PGN - ACCION DE TUTELA - Contra providencias según la jurisprudencia de la corte constitucional

ACCIÓN DE TUTELA-Contra de La Sección Tercera, Subsecciones A y B y la Sección Cuarta del Consejo de Estado por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia, con ocasión de la expedición de las providencias del 28 de febrero de 2013 en el marco del medio de control de reparación directa ACCIÓN DE TUTELA-Finalidad y alcances Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, la parte que reclame su protección está en la obligación de ejercer adecuadamente el derecho de acción, es decir, de interponer el mecanismo con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces y conforme con una sólida razonabilidad. ACCIÓN DE TUTELA-Requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para su procedencia contra tutelas Recordemos que uno de los primeros requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la procedencia de tutelas contra tutelas, es que; “se demuestre que la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada”, pues de bulto salta la vista que se trata de idénticos procesos, con idénticas pretensiones y con similitud de argumentaciones, el petente pretende construir una nueva argumentación a partir de supuestos hechos nuevos que según él son precisamente las sentencias de tutela aquí impugnadas con esta nueva tutela, con el sofisma de que las sentencias de tutela tuvieron un efecto erga omnes y que la vinculación

que en ellas se hace de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado constituye un hecho nuevo, lo cual ni se entiende, ni mucho menos explica satisfactoriamente el tutelante. ACCIÓN DE TUTELA-Casos en que procede contra sentencias de tutela ACCIÓN DE TUTELA-Contra providencias según la jurisprudencia de la Corte Constitucional La Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial consistente en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, fundamentada principalmente en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, principio de legalidad, autonomía e independencia judicial, por un lado, y la prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales garantizados en la Constitución, por otro lado. Con base en esta comprensión, se ha entendido a la acción constitucional como un mecanismo excepcional para la revisión y análisis de las decisiones judiciales, basado en la supremacía y preponderancia de las normas constitucionales, centrando exclusivamente esta opción a asuntos de relevancia ius fundamental, sin convertirse en una instancia adicional de la jurisdicción, ni como un elemento de corrección del ejercicio jurisdiccional.

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.No. 110010315000202111649-00 (Acc deTutela) CONCEPTO No. 008 / 2022

Bogotá, D.C., 3 de febrero de 2022

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente: Doctor Gabriel Valbuena Hernández

E. S. D.

RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-11649-00

ACCIÓN: TUTELA

ACCIONANTE: EDGAR MANUEL BARROS PAVAJEAU ACCIONADOS: CONSEJO DE ESTADO - Sección Tercera, Subsecciones A y B – y la Sección Cuarta Sentido del concepto: solicitud de DECLARAR LA IMPROCEDENCIA LA ACCIÓN DE TUTELA INSTAURADA / NEGAR la protección constitucional del derecho Al Debido Proceso y de Tutela Efectiva, derecho de igualdad, de defensa y contradicción, derecho de inmediatez / No se configuran las excepciones que la jurisprudencia a establecido para la procedencia de tutelas en contra de fallos de tutela / La acción de tutela está prevista para la protección de derechos fundamentales y no como instancia adicional de los procesos.

Procede el Ministerio Público, a intervenir en el proceso que conoce el H. Consejo de Estado, en virtud de la acción de tutela interpuesta en nombre propio por el Señor Edgard Manuel Barros Pavajeau, el día 14 de diciembre de 2021 en contra de La Sección Tercera, Subsecciones A y B – y la Sección Cuarta del Consejo de Estado por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia, con ocasión de la expedición de las providencias del 28 de febrero de 2013 en el marco del medio de control de reparación directa N.º 47001-23-31000-1996-04835-01; y del 7 de diciembre de 2020 y del 5 de febrero de 2021 dictadas dentro de la acción de tutela con radicado N.º 11001-0315-000-2020-04121-00/01.

1. ANTECEDENTES 1.1. Los fallos impugnados La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia el 3 de diciembre de 2020 (fls. 1 a 13, exp. digital -27.), declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor

2 J.C.R. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.No. 110010315000202111649-00 (Acc deTutela) Édgar Manuel Barros Pavajeau, por considerar que no cumplía con el requisito de la inmediatez. Señaló la Sección Cuarta del Consejo de Estado que habían transcurrido 7 años, 4 meses y 21 días desde el momento de la notificación de la decisión atacada mediante la presente acción, esto es, la del 28 de febrero de 2013, y la interposición de la tutela el 21 de septiembre de 2020, por lo que era evidente su extemporaneidad, sin que existiera ninguna justificación que validara su inactividad. Expuso que, contrario a lo manifestado por el accionante, el proceso de reparación directa y el de liquidación de la condena no constituían un solo cuerpo, siendo procesos judiciales independientes, aunado al hecho de que la vulneración de los derechos fundamentales que predica el actor proviene exclusivamente de la sentencia del 28 de febrero de 2013. La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró lo expuesto en escrito

radicado el 19 de octubre de 2020, en el que sostuvo que en el caso bajo estudio se desconoció el requisito de inmediatez, pues se presentan las dos excepciones establecidas por la Corte Constitucional en sentencia SU-108 de 2018: (i) que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece en el tiempo y (ii) que la inactividad está justificada en la ocurrencia de «sucesos sorpresivos e inesperados», consistentes en la insistencia de la sociedad demandante en el proceso de reparación directa, en desconocer los derechos de los cesionarios, lo cual fue estudiado, inclusive, durante el trámite del incidente de liquidación de la condena. De otra parte, insistió en que el proceso de reparación directa y el incidente de liquidación de la condena constituían un solo cuerpo, por lo que la decisión atacada mediante la presente acción había quedado ejecutoriada hasta el mes de marzo de 2020, lo que, a su vez, explica que la acción de tutela se hubiera presentado tan pronto se levantó la suspensión de los términos judiciales. Mediante fallo de fecha 5 de febrero de 2021, La Sección Tercera Subsección A, decidió sobre la impugnación interpuesta por el hoy ahora accionante contra la sentencia del 3 de diciembre de 2020 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente la tutela. En este fallo se dijo: Al igual que el a quo, la Sala advirtió que no se cumplía con el requisito de la inmediatez, dado que la sentencia atacada, que fue proferida dentro de una acción de reparación

directa promovida por la sociedad Dangón Russo Ltda. contra la Nación – Ministerio de 3 J.C.R. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.No. 110010315000202111649-00 (Acc deTutela) Defensa – Policía Nacional, se dictó el 28 de febrero de 2013 y se notificó por edicto desfijado el 25 de abril de esa misma anualidad1, mientras que la demanda de tutela se presentó el 17 de septiembre de 2020, esto es, 7 años, 4 meses y 22 días después, lo que denota que se ejerció extemporáneamente. Señaló la Sección Tercera – Subsección A, al resolver la impugnación, que habida cuenta de que la acción de tutela no acredita el cumplimiento del requisito de inmediatez, la carga argumentativa en cabeza de la parte accionante para enervar este incumplimiento es mucho más exigente, por cuanto la tutela se presentó luego de transcurrido un plazo muy superior a los seis meses (jurisprudencia del Consejo de Estado), contado desde la notificación de la providencia objeto de impugnación. Observó la Sección Tercera que en el libelo demandatorio y en el trámite de la acción, la parte actora insistió en que, teniendo en cuenta que la providencia con la que culminó el incidente de liquidación de condena del proceso de reparación directa se profirió el 24 de

octubre de 2019 y cobró ejecutoria el 10 de marzo de 2020, la solicitud de amparo se habría presentado oportunamente, una vez se levantó la suspensión de términos judiciales establecidos por causa de la pandemia por Covid-19. En tal sentido, a juicio de la Sala, no fueron de recibo los argumentos que esgrimió el demandante, pues, como acertadamente se había señalado el A Quo en la sentencia del 3 de diciembre de 2020, la decisión del proceso de reparación directa que se cuestionaba (declarar la configuración de la caducidad de la acción respecto a las pretensiones por lucro cesante), no constituían un solo cuerpo con la providencia que puso fin al trámite de liquidación de condena, sino que cada una de ellos son tramites procesales independientes. Aclaró, que mientras que en el proceso de reparación directa se determina la responsabilidad extracontractual del Estado y, si es del caso, se fijan los respectivos parámetros para la reparación, el incidente de liquidación de condena es un trámite accesorio que solo establece el valor de la indemnización de acuerdo con los lineamientos dictados en la sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, sin que en dicho trámite se pueda revivir el debate jurídico planteado en la demanda, como, por ejemplo, aquel relacionado con la caducidad de la acción. 1 Información consultada en el sistema de información judicial Siglo XXI. 4 J.C.R. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.No. 110010315000202111649-00 (Acc deTutela) Indicó que, si el actor pretendía mediante el ejercicio de la acción de tutela, que se ordenara modificar y adicionar la decisión del 28 de febrero de 2013, en el sentido de reconocer alguno de los perjuicios por lucro cesante reclamados en la demanda de reparación directa, es claro que dicha discusión era propia de dicho proceso, el cual hizo tránsito a cosa juzgada y cuya ejecutoria fue la que, precisamente, permitió el trámite del incidente de liquidación de condena. En los términos anteriores, observó la Sala, que el plazo para ejercer la tutela oportunamente no puede ser el mismo respecto de ambos procesos, el de reparación directa como principal y el incidente de liquidación de condena como accesorio, por lo que los argumentos presentados por la parte actora no eran admisibles. De igual forma, se precisó, contrario a lo expuesto por el actor, que durante el trámite del incidente de liquidación de condena no se discutió sobre los derechos litigiosos que le asistían al señor Barros Pavejeau, lo cual había sido establecido antes de proferirse la decisión de segunda instancia, esto es, la providencia del 28 de febrero de 2013, sino en su porcentaje, el cual fue finalmente fijado en auto del 4 de marzo de 2014, en un 33,4% del total de la condena, por lo que tampoco fueron de recibo los argumentos expuestos en

el escrito de impugnación como un «suceso sorpresivo e inesperado», que lo exima del cumplimiento del requisito de inmediatez. En consecuencia, la Sala consideró que la acción de tutela devenía improcedente y reiteró que fue promovida más de 7 años después de haberse notificado la providencia cuestionada y, además, no se advirtió que la tardanza del amparo hubiese tenido origen en razones jurídicamente válidas que justificaran la inactividad del accionante. Aunado a lo anterior, resalto la Sección Tercera que no se evidenció la configuración de un perjuicio irremediable, que exonerara la tutela del estudio de la inmediatez, pues el accionante se limitó a manifestar que permanecía la vulneración de sus derechos fundamentales, sin justificar en qué consistía la misma, por lo que observó que lo que verdaderamente pretendía el accionante era que revisaran asuntos puramente económicos, lo cual desborda ampliamente el campo de acción del juez constitucional. En consecuencia, se desestimaron los argumentos de la impugnación y se impuso confirmar la decisión de primera instancia. 5 J.C.R. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.No. 110010315000202111649-00 (Acc deTutela) 1.2. Pretensiones En la presente acción de tutela interpuesta igualmente por el señor EDGAR MANUEL

BARROS PAVAJEAU, formuló las siguientes pretensiones: “PRIMERA: Revocar las sentencias de tutelas de fechas 7 de diciembre de 2020 (sic) primera instancia y 5 de febrero de 2021-segunda instanciaproferidas por la Sección Cuarta y la Sección TerceraSubsección A de la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado (Radicación: 11001-03-15-000-2020-0412100), respectivamente. SEGUNDA.- Como corolario de la anterior decisión, solicito que se reconozca, del mismo modo, por el Consejo de EstadoSección TerceraSubsección B de la Sala contenciosa administrativa, el “LUCRO CESANTE”, en favor de EDGAR MANUEL BARROS PAVAJEAU, con cédula de ciudadanía No 19.212.861 y T. P de abogado No 20.728 del C. S. de la J., dado ser litisconsortes cuasinecesario, dentro del proceso de reparatorio seguido por la sociedad Dangón Russo & Cia Limitada contra la NaciónMinisterio de Defensa NacionalPolicía Nacional, con número de radicación 47001-23-31-000-1996-04835-01 (exp No 17.526), desconocido tal rubro en la sentencia dictada por la susodicha colegiatura el día 28 de febrero de 2013, lo que implica modificar al respecto este fallo. TERCERA. - El reconocimiento aludido en el punto inmediato anterior, sin perjuicio del reconocido y liquidado “daño emergente”. CUARTA.- Se declare que la falencia que conllevó al desconocimiento del predicho

LUCRO CESANTE es debida al “defecto sustantivo” incurrido por la accionada en la mencionada sentencia, al considerar la caducidad de la acción en contra del citado rubro, siendo que la reparación invocada por los sucesos acaecidos los días 27 de febrero y 6 de septiembre ambos de 1989 realizados por la Policía Nacional acarrearon perjuicios antijurídicos en contra de la sociedad citada Dangón Russo & Cia Ltda, tal lo reconoce la citada sentencia del Consejo de Estado, se depreca tempestivamente. Este reconocimiento, por lo demás, se monta en la “non reformatio in pejus”, o sea, sin perjuicio del reconocido daño emergente. QUINTA.- Ordénese, de Consiguiente, a la Subsección B-Sección Tercera de la Sala contenciosa administrativa del Consejo de Estado, que luego de tal reconocimiento en abstracto, se disponga adelantar la liquidación pertinente en el tribunal de primer grado, en la oportunidad de ley. o si lo prefiere, que ella misma realice la condena en concreto de acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente continente del proceso de reparación directa en mención (radicación 47001-23-31-000-199604835-01 (exp No 17.526). SEXTA: Désele, por favor, el trámite de rigor a la presente acción de tutela.” 1.3. Argumentos de la tutela 6 J.C.R. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.No. 110010315000202111649-00 (Acc deTutela) Concretamente, el señor Édgar Manuel Barros Pavajeau considera que la Sección Tercera, Subsecciones A, B, y la Sección Cuarta del Consejo de Estado vulneró su derecho fundamental al debido proceso, tutela judicial efectiva, derecho de igualdad, de defensa y contradicción, derecho de inmediatez, e incurrió en defecto sustantivo, y por considerar que las sentencias cuestionadas constituyen un hecho nuevo que justifica la procedencia de tutela contra fallos de tutela. Aduce que, el tema de la violación a la inmediatez por su importancia debe ser estudiado a fondo en cada caso.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico De conformidad con la acción constitucional impetrada, los antecedentes referidos, lo hechos narrados y los derechos presuntamente vulnerados, corresponde plantear el siguiente interrogante jurídico: Corresponde determinar si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra fallos de tutela al tenor de lo que ha señalado la Corte Constitucional, particularmente en la sentencia SU-627 de 2015, mediante la cual unificó el criterio en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones adelantadas en una acción de tutela. De ser así, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si el Consejo de Estado - Sección Tercera, Subsección A, y la Sección Cuarta a través de las sentencias cuestionadas vulneraron los

derechos al debido proceso, tutela judicial efectiva, derecho de igualdad, de defensa y contradicción, derecho de inmediatez, e incurrió en defecto sustantivo, y por considerar que las sentencias cuestionadas constituyen un hecho nuevo que justifica la procedencia de tutela contra fallos de tutela. 2.3. Caso concreto y solución del problema jurídico Con fundamento en el análisis de la exposición de motivos expuestos en la demanda, el sustento argumentativo contenido en las sentencias cuestionadas y en desarrollo de las 7 J.C.R. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.No. 110010315000202111649-00 (Acc deTutela) reglas de la sana crítica2, esta Procuraduría Delegada del Ministerio Público considera desde ya solicitarle a la Honorable Sala de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que se declare improcedente y en consecuencia NEGAR LA ACCIÓN DE TUTELA sujeta a estudio, toda vez que, se considera que en el presente asunto no se encuentran configuradas la excepciones en los casos de la procedencia de tutelas en contra de fallos de tutela. De tal manera que, para abordar el análisis del asunto objeto de examen, en principio, considera este Agente del Ministerio Público necesario referirse al marco teórico sobre la procedencia del mecanismo subsidiario de tutela y realizar el estudio entorno a los

requisitos que deben cumplirse para que proceda el amparo contra sentencias judiciales. La Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial consistente en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, fundamentada principalmente en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, principio de legalidad, autonomía e independencia judicial, por un lado, y la prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales garantizados en la Constitución, por otro lado. Con base en esta comprensión, se ha entendido a la acción constitucional como un mecanismo excepcional para la revisión y análisis de las decisiones judiciales, basado en la supremacía y preponderancia de las normas constitucionales, centrando exclusivamente esta opción a asuntos de relevancia ius fundamental, sin convertirse en una instancia adicional de la jurisdicción, ni como un elemento de corrección del ejercicio jurisdiccional. Así mismo, es preciso traer a colación brevemente la jurisprudencia de la Corporación constitucional, sistematizada por la Sala Plena en la decisión de constitucionalidad C-590 de 20053, así: 2 C. de P. C. Artículo 187. APRECIACION DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. 3

Cita del texto: “Se trata de una exposición sintetizada de la sentencia C-590 de 2005.”

8 J.C.R. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.No. 110010315000202111649-00 (Acc deTutela) “La tutela contra sentencias judiciales es procedente, tanto desde un punto de vista literal e histórico4, como desde una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad5 e, incluso, a partir de la ratio decidendi6 de la sentencia C-543 de 19927, siempre que se presenten los eventos ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional. Así, al estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se cumplen los siguientes requisitos formales8, que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la especificidad de las providencias judiciales: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional9; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela10; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que ésta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneradora de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela11.”.

La demanda de tutela que presenta el señor Edgar Manuel Barros Pavajeau está dirigida contra una providencia dictada en otro proceso de tutela. Por consiguiente, es necesario tener en cuenta que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, unificó el criterio en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones adelantadas en una acción de tutela. En concreto, en esa sentencia la Corte Constitucional estableció tres posibilidades o excepciones en las que la acción de tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de tutela, así: a) Contra la sentencia de tutela proferida por un juez diferente a la Corte Constitucional, siempre que se demuestre que la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la decisión adoptada fue producto de una situación de fraude, y que no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación. 4 Del original: “En la citada norma superior (artículo 86 C.P.) es evidente que el constituyente no realizó distinciones entre los distintos ámbitos de la función pública, con el fin de excluir a alguno o algunos de ellos de la procedencia de ese mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Precisamente por ello en la norma superior indicada se habla de “cualquier” autoridad pública. Siendo ello así, la acción de tutela procede también contra los actos que son manifestación del ámbito de poder inherente a la función jurisdiccional y específicamente contra las decisiones judiciales, pues los jueces y tribunales, en su cotidiana tarea de aplicación del derecho a supuestos particulares, bien pueden proferir decisiones que se tornen

constitucionalmente relevantes por desbordar el estricto marco de aplicación de la ley y afectar derechos fundamentales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 5 Cita original: “La procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales está legitimada no sólo por la Carta Política sino también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos”. Ibid. 6 Del texto: “Sobre los conceptos de ratio decidendi y obiter dicta, consultar la sentencia SU-047 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).”. 7 Cita original: “Al proferir la Sentencia C-593-92, la decisión de la Corte no fue excluir la tutela contra decisiones judiciales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) 8 Referencia de la providencia: “Siempre, siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).”. 9 Referencia original: “Ver sentencia T-173 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).”. 10 Del texto: “Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con el principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para controvertir un fallo judicial, ver sentencia T-1049 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).”. 11 Cita original: “Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional, ejercida a través de sus Salas

de Selección. Así, debe entenderse que, si un proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde con los derechos fundamentales.”. 9 J.C.R. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.No. 110010315000202111649-00 (Acc deTutela) b) Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que puede consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a los terceros que serían afectados con la decisión. c) Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato. Para la Corte, en cualquiera de las anteriores excepciones a la regla de improcedencia de la solicitud de amparo contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de tutela, sigue siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales12. En tal virtud, como quiera que los fundamentos reales de la acción de tutela recaen dentro de la órbita de las decisiones judiciales proferidas dentro de acciones de tutela por la Sección Cuarta del Consejo de Estado de fecha 3 de diciembre de 2020 y la Sección Tercera Subsección A de fecha 5 de febrero de 2021, esta última mediante la cual se decidió sobre la impugnación interpuesta por el ahora accionante contra la proferida por la

Sección Cuarta mediante fallo del 3 de diciembre de 2020, en razón al respeto y cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales basadas en los principios de separación de poderes e independencia de la Rama Judicial, este Agente del Ministerio Público considera innecesario entrar a cuestionar el sustento argumentativo, normativo y de precedente jurisprudencial, plasmados en las decisiones cuestionadas, toda vez que, no encuentra ningún motivo que vulnere los principios que rigen dentro de los procesos que se adelantan para la protección a derechos constitucionales. No obstante, lo anterior, me permito solicitar a su Honorable Despacho desestimar todas y cada una de las pretensiones invocadas por el accionante por los razonamientos de hecho y de derecho que se enuncian a continuación: Centrándonos entonces en el caso objeto de controversia, tenemos que el hoy accionante acude al presente mecanismo constitucional, al considerar que las providencias proferidas 12 La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, estableció los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, y dijo: «b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar

en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última». 10 J.C.R. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp.No. 110010315000202111649-00 (Acc deTutela) en sede de tutela de fecha 3 de diciembre de 2020 y 5 de febrero de 2021 debe ser revocadas. Pues bien, una vez leído y analizado el escrito de tutela con relación a los fallos referidos, no se vislumbra que dentro de las consideraciones expuestas, tanto por la Sección Cuarta como la Sección Tercera -Subsección A, hayan incurrido en algún tipo de vulneración a las garantías fundamentales, específicamente al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia. Tampoco es de recibo el argumento s