PGN - ACCION DE REPETICION - Se demostró la existencia de culpa grave en las actuaciones del demanda

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Para reintegro del valor pagado por concepto de condena impuesta dentro de proceso de reparación directa ACCIÓN DE REPETICIÓN-No operó el fenómeno jurídico de la caducidad/ ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se ejerció dentro del término de ley La suma de dinero que se pretende recuperar corresponde al pago de una condena impuesta en sentencia del 21 de febrero de 2011 por la Sección Tercera del Consejo de Estado. El pago total se realizó el 28 de octubre de 2011. Como la demanda se presentó el 29 de octubre de 2013 es evidente que la acción de repetición se ejerció dentro del término previsto por la ley. ACCIÓN DE REPETICIÓN-No es improcedente por no haber sido llamado en garantía al hoy accionado Respecto a la improcedencia de la acción de repetición por no haber sido llamado en garantía en el proceso contencioso administrativo al hoy accionado, la entidad bien puede optar por llamar en garantía o con posterioridad a la condena interponer una acción de repetición, como sucedió en este caso, sin que pueda afirmarse que los derechos y garantías fundamentales del servidor público tienen mayor o menor protección en una u otra alternativa. Es perfectamente posible que la entidad pública no llame en garantía a su agente, y más bien que una vez se profiera la sentencia condenatoria y sea pagada la suma correspondiente, ejerza la acción de repetición, como ocurre en el caso sub examine. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos para su viabilidad según Jurisprudencia del Consejo de Estado SERVIDOR PÚBLICO-En sub examine están acreditadas sus calidades

Se encuentra acreditada la calidad de miembros de las Fuerzas Militares de los señores…. , en su condición de Brigadier General de Infantería de Marina – Comandante del Comando Unificado del Sur y de…..en su condición de Teniente Coronel del Ejército Nacional – Comandante del Batallón de Selva N° 49 ….. con los extractos de hojas de vida, así como también se encuentra probado que para los días 30 y 31 de agosto de 1996 eran miembros activos de las fuerzas armadas ACCI ÓN DE REPETICIÓN-Está acreditada la existencia de la condena impuesta Se allegó copia de la sentencia del 21 de febrero de 2011 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-El demandante demostró el pago de la condena impuesta Para acreditar el pago se allegó: Por Resolución N° 5334 del 18 de octubre de 2011 se ordenó el pago de $337.241.372.25 a los beneficiarios de la sentencia 21 de febrero de 2011, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro de la acción de reparación directa 52001233100019980037801 (18420). Mediante certificación del 8 de mayo de 2013, la

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 1 Tesorería Principal del Ministerio de Defensa Nacional señaló que el día 28 de octubre de 2011, a través de la cuenta N° 364367409 del Banco de Bogotá, se le canceló al doctor… apoderado de los beneficiarios de la reparación directa 52001233100019980037801

(18420).Oficio del Dr…. en calidad de apoderado de la señora….donde indicó haber recibido los dineros ordenados a pagar en la sentencia 21 de febrero de 2011, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro de la acción de reparación directa 52001233100019980037801 (18420). Por lo antes señalado, en concepto del Ministerio Público se acreditó en debida forma que el demandante realizó el pago al beneficiario, existe certeza que se canceló el monto total de la indemnización y que el demandante a través de su apoderado recibió el importe de la sentencia. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL-Si hechos ocurrieron antes de la vigencia de ley 678 de 2001 se aplicarán las normas vigentes al tiempo de comisión de la conducta Si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público tuvieron ocurrencia con anterioridad a la vigencia de Ley 678 de 2001, tal como ocurrió en el caso que aquí se estudia (30 y 31 de 1996), las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con dolo o culpa grave serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta que originó el daño, por lo que resulta necesario remitirse directamente al concepto de culpa grave y dolo que recoge el Código Civil en su artículo 63 y no a las presunciones previstas en la Ley 678. DOLO Y CULPA GRAVE-Clasificación según regulación legal ACCIÓN DE REPETICIÓN-Respecto a la calificación de la responsabilidad subjetiva del agente estatal, según sentencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Está probado el elemento subjetivo para endilgar

responsabilidad al demandado/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se demostró la existencia de culpa grave en las actuaciones del demandado Los demandados al desatender los deberes a los que estaban llamados incurrieron en culpa grave. La desatención de dichos deberes referidos por los ex agentes del Estado, tal como se detalla en los procesos de reparación directa y disciplinarios, se ubica dentro del concepto de culpa grave, habida cuenta que desatendieron las funciones o deberes previstos en la norma o reglamento y la concomitante omisión en sus funciones, bajo argumentos que a la luz de ser funciones y competencias resultaban inexcusables. Los cargos y competencias que ejercían les imponían adoptar las medidas necesarias en torno a evitar la agresión de la base militar por parte de un grupo guerrillero. Finalmente debe decirse que omitieron su deber objetivo de cuidado al no prever los efectos nocivos de su comportamiento y trasgredieron el artículo 187, literales i) y g) del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares “por no entrar en combate debiendo hacerlo y no adoptar las medidas preventivas necesarias para la defensa de la base, puesto o repartición o para el desplazamiento de tropas bajo su mando”, más aún cuando tenía conocimiento que en la zona en la cual realizó el registro había presencia de grupos al margen de la ley y debieron extremarse las medidas de seguridad. De conformidad con la argumentación expuesta, en concepto del Ministerio Público el fallo debería ser confirmado, y en tal sentido eleva solicitud a la H. Sala de Decisión.

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PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 029/2018

Bogotá, D. C., 22 de febrero de 2018 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente doctor JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS

E. S. D.

Ref: Proceso 59084 (52001233300020130040301) Acción de Repetición (Ley 1437)

Actor: Ministerio de Defensa Demandado: Jesús María Castañeda Chacón y otro El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. PRETENSIONES El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional presentó demanda contra Jesús María Castañeda Chacón, en su condición de Brigadier General de Infantería de Marina – Comandante del Comando Unificado del Sur y a José Claudio Bastidas Javela, en su condición de Teniente Coronel el Ejército Nacional – Comandante del Batallón de Selva N° 49 “Juan Bautista Solarte”, por hechos ocurridos el 30 y 31 de agosto de 1996 en la Base Militar de Las Delicias, ubicada en el Departamento del Putumayo, donde resultó muerto el Cabo Segundo Duay Bedoya Gómez. Igualmente solicitó el reintegro del valor pagado por concepto de la condena impuesta por la Sección Tercera del H. Consejo de Estado, mediante sentencia del 21 de febrero de 2011, dentro del proceso de reparación directa No. 52001233100019980037801

(18420). Como consecuencia, solicitó que se les condenara a pagar la suma de $382.456.202.27, debidamente indexada. 1.2. LA OPOSICIÓN - Mediante apoderado judicial el señor José Claudio Bastidas Javela contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones (fls. 213 a 215 C. 1). Señaló que no debe ignorarse el hecho de que el Ministerio de Defensa al momento de contestar la demanda de reparación directa manifestó que los hechos ocasionados

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 3 fueron producto de un tercero, siendo los ataques terroristas imprevisibles e irresistibles. Aunado a ello, afirma que el demandado no quiso la realización del hecho lamentable y por ende debió demostrarse la culpa en un aspecto subjetivo. - El apoderado del señor Jesús María Castañeda Chacón presentó contestación de la demanda oponiéndose a las pretensiones (fls. 246 a 250 C. 1). Propuso las siguientes excepciones:

I. IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE REPETICION El fundamento de esta excepción se encuentra, de manera explícita, resumiendo en los fallos de primera y segunda instancia (folios 50 y ss) proferidos, en su orden, por el Tribunal Administrativo de Nariño y la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Dice el Tribunal Administrativo: "Admitida la demanda mediante auto de 24 de julio de 1998, oportunamente-te dio respuesta a

ella la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a través de apoderada, quien solicita se desechen las súplicas de la demanda arguyendo que en la causación de los hechos en los que perdió la vida el Cabo Segundo Dual Bedoya Gómez se presente la causal de exoneración "hecho de un tercero" el cual está constituido por el actuar de la guerrilla que en procura de su objetivos no les importa asesinar a jóvenes soldados que hacen parte de ese pueblo, que dicen defender, Agrega que las incursiones terroristas son imprevisibles e irresistibles" (folio

1. (Destaco).

A su turno, el Consejo de Estado expone: "Admitida y notificada la demanda (fl. 44, 45 y 50 C.1), la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, le dio contestación oportuna mediante apoderada judicial debidamente constituida (fl.50,55 a 63), quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la misma arguyendo, de una parte la existencia del hecho de un tercero, en este caso la guerrilla de las "FARC" quienes fueron las causantes directas de la muerte del Cabo Bedoya Gómez, y de otra, la normalidad del riesgo que incorpora la actividad militar a la que se sometió el occiso en su condición de suboficiales del Ejército Nacional. Aunado a lo anterior consideró que en ningún momento existió una falla en el servicio que resulte imputable a la Nación Colombiana y por la que se deba indemnizar a los demandantes. Apoya sus afirmaciones en varias sentencias proferidas por esta Corporación" (fl. 53) (Destaco). Pues bien. Según el artículo 19 de la Ley 678 de 2001, "dentro de los procesos de responsabilidad

en contra del Estado relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio, podrán solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del funcionario" (Destaco). A renglón seguido, en el parágrafo único de la misma disposición, se establece que "la entidad pública no podrá llamar en garantía al agente si dentro de la contestación de la demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor" (Destaco). Si bien las citadas normas se refieren únicamente al llamamiento en garantía, tales disposiciones son aplicables a todos los agentes demandados en acción de repetición contra quienes obre prueba sumaria de su responsabilidad por haber actuado con dolo o culpa grave, más aún cuando los dos institutos jurídicos (llamamiento en garantía y acción de repetición) son materia de regulación a través de la ley 678 de 2001, valga decir, "por medio de la cual se reglamenta la

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 4 determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición" (Destaco). En otras palabras, cuando se inicia el trámite de la acción de repetición, el demandado puede alegar improcedencia de ésta cuando en el proceso primigenio o que dio origen a la condena

contra el Estado, éste alegó como excepción o como simple medio defensivo "el hecho de un tercero". Al revisar las normas, se advierte a primera vista que la acción de repetición y el llamamiento en garantía tienen la misma finalidad, sólo que éste último se hace dentro del proceso originado en controversias contractuales, de reparación directa y de nulidad y restablecimiento, para determinar "la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores públicos y de los particulares que desempeñen funciones públicas", como lo señala el citado artículo primero de la ley 678. Ciertamente, la acción de repetición y el llamamiento en garantía son instituciones jurídicas de la misma estirpe, en cuanto buscan que una condena se repita a favor de quien resultare condenado, como se infiere del siguiente texto de la Corte Suprema de Justicia: "(...), sea que el llamamiento en garantía lo proponga una u otra parte, lo significativo es que éste comporta el planteamiento de la llamada pretensión revérsica, o la "proposición anticipada de la pretensión de regreso" (Parra Quijano), o el denominado "derecho de regresión" o "de reversión", como lo ha indicado la Corte, que tiene come causal la relación sustancial de garantía que obliga al tercero frente a la parte llamante, "a indemnizarle el perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia" (art. 57). De modo que, de acuerdo con la concepción que sobre el llamamiento en garantía establece el texto legal antes citado, la pretensión que contra el

tercero se formula es una pretensión de condena eventual (in eventum), es decir, que ella sólo cobra vigencia ante el hecho cierto del vencimiento de la parte original y que con ocasión de esa contingencia de la sentencia, "se vea competido a resarcir un perjuicio o a efectuar un pago", como lo ha dicho la Corte"1 (Destaco) Significa lo anterior que si no es procedente el llamamiento en garantía de agentes del Estado o de particulares cuando se ha propuesto la excepción o se ha alegado como mecanismo defensivo el hecho de un tercero, tampoco resulta procedente instaurar demanda de repetición contra aquéllos agentes que se encuentren en las condiciones del artículo 19 de la ley 678 de 2001, siempre que la entidad demandada hubiese planteado dicha excepción, valga decir, la funda en el hecho de un tercero. Así las cosas, resulta evidente la improcedencia de la acción de repetición contra mi poderdante, toda vez que en el proceso de responsabilidad directa, es decir, el promovido contra la NaciónMinisterio de Defensa, fue planteada la excepción denominada el hecho de un tercero, circunstancia ésta que determina el fundamento fáctico de la excepción apoyada en el parágrafo único del Art19 de la Ley 678 de 2001, como queda planteado Por tanto, esta excepción está llamada a prosperar.

II. INADECUADA O DEFICIENTE DEFENSA DEL MINISTERIO Además de lo anterior, el suscrito plantea como mecanismo exceptivo de mérito la circunstancia fundada en el hecho de que el Ministerio de Defensa no ejerció una adecuada defensa de sus intereses al plantear el "hecho de un tercero" como excepción o mecanismo defensivo de

oposición a la demanda de reparación directa. En efecto, en los fallos se advierte que la actividad probatoria del Ministerio de Defensa, tanto en lo relacionado con el ejercicio de la contradicción como en la proposición de elementos de prueba a su favor, fue deficiente y que las alegaciones no se orientaron de tal forma que permitieran concretar argumentos serios, concretos y contundentes para generar la convicción de que no hubo una falla en el servicio imputable al Estado. 1 CSJ, Cas. Civil, Sent. Oct. 24/2000. Exp. 5387. M.P. José Fernando Ramírez Gómez.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 5 La defensa del Ministerio no tuvo en cuenta, como argumento de mucho peso jurídico y probatorio, que el 30 de agosto de 1996, en que sucedió el ataque a la Base Militar del Ejército en Las Delicias, se presentaron simultáneamente ataques en distintos lugares del país, un total aproximado de 6 o 7, por lo que desde el Comando General priorizaron esfuerzos de apoyo logístico, más aún cuando el teniente comandante de Las Delicias, cuando solicitó el apoyo, no habló de ataque sino de un mero hostigamiento, lo que traslada la culpa a quien en ese momento comandaba la unidad militar. Recordemos igualmente que en virtud del avance de la guerrilla con el apoyo siniestro del narcotráfico, las Farc fueron ganando fuerza y pasaron de la simple guerra de guerrillas a la guerra de posiciones, lo que colocaba en desventaja manifiesta a la Fuerza Pública en general y por lo

cual debía darse el reconocimiento a la exceptiva del hecho de un tercero como eximente de responsabilidad administrativa en cabeza del Ministerio de Defensa y de los altos oficiales, como el caso del General Jesús María Castañeda Chacón. Con los argumentos y los hechos que se esgrimirán en su oportunidad, derivados de las actuaciones administrativas y de las pruebas que se alleguen, ésta excepción está llamada a prosperar.

III. EXCEPCIÓN GENÉRICA Alego como excepción genérica la que se alegare una vez precluida la etapa probatoria y que encontrare eco en las pruebas que en su oportunidad obren en el plenario. 1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Nariño (fls. 598 a 616 C. Consejo de Estado) declaró administrativamente responsable a los señores Jesús María Castañeda Chacón, en su condición de Comandante del Comando Unificado del Sur y a José Claudio Bastidas Javela, quien fungía como Comandante del Batallón de Selva N° 49 “Juan Bautista Solarte” por hechos ocurridos el 30 y 31 de agosto de 1996 en la Base Militar de Las Delicias, ubicada en el Departamento del Putumayo, donde resultó muerto el Cabo Segundo Duay Bedoya Gómez como consecuencia de una inexcusable omisión o incumplimiento en el ejercicio de las funciones y en el cumplimiento defectuoso de otras, que en virtud de su cargo estaban en la obligación de cumplir, configurándose una conducta gravemente culposa. 1.4. LA IMPUGNACIÓN - El señor Jesús María Castañea Chacón (fls. 618 a 621 C. Consejo de Estado)

interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en cuanto consideró que: El Consejo de Estado al referirse sobre los hechos acaecidos el día 30 de agosto de 1996, y de conformidad con el Art. 19 de la Ley 678 de 2001, donde reza " dentro de los procesos de responsabilidad en contra del Estado relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio podrá solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del funcionario". Y, referente a ello cita: "El día 30 de agosto de 1996, siendo aproximadamente las 7:30 p.m., de un fatídico viernes, en un hecho sin precedentes en la historia de Colombia, después de la escalada guerrillera que afectaba al país, fue borrado literalmente del mapa por más de 500 guerrilleros pertenecientes

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 6 al bloque sur de las FARC, la Base Militar de las Delicias en plena selva del Putumayo, quienes irrumpieron a punta de fuego mediante escuadras que atacaron en principio con cañones, granadas de fragmentación y cohetes el centro de operaciones de los 111 hombres acantonados en. la zona que resistían valerosamente el sangrienta ataque, aprovechando la falta de comunicaciones que desde hacía dos días la mantenía aislada del resto de las Fuerzas

Militares, a las 11 p.m., de la noche el panorama era desolador, muertos, heridos y los que quedaron vivos en poder de la subversión, unos soldados en su mayoría jóvenes inexpertos, forzados a prestar el servicio militar obligatorio, sin ningún tipo de preparación militar a nivel táctico, y mucho menos en el manejo de cualquier tipo de armas, abandonados a suerte, en Ciaras condiciones de desigualdad y sin una efectiva e inmediata colaboración del Comando y Batallón cercano al lugar de los hechos, los cuales recibieron apoyo al día siguiente por vía fluvial desde Puerto Leguízamo (Amazonas) (sic)". A renglón seguido, en el parágrafo único de la misma disposición establece que "la entidad pública no podrá llamar en garantía al agente si dentro de la contestación de la demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor", en este caso FARC EP. (Negrillas es mío). Si lo que se cita se refiere únicamente al llamamiento en garantía, dichas disposiciones son aplicables a todos los agentes demandados en acción de repetición contra quienes obre prueba sumaria de su responsabilidad por haber actuado con dolo o culpa grave, más aún cuando los dos institutos jurídicos (llamamiento en garantía y acción de repetición) son materia de regulación a través de la Ley 678 de 2001, valga decir, "por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición (Destaco con negrilla).

La decisión considero improcedente contra mi poderdante por cuanto el Ministerio de DefensaEjército Nacional no hizo la defensa técnica ni adecuada para el caso, dejando que recaiga totalmente la responsabilidad del hecho investigado a mi patrocinado que también fue víctima, también que, en la época de los hechos era oficial activo y en la sentencia ya es retirado de las Fuerzas Armadas, servicio que prestó al Estado y por ende, redundan sobre las indemnizaciones al ser separado de las Fuerzas Militares donde fue miembro activo y de no estar recibiendo pago alguno, no podrá en el resto de su vida subvenir sus necesidades primarias ni tener una vejez con un ingreso mínimo para contrarrestar todas las urgencias económicas personales y de su familia, por la decisión del a-quo sin que se probara la responsabilidad del tercero que ejecutó el fatídico hecho de las FARC EP. La norma citada advierte que, la acción de repetición y el llamamiento en garantía tienen la misma finalidad, sólo que éste último se hacen dentro del proceso originado en controversias contractuales, de reparación directa y de nulidad y restablecimiento, para determinar "la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores públicos y de los particulares que desempeñen funciones públicas", como lo señala el citado artículo primero de la Ley 678, Entonces, la acción de repetición y el llamamiento en garantía son instituciones jurídicas de la misma cuerda, en cuanto buscan que una condena se repita a favor de quien resultare condenado, como se infiere del siguiente texto de la Corte Suprema de Justicia. "(...), sea que el llamamiento en garantía lo proponga una u otra parte, lo significativo es que éste

comporta el planteamiento de la llamada pretensión revérsica, o la "proposición anticipada de la pretensión de regreso" (Parra Quijano), o el denominado "derecho de regresión" o "de reversión", como lo ha indicado la Corte, que tiene como causal la relación sustancial de garantía que obliga al tercero frente a la parte llamante, "a. indemnizarle el perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia" (Art.57). De modo que, de acuerdo con la concepción que sobre el llamamiento en garantía establece el texto legal antes citado, la pretensión que contra el tercero se formula es una pretensión de condena eventual (in eventum), es decir, que ella sólo cobra vigencia ante el hecho cierto del vencimiento de la parte original y que con ocasión de esa contingencia de la sentencia, "se vea competido a resarcir un perjuicio o a efectuar un pago", como lo ha dicho la Corte" (Destaco).

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 7 De lo anterior significa que si no es procedente el llamamiento en garantía de agentes del Estado o de particulares cuando se propuso la excepción y se alegó como mecanismo defensivo "el hecho de un tercero", tampoco resulta procedente instaurar demanda de repetición contra aquellos agentes que se encuentren en las condiciones del artículo 19 de la Ley 678 de 2001, siempre que la entidad demandada hubiese planteado dicha excepción, valga decir, no la fundó en

el hecho de un tercero (FARC EP). Así las cosas, resulta evidente la improcedencia de la responsabilidad a título de culpa grave a mi representado por los perjuicios ocasionados a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional con motivo a la condena impuesta por el Consejo de Estado en sentencia proferida dentro del proceso de reparación directa No, 1998-00378 adelantado por la muerte del militar Cabo Segundo Duay Bedoya Gómez. Además de lo anterior, se plantea que por parte del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional NO existe un proceso, una denuncia nacional ni internacionalmente en averiguación para tratar de investigar los hechos sucedidos el fatídico día 30 de agosto de 1996 en la Base Las Delicias, Putumayo. Pero sí existen los proceso contra los servidores públicos que defienden la soberanía nacional, la vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, en este caso mi patrocinado JESUS MARIA CASTAÑEDA CHACON, quien con sus subalternos afrentó la arremetida homicida, de los "hechos de un tercero" (FARC EP), que es lo que se debió investigar y buscar a los verdaderos responsables de esta tragedia nacional. En efecto, en los fallos se advierte que la actividad probatoria del Ministerio de Defensa, tanto en lo relacionado con el ejercicio de la contradicción como en la proposición de elementos de prueba a su favor, fue deficiente y que las alegaciones no se orientaron de tal forma que permitieran

concretar argumentos contundentes, serios, concretos para generar la convicción de que no hubo falla en el servicio imputable al Estado sino que con la acción del grupo insurgente en referencia vino a representar un control sin desplegar todas las herramientas jurídicas para dar garantía a los que se sujetan a la administración pública, y en el presente asunto debieron las Fuerzas Militares designar para su defensa unas Fuerzas Especiales permanentes constituidas por el Ejército, Armada y la Fuerza Aérea, lo que no existió como defensa en el lugar que ocurrieron los hechos ya antes mencionados. Y, era claro que si bien es cierto que el Estado no es susceptible de responsabilidad penal, si está obligado a las reparaciones civiles por los daños que resulten de un delito imputable a sus funcionarios públicos, cuando no es posible que éstos los resarzan con sus bienes, en épocas de guerra, o como lo dice algunos tratadistas "sociedad de riesgo", por los actos ejecutados por sus agentes, es un principio de derecho público, reconocido universalmente, y los citados en los artículos 2341 y 2347 del Código Civil lo establecen de una manera indudable". Recapitulando igualmente que en virtud del avance de la guerrilla con el apoyo siniestro del narcotráfico, las FARC fueron ganando fuerza y terreno, que pasaron de la simple guerra de guerrillas a la guerra de posiciones, lo que colocaba en desventaja manifiesta a la Fuerza Pública en general y por lo cual debía darse el reconocimiento a la exceptiva del hecho de un tercero como eximente de responsabilidad administrativa en cabeza del Ministerio de Defensa y de los Altos Oficiales, como el caso del General JESUS MARIA CASTAÑEDA CHACON.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO El debate se enmarca en determinar si se encuentran acreditados los supuestos sustanciales para la prosperidad de la acción de repetición. 2.1. CADUCIDAD La suma de dinero que se pretende recuperar corresponde al pago de una condena impuesta en sentencia del 21 de febrero de 2011 por la Sección Tercera del Consejo

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 8 de Estado. El pago total se realizó el 28 de octubre de 2011 (fl. 501 C. 1). Como la demanda se presentó el 29 de octubre de 2013 (fl. 19 C. 1) es evidente que la acción de repetición se ejerció dentro del término previsto por la ley. 2.2. LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS - IMPROCECENCIA DE LA ACCION DE REPETICION El señor Jesús María Castañeda Chacón sostiene en la sustentación del recurso de apelación lo siguiente: (…) significa que si no es procedente el llamamiento en garantía de agentes del Estado o de particulares cuando se propuso la excepción y se alegó como mecanismo defensivo "el hecho de un tercero", tampoco resulta procedente instaurar demanda de repetición contra aquellos agentes que se encuentren en las condiciones del artículo 19 de la Ley 678 de 2001, siempre que la entidad demandada hubiese planteado dicha excepción, valga decir, no la fundó en el hecho de un tercero (FARC EP). “(…) Así las cosas, resulta evidente la improcedencia de la responsabilidad a título de culpa grave a mi

representado por los perjuicios ocasionados a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional con motivo a la condena impuesta por el Consejo de Estado en sentencia proferida dentro del proceso de reparación directa N