PGN - ACCION POPULAR - Busca proteger un derecho o interés colectivo de una amenaza de lesión o un d

ACCIÓN POPULAR-Para el reintegro a la comunidad del municipio de Cali la titularidad sobre la zona verde ubicado en el Corregimiento de Pance y que se declare el predio de uso público ACCIÓN POPULAR-No es el medio idóneo para definir quién tiene la propiedad de un bien inmueble En el caso en estudio, haremos alusión a los argumentos presentados por el demandado, el ciudadano en el recurso de apelación, en el que indica entre otras cosas que la Acción Popular no es el medio idóneo para definir quién tiene la propiedad sobre un bien inmueble y que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no tuvo en cuenta que el demandado por más de treinta (30) tuvo la propiedad del bien inmueble en cuestión, el cual fue adquirido de buna fe por medio de un contrato de compraventa. Igualmente, señala el señor que el A quo aplica la figura de la extinción de dominio al bien que le pertenece. ACCIÓN POPULAR-Busca proteger un derecho o interés colectivo de una amenaza de lesión o un daño consolidado La acción popular no solamente se ejerce en los casos de daños consumados y consolidados, sino también en aquellos en donde existe una amenaza de lesión definitiva de derechos. Amenaza de lesión que en el caso de éste medio de control hace referencia a su procedencia para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro o la amenaza producida como la alteración al goce pacífico de algún derecho de índole colectiva. Teniendo en cuenta lo anterior, la acción popular busca proteger un derecho o interés colectivo de una amenaza de lesión o un daño consolidado, derecho del cual hace parte el goce del espacio público y utilización y defensa de los bienes de uso público.

ACCIÓN POPULAR-Se trata de un bien de uso público sobre el cual hay un interés o derecho colectivo que debe ser protegido Se concluye que las zonas que han sido cedidas a los municipios o distritos constituyen bienes de espacio público, y éstas son a su vez bienes de uso público, razón por la cual son inalienables, imprescriptibles e inembargables; y que las zonas verdes que son bienes de uso público no pueden ser encerradas. Teniendo en cuenta las anteriores disposiciones, se vislumbra que la tradición de bienes inmuebles no es suficiente con que se cumpla con la solemnidad del título (escritura pública), sino que es necesario con que se inscriba el título en la oficina de registro de instrumentos públicos, perfeccionándose así el modo de adquirir la propiedad. En concordancia con lo anterior, la titularidad del bien le corresponde al Municipio de Santiago de Cali, y como lo mencionamos anteriormente, al ser éste una zona verde cedida al Municipio, es un bien de uso público sobre el cual hay un interés o derecho colectivo que debe ser protegido por medio de Acción Popular. Así las cosas, el señor al tener actualmente la posesión del bien y realizar obras de encerramiento sobre el bien inmueble que es de uso público está vulnerando el derecho o interés colectivo al goce y uso del espacio público, razón por la cual, en criterio de este Despacho, se solicita respetuosamente que se confirme la decisión de primera instancia. ACCIÓN POPULAR-Jurisprudencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado 1 Bogotá D.C., 23 marzo de 2017 Concepto No. 38 Doctora Maria Elizabeth García González

H. Magistrada ponente

Sección Primera Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 76001-23-31-000-2011-01835-01

Radicado interno: 2011-01835-01

Actor: Municipio de Santiago de Cali

Demandado: La Nación-Consejo Superior de la Judicatura-Dirección

Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.

Asunto: Recurso de Apelación contra la Sentencia del 5 de octubre de 2016 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió a las pretensiones de la demanda de Acción Popular que pretende que La Nación-Consejo Superior de la Judicatura reintegre a la comunidad del

Municipio de Santiago de Cali la titularidad sobre la Zona Verde No. 1 ubicada en la Calle 7 con carrera 118 del Corregimiento de Pance, y que se declare el predio la condición de naturaleza de uso público.

Respetada señora Consejera: Como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, de la manera más atenta, procedo a descorrer el traslado para emitir concepto dispuesto en auto del 10 de marzo de 2017; dentro del término allí señalado, presento a 2 consideración de la H. Sala los siguientes argumentos a fin de ser considerados al momento del pronunciamiento de fondo.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda El señor Freyber Bernal Torres, en calidad de Subdirector de Bienes Inmuebles y Recurso Físico del Municipio de Santiago de Cali, por intermedio del instrumento legal de Acción Popular consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política, instaura demanda contra La Nación-Consejo Superior de la Judicatura-Director

Ejecutivo de la Administración Judicial con el fin de que se reintegre a la comunidad del Municipio de Santiago de Cali la titularidad sobre la Zona Verde No. 1 ubicada en la Calle 7 con carrera 118 del Corregimiento de Pance, y que se declare el predio la condición de naturaleza de uso público. Con lo anterior busca la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el derecho al goce del espacio público y la utilización y la defensa de los bienes de uso público. 1.1. Pretensiones «1. Que La Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura, ha ordenado por intermedio de instancia judicial y en forma atípica, injusta e ilegal al Municipio de Santiago de Cali, la entrega de una zona verde lo cual vulnera en forma ostensible los derechos e intereses colectivos relacionados especialmente con el derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, previsto en el literal d, artículo 4 de la Ley 472 de 1998. 3

2. Como consecuencia de lo anterior, se reintegre a la comunidad caleña y declare a favor del Municipio de Santiago de Cali

la titularidad de dueño la zona verde No. 1 con área de 34.688.48 Metros Cuadrados, ubicada en la Calle 7 con carrera 118 del Corregimiento de Pance, cuya identificación plena se encuentra contenida en la Escritura Pública # 2010 del treinta (30) de abril de 1979, corrida en la Notaria Segunda del Circuito de Cali y debidamente registrada el día ocho (8) de mayo de 1979, con Matrícula Inmobiliaria No. 370-72668, adquiriendo así y desde aquel

entonces el predio, la condición o naturaleza de uso público, para lo cual la sentencia, así lo declarara. (…) ». 2.1. Hechos de la demanda Se señalaron como supuestos fácticos de la pretensión los siguientes:

1. Que el Decreto Extraordinario No. 0203 de marzo 16 de 2001 regula la Dirección de Desarrollo Administrativo-Subdirección de Bienes Inmuebles y Recurso Físico, la cual tiene entre sus funciones llevar el registro actualizado de bienes inmuebles del municipio y los de uso público administrados por éste, y adelantar las acciones necesarias para lograr la restitución de los bienes inmuebles propiedad del municipio y de los de uso público ubicados en jurisdicción de éste.

2. Que el señor Ernesto Lloreda Zamora en su condición de Representante Legal de la Sociedad PARCELACION LA FINCA LTDA, mediante escritura pública # 2010 del treinta (30) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1979) de la Notaría Segunda del Circuito de Cali, registrada el ocho (8) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1979), cedió al Municipio de Santiago de Cali

varias zonas verdes, entre ellas, la Zona Verde No. 1 con área de 34.688.48 metros cuadrados, ubicada en la calle 7 con carrera 118 4 del Corregimiento de Pance, con matrícula inmobiliaria no. 37072668, adquiriéndose así el predio la condición de uso público.

3. Que sobre la Zona Verde No. 1 ubicada en el Corregimiento de Pance se ha establecido otra matrícula inmobiliaria No. 370507548, con fundamento en la escritura pública no. 2107 del 6 de noviembre de 1979 de la Notaría Séptima del Círculo de Cali, la cual sólo se registró en la oficina de instrumentos públicos el día 23 de febrero de 1995.

4. Que en la Escritura Pública No. 2107 del 6 de noviembre de 1979 se consigna que el señor Ernesto Lloreda, en su condición de Representante Legal de la Sociedad PARCELACIÓN LA FINCA LTDA, vendió al señor Jaime Parra Aristizábal el lote de terreno

ubicado en la calle 7 con la carrera 118 Corregimiento de Pance, con un área de 34.668.48 metros cuadrados, es decir, el mismo lote que fue cedido al Municipio de Santiago de Cali.

5. Que mediante Escritura Pública No. 0536 del 24 de febrero de 1995 de la Notaría Séptima del Círculo de Cali y con matrícula inmobiliaria no. 370-507548 registrada el 30 de marzo de 1995, el señor Jairo Aristizábal vende el predio objeto de acción popular al señor Oswaldo Reyes Quijano, quien al adquirir el bien realiza un cerramiento de la zona verde.

6. Que la Subdirección de Bienes Inmuebles y Recurso Físico del Municipio de Santiago de Cali, solicita a la Secretaría del Gobierno Municipal la restitución del bien inmueble, para lo cual se expide la Resolución No. SGCS-4161.2.9.6-013-3923 del 20 de mayo de 2008, en la cual se ordena la resolución de la zona verde, diligencia que se realiza el 25 de julio de 2008.

7. Que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito adelantó el proceso abreviado de “entrega del tradente al adquiriente” adelantado por el señor Oscar Oswaldo Reyes Quijano, en el que se ordenó la entrega del inmueble objeto de la acción popular.

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8. Que la Administración Municipal se abstuvo de entregar el inmueble aduciendo y acreditando con la escritura pública la titularidad del mismo.

9. Que mediante Resolución No. 4131.5.14.39S-001 del 3 marzo de 2011, la Subdirección de Catastro Municipal de Santiago de Cali resolvió rectificar el documento digital contenido en el sistema SICATWEB de la Entidad, para anotar el nombre de su verdadero propietario “MUNICALI FRTU” en reemplazo del particular que mediante presunto fraude había sido anotado.

10. Que como consecuencia de lo anterior, el señor Oscar Oswaldo Reyes Quijano instauró una acción de tutela en contra del Juzgado 4 Civil del Circuito por considerar que se le había vulnerado el derecho al debido proceso, conociendo de la misma el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali Sala Civil, que en sentencia del 13 de mayo de 2011 resolvió tutelar el derecho invocado y ordenar al Juzgado que conminara a la corregidora de Pance a hacer cumplir la comisión impartida para hacer entrega material del objeto inmueble. 11.Que la Personería de Santiago de Cali, el 24 de mayo de 2011impugna la sentencia de tutela al considerar una ostensible vulneración del patrimonio público en cabeza del Municipio de

Santiago de Cali.

12. Que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,

mediante decisión del 22 de junio de 2011, confirmó el fallo de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali. 13.Que en la diligencia de entrega realizada por la Corregidora de la Inspección Rural del Corregimiento de Pance, en atención a Despacho Comisorio del Juzgado Cuarto Civil del Circuito, la Subdirección de Recursos Físicos y Bienes Inmuebles del municipio de Cali presentó oposición, al considerar que el justo título que posee sobre el bien es anterior al del señor Reyes Quijano, por lo tanto en defensa de los bienes de uso y patrimonio público, el 6 predio no habría de ser entregado. La oposición fue aceptada por la comisionada, quien nombró como secuestre del predio al mismo opositor. 14.Que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali, mediante auto interlocutorio 1666 del 5 de septiembre de 2011, rechaza la oposición propuesta por la parte demandada, y en consecuencia ordena librar oficio al secuestre para que en los cinco (5) días siguientes al recibo del requerimiento, realice la entrega del inmueble a la parte demandante. La entrega definitiva del predio a favor de Oscar Oswaldo Reyes Quijano se efectuó el día 21 de septiembre de 2011.

15. Que teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de Santiago de Cali decide interponer una Acción Popular en contra de las entidades del orden administrativo y judicial que conocieron del asunto en sus diferentes instancias. 2.2. Derechos e intereses colectivos amenazados y concepto de la amenaza.

Se señalaron como derechos e intereses colectivos amenazados los siguientes:

 Derecho al goce del espacio público y utilización y defensa de los bienes de uso público, artículo 4 de la Ley 472 de 1998.  Derecho a la moralidad administrativa, artículo 88 y 209 Constitucional y el artículo 4 de la Ley 472 de 1998. Como concepto de violación señala el demandante que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Que el artículo 5 de la Ley 9 de 1989 que define el espacio público, concepto que está integrado por entre otros, por las calles de recreación pública, activa o pasiva, por los parques, plazas, zonas verdes y similares. 7 Que el artículo 2 del Decreto 1504 de 1998 señala los bienes que comprenden el espacio públicos, entre ellos los bienes de uso público y las áreas requeridas para la conformación del espacio público. Que lo anteriores bienes de uso público han sido catalogados como un derecho e interés colectivo por el artículo 4 literal d de la Ley 472 de 1998, y por lo tanto es susceptible de ser reclamado y defendido por medio de la acción popular. Que la moral administrativa ha sido igualmente vulnerada con la actuación del operador jurídico cuyo deber es ser objetivo ateniendo a la finalidad legal que ha de orientar la acción u omisión de la autoridad pública o del particular que amenaza o ha violado el derecho. Y según el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 le corresponde al Estado responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales, toda vez que en el caso objeto de debate en la demanda de acción

popular el error judicial es inaceptable y sospechoso, materializándose en una providencia que no armoniza con la ley aplicable.

3. Decisión de Primera Instancia El Tribunal Administrativo del Valle de Cauca en el Fallo de primera instancia del 5 de octubre de 2016 determinó acceder a las pretensiones del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, declarando violados los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público consagrados en el literal d) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, y ordenando la restitución del bien inmueble a favor del Municipio de Santiago de Cali.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca definió que la propiedad del bien inmueble le correspondía al Municipio de Santiago de Cali, razón por la cual siendo un bien de uso púbico sobre el recaen derechos o intereses colectivos protegidos por medio de la Acción Popular. Además, acudió al método del Consejo de Estado para analizar la vulneración de los derechos e intereses colectivos, consistente en identificar: 1) La existencia de unos bienes jurídicos afectados con 8 la conducta de quien se alega, usurpó los derechos o intereses colectivos; 2) una forma clara de afectación; 3) una reacción jurídica necesaria frente a la lesión. Frente a la existencia de los bienes jurídicos afectados, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sostuvo que la zona verde que se discute reviste un carácter de bien de uso público, y que la conducta activa del señor Oscar Oswaldo Reyes Quijano vulnera el interés colectivo al goce del espacio público y utilización y

defensa de los bienes de uso público, al solicitarse mediante orden judicial la entrega material del bien inmueble que fue cedido al municipio de manera primigenia. En cuanto a la relación jurídica necesaria frente a la lesión, el A quo señaló que las providencias relacionadas con la entrega del bien inmueble proferidas anteriormente no definen de fondo el asunto litigioso consistente en la titularidad del derecho de propiedad sobre el bien inmueble. Que el contrato de compraventa del bien inmueble no cumple con el requisito de la oponibilidad, pues en la tradición de los bienes inmuebles surge la obligación del registro del título traslaticio de dominio en la respectiva oficina del registro de instrumentos públicos para que se transfiera la posesión efectiva del respectivo derecho. Que quien efectuó el registro en debida forma y de manera inicial fue el Municipio de Santiago de Cali el día 8 de mayo de 1979, y que la oponibilidad en el contrato de compraventa entre Jaime Parra y Oscar Reyes no tenía efectos pues el registro sólo surtió repercusiones a partir del 23 de febrero de 1995. Que la acción popular es el medio idóneo para restituir el bien inmueble al Municipio pues se determinó que éste es un predio de uso público.

4. Recurso de Apelación El señor OSCAR OSWALDO REYES QUIJANO, actuando por medio de apoderado interpuso Recurso de Apelación contra la Sentencia del cinco (5) de octubre de 2016 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió a las pretensiones de la demanda de Acción Popular, argumentando lo siguiente:

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1. Que el Tribunal no tuvo en cuenta el título de dominio del señor OSCAR

OSWALDO REYES QUIJANO desde la fecha en que de buena fe compró el inmueble según escritura pública 2107 del 6 de noviembre de 1979, despojándolo de su propiedad y derechos de dominio.

2. Que se está vulnerando el derecho fundamental a la propiedad privada al favorecer al Municipio de Santiago de Cali por ser de primer tiempo, teniendo en cuenta que el señor Oscar Oswaldo Reyes Quijano no tenía conocimiento de la existencia de un folio de matrícula paralelo.

3. Que el Tribunal Administrativo del Valle se extralimitó en su decisión de fondo al declarar la vulneración de derechos e intereses colectivos, al existir procedimientos judiciales para dirimir la controversia.

4. Que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aplicó la figura de extinción de dominio que si bien es cierto tiene naturaleza constitucional, se está imponiendo una condena del resorte de la jurisdicción penal o civil, interpretando que el bien trabado en este trámite fue adquirido de manera ilícita por el señor Oscar Oswaldo Reyes.

5. Que la tradición del predio del señor Oscar Oswaldo Reyes fue inscrita en el registro público hace más de treinta (30) años, tiempo en el cual el Municipio de Santiago de Cali no se dieron cuenta que el predio no era de carácter público.

6. Que el A quo no tuvo en cuenta la figura de la cesión gratuita que realizó el señor Ernesto Lloreda a favor del Municipio de Santiago de Cali, la cual se hizo con el fin de ser utilizada en beneficio de los habitantes que tiempo después residirían en la zona, acto que el Municipio de Santiago de Cali omitió por más de treinta (30) años, tiempo en el que el predio estuvo en la posesión y dominio

de los particulares que de buena fe ejercieron el derecho de compra. 4.1. Trámite del recurso de apelación El Consejo de Estado mediante auto del 28 de febrero de 2017 admite el recurso de apelación presentado. 10

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Se encuentra el asunto ante esta H. Sección por razón de recurso de apelación que fuera interpuesto por el demandante contra la Sentencia del cinco (5) de octubre de 2016 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio del cual se accedió a las pretensiones del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, declarando violados los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público consagrados en el literal d) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, y ordenando la restitución del bien inmueble a favor del Municipio de Santiago de Cali.

En el caso en estudio, haremos alusión a los argumentos presentados por el demandado, el ciudadano OSCAR OSWALDO REYES QUIJANO, en el recurso de apelación, en el que indica entre otras cosas que la Acción Popular no es el medio idóneo para definir quién tiene la propiedad sobre un bien inmueble y que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no tuvo en cuenta que el demandado por más de treinta (30) tuvo la propiedad del bien inmueble en cuestión, el cual fue adquirido de buna fe por medio de un contrato de compraventa. Igualmente, señala el señor Oscar Reyes que el A quo aplica la figura de la extinción de

dominio al bien que le pertenece. Las normas que regulan la figura de la acción popular son las siguientes: «Artículo 88 de la Constitución Política. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. 11 Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos». En desarrollo de este precepto constitucional se expidió la Ley 472 de 1998 cuyo artículo 2º define las acciones populares así: «Artículo 2. Las acciones populares son los medios procésales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible». Conforme lo anterior, la acción popular no solamente se ejerce en los casos de daños consumados y consolidados, sino también en aquellos en donde existe una amenaza de lesión definitiva de derechos como lo precisa el tratadista el Dr. Juan Carlos Henao en el libro “El Daño”. Amenaza de lesión que en el caso de éste medio de control hace referencia a su procedencia para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro o la amenaza producida como la alteración al goce pacífico

de algún derecho de índole colectiva. De otro lado, frente a los derechos e intereses colectivos, el artículo 4 de la Ley 472 de 1998 indica: «Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; Ver el Fallo del Consejo de Estado 1330 de 2011 b) La moralidad administrativa; Ver el Fallo del Consejo de Estado 1330 de 2011 c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; 12 d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público ; Ver Fallo Consejo de Estado 071 de 2001 , Ver Fallo Consejo de Estado 116 de 2001 e) La defensa del patrimonio público; Ver Fallo Consejo de Estado 071 de 2001, Ver el Fallo del Consejo de Estado 1330 de 2011 f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación; (…)». (Subraya de la Delegada). Teniendo en cuenta lo anterior, la acción popular busca proteger un derecho o interés colectivo de una amenaza de lesión o un daño consolidado, derecho del

cual hace parte el goce del espacio público y utilización y defensa de los bienes de uso público. En cuando a la procedencia de la acción, el artículo 9 de la Ley 472 de 1998 indica: «Artículo 9º.- Procedencia de las Acciones Populares. Las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos». Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado: «La carencia de contenido subjetivo de las acciones populares implica que en principio, no se puede perseguir un resarcimiento de tipo pecuniario en favor de quien promueve el reclamo judicial de un interés colectivo. Solamente, en algunos casos, el legislador ha previsto el reconocimiento de los gastos en que incurra la persona que actúa en defensa del interés público o de una recompensa, que de todas maneras no puede convertirse en el único incentivo que debe tener en mira quien debe obrar más por motivaciones de carácter altruista y solidario, en beneficio de la comunidad de la que forma parte. Además, ha afirmado la Corte “... su propia condición permite que puedan ser ejercidas contra las autoridades públicas por sus acciones y omisiones y por las mismas causas, contra los particulares; su tramitación es judicial y la ley debe proveer sobre ellas atendiendo a sus fines públicos y concretos, no subjetivos ni individuales". De igual manera, dichos mecanismos buscan el restablecimiento del uso y goce de tales derechos e intereses colectivos, por lo que también tienen un carácter restitutorio. Finalmente, hay que observar que estas acciones tienen una estructura

especial que la diferencia de los demás procesos litigiosos, en cuanto no son en estricto sentido una controversia entre partes que defienden intereses subjetivos, sino que se trata de un mecanismo de protección de los derechos colectivos prexistentes radicados para efectos del reclamo judicial en cabeza 13 de quien actúa a nombre de la sociedad, pero que igualmente están en cada uno de los miembros que forman la parte demandante de la acción judicial»1. (Subrayado fuera de texto).

Y el Consejo de Estado sostuvo: «…en parte alguna de la Ley 472 de 1998 se regula, como sí sucede con el Decreto Ley 2591 de 1991 y la Ley 393 de 1997, frente a la acción de tutela y a la acción de cumplimiento, que la acción popular resulte improcedente por la existencia de otros medios de defensa judiciales a través de los cuales también se puedan hacer efectivos los derechos conculcados.

Por el contrario, del texto de las normas transcritas se desprende que el derecho o interés colectivo puede ser quebrantado por actos, acciones u omisiones de la entidad pública o del particular que desempeñe funciones administrativas, lo que significa que al resolver la controversia el juzgador se pronuncia sobre la legalidad de esos actos, acciones u omisiones. Es así como la Sala en sentencia de 9 de noviembre de 2000 (Expediente AP-119, Actores: Carlos Trujillo Solarte y otros, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), hizo pronunciamientos en relación con un acto administrativo frente al cual se sustentó la supuesta vulneración del derecho colectivo reclamado. Y es que el hecho de que dichos actos, acciones u omisiones, también

puedan ser objeto de enjuiciamiento a través de otras acciones, no implica que deba acudirse necesariamente al ejercicio de las mismas pues, lo que habilita la acción popular es el interés o derecho colectivo que busca protegerse. En otras palabras, siempre que esté de por medio la supuesta vulneración de un derecho o interés colectivo, por presunto acto, acción u omisión de las entidades públicas o de los particulares que desempeñan esas funciones, resulta procedente la acción popular, sin perjuicio de que también pueda intentarse otra acción, como por ejemplo la de nulidad o la contractual, a que alude el a quo. Además, no aprecia la Sala que se esté en presencia de las circunstancias que expresamente señala el artículo 20 de la Ley 472, en armonía con el artículo 44, ibídem, para que proceda el rechazo de la demanda.»2 (Subrayado fuera de texto). Queda claro entonces que las Acciones Populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, siempre y cuando hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos, sin importar si proceden otros medios de defensa judicial pues lo que se busca proteger el derecho o interés colectivo. 1 Corte Constitucional, Sentencia C-215 de 1999. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 1° de febrero de 2002, proferido en el expediente N°AP-148. M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 14 Por lo tanto, en el presente caso, la acción popular resulta aplicable ya que se pretende la protección al derecho o interés colectivo del goce del espacio público

y la utilización y defensa de los bienes de esta naturaleza que presuntamente fue desconocido por La NaciónConsejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial. Para el estudio del presente caso en el que se discute la propiedad de un bien inmueble, resulta indispensable traer a colación las normas referidas al espacio público y a los bienes de uso público, así. La Constitución Política en sus artículos 63 y 82 indica: «ARTICULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. (…)».

El Código Civil dispone: « ARTICULO 674. BIENES PUBLICOS Y DE USO PÚBLICO. Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República.

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales. (…) ARTICULO 678. USO Y GOCE DE BIENES DE USO PÚBLICO. El uso y

goce que p