PGN - ACCION POPULAR - Consagración legal de la oficiosidad

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C.,mayo cuatro (4) de dos mil seis (2006). Aprobado en Acta de Sala No. 23

Radicación: 161-2926 (169-113565/04)

Disciplinado: MYRIAM DEL SOCORRO PACHECO

RODRÍGUEZ

Cargo y Procuradora 15 Judicial II en Asuntos

Entidad: Administrativos Quejoso: Juan Domingo Torres Ojeda y otros Fecha queja: 7 de julio de 2004

Fecha Julio de 2003 a octubre de 2004

Hechos: Asunto Apelación auto de archivo

P. D. Ponente: Doctor ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, la Sala Disciplinaria conoce por vía de apelación, la decisión proferida el 27 de septiembre de 2005, por la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado, mediante la cual archivó definitivamente las diligencias adelantadas contra la doctora Myriam del Socorro Pacheco Rodríguez, en su condición de Procuradora 15 Judicial II en Asuntos Administrativos con sede en

Barranquilla, Atlántico. ANTECEDENTES PROCESALES Los hechos motivo de averiguación disciplinaria tuvieron su génesis en el escrito de queja presentado el 7 de julio de 2004 por los señores Juan domingo Torres, Carlos Cahuana y Luis A. Espíndola, mediante el cual solicitan se investigue a la doctora Radicación No. 161-2926 Myriam del Socorro Pacheco Rodríguez, en relación con su actuación en la Acción Popular No. 02-2660 adelantada en el Tribunal administrativo del Atlántico.

En el escrito relataron los quejosos, que el 6 de diciembre de 2002 fue admitida en el Tribunal Administrativo del Atlántico una demanda de Acción Popular contra de la Corporación Universitaria de la Costa, C.U.C., y el ICFES, “por el cobro ilegal del Servicio Médico Asistencial y el doble incremento de matrículas por parte del primero, y por la Moralidad Administrativa por parte del segundo. Señalaron que el 18 de julio de 2003 a las 9:00 a.m. se fijó fecha para la Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento, de donde se advierte un trámite dilatado contrario a lo previsto por la ley para las acciones populares; observándose en dicha diligencia que el magistrado se abrazó efusivamente con el Señor Rector de la Corporación Universitaria de la Costa, C.U.C., y extrañamente la Señora Procuradora no hizo ningún tipo de observación al respecto, no obstante que con posterioridad el magistrado dilató el trámite de la citada acción popular. Manifestaron también que se efectuó una segunda reunión para el pacto de cumplimiento, “el cual rompimos por no haberse dado el ambiente necesario”, y el 6 de agosto de 2003 solicitaron proferir auto de pruebas; advirtiéndose dilación, toda vez que después de casi 3 meses, esto es, el 24 de octubre de 2003, se dio apertura al trámite de pruebas. Puntualizaron los quejosos que el 10 de noviembre de 2003, impugnaron el auto que les denegó una prueba solicitada, y “precisamente el Magistrado de manera

intencional nos niega el recurso de reposición sin mucha coherencia jurídica”; circunstancia ante la cual se vieron compelidos a elevar queja de carácter disciplinario contra el citado magistrado, quien se declaró impedido. Añadieron que también presentaron una acción de tutela. Mencionaron así mismo, que a la fecha la Procuradora Judicial “no ha asomado una postura jurídica en torno a tales hechos, en una palabra no tenemos ningún tipo de eco”, siendo “evidente que la Señora Procuradora, ha sido completamente negligente ante tal proceso que por su falta de acción nos hace visionar una ignominia frente a tal demanda”, pues a pesar de la ostensible demora del proceso no hizo ningún tipo de pronunciamiento. Finalmente, solicitaron que se sancione disciplinariamente a la doctora Myriam Pacheco, Agente del Ministerio Público, se separe de la actuación que le compete en la Acción Popular 02-2660 y se designe otro funcionario en su reemplazo, para que impulse dicho proceso de Acción Popular (fls. 34 a 39). 2 Radicación No. 161-2926 Por auto de fecha 16 de diciembre de 2004, la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado, decretó la apertura de indagación preliminar contra la doctora Myriam del Socorro Pacheco Rodríguez, en su condición de Procuradora 15 Judicial Administrativa (fls. 43 a 45). Auto que le fue notificado personalmente el 3 de febrero de 2005 (fl. 62). Después de recaudado suficiente material probatorio, el 27 de septiembre de 2005 el

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado se abstuvo de abrir investigación disciplinaria y ordenó el archivo definitivo de la actuación adelantada contra la implicada Myriam del Socorro Pacheco Rodríguez, en su calidad de Procuradora 15 Judicial Administrativa, (fls. 99 a 106). La citada Delegada envió al parecer el 18 de octubre de 2005 los oficios números 1213 y 1214 con copia de la decisión adoptada, tanto al quejoso como a la doctora Pacheco Rodríguez (fls. 117 y 118); procediendo los quejosos a impugnar la mencionada providencia el 28 de octubre de 2005 (fls. 119 a 123), recurso de apelación que les fue concedido en el efecto suspensivo a través de proveído de fecha 3 de noviembre de 2005 (fls. 124 y 125). Del auto precitado se les enteró a los quejosos y a la Procuradora Judicial, mediante los oficios números 1372 y 1374 de fechas 4 de noviembre de 2005 (fls. 127 y 128). DECISION DE PRIMERA INSTANCIA Conforme se indicó en precedencia, el 27 de septiembre de 2005 la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado resolvió abstenerse de abrir investigación disciplinaria y en consecuencia ordenó el archivo definitivo de las diligencias seguidas en contra de la doctora Myriam del Socorro Pacheco Rodríguez, en su condición de Procuradora 15 Judicial II en Asuntos Administrativos, al quedar comprobada la no comisión de falta disciplinaria por parte de dicha funcionaria (fls. 99 a 106).

Resaltó la Delegada que la implicada Myriam el Socorro Pacheco Rodríguez, Procuradora 15 Judicial II en Asuntos Administrativos, en versión libre manifestó que no recordaba que al inicio de la audiencia de pacto de cumplimiento se hubiera presentado una manifestación de afecto o amistad íntima entre el magistrado ponente y alguna de las partes, que constituyera causal de impedimento que afectara el debido proceso, pues si así hubiese sido como Agente del Ministerio Público se hubiera pronunciado al respecto. En lo que atañe a la dilación del proceso, señaló que es un hecho notorio la gran congestión que afrontan los despachos judiciales, específicamente la jurisdicción en 3 Radicación No. 161-2926 lo contencioso administrativo, y que los quejosos, por desconocimiento de la normatividad que regula las acciones populares, “obstinadamente dilataron la actuación, presentando una serie de peticiones que nada tenían que ver con el trámite de la acción popular, y que corresponden al fuero interno de la universidad y su consejo directivo”. La Procuradora Judicial también mencionó que a las dos audiencias de pacto de cumplimiento a las cuales asistió, fracasaron por voluntad de las partes, por lo que solicitó al magistrado ponente pasar a la siguiente etapa procesal, “pero los innumerables escritos, solicitudes, recusaciones e impedimentos, que presentaron los quejosos y debieron ser resueltos por el Tribunal dentro de los términos legales, prorrogaron el trámite de la acción popular”. Además, que una vez resuelta la recusación invocada contra el magistrado ponente, solicitó a la Corporación fijara

fecha para practicar las pruebas decretadas, tal como consta en documento que aportó al informativo, aclarando que las fechas de las diligencias son determinadas por el magistrado competente y la secretaría del Tribunal de acuerdo a la carga laboral. Así mismo, indicó la investigada que los quejosos elevaron un derecho de petición, a través del cual requerían sobre actuaciones y opiniones del Ministerio Público, el cual resolvió en el término legal, documento del cual dio traslado en su oportunidad para que se le relevara del conocimiento de este asunto y para que los accionantes estuvieran más tranquilos respecto de sus pretensiones, razón por la cual se procedió a designar al Procurador 14 Judicial para Asuntos Administrativos, quien comenzó su actuación en la etapa final de alegatos de conclusión. Agregó, que de la diligencia de ratificación, se advierte que el quejoso no tiene claridad sobre las funciones del Ministerio Publico, pues insistió en que debía pronunciarse sobre una protesta estudiantil y unas decisiones del ICFES, aspectos estos, que no son de su competencia. Sostuvo el a quo, que el señor Juan Domingo Torres Ojeda en diligencia de ratificación de la queja precisó que la Procuradora Judicial omitió injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su cargo, toda vez que se reclamaban unos derechos fundamentales y esperaban una intervención eficaz de parte de ella. Además, que no impulsó la acción popular, habiendo sido importante haber conocido su opinión respecto de varios escritos presentados ante el Tribunal, entre ellos, el caso de la protesta estudiantil y las intimidaciones que recibieron de las directivas de

la universidad, hechos que en su sentir, constituyen incumplimiento de las funciones preventivas y de control de gestión de los Agentes del Ministerio Público, previstas en el artículo 37 del Decreto 262 de 2000. Reiteró que esperaba que la funcionaria desplegara una actuación más dinámica, en defensa de los derechos humanos y los 4 Radicación No. 161-2926 derechos fundamentales, y que no se prorrogaran más los términos procesales. Que contrario al comportamiento de la doctora Pacheco Rodríguez, el Procurador designado, quien asumió el conocimiento del asunto el 10 de noviembre de 2004, solicitó al magistrado ponente ordenar correr traslado a las partes para alegar por encontrarse excesivamente vencido el término probatorio, petición que fue acogida en su oportunidad, lo que indica que la Procuraduría si tiene presencia significativa en estos procesos. Sostuvo la primera instancia que el Tribunal Administrativo del Atlántico no aceptó la causal de recusación impetrada por los quejosos contra el doctor Hernando Duarte Chinchilla, Magistrado Ponente de la citada acción popular, tal como lo depuso la doctora Pacheco Rodríguez en su diligencia de versión y en los escritos dirigidos al despacho del magistrado. De igual forma, destacó el operador jurídico que está acreditado en autos que la dilación de la susodicha acción popular, obedece “en primer lugar al mal endémico de la congestión de la justicia en general, que en el caso particular de la jurisdicción contencioso administrativa, desde 1996 existe expectativa en el país por la puesta en funcionamiento de los jueces administrativos, como un ensayo para buscar una

solución al problema”, y tal como lo relató la disciplinada, “el Tribunal Administrativo del Atlántico, no es la excepción de esta problemática que en el transcurso de los últimos diez años y particularmente desde a reglamentación de las nuevas acciones creadas por la Constitución Política de Colombia de 1991, la competencia asignada a la jurisdicción contenciosa administrativa fue ampliada y la demanda de justicia ante sus corporaciones registró un incremento considerable que alcanza niveles preocupantes para la debida gestión judicial”. Circunstancia “que incide negativamente en el servicio público de la administración de justicia que le corresponde al Estado y produce un inocultable detrimento de los deberes de diligencia y cumplimiento propios del mandato previsto en el articulo 229 de la Constitución”. En segundo lugar, aceptó el quejoso Torres Ojeda, que como reacción a la falta de agilidad al trámite de la acción popular, presentaron varios escritos con el fin de llamar la atención de la Corporación, para que se diera cumplimiento estricto a los términos procesales, lo que paradójicamente produjo efectos contrarios. De lo anterior, infirió la Delegada que no puede endilgarse a la doctora Myriam del Socorro Pacheco Rodríguez omisión en el cumplimiento de sus deberes, pues sus funciones no solo se encaminan a la acción popular objeto de debate, sino que en representación del Ministerio Público debe intervenir en otras acciones ordinarias y 5 Radicación No. 161-2926 especiales ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, de acuerdo a los criterios previstos en la Resolución No. 204 de 2001. Precisó el a quo, que la Ley 472 de 1998 desarrolló las acciones populares

consagradas en el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, señalando como obligatoria la presencia del Ministerio Público en la audiencia especial de pacto de cumplimiento, que es un acuerdo de naturaleza conciliatoria, y si es suficiente para poner fin a la violación de los derechos, se aprueba por el juez mediante sentencia, si por el contrario, no es suficiente, el juez continúa con la etapa probatoria. En el proceso de acción popular referido, la Procuradora Judicial intervino hasta la audiencia de pacto de cumplimiento, y como quedó comprobado, no hubo acuerdo conciliatorio, razón por la cual las diferencias entre las partes se resolvieron en la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico. En lo que concierne a que la Procuradora Judicial al parecer evadió una obligación constitucional, al manifestar en la respuesta a un derecho de petición, que no tenía la obligación de responder dicho interrogatorio. Aseguró el operador disciplinario que el derecho de petición de 22 de julio de 2004, suscrito por los quejosos y dirigido a la doctora Pacheco Rodríguez, fue resuelto en el lapso previsto por la ley, donde la Procuradora Judicial aludió a los términos utilizados en el escrito, los cuales consideró irrespetuosos, y que sin embargo, respondió a pesar de no estar obligada legalmente a contestar el requerimiento, pues según ha señalado la Corte Constitucional en sentencia T-495 de 12 de agosto de 1992, el único límite que impone la Constitución para no poder obtener pronta resolución a las peticiones, es que ésta se haya formulado de manera irrespetuosa.

RECURSO DE APELACIÓN

Los quejosos impugnaron la decisión de primera instancia, solicitando su revocatoria, con fundamento en los siguientes planteamientos (fls. 119 a 103): Precisaron los quejosos recurrentes que el abrazo cordial o efusivo del Señor Magistrado con el Rector de la CUC no fue motivo de denuncia. Destacaron los apelantes que desde el inicio del proceso, esto es desde enero de 2003 hasta julio del mismo año en que se efectuó el Pacto de Cumplimiento, el trámite del proceso se surtió con prontitud y celeridad, pero posteriormente se dilató ostensiblemente, motivo por el cual esperaban que el proceso fuera impulsado por parte de la Procuradora Judicial de acuerdo a las funciones que le corresponden. Sin embargo, acudieron ante el magistrado para que agilizara el proceso, “pero fue una 6 Radicación No. 161-2926 situación malograda y con resultados nefastos al proceso... pues se demoró mucho más”. En lo que atañe a que la administración de justicia atraviesa una situación de “cuello de botella en sus despachos”, aducen los recurrentes que tal circunstancia no puede exculpar la demora en la gestión del proceso de acción popular y la infracción a los derechos fundamentales. De parte y en cuanto a la calificación de “obstinados” por parte de la investigada, consideran que es irrespetuosa, máxime que proviene de quien representa al Ministerio Público, toda vez que si llamaron la atención a la Corporación fue por razones justas, ante la coyuntura que había generado la Acción Popular al interior de la universidad, de donde emergieron situaciones difíciles, debiendo haberse

pronunciado tanto el Tribunal como la Procuradora Judicial, para preservar “derechos humanos y fundamentales llamando al equilibrio de las partes”. Censuraron los impugnantes el que se haya catalogado de irrespetuoso el derecho de petición que formularon a la Señora Procuradora Judicial, “cuando al exámen de las pruebas no se surten razones de hecho o coherentes para dilucidar tales calidades”. Señalaron los quejosos recurrentes que el nuevo Procurador, doctor Javier Lizcano si impulsó el proceso, pues solicitó correr traslado para presentar alegatos, mientras que la doctora Pacheco Rodríguez en ningún momento requirió celeridad al proceso, no obstante, el Delegado justificó la poca celeridad del mismo. Destacaron que si se movilizó el proceso fue por cuenta de ellos. “Lo cierto que es injustificable ese mal endémico, como lo dice el Doctor Serrato, y no haber hecho el deber de movilizar más la demanda”, aunque aceptan que la investigada estaba actuando en varios procesos, pero que tal circunstancia no justifica la poca efectividad de sus labores, con el propósito de que se gestionara con celeridad el proceso de acción popular citado, tal como lo consagra la Constitución y las leyes, lo cual va en perjuicio de los ciudadanos. Aludieron los impugnantes al artículo 2 de la Resolución No. 204 de 18 de julio de 2001 del Procurador General de la Nación, donde se establece que los Procuradores Judiciales ante los Tribunales Contencioso Administrativos intervendrán obligatoriamente, entre otros, en las acciones populares y de grupo. Así mismo,

refirieron al artículo 7, en cuanto dispone que los Agentes del Ministerio Pública podrán intervenir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, específicamente en los casos que así lo amerite, de acuerdo a la importancia jurídica, trascendencia social o lo determine la Ley o el Procurador General de la 7 Radicación No. 161-2926 Nación, con el fin de preservar el interés general el ordenamiento jurídico, el patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales. Se preguntan los apelantes que de acuerdo a las disposiciones legales señaladas: “1. ¿No ameritará importancia una acción popular relacionada con la educación superior y los derechos pecuniarios (Ley 30 de Educación General Art. 122)? 2. ¿La presente acción popular que se demanda de manera implícita derechos fundamentales como Educación (Acceso y servicio) y Salud (Cobro del Servicio Médico Estudiantil) acaso no revertían importancia para no haber mostrado interés, labor efectiva en su labor?”. Por último manifestaron los impugnantes que con el comportamiento desplegado por la Procuradora Judicial, al advertir la demora del proceso y no ser diligente en cuanto a que se le impartiera celeridad al proceso, constituye falta gravísima tal como lo preceptúa el numeral 38 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de sus funciones propias del cargo. CONSIDERACIONES DE LA SALA Esta Sala Disciplinaria es competente para conocer del presente asunto en virtud de la competencia otorgada por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 en

armonía con el tercer inciso del artículo 74 ejusdem, teniendo en cuenta que la doctora Myriam el Socorro Pacheco Rodríguez, en su condición de Procuradora 15 Judicial II en Asuntos Administrativos, es sujeto disciplinable por este Órgano de Control. Pues bien, en el caso de autos el cuestionamiento se circunscribe a la omisión en el ejercicio de las funciones por parte de la Procuradora 15 Judicial II en Asuntos Administrativos, al no impeler el proceso de Acción Popular instaurado por los quejosos ante el Tribunal Administrativo del Atlántico contra la Corporación Universitaria de la Costa, el cual fue objeto supuestamente de dilaciones manifiestas. En el caso sub examine, en lo que respecta a los argumentos esbozados por los apelantes, debe señalarse que en efecto, la Ley 472 de 1998 regula lo atinente a las acciones populares, y en su artículo 2 las define como “los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior, cuando fuere posible”. 8 Radicación No. 161-2926 Es indiscutible que de acuerdo al procedimiento previsto, promovida la acción es obligación del juez impulsarla oficiosamente, primando frente a esta acción conforme lo establece el artículo 6 ídem., el recurso de Hábeas Corpus, la acción de tutela y la acción de cumplimiento. Así pues, el lapso del que disponga el funcionario judicial para arribar a la toma de

decisión, mediante sentencia definitiva debe tener también un máximo, señalado en la disposición legal precitada, el cual desde luego no puede quedar al arbitrio del magistrado. Esto significa que los términos judiciales obligan tanto a las partes intervinientes en el proceso como al juez que lo conduce. Es cierto que el magistrado debe velar porque los plazos o lapsos procesales se cumplan y no se dilate injustificadamente el trámite del proceso de Acción Popular, pero también lo es, que el abuso de escritos y recusaciones, como en el caso de autos, incidieron en la dilación del trámite jurisdiccional. Es evidente, que en el caso de autos no pudieron cumplirse estrictamente los términos por inconvenientes justificados, pues es un hecho notorio el gran volumen de negocios y la gran cantidad de asuntos para resolver por parte de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo, aunado, que el magistrado ponente no solamente está obligado a otorgar prioridad a los casos previstos en el artículo 6 de la Ley 472 de 1998, sino también a los procesos que por su naturaleza les compete tramitar, de acuerdo a las funciones atribuidas en la Constitución Política, en el Código Contencioso Administrativo y demás normas concordantes. Siendo importante resaltar, tal como lo señaló el a quo y conforme lo consagran las disposiciones legales respectivas, que son competentes en primera instancia para conocer de las acciones de cumplimiento, populares y de grupo los jueces administrativos, pero mientras entran en funcionamiento tales juzgados, le corresponde dicho trámite a los Tribunales Contencioso Administrativos; contingencia que incide en la recarga laboral de tales Corporaciones.

Así las cosas, a pesar del deseo del doctor Hernando Duarte Chinchilla, magistrado ponente, le fue imposible impulsar el proceso de Acción Popular, motivo por el cual los términos legales se prolongaron en el tiempo. Situación ampliamente conocida por la Procuradora Judicial implicada en estas diligencias disciplinarias, en cuanto a que no había una manifiesta o injustificada omisión del funcionario judicial o desinterés de parte de éste en activar el proceso de marras. Motivo por el cual era innecesario persistir en un diligenciamiento diligente y expedito que humanamente era imposible llevar a cabo. Siendo conveniente denotar, que la doctora Pacheco Rodríguez en diligencia de versión fue explícita en mencionar que el Tribunal 9 Radicación No. 161-2926 Administrativo del Atlántico está conformado por seis magistrados, cada uno de los cuales gestiona un promedio de 2.500 procesos. Interviniendo ella y otro agente del Ministerio Público en miles de procesos, aclarando, que mensualmente se notifica de un promedio de 200 demandas. Conforme lo mencionado en precedencia, no podían pretender los recurrentes dedicación exclusiva por parte del magistrado ponente y de la Procuradora Judicial a la acción popular interpuesta por ellos, independientemente de la trascendencia del asunto. Siendo importante clarificarle a los apelantes que los derechos fundamentales no se protegen a través de acciones populares, sino por acciones de tutela. De otro lado, es conveniente referir que a través de escrito de 20 de enero de 2004, los impugnantes acudieron en virtud del derecho de petición ante el Defensor del

Pueblo; Regional Atlántico, sobre la inconformidad respecto del doctor Hernando Duarte Chinchilla, magistrado ponente en cuanto al trámite del proceso de acción popular No. 02-2660 (fl. 30), quien por oficio de fecha 22 de abril de 2004 (fl. 16) solicitó información al funcionario judicial, sin que hubiera advertido ningún tipo de irregularidad en su diligenciamiento, porque de ser así hubiera intervenido en el proceso conforme lo estipula la ley, máxime que los recurrentes no interpusieron la acción por intermedio de apoderado, pero no lo consideró así. Según el artículo 27 de la Ley 472 de 1998 la intervención del Ministerio público en la audiencia especial de pacto de cumplimiento es obligatoria y su inasistencia es causal de mala conducta, sancionable con destitución del cargo; audiencias a las cuales compareció la doctora Pacheco Rodríguez, las cuales resultaron infructuosas, porque no hubo acuerdo entre las partes, tal como lo reseñó el operador jurídico. Además, la citada funcionaria actuó también haciendo entrega del oficio calendado 2 de julio de 2004 a través del cual solicitó al magistrado ponente fijar nuevas fechas para practicar las pruebas decretadas (fl. 88). De otra parte y en cuanto a la acepción de obstinados utilizada por la disciplinada hacia los quejosos recurrentes, la cual consideran irrespetuosa, discrepa la Sala de tal interpretación, pues la Procuradora Judicial al respecto puntualizó: “Yo observo que al proceso de Acción Popular se le dio el trámite normal en el Tribunal Administrativo del Atlántico y que los quejosos en su actuación fueron obstinados

presentando una serie de peticiones y solicitudes que no tenían nada que ver con la acción popular tal como ellos lo admitieron (…)”. Pues bien, la intención de la doctora Pacheco Rodríguez fue la de destacar la persistencia de los impugnantes en solicitudes ajenas al proceso de acción popular que cursaba contra la Corporación Universitaria de la Costa, y respecto de las cuales no procedía ningún tipo de 10 Radicación No. 161-2926 pronunciamiento, ni por parte del magistrado ponente ni por la agente del Ministerio Público, tal como lo pretenden los apelantes. En lo que concierne a la censura de los impugnantes por haber catalogado la investigada de irrespetuoso el derecho de petición de 22 de julio de 2004 (fls. 89 a 91), significado que también avaló la primera instancia. Comparte el Despacho tal apreciación, pues se avizora de las expresiones allí plasmadas que son descomedidas e irreverentes, la cuales legalmente no obligaban a la funcionaria a responderlo, sin embargo lo contestó. En este orden de ideas, quedan sin ningún sustento legal las afirmaciones de los recurrentes, toda vez que el comportamiento de la doctora Myriam el Socorro Pacheco Rodríguez, Procuradora 15 Judicial II en Asuntos Administrativos, se ajustó a las labores propias de su cargo, las cuales ejerció de acuerdo a lo previsto en la Ley 472 de 1998 y Resolución 204 de 18 de julio de 2001 del Procurador General de la Nación, sin que se advierta omisión en el ejercicio de sus funciones. En tal virtud, con fundamento en lo consignado, forzoso es confirmar la decisión

apelada. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en uso de sus atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el auto calendado 27 de septiembre de 2005, mediante el cual la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado, se abstuvo de abrir investigación disciplinaria y ordenó el archivo definitivo de las diligencias adelantadas contra la doctora Myriam del Socorro Pacheco Rodríguez, en su condición de Procuradora 15 Judicial II en Asuntos Administrativos, con sede en Barranquilla, Atlántico, de conformidad con las motivaciones precedentes.

SEGUNDO: Por la Secretaría de esta Sala Disciplinaria COMUNICAR esta decisión al doctor la doctora Myriam del Socorro Pacheco Rodríguez, en su calidad de Procuradora 15 Judicial II en Asuntos Administrativos, con sede en Barranquilla, Atlántico, quien se localiza en el Edificio Centro Cívico, oficina 910, Barranquilla, Atlántico, advirtiéndole que contra esta providencia no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

11 Radicación No. 161-2926

TERCERO: Por la Secretaría de esta Sala Disciplinaria COMUNICAR el contenido de este proveído a los quejosos recurrentes Juan domingo Torres, Carlos Cahuana y

Luis A. Espíndola, quienes se ubican en la carrera 26 No. 48-59 esquina, Barranquilla, Atlántico, previniéndoles que contra esta determinación no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

CUARTO: Registrar las constancias de rigor y devolver el proceso a la Procuraduría

Primera Delegada ante el Consejo de Estado.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA

Procurador Primero Delegado

DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ

Procuradora Segunda Delegada

EMSH/DACR/Arv.

Rad. No. 161-2926 (169-113565) 12