PGN - ACCION DE REPETICION - Se cumplió con carga probatoria por parte de entidad para acreditar los

ACCION DE REPETICION-Para reembolso de condena por responsabilidad a causa de falla médica en atención brindada a patrullero ACCION DE REPETICION-Tiene su fundamento constitucional en el inc. 2 del art. 90 ACCION DE REPETICION-Requisitos para su prosperidad según jurisprudencia del Consejo de Estado En este orden de ideas, concluye esta Delegada del Ministerio Público que le asiste responsabilidad civil y patrimonial a título de dolo o culpa grave al señor…. médico general de la seccional de sanidad del Departamento de Policía de Risaralda mediante contrato de prestación de servicios No 36-7-20093 del 01 de agosto de 2005, con ocasión de la condena impuesta a la Nación Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la suma que se vio obligada a pagar, causada por la muerte del patrullero…. quien fue trasladado el 13 de enero de 2006, a la Seccional de Sanidad de Risaralda por presentar diversos quebrantos de salud siendo atendido por el hoy demandado, y luego de ordenarle practicar exámenes de laboratorio que arrojaron negativo para gota gruesa (hemoparásitos), estableció como tratamiento acetaminofén más naproxeno y 4 días de incapacidad, desconociendo el protocolo establecido para la detención de la malaria en Colombia, principalmente a personas provenientes de las zonas endémicas. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Está acreditada la existencia de la condena impuesta PAGO DE LA CONDENA-Se encuentra acreditado en sub examine ACCIÓN DE REPETICION-Se cumplió con carga probatoria por parte de entidad para acreditar los elementos de esta en contra del demandado

DEMANDADO-Se demostró que su conducta se presentó a título de culpa grave En este orden de ideas, concluye esta Delegada del Ministerio Público que le asiste responsabilidad civil y patrimonial a título de dolo o culpa grave al señor…. médico general de la seccional de sanidad del Departamento de Policía de Risaralda mediante contrato de prestación de servicios No 36-7-20093 del 01 de agosto de 2005, con ocasión de la condena impuesta a la Nación Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la suma que se vio obligada a pagar, causada por la muerte del patrullero….. quien fue trasladado el 13 de enero de 2006, a la Seccional de Sanidad de Risaralda por presentar diversos quebrantos de salud siendo atendido por el hoy demandado, y luego de ordenarle practicar exámenes de laboratorio que arrojaron negativo para gota gruesa (hemoparásitos), estableció como tratamiento acetaminofén más naproxeno y 4 días de incapacidad, desconociendo el protocolo establecido para la detención de la malaria en Colombia, principalmente a personas provenientes de las zonas endémicas. YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Exp No (64837) 660012333000201500484 01 Concepto 0/2020 ACCION DE REPETICION-Se encuentran probados todos los elementos para su prosperidad En concepto de esta Delegada del Ministerio Público, deberá REVOCARSE la sentencia

proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo Administrativo de Risaralda – Sala Cuarta de Decisión del 5 de julio de 2019, al encontrarse debidamente demostrado la totalidad de los requisitos exigidos por la ley para la prosperidad de la acción de repetición incoada, en especial el elemento subjetivo correspondiendo a la culpa grave. Lo anterior, de acuerdo al material probatorio que concurre en el plenario, máxime cuando se evidenció que desde el momento en que el médico…. luego de brindar atención médica al patrullero…., el 13 de enero de 2006, ordenó un tratamiento errado incluso para la patología de dengue que en ese momento desacertadamente le diagnosticó, desatendiendo los síntomas que presentaba el paciente, así como la zona endémica de malaria de donde este provenía, lo cual, según la praxis médica establecía los protocolos de atención para pacientes con posible diagnóstico de malaria, que indicaban a los galenos tratantes hacer un seguimiento diario o intrahospitalario para el paciente que acudía en debida forma y en tiempo a que le trataran su enfermedad. Así las cosas, el Ministerio Público encuentra que dicha omisión desencadenó el deterioro progresivo del patrullero……a tal punto que, luego de cumplir la incapacidad médica ordenada por el demandado reingresó nuevamente a la institución médica, en donde ingresó con un deterioro notable en su salud, debiendo ser remitido a una clínica de mayor nivel, en donde se le diagnosticó paludismo por malaria, sin embargo fue muy tarde para suministrarle un tratamiento adecuado y poder salvar su su vida, dado que el patrullero…. falleció el 24 de enero de 2006. En consecuencia, se deberá imponer

condena al demandado al pago de las sumas dinerarias pagadas por la Nación – Policía Nacional, a los beneficiarios de la condena impuesta dentro del proceso de reparación directa con No 6600133310032006-00089 iniciado por la señora…. y otros en contra de la entidad, por la suma de $363.440.000. 2 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No (64837) 660012333000201500484 01 Concepto 0/2020

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 103 / 2020

Bogotá D.C., 29 de octubre de 2020

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente Doctor: JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 66001233300020150048401 (64837) Medio de control Acción de repetición - Ley 1437 de 2011

ACTOR: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

DEMANDADO: Luis Hernando Cortés Velasco.

Sentido del concepto: Solicitud REVOCAR la sentencia objeto de recurso de apelación / ACCEDER A LAS PRETENCIONES DE LA DEMANDA / Se cumplió con la carga probatoria por parte de la entidad para acreditar los elementos de la acción de repetición en contra del demandado / Concurre el elemento subjetivo

correspondiendo a una conducta gravemente culposa del ex contratista público, conforme lo establece la Ley 678 de 2001 / La acción de repetición busca recuperar la erogación económica como consecuencia de condenas por acciones, omisiones y/o extralimitaciones de los servidores públicos y/o contratistas públicos que cumplen funciones públicas / Omisión efectuada en la atención médica / Incumplimiento del juramento hipocrático efectuado por el galeno. El Ministerio Público en cumplimiento de su función misional de intervención, la cual, se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del patrimonio público. Para lo cual, se deja a disposición el presente concepto:

1. ANTECEDENTES

1.1. La Demanda - Hechos. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en ejercicio del medio de control de repetición consagrado en la Ley 678 de 2001 en armonía con al Artículo 142 del C.P.A.C.A., presentó demanda en contra del señor Luis Hernando Cortés Velasco, quien se desempeñó como médico general contratista de la Policía Nacional, atendiendo el contrato de prestación de servicios 36-7-20093 del 1 de agosto de 2005, lo anterior, con el fin de que se declare patrimonialmente responsable con ocasión de la presunta conducta gravemente culposa, que ocasionó la muerte del patrullero Germán Alonso Valencia González, hecho que desencadenó un proceso de reparación directa No 6600133310032006-00089 iniciado por la señora María Doris González de Rincón y otros en contra de la entidad, correspondiendo en primera instancia al Juzgado Tercero

3 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No (64837) 660012333000201500484 01 Concepto 0/2020 Administrativo de Descongestión de Pereira, despacho que profirió sentencia condenatoria el 31 de enero de 2013 al encontrar debidamente demostrada la responsabilidad administrativa de la Nación por falla médica en la atención brindada al patrullero Valencia González, la cual, generó su muerte, el 24 de enero de 2006. La anterior decisión, fue objeto de apelación por parte de la entidad, recurso que fue resuelto mediante sentencia de segunda instancia fechada el 8 de noviembre de 2013, por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, decisión que modificó el numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia de primera instancia, y la confirmó en lo demás, ascendiendo el valor de la condena a la suma de $363.440.000 M/cte. Como argumento de la demanda, se indica que el patrullero Germán Alonso Valencia el 13 de enero de 2006 se presentó a las instalaciones de la seccional de Sanidad de Risaralda, debido a quebrantos de salud, refiriendo fiebre con varios días de evolución, malestar general, siendo atendido por el médico general y hoy demandado Luis Hernando Cortés Velasco quién como impresión diagnostica 1) síndrome febril, 2) dengue, 3)

paludismo; ordenando realizar examen de gota gruesa y control de plaquetas. Los resultados de los exámenes ordenados fueron obtenidos ese mismo día arrojando negativo para hemoparásitos (gota gruesa negativa) y plaquetas en 86.000, dando como tratamiento acetaminofén, naproxeno y 4 días de incapacidad por dengue. Posteriormente, el día 20 de enero de 2006 el patrullero Germán Alonso Valencia consultó nuevamente por persistencia de sus síntomas, siendo nuevamente atendido por el galeno Cortes Velasco quien le diagnostica síndrome febril icterohemorrágico, como impresión diagnostica consignó en la historia clínica, 1. Paludismo, 2. Leptospirosis, 3. Dengue, procediendo a remitirlo a la clínica COMFAMILIAR ante la persistencia de los síntomas. Según se consignó en la historia clínica diligenciada en el centro asistencial de mayor nivel de complejidad, al paciente se le realizó nuevamente un examen de gota gruesa el cual resultó positivo para plasmodium vivax, siendo diagnosticado el paciente con malaria por paludismo vivax. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en cumplimiento de la sentencia mediante las resoluciones No 835 del 26 de diciembre de 2014 y No 083 del 12 de marzo de 2015 emanadas por la dirección de sanidad, ordenó el pago de la suma referida como capital más los intereses causados, para un total de cuatrocientos setenta millones cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos veinte pesos ($470.482.520), dinero que se canceló mediante abono a la cuenta bancaria referida por los beneficiarios en los días 30

de diciembre de 2014 y 16 de maro de 2015, como se enuncia en el certificado proferido por la Tesorera de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. El escrito demandatorio aduce que, en el presente caso se presume el actuar gravemente culposo en la actuación que desplegó el demandado LUIS HERNANDO CORTES VELASCO, médico que brindó la atención al patrullero Germán Alonso Valencia en la seccional de sanidad de la policía, al incurrir en fallas en la atención médica que dieron lugar a que la jurisdicción contenciosa administrativa declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Policía Nacional por la muerte del patrullero Valencia González, solicitando declarar la responsabilidad del demandado al concurrir los requisitos establecidos mediante la Ley 678 de 2001. 1.2. Pretensiones. 4 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No (64837) 660012333000201500484 01 Concepto 0/2020 Como pretensiones de la demanda instaurada en contra del señor LUIS HERNANDO CORTES VELASCO, se invocaron las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe tal como obra en la demanda): "PRIMERA: Se declare administrativamente responsable al señor LUIS HERNANDO CORTES VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.083.072, por su conducta gravemente culposa observada durante la atención médica brindada al señor

Patrullero GERMÁN ALONSO VALENCIA GONZÁLEZ, quien falleció el día 24 de enero de 2006, circunstancia que dieron lugar la condena patrimonial en contra de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional dentro del proceso de Reparación Directa radicado No 66001-33-31-003-2006-00089-00.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se condene al señor LUIS HERNANDO CORTES VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.083.072, a pagar a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, la suma de trescientos sesenta y tres millones cuatrocientos cuarenta mil pesos m/te ($363.440.000), que corresponde al total del capital pagado mediante las resoluciones No. 085 del 26 de diciembre de 2014 y No 083 del 12 de marzo de 2015 emanada de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

TERCERA: Que el monto proferido en la condena se actualice y ajuste de acuerdo con la Ley 1437 de 2011.

CUARTA: Se condene en costas a la demandada (sic) de conformidad con el artículo 188 del C.P.A.C.A.”1 1.3. Contestación de la demanda.

Mediante curador ad litem, se presentó contestación de la demanda, escrito que obra a folios 167 y s.s. del cuaderno No 1; en el que se pronunció sobre los hechos de la demanda oponiéndose a sus pretensiones, argumentando que no se logró demostrar de manera fehaciente la existencia y vigencia de las peticiones de la demanda. Por lo

anterior, solicitó se declare probado cualquier otro hecho que determine la inexistencia de las pretensiones de la demanda en contra del demandado o la existencia de actos jurídicos que impiden la declaración de condena que se pretenden con la demanda. 1.4. Sentencia de primera instancia. Mediante decisión del 5 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Cuarta de Decisión, negó las pretensiones de la demanda, sin proferir condena en costas. Lo anterior, argumentando al respecto: Luego de realizar un análisis del material probatorio obrante en el plenario, procedió el Tribunal a analizar los presupuestos objetivos correspondientes al medio de control de repetición, con el fin de determinar su concurrencia. Encontrando al respecto:  En cuanto a la calidad de agente o ex agente del Estado, resaltó que atendiendo lo establecido en el artículo 142 del CPACA, la acción de repetición se puede ejercer contra los servidores públicos o ex servidores públicos y particulares en ejercicio de funciones 1 Folios 121 vuelto del cuaderno principal de la demanda. 5 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No (64837) 660012333000201500484 01 Concepto 0/2020 públicas. Advirtiendo, además que tanto la disposición en cita como el contenido del artículo 90 constitucional no especificaron que clase de particular pueden cumplir funciones públicas, por lo que en este sentido hay que entender que los particulares

pueden ser personas naturales o personas jurídicos. A su vez, indicó que la Ley 678 de 2001 en su artículo 2 precisó la naturaleza de la repetición, por lo tanto, esta se debe promover no solo contra los agentes del Estado, sino también contra los ex servidores públicos que, con su conducta precedida de dolo o culpa grave, hayan generado un reconocimiento indemnizatorio por parte de la administración como resultado de una condena, una conciliación o de otra forma de terminación de un conflicto. Asimismo, consagró el citado artículo la viabilidad de la acción de repetición contra los particulares que investidos de funciones públicas, hayan dado lugar con su conducta dolosa o gravemente culposa, a la reparación patrimonial a cargo del Estado. En este orden de ideas, consideró la Sala que en virtud del contrato estatal, la entidad pública confía en el particular el ejercicio transitorio de funciones públicas, lo cual convierte al contratista en un potencial sujeto pasivo de la acción de repetición, siendo, precisamente con ocasión del ejercicio de esas funciones oficiales de carácter temporal que el contratista puede ocasionar daños antijurídicos por los cuales eventualmente, puede comprometer la responsabilidad del estado y, por ende, debe asumir las mismas responsabilidades que los servidores públicos, de modo que, la acción de repetición tiene lugar, cuando ese daño está precedido de la conducta dolosa o gravemente culposa de ese particular. Conforme lo anterior, encontró el A Quo el cumplimiento del primer requisito de procedencia del medio de control de repetición que refiere a la calidad de agente o ex agente del Estado, lo anterior, con ocasión del contrato de prestación de servicios No 367-20093 del 1 de agosto de 2005, suscrito entre la Nación – Policía NacionalDepartamento de Policía de Risaralda y el profesional en medicina Luis Hernando Cortes Velasco, con un término de duración de 4 meses con 15 días , y cuyo objeto principal fue la prestación de sus servicios profesionales como médico general con oportunidad, eficiencia y eficacia en la unidad médica, en las condiciones áreas y/o servicios que determine el contratante, de acuerdo con sus necesidades y programación establecida, conforme a los folios 9 a 11 de cuaderno No 1, resaltando que dicho contrato se encontraba vigente para la época en que ocurrieron los hechos que promovieron la condena en contra de la entidad entro del proceso de reparación directa primigenio que sustenta la presente acción de repetición.  Ahora bien, en cuanto a la existencia de una condena judicial que impuso a la parte actora la obligación de pagar una suma de dinero, indicó que obra plena prueba que demuestra su concurrencia. Indicando que, se aportó al dosier la decisión proferida en primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Pereira el 31 de enero del 2013, que fue modificada, con ocasión al recurso de apelación resuelto mediante fallo del 8 de noviembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Risaralda. Consideró el Tribunal de instancia que con fundamento en dichas decisiones judiciales, la entidad pública demandante en sede de repetición acciona en contra del galeno Luis Hernando Cortés Velasco, a fin de que restituya la suma pagada por el Ministerio de Defensa. Por ende, concluyó que está probado el segundo requisito de procedibilidad del

medio de control, a saber, la existencia de una condena judicial que impuso a la entidad estatal demandante el pago de unas sumas de dinero.  Respecto al tercer requisito objetivo del medio de control de repetición, esto es el pago 6 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No (64837) 660012333000201500484 01 Concepto 0/2020 de la condena impuesta a la parte actora, advirtió que con la demanda se allegaron documentos, entre los que resaltó copia de la resolución 835 del 26 de diciembre de 2014, mediante la cual, en cumplimiento de las sentencias proferidas en el proceso de reparación directa 2006-00089, dispuso el pago de la suma de $389.649.060,05. De igual manera, mencionó que obra la resolución 083 de 12 de marzo de 2015, mediante la cual se liquidó, reconoció y ordenó el pago de los derechos económicos de los demandantes dando cumplimiento parcial a las sentencias proferidas en su contra dentro del proceso multicitado de reparación directa. Reposa, certificación No -2015 ARAFI-GRUFI del 24 de agosto de 2015, expedida por la Tesorera de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en la que informa que verificado los archivos enviados para pagos el día 30 de diciembre de 2014 y 16 de marzo de 2015, se determinó que realizaron los abonos a los beneficiarios en las

correspondientes cuentas bancarias, conforme se dispuso en las Resoluciones 835 del 26 de diciembre de 2014 y 083 del 12 de marzo de 2015. Precisó que dicha documentación fue corroborada por el apoderado de los accionantes dentro del proceso de reparación directa, quién rindió testimonio en audiencia de pruebas del 29 de noviembre de 2017, resaltando que con ocasión al pago tardío efectuado por la entidad causó el pago de intereses moratorios. Conforme lo anterior, consideró el Tribunal que la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional demostró la ejecución total de la prestación debida y, por consiguiente su detrimento patrimonial en virtud de la condena impuesta dentro del proceso de reparación directa No 2006-00089, concluyendo que se logró demostrar el cumplimiento de este requisito para que proceda la acción de repetición invocada, procediendo con el estudio del elemento subjetivo, esto es, que el agente hubiera actuado con dolo o culpa grave al momento de producir el daño reparado.  Ahora bien, en cuanto al elemento subjetivo, este es, la actuación dolosa o gravemente culposa en que incurrió presuntamente el demandado, el A Quo indicó que la demandante Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional no aportó material suficiente para demostrar la concurrencia de este requisito de procedibilidad de la acción de repetición, reprochando que no basta pretender demostrarlo mediante la sentencia condenatoria proferida dentro del proceso de reparación directa No 660013331003200600089 iniciado por la señora María Doris González de Rincón y otros en contra de la

entidad, dejando sin fundamento lo alegado por la demandante, ya que si bien, en el desarrollo conceptual para confirmar la declaración de responsabilidad patrimonial de la Policía Nacional se mencionó la atención del médico tratante al patrullero Germán Alonso Valencia González. No obstante, advirtió que el extracto jurisprudencial que conforma la condena impuesta a la entidad no resulta suficiente para endilgar un comportamiento gravemente culposo al accionado, pues ello no basta para acceder a las súplicas de la demanda de repetición; sin dejar de un lado, que en líbelo introductorio la demandante no invocó ninguno de los eventos de presunción de culpa grave contemplados en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por lo tanto a la Policía Nacional le incumbía acreditar con suficientes elementos de convicción, que el comportamiento del demandado resulta gravemente culposo. Conforme lo anterior, precisó que las pruebas aportadas al expediente no permiten concluir que el galeno demandado haya actuado con culpa grave o dolo durante la prestación del servicio médico brindado al patrullero Germán Alonso, lo anterior, dado que 7 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No (64837) 660012333000201500484 01 Concepto 0/2020 de los testimonios recaudados con dificultad puede señalarse que dicha conducta quedó establecida de manera individualizada y plena, contrario a ello se encuentra la declaración

del especialista internista neumólogo Mauricio Céspedes Roncancio que refirió que muchas veces la observación de casos clínicos en retrospectiva es muy sencilla, y que en el caso en concreto en el momento del acto médico las acciones que adoptó el demandado, no podía prever la enfermedad de malaria complicada o qué tipo de malaria era, dado que todas las clases de malarias no se tratan igual, por cuanto la enfermedad se comporta de manera diferente en cada paciente de acuerdo con la respuesta inmunológica, advirtiendo que el patrullero fallecido presentaba síntomas muy generales de descompensación que con el pasar de los días se complicaron. De esta manera, el Tribunal consideró que en el caso que nos ocupa no se demostró que el criterio médico adoptado por el profesional Luis Hernando Cortés Velasco fuera desproporcionada, irrazonable o arbitrario, que superara el criterio de anormalidad y permitiera inferir su carácter antijurídico, pues no se encuentra acreditado que su conducta fuera grosera, negligente, ni despreocupada, por el contrario, denota el cumplimiento de su deber desplegado la actividad impuesta por la lex artis, que encontró aplicable al momento del ingreso del patrullero Germán Alonso Valencia González.  En este orden de idea, la Sala concluyó que la demandante Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional logró acreditar los elementos objetivos de procedibilidad, estos son, la calidad de agente estatal, existencia de la condena judicial y el pago efectuado por la entidad, sin embargo, lo mismo no ocurrió con el elemento subjetivo, puesto que no se probó la conducta gravemente culposas que le pretendió endilgar la actora al demandado Luis Hernando Cortés Velasco, razón por la cual procedió a negar las pretensiones de la

demanda, sin imponer condena en costas a la parte vencida atendiendo las previsiones contenidas en el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por remisión de la norma procedimentales civiles contenidas en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 1.5. argumento de apelación. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, mediante su apoderado judicial incoó recurso de apelación2 en contra de la decisión proferida el 05 de julio de 2019, la cual, resultó contraria a la pretensiones de la demanda, manifestando su inconformismo de conformidad con los siguientes argumentos:  Precisó no compartir el argumento principal que sustentó la nugatoria de las pretensiones de la demanda, toda vez que, considera que en el líbelo demandatorio se encuentra debidamente probado el elemento subjetivo de la culpa grave que pretende endilgar al galeno Luis Hernando Cortes Velasco, al no prestar la atención adecuada al patrullero fallecido Germán Alonso Valencia González, ya que el médico de conformidad con lo consignado en la historia clínica era conocedor y consiente que esta persona provenía de una zona endémica de malaria, y era su deber el haber advertido el criterio epidemiológico establecido en la guía de atención de la malaria la cual hace parte del anexo técnico 2-2000 de la Resolución No 00412 de 2000 emanada por el Ministerio de Salud, advirtiendo que, donde el médico hubiera cumplido este procedimiento y pese a ello el paciente hubiese fallecido se podía alegar la diligencia médica en la atención a la

patología, empero, por el contrario, lo que está demostrado con la actuación del 2 Folios 216 al 222 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 8 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Exp No (64837) 660012333000201500484 01 Concepto 0/2020 demandado, es que este omitió las funciones a él encomendadas, como lo era brindarle al paciente la atención adecuada de acuerdo con el probable cuadro de malaria, ordenando un examen de gota gruesa extendido de sangre cada 12 horas hasta por 48 horas, ya que al no hacer este procedimiento se impidió conocer oportunamente el diagnóstico de la enfermedad que padecía el citado patrullero, por lo que consideró evidente la existencia del elemento subjetivo de la culpa grave, por parte del médico llamado en sede de repetición.  Por lo anterior, solicitó al Ad Quem efectúen un análisis más a fondo del escrito de la demanda, los alegatos de conclusión, y los elementos de prueba obrante en el proceso, ya que de ellos, se tiene que la muerte causada al señor Germán Alonso Valencia González tuvo su origen en la falta de seguimiento del demandado Luis Hernando Cortés Velasco médico de la Seccional de Sanidad de la Policía Nacional para el 13 de enero de 2006, día en que el mencionado galeno atendió al patrullero quien posteriormente falleció, debido a la omisión en la atención a los síntomas que refirió el paciente, como lo eran la

fiebre, el conteo de las plaquetas bajas, y en mayor proporción la zona de dónde provenía el uniformado, hechos que exigían el máximo cuidado y atención, y aunque se realizó un primer examen de gota gruesa durante la primera atención obteniendo su resultado negativo, el galeno incumplió el protocolo dispuesto en cuanto a la periodicidad de los análisis de gota gruesa por los antecedentes manifestados por el paciente.  Enfatizó el recurrente que, de acuerdo al resultado del primer laboratorio efectuado al patrullero Germán Alonso Valencia González era necesario no solo verificar el resultado de la gota gruesa sino que debido a los antecedentes del lugar donde provenía haber hecho un seguimiento a su evolución, procedimiento que omitió el médico Luis Hernando Cortes Velasco, quien solo con el resultado negativo de gota gruesa determinó que la enfermedad padecida por el uniformado era dengue, prescindiendo lo establecido en la resolución 412 de 2000 – tomo 3, guía 19 establecida para la guía de atención de la malaria vigente para el momento de los hechos.  Por último, concluyó que el demandado desde el momento mismo que formuló al paciente esta fue desacertada, ni adecuada para el tratamiento del dengue, así como tampoco para la malaria, además las previsiones médicas no fueron adecuadas a la patología y al lugar de donde provenía el patrullero, pues los síntomas y procedencia del patrullero indicaban al médico que debía hacerse un seguimiento diario o intrahospitalario al paciente, dando pie por su inobservancia y omisión del médico y ahora demandado a las fatídicas consecuencias que generaron la muerte del uniformado.

De esta manera, solicitó a los señores Consejeros del Estado acceder a las pretensiones de la demanda y en consecuencia, imponer la condena en contra del demandado.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos  ¿En el caso sub examine, conforme al material probatorio, se cumplen los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes para la época de los hechos, con el fin de acreditar la prosperid