PGN - ACCION DE TUTELA - Principio de la confianza legítima

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., agosto 22 de 2005.

HONORABLES

MAGISTRADOS CORTE CONSTITUCIONAL Ciudad.- Ref.: Radicación No. 11001 0315 000 2004 00473 01

Actor: Gobernación del Departamento del Valle del Cauca.

Asunto: Incidente de Nulidad Acción de Tutela ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES, Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado designado como Agente Especial en el trámite del incidente de nulidad propuesto contra el fallo de tutela contenido en la sentencia T-481 de mayo 11 de 2005 proferido por la Honorable Corte Constitucional, procedo a realizar la intervención solicitando se declare improcedente el incidente de nulidad propuesto por la Sociedad Concesiones de Infraestructura S.A. (CISA).

Antecedentes.- Mediante proveído de mayo 11 de 2005, la Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, dispuso revocar la sentencia proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 5 de agosto de 2004, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el Gobernador del Departamento del Valle del Cauca contra la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y el Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir la controversia suscitada entre la Sociedad Concesiones de Infraestructura S.A. (CISA) y el Departamento del Valle del Cauca con ocasión

del contrato de concesión GM-95-04-017 y, en su lugar, tutelar el derecho fundamental al debido proceso de la entidad accionante. En consecuencia, anular la sentencia del 11 de marzo de 2004 proferida por la Sección Tercera de la Sala 2 de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y el laudo arbitral del 24 de abril de 2003 que resolvió la controversia suscitada entre la Sociedad Concesiones de Infraestructura S.A. (CISA) y el Departamento del Valle del Cauca con ocasión del contrato de concesión GM-95-04-017, con lo cual quedó en firme la liquidación unilateral del contrato de concesión GM-95-04-017 que realizó la Gobernación del Valle del Cauca, mediante Resolución No. 095 de septiembre 17 de 2001. Solicitud de anulación del fallo de tutela de mayo 11 de 2005 La Sociedad Comercial CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.A. –En Liquidación-, CISA, por medio de apoderada, solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional declarar la nulidad del fallo de Tutela 481 de 2005 proferido el 11 de mayo de 2005 por la Sala Primera de Revisión, con salvamento de voto del Doctor Manuel José Cepeda Espinosa, proceso T-980611, adelantado con fundamento en la acción de tutela presentada por el Gobernador del Valle del Cauca, señor Angelino Garzón y por su Secretario Jurídico, doctor José Félix Escobar Escobar, con los siguientes argumentos: 1.- La sentencia desconoció el fallo de tutela proferido en segunda instancia por el

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil de Decisión, de fecha 23 de septiembre de 2002 que se pronunció sobre la competencia del Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir las diferencias entre el contratista y la Gobernación del Valle del Cauca con ocasión del contrato GM-95-04-017, entre las mismas partes, la cual hizo tránsito a cosa juzgada constitucional. 2.- La sentencia produjo un cambio de jurisprudencia establecida por la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencias de unificación SU-1219 de 2001 y SU047 de 1999, en relación con la intangibilidad de la cosa juzgada constitucional y, por lo mismo, la única competente para efectuar dicho cambio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, es la Sala Plena de la Corporación. 3.- También se desconoce la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, Sala Plena entre ellas la SU-0837-02, en relación con las llamadas vías de hecho 3 que dan lugar a la prosperidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, entre las cuales se incluyen los laudos arbitrales. 4.- Se desconoció la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional en relación con el principio de la confianza legítima que impone a quien administra justicia el deber de “abstenerse de operar cambios intempestivos en la interpretación que de las normas jurídicas venía realizando” (Sentencia C-131-04). Ello con fundamento en los artículos 49 del Decreto 2067 de 1991 y 2 y 34 del Decreto 2591 de 1991, así como las precisiones que ha hecho la Sala Plena de la

Corte Constitucional, respecto del recurso de nulidad de sentencias de las Salas de Revisión. CISA se encuentra legitimada en cuanto es la directamente afectada con la sentencia de mayo 11 de 2005 de la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, por cuanto es la parte favorecida con el laudo arbitral y la sentencia del H. Consejo de Estado, anulados como resultado del trámite de revisión. El Gobernador del Valle del Cauca pretendió un nuevo pronunciamiento de tutela sobre un tema ya resuelto por el Juez de tutela, aspiración que no fue atendida por el Consejo de Estado al decidir sobre dicha acción pero que la Corte Constitucional sí atendió, en el fallo cuya anulación se solicita, a pesar de la existencia de una decisión en firme del juez de tutela que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional. La Corte Constitucional en su fallo de revisión de fecha 11 de mayo de 2005, desconoció una decisión adoptada por el juez de tutela el 23 de septiembre de 2002 al decidir en segunda instancia la acción de tutela propuesta por la apoderada de CISA S.A., encaminada a que se tutelaran sus derechos al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia, por cuanto el Gobernador del Valle del Cauca había proferido un acto administrativo de liquidación unilateral del contrato de concesión, a pesar de que entre las partes se había celebrado un pacto arbitral específico para la liquidación de dicho contrato y además, ya se había notificado al citado Gobernador para el arbitramento. 4 En esa oportunidad el juez de tutela consideró que el Tribunal de Arbitramento

legalmente constituido representaba la garantía que CISA reclamaba le fuera tutelada, toda vez que el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato fue extemporáneamente expedido por el Gobernador del Valle del Cauca, sin competencia y por lo tanto sin la fuerza necesaria para truncar la decisión del Tribunal de Arbitramento. En estos términos el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, al decidir la segunda instancia de la tutela señaló que el Tribunal de Arbitramento, era la autoridad judicial competente para conocer y definir los aspectos económicos en controversia dentro del contrato de concesión No. GM95-04-017, incluida su liquidación, y tampoco podía afectar la validez de la decisión que adoptara el Tribunal de Arbitramento al definir las cuestiones sometidas a su consideración. El 1° de octubre de 2002 el fallo fue enviado a la Corte Constitucional para los efectos de su eventual revisión, la Corte excluyó de la revisión la mencionada tutela, según constancia de la Secretaría General de la Corporación de diciembre 5 de 2002, con lo cual adquirió firmeza y carácter de cosa juzgada constitucional. (Sentencia SU-1219/91). La razón por la cual se solicita la anulación de la sentencia proferida por la Sala Primera de Revisión de mayo 11 de 2005, sentencia T-481 de 2005, es que el Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, a través de la acción de tutela que llegó a la Corte por vía de revisión, formalmente solicitó la anulación del laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento, pero lo que realmente ha pretendido es

revivir la controversia constitucional sobre la competencia del Tribunal de Arbitramento ya cerrada por la sentencia de tutela expedida por el Tribunal Superior de Cali, inmutable y vinculante, como lo ha sostenido la propia Corte Constitucional, al sostener que no es viable interponer tutela contra una tutela. La Sala Primera de Revisión tenía conocimiento de la existencia de la decisión de tutela en firme que definió la competencia del Tribunal de Arbitramento para conocer de la controversia económica planteada por CISA contra el Departamento del Valle del Cauca. 5 La Sala de Revisión incurrió en violación al debido proceso, al cambiar su jurisprudencia, pues todo cambio de jurisprudencia proferida por la Sala Plena debe ser adoptado por ella misma y no por una Sala de revisión, tal como lo preceptúa la segunda parte del artículo 34 del Decreto 2591 de 1991. Estima la accionante que la Corte desconoció su propia jurisprudencia en relación con las llamadas vías de hecho que dan lugar a la prosperidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, incluidos los laudos arbitrales. Ello con fundamento en el salvamento de voto, según el cual el Consejo de Estado no incurrió en una vía de hecho al haber negado la solicitud de nulidad del laudo arbitral. La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre las vías de hecho es clara y consistente al señalar que éstas solo se presentan en situaciones de violación del debido proceso por ubicarse el juzgador en los extramuros del derecho. En este caso el Consejo de Estado obró dentro de los márgenes de interpretación razonables de las normas vigentes según fallos anteriores del

propio Consejo de Estado. Además, sobre la competencia del Tribunal de Arbitramento para pronunciarse sobre aspectos económicos en torno a la liquidación del contrato, cuando la demanda arbitral fue admitida antes que la administración profiriera un acto administrativo unilateral de liquidación, existe una jurisprudencia que es compatible con lo que resolvió en este caso el Consejo de Estado al negar la nulidad del laudo. Cabe agregar que el Tribunal de Arbitramento tampoco incurrió en una causal de nulidad prevista en las normas vigentes. Agrega que el Tribunal de Arbitramento se abstuvo de emitir un juicio sobre la legalidad del acto administrativo unilateral de liquidación del contrato y tampoco cuestionó la potestad de la administración para proferir dicho acto. Es más: expresamente manifestó que carecía de competencia para juzgar la validez del acto y que su laudo se circunscribía a definir la controversia económica. Con el fallo de revisión de la Sala primera de tutela de la Corte Constitucional se violó el derecho fundamental del accionante al acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho de defensa. Sustenta este cargo en el salvamento de voto según el cual se deja al particular interesado sin derecho a acceder a la 6 administración de justicia pues su juez natural es el Tribunal de Arbitramento. La Corte no es competente para conocer y decidir sobre sus pretensiones y tampoco pueden acudir a la jurisdicción contenciosa porque la acción se encuentra caducada. Se desconoció el fallo de mayo 11 de 2005 proferido por la sala Primera de revisión al desconocer el principio de la confianza legítima, puesto que el 23 de

septiembre de 2002 el tribunal superior del Distrito judicial de Cali profirió la sentencia de segunda instancia que con efectos de cosa juzgada constitucional, puso fin al proceso iniciado con la demanda de tutela presentada por CISA contra el departamento del Valle del Cauca, en la que se solicitó la protección de derechos fundamentales amenazados con la expedición de actos administrativos con los cuales el gobernador liquidó unilateralmente el contrato de concesión, pretendiendo con ello inhibir la competencia del Tribunal de Arbitramento pactado entre las partes y que ya se encontraba instalado y en curso. La determinación adoptada por el juez de tutela no fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional de manera que hizo tránsito a cosa juzgada y adquirió el carácter de inmutable de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional (SU1219/01 y T-1028 de 2003). CISA amparada en el principio de la confianza legítima consideraba que el Tribunal de arbitramento era competente para conocer de la controversia contractual sometida a su consideración y tampoco lo inhibían las decisiones unilaterales adoptadas por la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, en cuanto los particulares deben confiar en las decisiones que con fuerza obligatoria, profieren los distintos órganos del Estado incluido el poder judicial con facultad para decir el derecho. (sentencia C-131 de 2004). Construcciones Civiles S.A., accionista de la Sociedad Comercial Concesiones de Infraestructuras S.A. –CISA-, solicitó a la Corte se declare la nulidad de la sentencia T-481 de 2005, porque a su juicio se violó el debido proceso, por las

siguientes razones: 7 1.- Desconocimiento de la cosa juzgada constitucional y de la línea jurisprudencial en materia de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2.- La sentencia objeto del incidente de nulidad viola el debido proceso, el derecho de acceso a la administración de justicia y los principios de la buena fe y la confianza legítima al privar a la empresa afectada de la posibilidad de impugnar el acto de liquidación expedido por la gobernación ante la jurisdicción contencioso administrativa, por encontrarse caducada la acción. 3.- Desconocimiento del principio de subsidiariedad, pues la Corte omitió aplicar el principio de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, en cuanto el accionante debió previamente agotar los medios de defensa judiciales que tenía a su disposición. 4.- La decisión en cuestión es incongruente porque no se refirió a todos los aspectos que constituyen la litis del proceso. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO Pretende la accionante se declare la nulidad del fallo de tutela No. T-481 de 2005, proferido por la Sala Primera de Revisión, con salvamento de voto del doctor Manuel José Cepeda Espinosa, providencia que se profirió con fundamento en la acción de tutela presentada por el gobernador del Valle del Cauca. Cuestión preliminar.- Marco Normativo del incidente de nulidad.- Artículo 49 del Decreto 2067 de 1991. “Artículo 49.- Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno.

La nulidad de los procesos ante la Corte constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo. Sólo las irregularidades que impliquen violación del 8 debido proceso podrán servir de base para que el pleno de la Corte anule el proceso.” La Corte Constitucional ha señalado en qué eventos y por qué motivos procede la nulidad de una sentencia proferida por esa misma Corporación, así, en auto 035/97, señaló: “II.2 Carácter excepcional de la nulidad en procesos constitucionales. Esta Corporación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 49 del decreto 2067 de 1991, ha venido admitiendo solicitudes de nulidad de procesos de constitucionalidad, no sólo por actuaciones o hechos ocurridos antes de dictarse el fallo sino también por irregularidades en la sentencia misma, siempre y cuando éstas impliquen violación del debido proceso. La Sala Plena, ha dicho la Corte, tiene "el deber de declarar las nulidades que se presenten en cualquier etapa del proceso. Y la sentencia es una de ellas."1 (se destaca). También ha dejado en claro que "no puede concebirse la nulidad como un recurso contra todas sus sentencias, pues bien se sabe que el artículo 243 de la Constitución les confiere la fuerza de la cosa juzgada constitucional y que, por su parte, el artículo 49 del decreto 2067 de 1991 establece de modo perentorio que “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno". Por otra parte, se ha referido expresamente a las irregularidades que pueden dar lugar a la declaración de nulidad, advirtiendo que son sólo aquellas

"violaciones ostensibles y probadas del artículo 29 de la Constitución Política. Se trata de situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar." 2 (se destaca). Es dentro de este contexto jurisprudencial que ha de verificarse si la sentencia impugnada viola de manera flagrante y ostensible el debido proceso y tiene unas repercusiones tales que puede prosperar. 1 Auto 08/93 M.P. Jorge Arango Mejía reiterado en auto del 27 de junio de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo 2 Auto 33 de junio22/95 M.P. José Gregorio Hernández Galindo 9

Veamos: Fundamenta la actora su pretensión en los siguientes cargos: 1.- Se desconoció la sentencia de tutela proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali de fecha 23 de septiembre de 2002 que resolvió sobre la misma materia de la acción de tutela objeto de este incidente de nulidad, esto es, sobre la competencia del Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir las diferencias entre el contratista y la gobernación del Valle del Cauca

con ocasión del contrato GM-95-04-017, entre las mismas partes lo cual hizo tránsito a cosa juzgada al no haber sido esta última objeto de revisión por la Honorable Corte Constitucional. El fallo impugnado constituye un cambio de jurisprudencia sobre la cosa juzgada constitucional que competía en consecuencia a la Sala Plena de la Corporación. 2.- La providencia impugnada desconoce la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con las denominadas “vías de hecho” (SU-837-02). 3.- La sentencia objeto del incidente de nulidad desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con el principio de la confianza legítima que implica para quien administra justicia abstenerse de operar cambios intempestivos en la interpretación que de las normas jurídicas venía realizando. (Sentencia C131-04). A juicio de esta Agencia Especial del Ministerio Público el incidente de nulidad no está llamado a prosperar por las siguientes razones: 1.- No se desconoció la sentencia de tutela proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali de fecha 23 de septiembre de 2002, porque contrario a lo sostenido por la accionante, dicha sentencia no tuteló los derechos pretendidos por la actora de una parte y de otra porque en efecto hizo tránsito a cosa juzgada pero respecto de las pretensiones objeto de la misma. La sociedad Concesiones de Infraestructuras S.A. –CISA-, por medio de apoderada promovió acción de tutela contra el Departamento del Valle del Cauca 10 con el objeto que fueran protegidos los derechos fundamentales al debido

proceso, a la defensa y al acceso a la justicia. Dicha sentencia no accedió a tutelar los referidos derechos con los siguientes argumentos: “(...) Si bien es cierto la administración utilizó la liquidación unilateral del contrato, por medio de las resoluciones de marras, no se ve en qué forma las mismas están afectando los derechos constitucionales fundamentales de la entidad accionante (debido proceso, derecho de defensa, derecho al acceso a la administración de justicia) (...) En este orden de ideas existiendo una autoridad judicial (Arbitros tribunal de Arbitramento, artículo 116 inciso 4º, de la Constitución Política) con la competencia suficiente para tutelar los derechos de la entidad accionante, y contándose a sí misma como el canal procesal pertinente para discutir dicha controversia (proceso arbitral), no se cumpliría el requisito de subsidiariedad que faculta al juez constitucional para entrar a decidir la cuestión planteada por la vía traída en el artículo 86 de la Carta Política”. Este fallo fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, la cual no se verificó al ser excluida para tales efectos según constancia de la Secretaría de dicha Corporación de fecha 5 de diciembre de 2002. Sobre los alcances de la revisión y su efecto de cosa juzgada constitucional ha dicho la Corte Constitucional en sentencia SU-1219 de 2001: “El mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio Constituyente, es el de la revisión

por parte de la Corte Constitucional. Esta regulación, no sólo busca unificar la interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como máximo tribunal de derechos constitucionales y como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Además, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción de tutela – bajo la modalidad de presuntas vías de hecho - porque la Constitución definió directamente las etapas básicas del procedimiento de tutela y previó que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un órgano creado por él – la Corte Constitucional – y por un medio establecido también por él – la revisión. 3.2 La intención del legislador colombiano, cuando reguló el procedimiento de la acción de tutela en el Decreto 2591 de 1991, fue excluir tajantemente la posibilidad de tutela contra fallos de tutela (art. 40, parágrafo 4º del D. 2591 11 de 1991). Pese a la declaratoria de inconstitucionalidad del mencionado artículo 40, por considerar la Corte que la tutela contra providencias judiciales era contraria a la Constitución –,3 lo cierto es que la doctrina de la tutela por las vías de hecho contra decisiones judiciales se ha impuesto jurisprudencialmente.4 Sin embargo, es pertinente recordar que la inexequibilidad del parágrafo que prohibía la presentación de acciones de tutela contra fallos de tutela resultó de la integración normativa que en la C543 de 1992 efectuó la Corte. En ningún caso hubo un estudio de fondo

sobre este punto preciso ni juzgó que sí debería proceder la tutela contra fallos de tutela. Ahora bien, la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De allí la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el trámite procesal de la revisión eventual, con miras a garantizar la unificación de criterios y la supremacía constitucional. Todo ello por decisión del Constituyente, que optó por regular de manera directa la acción de tutela y no siguió la técnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental.

4. El valor de la revisión de los fallos de tutela por la Corte Constitucional 4.1 La Constitución misma previó un proceso especial contra cualquier falta de protección de los derechos fundamentales: la revisión de las sentencias de tutela proferidas por los jueces constitucionales (art. 86 inciso 2º C.P.). La revisión que lleva a cabo la Corte Constitucional incluye las vías de hecho de los mismos jueces de tutela. Se trata de un mecanismo especial para garantizar el cierre del sistema jurídico por el órgano constitucional encargado de salvaguardar la supremacía de la Constitución.

“(...) la decisión de la Corte Constitucional consistente en no seleccionar para revisión una sentencia de tutela tiene como efecto principal la ejecutoria formal y material de esta sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Salvo la eventualidad de la anulación de dicha sentencia por parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley, la decisión de excluir la sentencia de tutela de la revisión se traduce en el establecimiento de una cosa juzgada inmutable y definitiva. De esta forma se resguarda el principio de la seguridad jurídica y se manifiesta el carácter de la Corte Constitucional como órgano de cierre del sistema jurídico”. 3 Corte Constitucional C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 4 Corte Constitucional: Sentencias C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández; T-079 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-055 de 1994, M.P., Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-538 de 1994, M.P., Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-518 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo; T-401 de 1996, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa; T-567 de 1998, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz; Corte Suprema de Justicia: Sala de Casación Civil, Sentencia del veintitrés (23) de febrero de 1995; Consejo de Estado: Sentencia del 10 de octubre de 1996, Expediente No AC-3944,C.P. Juan Alberto Polo Figueroa.

12 Dentro de este contexto jurisprudencial no hay duda que la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Civil – hizo tránsito a cosa juzgada, en cuanto no se tutelaron a CISA S.A. los derechos al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia por no cumplirse el requisito de subsidiariedad que hace procedente la tutela al existir otra autoridad competente para dirimir el conflicto planteado ante el juez de tutela. En estos términos no puede hablarse de violación al debido proceso con la sentencia de tutela objeto del presente incidente porque ella tiene un origen y una causa distintos: En esa oportunidad la Gobernación del Valle del Cauca alegó la vulneración del derecho al debido proceso, en cuanto el Tribunal de arbitramento convocado para dirimir la controversia contractual con CISA y la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo incurrieron en vía de hecho con el Laudo Arbitral del 24 de abril de 2003 y la sentencia de marzo 11 de 2004, al desconocer la facultad de la administración de liquidar unilateralmente los contratos prevista en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, con lo cual se afectó la liquidación unilateral del contrato de concesión GM-95-04-017, realizado mediante las resoluciones No. 095 de septiembre 17 de 2001 y 209 del 25 de junio de 2002. Por el contrario, la nueva acción pretendía la tutela del derecho fundamental al debido proceso, en cuanto el laudo arbitral del 24 de abril de 2003, el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir la controversia suscitada entre CISA y la

Gobernación del Valle del Cauca, se pronunció implícitamente sobre el alcance de la liquidación unilateral efectuada por esta última en la resolución No. 095 del 17 de septiembre de 2001, desbordando así la competencia del juez arbitral por cuanto a éste le está vedado pronunciarse sobre los actos administrativos proferidos por la administración en ejercicio de sus potestades exorbitantes En consecuencia, tampoco puede decirse que la tutela objeto del incidente constituye una tutela contra tutela, porque reiteramos se trata de tutelas con diferente objeto y causa, además los derechos fundamentales alegados en cada una de ellas fueron diferentes. 13 De otra parte, ha sido posición reiterada de la Corte Constitucional que la tutela contra tutela es improcedente por cuanto para ello el Constituyente diseñó el mecanismo de revisión que constituye el órgano de cierre de la jurisdicción. Tampoco es válido el argumento según el cual la Corte Constitucional con el fallo de revisión violó el debido proceso, al cambiar la jurisprudencia relativa a la cosa juzgada constitucional, porque la decisión adoptada por la Sala de revisión de la Corte que revocó la sentencia de tutela proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado es distinta a la proferida por el Tribunal Superior del Valle del Cauca – Sala Civil-, ésta última cobró firmeza al no haber sido objeto de revisión por la Corte Constitucional. 3.- Violación del principio de la confianza legítima.- A juicio de la impugnante, la tutela proferida por el Tribunal Superior del Valle del Cauca generó en CISA la

confianza legítima en el sentido que el Tribunal de arbitramento era absolutamente competente para decidir la controversia contractual sometida a su consideración.

Al respecto cabe anotar: El principio de la confianza legítima recogido en la sentencia SU-360/99, se caracteriza por: “5. Principio de la confianza legítima El eje sobre el cual ha girado el amparo a los vendedores ambulantes es lo que la doctrina especializada5 considera como la confianza legítima. Es éste un principio que debe permear el derecho administrativo, el cual, si bien se deriva directamente de los principios de seguridad jurídica (arts. 1º y 4 de la C.P.), de respeto al acto propio6 y buena fe (art. 83 de la C.P.), adquiere una identidad propia en virtud de las especiales reglas que se imponen en la relación entre administración y administrado. Es por ello que la confianza en la administración no sólo es éticamente deseable sino jurídicamente exigible.

Este principio se aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses público y privado, cuando la administración ha creado expectativas favorables para el administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas 5 Al respecto pueden consultarse: González Pérez Jesús. “El principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo.” Editorial Civitas. Madrid. 1983; García Macho Ricardo, Artículo “ Contenido y límites del principio de la Confianza legítima publicado en “ Homenaje al Profesor José Luis Villar Palasí” .Editorial Civitas, Madrid. 1989; Dromi José Roberto. Instituciones de Derecho Administrativo. Editorial Astrea.

Buenos Aires. 1983. García de Enterría Eduardo y Fernández Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Civitas. Madrid. 6 Ver sentencia T-295/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero.