros a través de su apoderado Germán Enrique Vásquez Celis (fls 166-168, c1). 4.3.2.- Certificación de 18 de mayo de 2012 expedida por la Tesorera Principal del Ministerio de Defensa mediante con la que certifica: “Que la Resolución No. 2219 del 15 de diciembre de 2005, por valor de $66.300.469.53 se canceló (sic) al señor Germán Vásquez con Cédula de Ciudadanía No. (…) con el comprobante de Egreso No. 7953 del 29 de diciembre de 2005, mediante transferencia a la cuenta corriente No. (…) de Bancolombia el 29 de diciembre de 2005.” (fl 164, c1) 4.3.3.- Copia de un documento titulado “Secretaría General. Egresos” que data del 29 de diciembre de 2005 donde se lee como beneficiario a “Vásquez Celis Germán” un valor de $65.665.186,66 con un descuento de $635.282,87 para un crédito total de $66.300.469.53 y se lee “Bco Ganadero Fdo Comun Transfe” (fl 165, c1). 4.3.4.- De esta manera, para la Sala queda demostrado con las pruebas arrimadas al proceso, que la entidad demandante cumplió con la obligación a su cargo, consistente en el pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que fue realizado al apoderado judicial de los beneficiarios por consignación

bancaria. En consecuencia, se tiene por cumplido el tercero de los requisitos.”

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Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público Para el Ministerio Público, de conformidad con las providencias referidas, los documentos aportados por la parte actora para probar el pago resultan suficientes, toda vez que de su contenido es posible deducir el mismo en los términos que lo exige la jurisprudencia. 2.3.3. De la conducta dolosa o gravemente culposa del agente.

Previo a analizar el elemento subjetivo, se hace necesario estudiar la calidad de servidor público del demandado. Sobre la forma idónea para acreditar la calidad de servidor público, el Consejo de Estado ha precisado7: “Pues bien, como la vinculación al servicio público requiere de nombramiento y la respectiva posesión (en caso de relación legal y reglamentaria) (…), entonces ellos constituyen la prueba documental válida para tales efectos, además de las certificaciones que sobre dichos aspectos expidan las autoridades competentes teniendo en cuenta las pruebas que tengan y sean relevantes. Ahora bien, tal como lo mandan los arts. 7º a 9º de la Ley 50 de 1886, sólo en las circunstancias de ausencia insalvable de la prueba documental pertinente es posible recurrir a la PRUEBA TESTIMONIAL para buscar demostrar con ella lo que normalmente se hace con documentos públicos respecto de los servicios a las Entidades Públicas. La Ley, como aparece en la transcripción

previa, es rigurosa para la admisibilidad de esta prueba y la somete a los requisitos generales además de unos especiales que ella contempla; de manera que no es de recibo cuando de cualquier manera se trata de reemplazar la prueba documental por la testimonial para estos efectos, pues deben darse las situaciones y exigencia de ley”. De manera más reciente, el Consejo de Estado ha sostenido la posibilidad de acreditar la calidad de servidor público por medio de cualquier prueba documental en la que la entidad a la que se encontraba vinculada la persona acusada de producir el daño cuya reparación tuvo que sufragar la primera, certifique o dé cuenta, por lo menos, de la forma de vinculación del agente, las funciones correspondientes a su cargo y el tiempo durante el 7 Sección Tercera, sentencia del 22 de enero de 2014. Expediente 39730

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Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público cual prestó sus servicios a la entidad8.”

(Resalto y subrayo) En el caso sub examine, se tiene acreditado que la demandada para la época de los hechos, ostentaban la calidad de servidor público, se tiene copia de las resoluciones No. 00709 de 5 de mayo de 1994, 107 de 20 de mayo de 1994, 855 de noviembre de 1996, expedidas por la FGN y la dirección de fiscalías del

distrito judicial de Tunja, en donde se constata que la señora Mariela Sánchez de Buitrago, se desempeñó en el cargo de Fiscal Seccional de Tunja, Fiscal 30 seccional de Miraflores y Fiscal 26 delegada ante los jueces de circuito de Chiquinquirá. De acuerdo a los hechos relatados en la demanda, en donde se tiene que la señora Sánchez de Buitrago fue la encargada de proferir la orden de detención del señor Ávila Galindo, tenemos que la demandada fungió como Fiscal 30 seccional de Miraflores desde el 20 de mayo de 1994 hasta el 25 de noviembre 8 (pie de página de la cita) Al respecto, en la sentencia del 27 de febrero de 2013 se dijo que: “Si bien el Tribunal concluyó que efectivamente se encontraba acreditada la calidad del ex agente del Estado del demandado, derivado de la mención hecha en la sentencia proferida por el Tribunal de Cundinamarca el 22 de septiembre de 2004, en sede de reparación directa, esta Subsección considera que dentro del proceso no obra ninguna prueba que así lo indique. En primer lugar, el oficio remitido por el Ejército Nacional de 22 de junio de 2011 simplemente indicó que el señor Fernández Quesada se encontraba retirado, pero no se observa la forma de vinculación, o las funciones que le correspondían, ni el tiempo en que estuvo prestando sus servicios al Ejército Nacional. Así mismo, la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2004 que resolvió la acción de reparación directa impetrada por los familiares del soldado regular Víctor Rodríguez, en un aparte sostuvo que con fundamento en un certificado emanado por el

Oficial de Sección Base de datos de Dirección de Personal del Ejército Nacional se puede deducir que efectivamente sí era miembro de tal institución.” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Exp: 43.189) Más adelante, en sentencia del 6 de marzo de 2013, Exp: 43460, se afirmó lo siguiente: “Por lo tanto, la calidad de agente o ex agente del Estado en este caso pudo haberse acreditado con una certificación de tiempo de servicio, o con la demostración del vínculo legal o reglamentario que impera para los empleados públicos. Contrario a ello, en el sub lite no obra ninguna prueba que acredite que efectivamente el señor Tarra Zipa era empleado público para la fecha de ocurrencia de los hechos descritos, no pudiendo imputarle responsabilidad”. Finalmente, dentro en la sentencia identificada con el No. de expediente 42.920, se sostuvo que “(…) respecto del primer requisito, (calidad del agente) que obra en el material probatorio original de los extractos de la hoja de vida de los señores José Nevet López Giraldo y Jorge Alonso Puerta Duque suscritos por el Coordinador Grupo de Archivo General de la Policía Nacional, en donde se indica fecha de vinculación y retiro de los agentes mencionados (Fls. 102 y 103 C.1), Certificaciones originales del Codificador de Nómina Área de Talento Humano Meval de la Policía Nacional correspondiente a los señores Carlos M. Rodríguez González y Juan Oquendo, en donde se manifiesta la fecha de vinculación de los mencionados señores y que se encuentra vigente su vínculo con la entidad (Fls. 111 y 119 C.1) y

Copia simple del acta de posesión del 22 enero de 1993 del señor Juan Manuel Oquendo Puerta, como agente profesional (Fl. 130 C. 1). Adicionalmente, de la prueba trasladada se puede corroborar la calidad de funcionario de los agentes de policía para la época de los hechos”.

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Concepto Ministerio Público de 1996. Para dilucidar si la demandada actuó con dolo o culpa grave, siguiendo la línea jurisprudencial del H. Consejo de Estado9, las normas sustanciales aplicables en este caso serán las vigentes al momento de la comisión de la conducta que originó el daño (7 de febrero de 1995), esto es, el Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal, los artículos 77 y 78 del Decreto 01 de 198410 y el artículo 63 del Código Civil11. En ese contexto, y atendiendo a lo alegado en el recurso de apelación, en el cual se insistió en que la demandada actuó con culpa grave, el Ministerio Público analizará el material probatorio recaudado. En efecto, se destaca lo siguiente: A través de la sentencia de segunda instancia del 25 de mayo de 201, el Consejo de Estado, Sección Tercera declaró la responsabilidad patrimonial de

la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor Ávila Galindo, cuando el material probatorio recaudado en el proceso penal no 9 Auto de 22 de octubre de 1997, expediente número 13977; sentencia de 25 de julio de 1994, expediente número 8493; sentencia de 31 de julio de 1997, expediente número 9894. 10 “ARTICULO 77. DE LOS ACTOS Y HECHOS QUE DAN LUGAR A RESPONSABILIDAD. Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.” “ARTICULO 78. JURISDICCION COMPETENTE PARA CONOCER DE LA RESPONSABILIDAD CONEXA. Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere.” 11 “ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios

propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.”

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Expediente: 15001233300020140029901 (66859)

Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público fue el suficiente para cumplir con las cargas que la ley procesal imponía a la fecha y que posteriormente sirvió de fundamento para la sentencia absolutoria proferida por el juez penal.

Sobre la posible actuación gravemente culposa de la señora Fiscal seccional de Miraflores, tenemos que, en el expediente del medio de control de reparación directa se menciona que la detención se dio por cuanto la denunciante pudo identificar como presunto secuestrados al señor Ávila Galindo, situación que sumada a las condiciones de servidor público, concretamente agente de la Policía Nacional, permitían concluir con la

necesidad de ordenar su detención mientras se adelantaba el proceso penal. Dicho argumento, fue refutado por el Consejo de Estado, al considerar que el material probatorio era insuficiente para que la aludida Fiscal procediera con la captura del presunto agresor. De otro lado, si bien el H. Consejo de Estado ha expresado que en los casos en que se anali