PGN - ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - A partir de la ratio decidendi de la sentencia

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-No constituye una instancia adicional a las establecidas por el legislador, de lo contrario desnaturaliza el objeto mismo del mecanismo de amparo. La Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial consistente en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, fundamentada principalmente en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, principio de legalidad, autonomía e independencia judicial, por un lado, y la prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales garantizados en la Constitución, por otro lado. Con base en esta comprensión, se ha entendido a la acción constitucional como un mecanismo excepcional para la revisión y análisis de las decisiones judiciales, basado en la supremacía y preponderancia de las normas constitucionales, centrando exclusivamente esta opción a asuntos de relevancia ius fundamental, sin convertirse en una instancia adicional de la jurisdicción, ni como un elemento de corrección del ejercicio jurisdiccional. CORTE CONSTITUCIONAL-La tutela contra sentencias judiciales es procedente, tanto desde un punto de vista literal e histórico, como desde una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-A partir de la ratio decidendi de la sentencia C-543 de 1992/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Jurisprudencia de la Corporación constitucional, sistematizada por la Sala Plena en la decisión de constitucionalidad C-590 de 2005/RATIO

DECIDENDI-Requisitos y sentencia de unificación. “La tutela contra sentencias judiciales es procedente, tanto desde un punto de vista literal e histórico, como desde una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad e, incluso, a partir de la ratio decidendi de la sentencia C-543 de 1992, siempre que se presenten los eventos ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional. Así, al estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se cumplen los siguientes requisitos formales, que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la especificidad de las providencias judiciales: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que ésta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneradora de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela.”.Sobre los requisitos generales, la Corte Constitucional mediante sentencia SU116/18 señaló: Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

Acción constitucional de Tutela Exp. No. 110010315000202001111 00

CONCEPTO No. 039/ 2020

Bogotá D.C., 21 de mayo de 2020

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A”

Consejera Ponente (E) Dra. Martha Nubia Velásquez Rico.

E. S. D.

RADICACIÓN: 110010315000202001111 00

ACCIÓN: Constitucional de Tutela

ACCIONANTE: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo.

ACCIONADOS: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda y otros.

Sentido del concepto: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA INSTAURADA / NEGAR la protección constitucional del derecho al Debido Proceso y el Acceso a la Administración de Justicia / No concurren los requisitos jurisprudenciales establecidos para la procedencia de la acción de tutela frente a decisiones judiciales / No se logró demostrar que la decisiones atacadas mediante la acción de tutela vulneraran derecho fundamental alguno del actor, por el contrario estas se encuentran ajustadas a la normatividad legal y constitucional / La acción constitucional de tutela en contra de decisiones judiciales, no constituye una instancia adicional a las establecidas por el legislador, de lo contrario desnaturaliza el objeto mismo del mecanismo de amparo.

Procede el Ministerio Público, a intervenir en el proceso constitucional de tutela identificada en la referencia, y tramitado por el Honorable Consejo de Estado, en ejercicio de la función

de intervención otorgada a la Procuraduría General de la Nación, así como la de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales, conforme lo establece la constitución y la ley1.Para lo anterior se presenta los siguientes elementos:

1. ANTECEDENTES 1 De conformidad con lo establecido en los numerales 1, 3 y 7 del artículo 277 de la Constitución Política; los artículos 23, 30, 37 y 44 del Decreto 262 de 2000; 300 y 303 de la Ley 1437 de 2011 y; 45 y 46 de la Ley 1564 de 2012, corresponde al Ministerio Público intervenir como sujeto procesal especial, cuando sea necesario en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en defensa de los intereses generales, del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. 2 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción constitucional de Tutela Exp. No. 110010315000202001111 00 1.1. De la acción de tutela. El señor CARLOS ERNESTO CASTAÑEDA RAVELO, mayor de edad, abogado titulado, actuando en nombre propio impetró acción de tutela en contra de las decisiones judiciales proferidas dentro del proceso radicado No 1100133350172019144; en primera instancia el 17 de julio de 2019 por el Juzgado Diecisiete (17) Administrativo

Oral de Bogotá, en la que se decidió rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección B Magistrado Ponente Alberto Espinosa Bolaños, en providencia del 15 de noviembre de 2019. Mediante la demanda administrativa, pretendía el actor que se declarara nula la decisión desfavorable fruto del silencio administrativo negativo conjunto entre la Procuraduría General de la Nación y la Beneficencia de Cundinamarca, en cuanto al recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado por el señor Carlos Ernesto Castañeda el 4 de julio de 2017 en contra de la decisión del ente territorial descentralizado proferido el 25 de junio de 2017, en la que no se accedió a la solicitud de declarar la prescripción de la sanción disciplinaria principal y sus accesorias, impuestas por el ente disciplinario al hoy actor. Alega el accionante que la Beneficencia de Cundinamarca después de negar la solicitud de declarar la prescripción, devolvió el expediente a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia, sin que se resolviera por ninguna de las entidades los recursos de reposición y en subsidio de apelación, vulnerando así sus derechos fundamentales, entre ellos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En cuanto a las decisiones judiciales objeto de acción de tutela, argumenta el accionante que en primera instancia el Juzgado 17 Administrativo, al rechazar la demanda indicó: “(…) la decisión contra la cual se interpone los recursos de reposición, subsidiario de apelación el

4 de julio de 2017 los cuales no son resueltos, no son definitivos, son actos que carecen de control judicial porque no crean, ni modifican, ni extinguen la situación del demandante”. Consideración que el tutelante aprecia de falsa argumentando que el acto ficto mediante el cual se niega a decretar la prescripción de la sanción disciplinaria causa como consecuencia una alteración de la situación del implicado, quien tiene derecho a que se declare la prescripción, resultando perjudicado con la omisión del reconocimiento de ese derecho. 3 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción constitucional de Tutela Exp. No. 110010315000202001111 00 A su vez, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante decisión de segunda instancia confirmó los argumentos expuestos por el A Quo que sustentaron el rechazo de la demanda, indicando “Al respecto, es necesario señalar, que la demanda contra lo supuestos actos fictos de la Procuraduría General de la Nación, en relación con la prescripción de la ejecución de la sanción, no son actos demandables en la medida que de conformidad con lo establecido en el numeral segundo del artículo 172 de la Ley 734 de 2002, a quien corresponde a hacer efectiva la sanción es al nominador, que en este evento, es a la Beneficencia de Cundinamarca, y no a la Procuraduría General de la Nación, entidad que ejerció la potestad

disciplinaria, de conformidad con la referida ley”. Respecto a lo anterior, se alega en el escrito de tutela que esta decisión resultó contraria a derecho, dado que inicialmente esta consideración no fue objeto de estudio para el rechazo de la demanda, y en segundo lugar porqué en el plenario obra respuesta emitida por el ex Procurador Alejandro Ordoñez en la que negó una petición inexistente pero similar, actuando con competencia sobre el asunto. En cuanto a los hechos que sustentan la interposición del recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión que generó sanción disciplinaria principal y sus sanciones accesorias, el señor Carlos Ernesto Castañeda menciona que en ninguno de los apartes de las resoluciones que las impusieron se mencionó que el término de ejecutoria de la sanción disciplinaria comenzaba a correr a partir de la ejecutoria de la providencia que dispusiera el levantamiento del fuero sindical. Advirtiendo además, que la decisión disciplinaria tomó ejecutoria el 16 de febrero de 2011, y la sentencia que resolvió en segunda instancia la demanda por fuero sindical se profirió el 9 de mayo de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, por lo que alega que entre las decisiones disciplinarias y laborales, existe un rango de tiempo mayor a 5 años, por lo que es procedente que se declarara la prescripción de la acción disciplinaria causándose en su contra un gran perjuicio el cual debe ser indemnizado. Conforme a lo anterior, mediante la acción de tutela se invocaron las siguientes pretensiones las cuales son transcritas de manera textual:

“1. Amparar los derechos fundamentales a la administración de justicia y al debido proceso.

2. Dejar sin efectos los autos por medio de los cuales se rechazó la demanda interpuesta por el suscrito, y se ordenó el cumplimiento de los mismos.

3. Ordenas que se profiera nuevo auto en que se admita la demanda y se ordene lo pertinente para el trámite del proceso. 4 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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4. Lo que a bien tenga el H Consejo de Estado en procura de otorgar el amparo a los derechos fundamentales invocados.” 1.2. Antecedentes procesales.

Según la información reflejada en el expediente virtual de la página del Consejo de Estado, la radicación de la acción de tutela se efectuó el 15 de abril de la presente anualidad, surtiéndose el mismo día el correspondiente reparto, siendo remitido el expediente al día siguiente al despacho de la Magistrada Sustanciadora quien el 7 de mayo de 2020 admitió la acción de tutela presentada en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B y el Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá – Sección Segunda. Asimismo, dispuso vincular en calidad de terceros interesados en el proceso a la Procuraduría General de la Nación, a la Beneficencia de Cundinamarca, al

Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral, al Juzgado veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá y al Consejo de Estado – Sección Segunda, decisión que se notificó mediante correo electrónico el 13 de mayo del presente año. 1.3. Contestación a la Tutela. 1.3.1. La Procuraduría General de la Nación, mediante apoderado judicial el 15 de mayo de 2020 presentó contestación a las pretensiones de tutela, manifestando oponerse a la vinculación de la entidad en el asunto argumentando que al Ministerio Público no le asiste la posibilidad de acceder a lo pretendido por la parte actora en el escrito de amparo constitucional, conforme a sus atribuciones constitucionales y legales. Conforme lo anterior, recordó que el Ministerio Público ejerce tres funciones misionales principales, correspondiendo estas a la función preventiva, de intervención, y disciplinaria; por lo que alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, en el entendido que el ente de control no tiene asignadas competencias para administrar justicia, y por ende no es quien debe decidir con respecto a lo solicitado por el accionante; por tanto, indicó que lo requerido en las pretensiones de la acción de tutela desbordan sus competencias, solicitando que dentro de la presente acción de tutela, se desvincule de cualquier tipo de responsabilidad a la Procuraduría General de la Nación. 5 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

Acción constitucional de Tutela Exp. No. 110010315000202001111 00 Por otro lado, mencionó que las decisiones disciplinarias únicamente son suspendidas si así lo determina una orden judicial, por el contrario sus efectos deben ser de inmediato cumplimiento. Igualmente, señaló frente al sistema de información de registro de sanciones y causas de inhabilidad SIRI, lo establecido mediante el artículo 174 de la ley disciplinaria estableciendo que cada una de las sanciones disciplinarias y penales impuestas en Colombia en contra de sus funcionarios y/o contratistas deben ser registradas para efectos de la expedición del certificado de antecedentes, por lo que enfatizó que a la Procuraduría General de la Nación únicamente le compete adelantar los trámites administrativos para el registro de las decisiones judiciales y demás reportes que se hagan por parte de las autoridades que cuenten con funciones de carácter disciplinario y judicial, por lo que la Procuraduría General de la Nación actúa en estricto cumplimiento de un deber legal de la multicitada norma disciplinaria, lo contradictorio a esto configuraría una violación a lo consagrado en el artículo 121 de nuestra carta superior. Conforme lo anterior, concluyó que en el plenario no obra prueba que demuestre que la Procuraduría General de la Nación desplegó actuación que concluya una aparente transgresión de derechos fundamentales del actor según lo mencionó en el escrito de amparo constitucional, menos aún los esgrimidos por el demandante referentes al debido proceso y acceso a la justicia. 1.3.2. El Juzgado 25 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante escrito del 14 de mayo

del 2020, remitió respuesta en el asunto de tutela en estudio, atendiendo lo ordenado mediante auto de admisión; indicando al respecto que a pesar de que se ordenó la vinculación de dicho despacho judicial al proceso referenciado, una vez revisados los libros radicadores y el sistema de Gestión de Justicia Siglo XXI, no se encontró que haya cursado proceso alguno del accionante Carlos Ernesto Castañeda y que fuera tramitado en dicho juzgado, advirtiendo que la búsqueda se efectuó con nombre, apellidos y número de cédula del supuesto demandante. 1.3.3. Mediante memorial allegado el 15 de mayo del 2020, el Juzgado 17 Administrativo oral de Bogotá, sustentó contestación a las pretensiones de la acción de tutela indicando, al respecto: 6 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción constitucional de Tutela Exp. No. 110010315000202001111 00 Efectivamente el despacho conoció del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el señor Carlos Ernesto Castañeda, el cual, mediante auto del 7 de julio de 2019, se rechazó al concluir que los actos demandados no eran definitivos y por lo mismo no eran susceptibles de control judicial, decisión que fue notificada por estado del 18 de julio de 2019, y sobre la cual el 23 de julio de la misma anualidad se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante

providencia de 15 de noviembre de 2019, que confirmó la decisión adoptada en primera instancia. Conforme lo anterior, alegó que todas las actuaciones desplegadas por dicho despacho judicial fueron adelantadas con observancia de los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones judiciales. Por otro lado, mencionó que únicamente los actos definitivos son susceptibles de control de legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, solamente aquellas decisiones de la administración producto de la conclusión de un procedimiento administrativo, o aquellos actos administrativos que hacen imposible la continuación de dichas actuaciones, de esta manera, los actos de ejecución de una decisión administrativa se encuentran excluidos de control judicial, en el entendido que a través de ellos no se decide definitivamente una actuación, pues solo son expedidos a efectos de materializar o ejecutar las decisiones adoptadas por la administración. En este sentido, resaltó que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el señor Carlos Ernesto Castañeda, correspondía como acto definitivo únicamente el acto que le impuso la sanción al entonces demandante, y que fue proferido el 16 de agosto de 2010, y confirmado el 31 de enero de 2011; quedando ejecutoriado el 16 de febrero de 2011. Decisión que fue objeto del control judicial de legalidad iniciado por el hoy también actor, el cual se resolvió mediante fallo del 13 de junio de 2013, mediante fallo proferido por el Consejo de Estado que negó las pretensiones de la demanda. De esta manera, expuso las consideraciones por las que se decidió rechazar por

improcedente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, decisión que fue debidamente confirmada por la segunda instancia y que resalta se ajusta a la normatividad vigente y la jurisprudencia aplicable, solicitando se deniegue de esta manera las pretensiones de la acción de tutela. 7 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción constitucional de Tutela Exp. No. 110010315000202001111 00 1.3.4. La Beneficencia de Cundinamarca, rindió informe respecto de la acción de tutela, manifestando oponerse a sus pretensiones, argumentando su petición, conforme lo siguiente: Efectivamente la Beneficencia de Cundinamarca, adelantó proceso disciplinario en contra del señor Carlos Ernesto Castañeda, a quien mediante decisión adoptada el día 25 de agosto de 2010 se le impuso sanción de destitución e inhabilidad, la cual fue objeto de recurso de apelación, siendo confirmada en todas sus partes por la Procuraduría General de la Nación el día 11 de enero de 2011. De esta manera, procedió a presentar demanda de levantamiento de fuero sindical el día 6 de abril de 2011, correspondiendo por reparto al Juzgado 25 Laboral del Circuito de Bogotá, con radicado No 2011158-00. A su vez el señor Castañeda presenta demanda de nulidad contra el fallo proferido por la Procuraduría General ante el Consejo de Estado-Sección Segunda, el día 23 de marzo de

2011, radicado No 2011-315., la cual, fue resuelta mediante fallo del día 13 de junio de 2013, mediante el cual se negó las pretensiones de la demanda en contra la Procuraduría General de la Nación. Posteriormente, el Juzgado 25 laboral del circuito realizó audiencia de juzgamiento el día 4 de diciembre de 2017 ordenando levantar fuero sindical. Decisión apelada por el señor Castañeda y confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el día 18 de mayo de 2018. Así las cosas, alega respecto de los hechos 22, 23, 24, 25, 26 y 27, de la presente acción de tutela, que son faltos de verdad, en el entendido que el accionante erróneamente considera que la prolongación del tiempo no fue una garantía sino indebida interpretación efectuada por el Juzgado 25 Laboral respecto de la providencia proferida por el Tribunal Superior, que decretó una prejudicialidad, lo cual, no tiene sustento material ni legal, teniendo en cuenta que el mismo Tribunal Superior de Bogotá decretó la suspensión del proceso laboral, hasta tanto se resolviera la demanda de nulidad presentada en contra de la decisión proferida por la Procuraduría General de la Nación. En este orden, indicó que una vez en firme el fallo de levantamiento de fuero sindical, no quedaba otra actuación por parte de la Beneficencia de Cundinamarca, sino la de expedir un acto administrativo de ejecución para dar cumplimiento a la sanción impuesta al señor 8 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción constitucional de Tutela Exp. No. 110010315000202001111 00 Carlos Ernesto Castañeda Ravelo, materializándose este mediante la resolución No 276 de mayo de 2018. Resaltó que la decisión proferida por la procuraduría fue demandado por el señor Castañeda ante el Consejo de Estado-Sección Segunda quien negó las pretensiones de la demanda en fallo de fecha 13 de junio de 2013, pretendiendo nuevamente el accionante volver a demandar una decisión en firme. Conforme a lo expuesto, concluyó que el Juzgado 17 Administrativo de Bogotá Sección Segunda Subsección “B” y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda en sus providencias de fecha 17 de julio de 2019 que rechazo la demanda y 15 de noviembre de 2019 que confirmó la decisión de primera instancia, no vulneraron derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante, sino que fueron proferidos en derecho, por lo que solicitó la nugatoria de las pretensiones de tutela. 1.3.5. Se evidencia registro del informe rendido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca obrante en 4 folios, sin embargo este documento no fue cargado al expediente virtual, ni trasladado al Ministerio Público, por lo que respecto a este memorial, este Delegado se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

De conformidad con las pretensiones invocadas mediante escrito de acción de tutela, así como los hechos narrados, surgen los siguientes interrogantes jurídicos:  ¿En el caso sub examiné, concurren los requisitos necesarios para que proceda el amparo constitucional de tutela en contra de las decisiones judiciales atacadas?  ¿Las decisiones adoptadas por el Juzgado 17 Administrativo de Bogotá Sección Segunda Subsección “B” y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, mediante sus providencias de fecha 17 de julio de 2019 que rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Carlos Ernesto Castañeda, y el 15 de noviembre de 2019 que la confirmó, son constitutivas 9 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción constitucional de Tutela Exp. No. 110010315000202001111 00 de violación a los derechos fundamentales al debido proceso contenido en el Art. 29 superior y el acceso a la administración de justicia a que hace mención el Art. 229 constitucional?. 2.2. Análisis probatorio. Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, los documentos aportados en el proceso, de los cuales se resaltan los siguientes elementos probatorios que servirán de sustento para desarrollar el problema jurídico planteado:  Se aportó junto con el escrito de la acción de tutela, en copia simple el auto

interlocutorio No 11 proferido por el Juzgado 17 Administrativo de Bogotá del 11 de julio de 2019, por el cual se “Rechaza medio de control denominado “Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter laboral” interpuesto por el señor Carlos Castañeda Revelo, (…)”.  Obra el memorial que contiene el recurso de apelación interpuesto por el hoy accionante en contra del auto que rechazó la demanda de Nulidad y restablecimiento del Derecho interpuesta.  Se adjuntó en copia simple auto expedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda , Subsección B, proferido el 15 de noviembre de 2019, que confirmó la decisión en primera instancia en cuanto al rechazo de la demanda de Nulidad y restablecimiento del Derecho.  De oficio se solicitó al Juzgado 17 Administrativo de Bogotá – Sección Segunda remitir en calidad de préstamo el expediente identificado con el radicado No 110013335017201900144 00. La anterior solicitud fue resuelta el 18 de mayo del 2020, allegándose de manera digital el expediente solicitado, contentivo en 319 folios, los cuales fueron cargados a la página del Consejo de Estado en el expediente virtual de la acción de tutela que nos ocupa.  Igualmente serán tenidos en cuenta como pruebas los documentos que contienen los informes rendidos por las entidades accionadas, Procuraduría General de la Nación, Juzgado 25 Laboral de Bogotá, Juzgado 17 Administrativo Laboral de Bogotá, y la Beneficencia de Cundinamarca, los cuales se encuentran cargados en la página web del

Consejo de Estado dentro del correspondiente expediente virtual. 10 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción constitucional de Tutela Exp. No. 110010315000202001111 00 2.3. Análisis jurídico – Caso en concreto. De la lectura del líbelo, se advierte que la causa petendi de la presente Acción de Tutela se encuentra encaminada a pretender el reconocimiento del amparo constitucional de los derechos fundamentales presuntamente conculcados al señor Carlos Ernesto Castañeda Revelo, en cuanto al debido proceso, y el acceso a la justicia, como consecuencia de lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B y el Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá – Sección Segunda; dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No 11001-33-35-017-2019-0014400. De esta manera, y según los hechos que sustentan las pretensiones de la acción de tutela, y los informes rendidos por las diferentes entidades vinculadas al presente proceso constitucional, se entiende que el señor Carlos Ernesto Castañeda Ravelo mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No 2019 - 00144 pretendía la declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos:  Respecto de la Procuraduría General de la Nación, el acto ficto derivado del recurso de reposición, subsidiario de apelación interpuesto el 4 de julio de 2017, contra la decisión

del 25 de junio de 2017, que negó la prescripción de la sanción disciplinaria del 16 de agosto de 2010, la cual quedó debidamente ejecutoriada el 16 de enero de 2011 y que se confirmó el 31 de enero de 2011, en los términos del artículo 32 de la Ley 734 de 2002.  En cuanto a la Beneficencia de Cundinamarca, atacó la Resolución 276 del 18 de mayo de 2018, por medio de la cual se da cumplimiento a una sanción disciplinaria cuya notificación se materializó mediante comunicación del 8 de julio de 2018, desvinculando inmediatamente al demandante del empleo que ocupaba en dicha entidad. Ahora bien, del análisis efectuado a las piezas que componen el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No 2019 – 00144, se establece que efectivamente el señor Carlos Ernesto laboraba en la Beneficencia de Cundinamarca como auxiliar administrativo código 407 grado 03, dependiente de la Secretaria General, cuando se inició en su contra proceso disciplinario de doble instancia con ocasión a que el 27 de febrero de 2006, el entonces disciplinado y hoy accionante remitió un correo electrónico desde su buzón de correo oficial de la Gobernación de Cundinamarca – Beneficencia de Cundinamarca, 11 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción constitucional de Tutela Exp. No. 110010315000202001111 00

invitando a votar por un candidato al Senado de la República, señalando además el partido político y el número del candidato. De esta manera, procedió la Procuraduría General de la Nación a iniciar proceso disciplinario bajo el No IUS 2008-51983; IUC 025-170132/2008 en primera instancia, y radicado No 025-17032-2008 en segunda instancia, en el que mediante decisión del 25 de agosto del 2010 en primera instancia adelantada por la Procuraduría Regional de Cundinamarca, se decidió: “PRIMERO: Declara probados y no desvirtuados los cargos imputados al Señor CARLOS ERNESTO CASTAÑEDA RAVELO, identificado (…), quien para la fecha de los hechos desempeñaba el cargo de Auxiliar Administrativo de la Beneficencia de Cu