PGN - ACCION DISCIPLINARIA - Indebida participación en política

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PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Alegato 178 Bogotá D.C., 21 de agosto de 2007 Doctor

ALFONSO VARGAS RINCÓN

CONSEJERO PONENTE

SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “A”

H. CONSEJO DE ESTADO

E S. D.

REFERENCIA: 2500232500020021154601

Nº Interno 6292-2005

ACTOR: JOSÉ GUILLERMO GÓMEZ MANCERA

DEMANDADO: NACIÓN-PROCURADURÍA GENERAL DE

LA NACIÓN

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO.

ASUNTO: APELACIÓN _____________________________________ Procede esta agencia del Ministerio Público, dentro del término legal, a emitir concepto en el proceso que conoce el H. Consejo de Estado, en virtud de la demanda instaurada por JOSÉ GUILLERMO GÓMEZ

MANCERA.

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I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA 1.1 PRETENSIONES El ciudadano JOSÉ GUILLERMO GÓMEZ MANCERA, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C. C. A., demandó la nulidad de las providencias expedidas el 29 de agosto de 2001 y el 25 de enero de 2002, proferidas por la Comisión Especial Disciplinaria y Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, por medio de las cuales, en la primera, le fue impuesta la sanción disciplinaria de destitución del cargo de alcalde municipal de Sesquilé para el periodo

constitucional de 1996 a 1999, y sanción accesoria de 2 años de inhabilidad para desempeñar funciones públicas; en el segundo acto administrativo, se confirmó la providencia de fecha 29 de agosto de 2001. Como consecuencia de lo anterior, solicitó, a título de restablecimiento, ordenar a la División de Registro y Control de la entidad demandada realizar de inmediato las anotaciones en el registro público de dicha entidad respecto de José Guillermo Gómez y que surjan como consecuencia de las declaraciones anteriores. Igualmente solicitó ordenar al Gobernador de Cundinamarca realizar en la hoja de vida del demandante las anotaciones que registren las decisiones que tome el Tribunal respecto de las pretensiones 1 y 2. Así mismo requirió que se condene al ente de control demandado al pago de salarios, primas, reajustes o aumentos de sueldos y demás emolumentos que el actor dejó de percibir desde el 21 de junio de 3 2002, fecha en que debió tomar posesión como alcalde electo de Sesquilé para el periodo 2002-2005, hasta la fecha en que se pueda reintegrar a dicho cargo, o hasta la finalización del periodo, lo que ocurra primero. Por último, solicitó condenar a la Procuraduría General de la Nación, pagar al accionante a título de perjuicios morales causados por su actuar injusto la suma equivalente a 100 SMLM, tasados a la fecha de la sentencia, dentro del término y condiciones establecidos por los artículos 176 y 177 del C. C. A.. 1.2 HECHOS 1°- Refiere la demanda que el actor fue elegido alcalde del municipio

de Sesquilé para el periodo constitucional 1996-1999. Encontrándose en ejercicio de sus funciones, el día 25 de enero de 1999, llegó a la Procuraduría General de la Nación un anónimo, el cual fue entregado en el despacho del Director Nacional de Investigaciones Especiales, Unidad de Moral Administrativa, quien expidió el 27 de enero del citado año auto de apertura de indagación preliminar en contra del actor, por presunta participación en política; y ordenó la práctica de diversas pruebas. 2°- El 28 de enero de 1999, los funcionarios de la entidad demandada, Gustavo Caro y Mauricio Quintero, se trasladaron a Sesquilé, con el objeto de practicar las pruebas ordenadas por el Director de Investigaciones Especiales, entre otras, obtener por medios fílmicos y fotográficos registro de la reunión política que se celebraría el citado día, y por ello se dedicaron a seguir los movimientos del alcalde y del 4 señor Hernando Chauta hasta la 1:45 p.m., sin filmar o fotografiar hecho alguno, pues sólo a partir de esa hora, comenzaron a registrar la conducta desplegada por el alcalde investigado, la Personera, varios concejales y la secretaria, quienes se dirigieron al restaurante “la Florida”; por lo que ante tal evidencia, los funcionarios investigadores procedieron a encender la grabadora para registrar lo que se decía dentro del recinto. 3°- Señaló el apoderado que los funcionarios de la Procuraduría dedujeron que el alcalde Gómez Mancera había postulado a concejales para dignidades del Concejo, y además sugirió el nombre de Luís

Hernando Chauta como candidato a la alcaldía, igualmente solicitó apoyo para éste. 4°- El profesional del derecho resaltó que el informe de los investigadores del ente de control demandado quedó reducido a lo expresado por éstos, quienes terminaron en calidad de testigos. 5°- Controvirtió la prueba testimonial de Blanca Cecilia Moncada, a quien en su criterio atemorizaron los funcionarios investigadores. Igualmente, le resulta extraña la declaración testimonial de Luis Alberto Cortés, opositor político y enemigo personal de su representado. 6°- Sostuvo que todo el proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría y que culminó con los actos sancionatorios, está sustentado en un informe tendencioso y amañado por parte de los funcionarios arriba mencionados, producto del constreñimiento, la coacción, el miedo, y sustentado en la declaración de Luis Alberto Sánchez Cortés, a quien inexplicablemente se llamó a declarar, para que asegurara que en un carro en el que él no iba, el alcalde sostuvo que apoyaría a un candidato, todo ello para deducir “otra intervención 5 en política” y a pesar de que las demás personas que iban en el carro desmienten tajantemente tal afirmación. 7°- Indicó que el demandante y la Personera de Sesquilé fueron suspendidos de sus cargos, mediante decisión del 5 de febrero de

1999. Mediante Decreto 00433 del 19 de febrero del citado año, el Gobernador de Cundinamarca en acatamiento a lo ordenado por la Procuraduría, hace efectiva la suspensión aludida. El 15 de abril de

1999, formulan cargos a los servidores públicos investigados. 8°-Manifestó que el apoderado de su representado, dentro de los descargos, solicitó la práctica de 11 pruebas, pero la secretaria de la Secretaría Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General dejó constancias que no se presentaron descargos en tiempo, contrariando el artículo 152 de la Ley 200 de 1995, norma que no establece formalidad especial para presentar los descargos en materia disciplinaria y permite solicitar pruebas dentro del término de la citada etapa procesal. 9°- Relata el apoderado que el proceso disciplinario surtido por la entidad demandada, desde su inicio, estuvo plagado de irregularidades procesales y sustanciales que afectaban el debido proceso de su representado, lo que lo llevó a solicitar la nulidad del mismo, el 17 de enero y el 9 de junio de 2000, petición que sólo vino a ser resuelta el 29 de agosto de 2001, negando el obstáculo procesal que era evidente y, en consecuencia, declarando a su prohijado responsable de los cargos formulados, por lo que fue sancionado con destitución e inhabilidad por 2 años para el ejercicio de cargos públicos. 10°- Decisión que fue confirmada por la Sala Disciplinaria del ente sancionador, a través de la providencia fechada el 25 de enero de 2002, sustentada igualmente en el informe tendencioso y amañado 6 rendido por los funcionarios Caro y Quintero, decisión que fue notificada, al hoy demandante, el 19 de febrero del citado año.

11°- Adujo que el certificado de antecedentes disciplinarios de fecha 2 de abril de 2002, expedido por el jefe de la División Centro de Atención al Público de la Procuraduría General de la Nación, no corresponde a la realidad, pues la providencia de segunda instancia no podía quedar ejecutoriada el 25 de enero de 2002. 12°- El 5 de marzo de 2002, el apoderado del disciplinado solicitó al señor Procurador General de la Nación, la revocatoria directa de la sanción impuesta a su prohijado. Petición que al momento de presentar la demanda no había sido resuelta por el jefe del Ministerio Público. 13°- Por último, señaló que el demandante resultó electo nuevamente alcalde Sesquilé el 14 de abril de 2002; sin que se hubiera podido posesionar en el cargo, en razón de las sanciones contenidas en los actos cuya nulidad se solicita en el sub lite. 1.3 NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN En el líbelo demandatorio, el apoderado invocó como causales de nulidad de los actos acusados:  Violación de la Constitución en sus artículos 2, 29, 209 y 229.  Violación de la ley. Manifiesta, igualmente que la entidad demandada desconoció el C. U. D. (Ley 200 de 1995, en sus artículos 4,5, 6,8,13, 14, 15, 57, 77 (1 y 6); 92 (4,5, 7), 98, 117, 122 y 137. 7 Indica el profesional del derecho que, al pretermitir los procedimientos

obligatorios en materia de investigaciones disciplinarias, la Procuraduría transgredió su obligación de garantizar la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución. Sostuvo que la falta de imparcialidad y celeridad en el proceso disciplinario adelantado contra su representado vulneró los derechos de éste, pues la entidad demandada en forma arbitraria, acomodada y atípica encuadró conductas irrelevantes desde el punto de vista disciplinario, lo que la condujo a desconocer el artículo 4° del C. D. U. . Si bien la Procuraduría pretende justificarse, reconociendo que se pretermitió el proceso, y aduce que ello no es importante, pues no afecta el debido proceso y el derecho de defensa, al ente investigador no le es dado escoger dentro del procedimiento qué es grave y qué no; qué se puede pretermitir y qué no; por la simple razón que el procedimiento es de orden público y de obligatorio cumplimiento, en consecuencia al apartarse del mismo, como ocurrió en el sub judice, se vulnera el artículo 5 de la Ley 200 de 1995. Precisó que el proceso disciplinario adelantado a José Guillermo Gómez, tiene más dudas que certezas, pues nunca se le dio a conocer si la sindicación disciplinaria se hacía a título de dolo o de culpa. Puso de presente que se dejó a una secretaria determinar si un escrito constituye o no descargos, lo que implica que se le está adjudicando competencia disciplinaria a quien no la tiene, desconociendo por esta vía el artículo 57 de la Ley 200. Sostuvo que la investigación disciplinaria no tuvo por objeto buscar la

verdad, sino sancionar a su poderdante; pues el auto de cargos no cumplió con las reglas establecidas en los numerales 4, 5, y 7 del 8 artículo 92 del C. D. U.; así como tampoco lo logró el fallo sancionador, pieza procesal que también desconoció el artículo 98 íbidem, toda vez que su fundamento lo constituye el informe surtido por los funcionarios del ente investigador, quienes a pesar de habérseles dotado de elementos técnicos idóneos, no cumplieron con su deber, y sólo se dedicaron a montar y acomodar pruebas que resultaron irrefutables para la entidad demandada.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La apoderada de la Procuraduría General de la Nación contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones del actor por considerar que los actos administrativos acusados fueron expedidos en acatamiento de las disposiciones legales aplicables al caso.

Sostuvo que la acción disciplinaria se surtió con pleno respeto del debido proceso y derecho de audiencia del disciplinado. Precisó que la investigación disciplinaria adelantada contra el actor se surtió siguiendo todas y cada una de las etapas procesales previstas en la Ley 200 de 1995, norma vigente para la época de los hechos. Adujo que en los fallos de primera y segunda instancia se hizo suficiente claridad sobre el cargo formulado, su responsabilidad y sobre todo lo ocurrido en el proceso. Indicó que los cargos formulado no fueron refutados ni desvirtuados por el hoy demandante, por lo que la entidad que representa lo sancionó con destitución, después de hacer un análisis serio de las

pruebas obrantes en el plenario, las que demostraron fehacientemente la responsabilidad del actor en los hechos investigados; examen probatorio acucioso que se surtió en las dos instancias. 9 La profesional del derecho señaló que el demandante no aportó ninguna prueba que demostrara que la investigación disciplinaria estuvo mal adelantada, que se le violó el debido proceso o el derecho de defensa; por el contrario se le otorgó la oportunidad procesal de presentar descargos, controvertir las pruebas practicadas en el curso de la investigación disciplinaria, se desataron los recursos interpuestos, los cuales fueron resueltos oportunamente, considerando los argumentos expuestos por el apoderado; sin que se lograra desvirtuar la presunción de legalidad de la que están investidos los actos administrativos demandados en el sub lite.

3. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda, por considerar que al actor no se le vulneró el debido proceso, pues se practicaron las pruebas por él solicitadas, y se tuvieron en cuenta los descargos rendidos en la diligencia practicada el 17 de agosto de 2003.

Según el a quo, las pruebas del proceso disciplinario sí fueron valoradas en su conjunto las cuales condujeron a demostrar que la conducta realizada por el disciplinado constituía falta disciplinaria y que no se demostró la ocurrencia de alguna de las causales de justificación de la misma. El tribunal precisó que la acción disciplinaria es independiente de la acción penal, por lo que el adelantamiento de las mismas, puede dar lugar a decisiones disímiles, en consideración a la naturaleza jurídica de

las citadas acciones. 10 En cuanto a la ambigüedad e imprecisión de las normas en que se fundamentó el auto de cargos, el a quo consideró que la revisión de dicha pieza procesal permite establecer claramente la identificación de los cargos formulados, los medios de prueba que se tuvieron en cuenta para los mismos, así como la descripción normativa de los deberes y prohibiciones presuntamente vulnerados, la naturaleza de la falta y la forma de culpabilidad, por lo tanto no es dable afirmar que el operador disciplinario vulneró los requisitos estipulados en el artículo 92 del C. D. U. Para el a quo, de la redacción del auto de cargos se puede deducir que éstos fueron formulados a título de dolo. Respecto a la ejecutoria de la sentencia, el tribunal considera que la norma es clara en el artículo 98 de la Ley 200, cuando señala que las providencias que decidan recursos de apelación quedarán en firme el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente; esto es independiente a la ejecutividad o ejecución de la decisión; entonces, a partir en que la providencia de segunda instancia fue suscrita, produce plenos efectos. Precisó que las pruebas recaudadas dentro de la investigación disciplinaria condujeron a la certeza de la falta disciplinaria, pues no sólo se tuvo en cuenta el informe rendido por los funcionarios de la Procuraduría, quienes estuvieron en el lugar de los hechos, filmaron lo que acontecía, sino también la declaración testimonial de la señora Blanca Cecilia Moncada, de quien no existe prueba de que fue coaccionada o amenazada por parte de los servidores de la

Procuraduría para que rindiera su versión de los hechos. 11 Indicó el a quo que dentro del plenario no existen elementos de juicio diferentes que le permitan colegir que las decisiones adoptadas por la entidad demandada estén revestidas de alguna de las causales de nulidad de los actos administrativos, por lo que no resulta procedente su anulación Para el Tribunal, en síntesis, del debate probatorio surtido en el proceso disciplinario se puede concluir que el organismo investigado cumplió con cada una de las etapas procesales; pues se inicio indagación preliminar, se practicaron las pruebas solicitadas; se elevó y notificó el pliego de cargos; se surtió la etapa de descargos, profiriendo la autoridad disciplinaria el respectivo fallo, el que al ser recurrido, fue resuelto por el funcionario competente, dentro de la oportunidad procesal respectiva, cumpliéndose con lo establecido en la ley disciplinaria. Precisó el a quo que en el sub lite se respetó el principio de legalidad de las faltas y las sanciones de que trata el artículo 29 constitucional, de donde emergen la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad que debe caracterizar a toda decisión, máxime si ésta es sancionatoria. Verificó que la falta imputada fue la descrita en el numeral 14 del artículo 41 de la Ley 200 de 1995, en concordancia con el numeral 6° del artículo 25 del mismo ordenamiento. Anotó, siguiendo las voces del juez disciplinario de primera instancia, que en la intervención en política no es necesario que en la reunión o evento en que se verificó la realización de la falta, tenga, per se, fines

políticos; pues si bien es cierto que el funcionario sancionado podía asistir a diferentes reuniones con la comunidad, lo que se le reprochó fue su presencia para dirigir o influir en futuras contiendas electorales; pues si bien para la época de los hechos no existían candidatos 12 oficialmente inscritos, era evidente la cercanía de las elecciones (mayo de 1999), y los futuros candidatos ya iniciaban las primeras actividades de campaña política, tan es así que en el proceso está acreditado que Luis Hernando Chauta Rodríguez se postuló para las referidas elecciones. Respecto al elemento de la culpabilidad, el a quo sostuvo que el funcionario sancionado, dada sus condiciones personales, tenía pleno conocimiento de que con su conducta estaba incurriendo en las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único. Para el tribunal, del contenido de los fallos de primera y segunda instancia, se puede concluir que dichos actos administrativos contienen los elementos exigidos por el artículo 29 de la Carta Política, en cuanto se trata de una conducta reprochada por el ordenamiento disciplinario destinada a los servidores públicos en aras de proteger la imparcialidad y la transparencia de las contiendas políticas, como principio rector de cualquier Estado que se considere democrático.

4. APELACIÓN El apoderado del demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión adoptada por el a quo, en el que reiteró los argumentos de la demanda.

Sostiene que las pruebas con las que sancionaron a su mandante no son suficientes, pues las demás que obran en el plenario desvirtúan la

responsabilidad del funcionario sancionado por parte de la Procuraduría General de la Nación. 13 Señaló que si bien es cierto las investigaciones penales y disciplinarias se siguen por procedimientos y criterios diferentes, también lo es que por versar sobre las mismas circunstancias, los hechos probados en el proceso penal deben ser tenidos en cuenta en el disciplinario; en el caso que nos ocupa está acreditado que la Fiscalía consideró que la prueba que levantaron los funcionarios de la Procuraduría (informe) era inocua y vacua, pues los casetes no probaban nada, y técnicamente era imposible que los funcionarios escucharan desde afuera, debido a la gran cantidad de ruido, lo que sostienen haber escuchado. Advirtió que no resulta plausible que el tribunal haya admitido la posibilidad de que se omita uno de los elementos que estructuran la falta disciplinaria (la culpabilidad), sino que también acepta que el debido proceso no se haya visto violentado con tal proceder en el auto de cargos, e igualmente avala la tesis de que la calificación pueda determinarse de manera tácita; es decir, su representado estaba obligado adivinar lo que en materia de culpabilidad quería decir la Procuraduría tácitamente, toda vez que a éste no le asistía el derecho a que la entidad demandada lo señalara expresamente, para que pudiera asumir su defensa y controvertir la calificación de culpabilidad. Insistió en que la Procuraduría General de la Nación, privó a su defendido de manera arbitraria e ilegal, del estudio de las nulidades propuestas oportunamente. Señaló que la decisión del a quo llega a conclusiones que no son

legales, ni apegadas al procedimiento y atentan contra los derechos fundamentales de su asistido; pues en algunos casos no se valoró, y en otros se desconoció abiertamente el material probatorio arrimado al plenario; además que no se analizó en forma completa el asunto motivo del litigio. 14

5. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Para esta agencia del Ministerio Público, la controversia en el sub lite radica en establecer si con la expedición de las providencias expedidas el 29 de agosto de 2001 y el 25 de enero de 2002, proferidas por la Comisión Especial Disciplinaria y Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, se vulneró el debido proceso, en atención a las supuestas irregularidades procesales expuestas por el apelante.

Para desatar la cuestión litigiosa, es necesario revisar las decisiones acusadas y confrontarlas con los argumentos expuestos por el apoderado del demandante. Como punto de partida, observa este despacho que las etapas procesales estipuladas en la Ley 200 de 1995, se surtieron a cabalidad, pues la actuación disciplinaria se inició con el auto de apertura de indagación preliminar, (art. 138 de la precitada ley, fls.7-11 c. 2); posteriormente se abrió investigación disciplinaria contra José Guillermo Gómez y Yamile Millán, conforme a las previsiones del artículo 144 íbidem (fls. 64-73 2c) ; etapa procesal que fue evaluada, con la formulación de cargos (fls. 78-101 c. p). El funcionario

investigado, dentro del término para rendir descargos, solicitó la práctica de pruebas (fls. 98-99 c. 2); y la entidad demandada le concedió la oportunidad para que rindiera descargos (fls. 148-149 c.2). El proceso disciplinario se falló en primera instancia, sancionando con destitución e inhabilidad por 2 años para el ejercicio de cargos públicos al hoy accionante (fl. 1-15 c.2), decisión contra la cual el disciplinado interpuso recurso de apelación; el cual fue resuelto por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación (fls. 23-35 c. 2), confirmando la decisión adoptada por la Comisión Especial Disciplinaria de la entidad demandada, el 29 de agosto de 2001. 15 Al revisar el auto de cargos, esta agencia del Ministerio Público observa que si bien es cierto textualmente en dicha pieza procesal no se le endilgó la falta disciplinaria de naturaleza gravísima de participación en política, contenida en el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, a título de dolo, por la misma naturaleza del tipo disciplinario, y por la redacción de los cargos, es válido sostener, como lo hizo el a quo, que el investigado sí podía inferir que la conducta disciplinaria atribuida era título de dolo y no de culpa; máxime teniendo en cuenta que estaba dentro del proceso representado por un abogado, profesional que se entiende calificado para absolver la supuesta duda, la que no se puede considerar fundamental y violatoria del debido proceso del actor. Tan comprendió los hechos que se le estaban imputando, que en su

diligencia de descargos sostuvo: “ en cuanto al cargo de haber favorecido como Alcalde de Sesquilé a un candidato a la Alcaldía de Sesquilé, es absolutamente falso, dado que ha quedado demostrado que la reunión que se efectuó en el sitio o paraje “La Florida” de la vereda de San José fue con el objeto de evaluar la gestión de la administración, buscar la nueva junta directiva del Concejo Municipal para la vigencia de 1999 y hablar sobre los proyectos y programas para esa vigencia como el caso de vivienda de interés social, donde el señor Hernando Chauta, hacía parte de la Junta Directiva de vivienda de interés social del municipio, persona que ha sido elegida por el Honorable Consejo Municipal de Sesquilé…”. En este punto es importante resaltar que desde los griegos, pasando por los filósofos e intelectuales franceses e ingleses, el hombre es un ser eminentemente político, que busca los mejores logros para favorecer a la comunidad de la que forma parte; lo que permite colegir que es intrínseco al ser expresar sus ideas políticas, de manera libre. 16 Sin embargo, en el caso de los servidores públicos, tal libertad sólo se puede ejercitar, dentro del contexto constitucional y legal, pues los agentes del Estado sólo pueden hacer expresamente lo que les autoriza la Carta Política y las leyes. En el caso que nos ocupa, la Ley 200 de 1995 prohíbe categóricamente intervenir en asuntos políticos, con excepción del ejercicio del sufragio. Según el H. Consejo de Estado, la intervención en política quedó restringida en aras de eliminar antiguas prácticas y garantizar la

imparcialidad en las decisiones, como presupuesto para la plena satisfacción de los intereses generales.1 Precisado lo anterior, la revisión de las pruebas obrantes en el sub lite, demuestran la asistencia, el día 28 de enero de 1999, del alcalde, la Personera de Sesquilé, y varios concejales de su corriente política, a un almuerzo organizado por connotados representantes de la actividad política del municipio mencionado en el restaurante La Florida; es decir, dentro del plenario se estableció que el burgomaestre sancionado, estuvo departiendo, más no cumpliendo tareas propias de su cargo, sino por el contrario desarrolló actividades proselitistas, con el fin de apoyar al señor LUIS HERNANDO CHAUTA RODRÍGUEZ, quien coincidencialmente, el día anterior, había renunciado al cargo público que desempeñaba en la Gobernación de Cundinamarca. A la anterior conclusión se llegó con el trámite pertinente y conducente de la instrucción adelantada por parte de la Procuraduría General de la Nación, entidad que desplegó la dispendiosa recaudación probatoria, en atención al indicio de ocultamiento de los contertulios del alcalde y personera disciplinados; pues el carácter político de tal reunión es innegable, considerando que al sitio señalado sólo acudieron personas de confianza, toda vez que para tratar los otros temas, no tenían la 1 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 28 de abril de 2005. Rad. 6210-2003. C. P. Dr. Ana Margarita Olaya Forero.

17 necesidad de alejarsen del recinto del Consejo o del despacho del alcalde. Si bien, en el proceso disciplinario se alegó por parte de los interesados que para la época en que se llevó la reunión, el señor Chauta Rodríguez no era oficialmente aspirante a la alcaldía de Sesquilé, no debe pasar desapercibido por la H. Corporación que el señalado ciudadano, sí se inscribió y aspiró al citado cargo de elección popular, hecho este que el disciplinado no logró desvirtuar en la oportunidad procesal correspondiente. De acuerdo con el artículo 118 de la Ley 200 de 1995, Código Disciplinario Único vigente para la época de los hechos, para sancionar al actor por haber consumado una conducta constitutiva de la falta disciplinaria de indebida participación en política, se requería el recaudo de un acerbo probatorio que condujera a la certeza de la falta y la responsabilidad del disciplinado. Certeza que obtuvieron la Comisión Especial y la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, a través del recaudo probatorio y el análisis fáctico y jurídico de la particular situación y de las circunstancias modales que se presentaron en el curso del proceso disciplinario; por lo que no es posible entender que de la interpretación limitada que tiene el apoderado del demandante de la actividad proselitista, se pueda desvirtuar el irregular comportamiento por el cual fue sancionado el actor; pues éstas actividades no se pueden reducir a la presencia de público, arengas, discursos, perifoneo, etc.. La incursión en la prohibición de intervenir en política, tipo disciplinario

que se reprochó legítimamente por la autoridad competente, con fundamento en el acerbo probatorio regular y debidamente recaudado, no fue desvirtuada por apoderado del actor. En el sub lite, no se debe perder de vista que la ley disciplinaria está dirigida a sancionar y evitar las conductas oficiales atentatorias de los fines y funciones estatales; 18 esto significa, que no se requiere de un resultado dañoso para que se pueda iniciar, tramitar y finalizar el proceso disciplinario, como es el querer del censor cuando aspira a que la conducta sólo se circunscriba a la utilización del cargo público como medio de presión para favorecer determinada causa o campaña, olvidándose que esta particular conducta bien puede calificarse como un concurso real de faltas disciplinarias al bifurcarse las irregularidades. Por lo mismo, no se puede acoger y aceptar la tesis que se viene exponiendo por el apoderado del demandante, que en casos como el que nos ocupa, sea requisito sine qua non, para incurrir en la prohibición reprochada, que el proselitismo a más de ser hiperactivo esté dirigido a un preciso, definitivo y oficial candidato; oficial candidato entendido como el postulado por el partido político y la base que lo respalda y reconocido por la organización electoral. De ser así, entonces se desnaturalizarían las campañas políticas, pues, dónde quedaría la controversia previa a la elección del oficial postulante?, ello implicaría que no se materializa la intervención en política, si el candidato de mi predilección no triunfa en la consulta interna. Es conocido que quien ostenta una dignidad oficial (funcionarios de elección popular) se puede ver tentado en una contienda electoral a

utilizar los medios y recursos que tiene a su alcance para favorecer a un copartidario o a un simpatizante político, comportamientos estos que resultan imposibles de tipificar legalmente por la argucia con la que en algunas ocasiones se desarrollan, por lo que corresponde al operador disciplinario en un caso determinado, como por ejemplo el del sub judice, valorar las circunstancias fácticas y las pruebas tendientes a establecer si el actuar público, constituye o no participación en política, pues este es un tipo disciplinario de los denominados tipos abiertos. 19 Para finalizar, en criterio de esta agencia del Ministerio Público, hay que precisar que el hecho de que en la acción penal se hubiera absuelto al actor, ello no constituye una camisa de fuerza p