PGN - ACCIÓN POPULAR - Obtener la salvaguarda de los derechos establecidos en los literales e) y n)

ACCIÓN POPULAR-Obtener la salvaguarda de los derechos establecidos en los literales e) y n) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, presuntamente vulnerados por la empresa Sur Azul S.A. E.S.P. y por el Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio. CONTRATO-De operación y gestión para los servicios públicos domicilarios de acueducto y alcantarillado, cedido en virtud de la implementación del esquema de regionalización PATRIMONIO PÚBLICO-Defensa del derecho colectivo y los derechos de los consumidores ESTATUTO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA-Afectación del principio de transparencia y escogencia objetiva del contratista al no seguir el procedimiento licitatorio Por ello, insistió en que, además de afectarse el principio de transparencia y escogencia objetiva del contratista al no seguir el procedimiento licitatorio y el Estatuto General de la Contratación Pública, se evidencian afectaciones de los principios de planeación, publicidad, transparencia tales como: i) deficiencias en la realización del análisis del sector; ii) los factores ponderables no garantizan condiciones objetivas de escogencia; ii) ausencia de estudios o análisis que determinaran que la opción escogida fuese la mejor alternativa para mejorar indicadores de cobertura, calidad y continuidad; iv) indeterminación del valor del contrato; v) omisión de establecer el valor de los bienes afectos a la operación; v) vulneración del principio de publicidad al omitir expedir y publicar el acto de apertura de la licitación y avisos; vi) vía términos de referencia se posibilitó que los proponentes se presentaran como promesa de sociedad

futura; vii) el proceso puso en riesgo los recursos afectos al servicio y generó un grave peligro respecto de los derechos fundamentales, en especial el derecho esencial al agua potable. DERECHOS COLECTIVOS-Presuntamente vulnerados por la empresa Sur Azul S.A. E.S.P. y por el Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio En todo caso, cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos. ACCIÓN POPULAR-Poseen una estructura especial que las diferencia de los demás procesos litigiosos, en cuanto son un mecanismo de protección de los derechos colectivos/ACCIÓN POPULAR-Un elemento esencial de las acciones populares sea el carácter oficioso con que debe actuar el juez, sus amplios poderes con miras a la defensa de los derechos colectivos/ACCIÓN POPULAR-El fin último de este mecanismo no es solo la protección del demandante sino la de la comunidad afectada, incluso yendo más allá de lo pedido por quien la inició Ahora bien, frente al ejercicio del medio de control que nos ocupa, para la hacer cesar la amenaza o vulneración del derecho, la propia Corte Constitucional ha insistido en que las acciones populares poseen una estructura especial que las diferencia de los demás procesos litigiosos, en cuanto son un mecanismo

de protección de los derechos colectivos, a partir de lo cual, como director del proceso, el juez puede conminar, exhortar, recomendar o prevenir, a fin de evitar una eventual vulneración o poner fin a una afectación actual de los derechos colectivos que se pretenden proteger, sin que tal decisión constituya en 1 forma alguna un capricho del juez constitucional . Y es por lo anterior que un elemento esencial de las acciones populares sea el carácter oficioso con que debe actuar el juez, sus amplios poderes con miras a la defensa de los derechos colectivos, que le facultan para proferir fallos en los que se den órdenes que van más allá de lo pedido por el actor, pues el fin último de este mecanismo no es proteger al demandante, sino resguardar a la comunidad que resulta afectada, comoquiera que el titular de los derechos 2 colectivos es toda la colectividad . Para el H. Consejo de Estado, es propio del juez de la acción popular amparar los derechos colectivos, incluso yendo más allá de lo pedido por quien la inició, pues el fin último de este mecanismo no es solo la protección del demandante sino la de la comunidad afectada, atendiendo que el titular de los derechos colectivos es ésta, aun cuando su defensa pueda activarse por iniciativa de cualquiera de sus miembros, y que tales derechos guardan una 3 relación estrecha con otros derechos como la vida y la salud, todos ellos, valga recordar, fundamentales . 1 Entre otras, en la sentencia T-443 de 2013. 2 T-443 de 2013. 3 Entre otras, en la sentencia del Consejo de Estado de 9 de agosto de 2012, Exp.: 73001-23-31-000-2010-00472-01(AP).

_____________________________________________________________________________ Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 - PBX 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 44-001-23-40-000-2020-00019-01 5aCdeE/JADV/Al

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PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022 Doctor

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Consejero Ponente – Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 22173

Medio de Control: Acción Popular (artículo 88 C.P. - Ley 472 de 1998 – artículo 144 CPACA) Radicado: 44-001-23-40-000-2020-00019-01

Actor: Procuradores 42 y 91 Judiciales Administrativos de la Guajira Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Sur Azul S.A. E.S.P.

Vinculados: Agua Total S.A.S. E.S.P., Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Municipios de San Juan del Cesar, Fonseca, Distracción, El Molino, Hatonuevo, Villanueva y Barrancas Trámite: Apelación primera instancia Procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto en el asunto de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación interpuesto por el accionante, en contra de la sentencia de 25 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de La

Guajira, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación: ANTECEDENTES DEMANDA Edwin José López Fuentes y Pilar Medina Olmos, actuando en calidad de Procuradores 42 y 91 Judiciales para Asuntos Administrativos de La Guajira, en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos - acción popular-, presentaron demanda con el propósito de obtener la salvaguarda de los derechos establecidos en los literales e) y n) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, presuntamente vulnerados por la empresa Sur Azul S.A. E.S.P. y por el Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio. La parte actora expuso como fundamentos de hecho que el 2 de noviembre de 2000, ASOAGUA y el Consorcio Aguas de la Península suscribieron el contrato de operación y gestión para los servicios públicos domicilarios de acueducto y alcantarillado, cedido posteriormente a Aguas del Sur de la guajira 2 _____________________________________________________________________________ Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 - PBX 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 44-001-23-40-000-2020-00019-01 5aCdeE/JADV/Al

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S.A. E.S.P., en virtud de la implementación del esquema de regionalización definido para los municipios de San Juan del Cesar, Fonseca, Distracción, El Molino, Hatonuevo y Villanueva, precisando que el plazo inicial pactado fue de 12 años y que, mediante actas modificatorias, se extendió hasta el 30 de noviembre de 20180

Que por iniciativa del Viceiministerio de Agua y Saneamiento Básico, se viene adelantando asesoría técnica para coadyuvar sa las entidades territoriales en la definición del mejor equema empresarial, en aras de lograr el aseguramiento para la prestación de los servicios. Que en el marco de esta asistencia técnica, se adelantaron acciones para la vinculación de un operador de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y que previa autorización de los concejos minicipales, se constituyó la Empresa Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado – SUR AZUL S.A. E.S.P., de carácter oficial, cuyos socios son los municipios de Barrancas, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, San Juan del Cesar y Villanueva. Que el 21 de diciembre de 2019, el Gerente de Sur Azul S.A. E.S.P. adjudicó la invitación pública 001/19 a la promesa de Sociedad futura AGUAS TOTAL S.A.S. E.S.P. y el 15 de enero de 2020 suscribió el contrato de operación con inversión 001 de 2020. El accionante advirtió la presencia de irregulariddes que atentan contra el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público y los derechos de los consumidores y usuarios de los 7 municipios que hacen parte del esquema, ante la vulneración del principio de planeación, como manifestación del principio de economía, transparencia y escogencia objetiva del contratista. En efecto, a juicio del actor, de acuerdo con la Ley y la jurisprudencia de la Sección Tercera

del Consejo de Estado, los contratos de la empresa SUR AZUL están sujetos a las disposiciones del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. Por ello, insistió en que, además de afectarse el principio de transparencia y escogencia objetiva del contratista al no seguir el procedimiento licitatorio y el Estatuto General de la Contratación Pública, se evidencian afectaciones de los principios de planeación, publicidad, transparencia tales como: i) deficiencias en la realización del análisis del sector; ii) los factores ponderables no garantizan condiciones objetivas de escogencia; ii) ausencia de estudios o análisis que determinaran que la opción escogida fuese la mejor alternativa para mejorar indicadores de cobertura, calidad y continuidad; iv) indeterminación del valor del contrato; v) omisión de establecer el valor de los bienes afectos a la operación; v) vulneración del principio de publicidad al omitir expedir y publicar el acto de apertura de la licitación y avisos; vi) vía términos de referencia se posibilitó que los proponentes se presentaran como promesa de sociedad futura; vii) el proceso puso en riesgo los recursos afectos al servicio y generó un grave peligro respecto de los derechos fundamentales, en especial el derecho esencial al agua potable. CONTESTACIÓN Municipio de Distracción Manifestó que como responsable de garantizar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado aunó esfuerzos con otros municipios vecinos para crear una empresa que respondiera por la prestación del mismo, en los términos de Ley. Propuso la excepción de buena fe. Ministerio de vivienda, ciudad y territorio Se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que, dentro del ámbito de sus competencias, cumplió con el acompañamiento y asistencia técnica

requerida, sin que sea responsable de garantizar la prestación de los servicios públicos. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Sur Azul S.A. E.S.P. 3 _____________________________________________________________________________ Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 - PBX 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 44-001-23-40-000-2020-00019-01 5aCdeE/JADV/Al

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Se opuso a las pretensiones de la demanda, pues la vulneración a los derechos colectivos es inexistente. Alegó que la contratación de las empresas de servicios públicos se rige por la Ley 142 de 1994 y por el derecho privado. Así, la contratación adelantada por Sur Azul E.S.P. obedece a un régimen de contratación especial. En todo caso, afirmó que los valores definidos en los términos de referencia acogieron las recomendaciones del Banco Mundial. Además, señaló que los criterios de experiencia definidos en los términos de referencia buscaban garantizar que quien asumiera la operación contara con la capacidad técnica y operativa requerida, según las necesidades del servicio. Aguas total S.A.S. E.S.P. Se opuso a las pretensiones de la demanda, ante la inexistencia de afectación de los derechos colectivos, pues en la contratación efectuada por Sur Azul S.A. E.S.P. no existe incumplimiento ni omisión que afecte o amenace los derechos colectivos enunciados en la demanda. Municipio el Molino

Se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que no se observa irregularidades en la actuación de Sur Azul S.A. E.S.P. que atente contra los derechos colectivos de los ciudadanos. Por ello, propuso la excepción de inexistencia de vulneración de los derechos colectivos, pues la afectación al patrimonio público no está acreditada. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Se opuso a las pretensiones de la demanda, aduciendo que no se acreditó la lesión a los derechos enunciados en la demanda, mucho menos por parte de esa entidad. SENTENCIA Con providencia de 25 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo La Guajira negó las pretensiones de la demanda. A juicio del a quo, con la suscripción del contrato de operación con inversión 001 de 2020 entre Sur Azul S.A. E.S.P. y la promesa de sociedad futura aguas total S.A. E.S.P., no se configura la afectación de los derechos colectivos invocados por el actor. En efecto, adujo que no está acreditado que con ocasión de la actividad contractual que se cuestiona, se hubiese reportado una afectación del patrimonio público, ni disminuido o afectado las metas de cobertura, calidad y demás ítems inherentes a la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, o que se hubiese atentado contra la salud, la seguridad o el adecuado abastecimiento de los usuarios en la prestación del servicio público, aunado a que la elección de uno u otro esquema para la operación del servicio público, no conduce, per se a la afectación de derechos colectivos ni a que se ponga en riesgo la

continuidad, cobertura y calidad de la prestación del servicio. Por último, concluyó que el juez de la acción popular no tiene facultades ilimitadas. APELACIÓN El accionante recurrió la decisión de primera instancia, aduciendo que se funda en una sentencia de unificación jurisprudencial inaplicable al caso, pues la sentencia de 13 de febrero de 2018 refiere a la improcedencia de anular actos administrativos en acciones populares, situación ajena al caso que nos ocupa. Además, a juicio del recurrente, el hecho de que el legislador haya establecido que el juez de la acción popular no puede decidir sobre la anulación de los actos administrativos y contratos estatales, en nada afecta el carácter principal o autónomo de la acción, pues se trata de una medida legítima del legislador “que busca armonizar la regulación legal de los distintos medios de control”. 4 _____________________________________________________________________________ Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 - PBX 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 44-001-23-40-000-2020-00019-01 5aCdeE/JADV/Al

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Igualmente, afirmó que no es cierto que en la demanda se hubiese sostenido que el nuevo esquema regional de operación hubiese afectado el principio de transparencia y de escogencia objetiva del contratista, pues, contrario a ello, se ponderaron las ventajas del esquema regional. Sin embargo, advirtió la presencia de irregularidades en el proceso contractual que atentan contra los derechos colectivos allí enunciados. Por ello, insistió en que, contrario a lo

sostenido por el Tribunal, la elección de uno u otro esquema no fue objeto de reproche, no así, el proceso contractual llevado a cabo. En efecto, reiteró que la empresa SUR AZUL S.A. E.S.P., en la tramitación del contrato que nos ocupa, estaba y está sometida al Estatuto General de la Contratación Pública y en consecuencia estaba obligada a seguir el procedimiento de licitación pública. Además, debía aplicar las guías y manuales expedidos por Colombia Compra Eficiente, debía expedir y publicar el acto de apertura de la licitación, los avisos de que trata el numeral 3º del artículo 30 de la ley 80 de 1993 y existía imposibilidad jurídica de que los proponentes se presentaran al proceso como promesa de sociedad futura. Frente al sometimiento al Estatuto General de la Contratación Pública, sostuvo que no es suficiente con que una empresa estableciera como su objeto social la prestación de servicios públicos, pues se requiere de la efectiva prestación del servicio, “actividades que (…) no realiza la precitada empresa”. Además, afirmó que según la ley 489 de 1998, las personas jurídicas que se conforman por la asociación exclusiva de entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género, sin perjuicio de que, en todo caso, los regímenes de la contratación sean los propios de las entidades estatales, según lo dispuesto en las leyes especiales sobre dichas materias “en este caso, el Estatuto General de Contratación de la

Administración Pública”. Asimismo, manifestó que la realidad fáctica postcontractual acreditó la vulneración de los derechos colectivos, v.gr. la cesión de contrato de operación con inversión 001 de 2020 de Aguas Total S.A. E.S.P., a favor de VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S. E.S.P., evidenció la falta de planeación e improvisación al estructurar el contrato y la falta de capacidad del oferente para cumplir sus obligaciones contractuales. En suma, a juicio del actor, se vulneró el principio de planeación, pues la falta capacidad económica del oferente para cumplir con sus obligaciones – incapacidad económica del operador al momento de ofertar, condujo a la cesión del contrato y a la suscripción del otrosí 1, modificando los montos asegurados (garantías contenidas en la cláusula 20 contractual), es decir, disminuyendo el monto asegurado. Adicionalmente, ante la supresión del mecanismo fiduciario, “vale decir, la obligación por parte de SUR AZUL S.A. E.S.P. de constituir un encargo fiduciario para el manejo de los recursos”. Además, insistió en la imposibilidad jurídica de presentar propuestas como promesa de sociedad futura. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO ¿Se encuentran vulnerados o amenazados los derechos colectivos previstos en los literales e) y n) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, presuntamente vulnerados por la empresa Sur Azul S.A. E.S.P. y por el Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio?

MARCO JURÍDICO El artículo 88 de la Constitución Política de 1991 establece la acción popular para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza conforme a la definición legal. Por su parte, el artículo 2º de la Ley 472 de 1998 define la acción popular como el medio procesal para la protección de los derechos e intereses colectivos, indicando que la misma se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre tales derechos e intereses, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. 5 _____________________________________________________________________________ Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 - PBX 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 44-001-23-40-000-2020-00019-01 5aCdeE/JADV/Al

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La misma Ley dispone, en su artículo 9º, que las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que haya violado o amenace violar los derechos e intereses colectivos, y en su artículo 4º señala como derechos e intereses colectivos susceptibles de ser protegidos mediante esta acción, entre otros, el goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del

patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles. De otro lado, el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 dispone que cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. En todo caso, cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos. Ahora bien, frente al ejercicio del medio de control que nos ocupa, para la hacer cesar la amenaza o vulneración del derecho, la propia Corte Constitucional ha insistido en que las acciones populares poseen una estructura especial que las diferencia de los demás procesos litigiosos, en cuanto son un mecanismo de protección de los derechos colectivos, a partir de lo cual, como director del proceso, el juez puede conminar, exhortar, recomendar o prevenir, a fin de evitar una eventual vulneración o poner fin a una afectación actual de los derechos colectivos que se pretenden proteger, sin que tal decisión constituya en forma 4 alguna un capricho del juez constitucional .

Y es por lo anterior que un elemento esencial de las acciones populares sea el carácter oficioso con que debe actuar el juez, sus amplios poderes con miras a la defensa de los derechos colectivos, que le facultan para proferir fallos en los que se den órdenes que van más allá de lo pedido por el actor, pues el fin último de este mecanismo no es proteger al demandante, sino resguardar a la comunidad que resulta afectada, comoquiera que el titular de los derechos colectivos es 5 toda la colectividad . Para el H. Consejo de Estado, es propio del juez de la acción popular amparar los derechos colectivos, incluso yendo más allá de lo pedido por quien la inició, pues el fin último de este mecanismo no es solo la protección del demandante sino la de la comunidad afectada, atendiendo que el titular de los derechos colectivos es ésta, aun cuando su defensa pueda activarse por iniciativa de cualquiera de sus miembros, y que tales derechos guardan una relación estrecha con 6 otros derechos como la vida y la salud, todos ellos, valga recordar, fundamentales . En el caso que nos ocupa se alegó la vulneración de los derechos colectivos establecidos en los literales e) y n) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, esto es, la defensa del patrimonio público y los derechos de los consumidores y usuarios. Pues bien, en primer lugar, frente al derecho colectivo al patrimonio público, el Consejo de Estado ha manifestado que refiere tanto a la eficiencia y transparencia en la administración de los recursos públicos, como a la utilización de los mismos según su objeto y atendiendo la finalidad social del Estado. En efecto, la alta corporación ha manifestado:

“4.2. Derecho colectivo al patrimonio público. El derecho colectivo al patrimonio público alude no solo a “la eficiencia y transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos sino también a la utilización de los mismos de acuerdo con su objeto y, en especial, con la finalidad social del Estado”54. En tal virtud, si el funcionario público o el particular administraron indebidamente recursos públicos, bien “porque lo hizo en forma negligente o ineficiente, o porque los destinó a gastos diferentes a 4 Entre otras, en la sentencia T-443 de 2013. 5 T-443 de 2013. 6 Entre otras, en la sentencia del Consejo de Estado de 9 de agosto de 2012, Exp.: 73001-23-31-000-2010-00472-01(AP). 6 _____________________________________________________________________________ Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 - PBX 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 44-001-23-40-000-2020-00019-01 5aCdeE/JADV/Al E-2022-298098 los expresamente señalados en las normas, afectaron el patrimonio público”55 El concepto de patrimonio público “cobija la totalidad de bienes, derechos y obligaciones, que son propiedad del Estado y que se emplean para el cumplimiento de sus atribuciones de conformidad con el ordenamiento normativo”56 . Adicionalmente, el Consejo de Estado ha reconocido que el concepto de patrimonio público también se integra por “bienes que no son susceptibles de apreciación pecuniaria y que, adicionalmente, no

involucran la relación de dominio que se extrae del derecho de propiedad, sino que implica una relación especial que se ve más clara en su interconexión con la comunidad en general que con el Estado como ente administrativo, legislador o judicial, como por ejemplo, cuando se trata del mar territorial, del espacio aéreo, del espectro electromagnético etc., en donde el papel del Estado es de regulador, controlador y proteccionista, pero que indudablemente está en cabeza de toda la población”57 Asimismo, el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público implica que los recursos públicos sean administrados de manera eficiente, oportuna y responsable, de acuerdo con las normas presupuestales, con lo cual se evita el detrimento patrimonial58 . A su vez, el Consejo de Estado ha concluido en múltiples ocasiones “que la afectación de patrimonio público implica de suyo la vulneración al derecho colectivo de la moralidad administrativa” por cuanto generalmente supone “la falta de honestidad y pulcritud en las actuaciones administrativas en el manejo de recursos públicos”59 Por ultimo, es preciso resaltar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que el derecho a la defensa del patrimonio público ostenta doble finalidad: “la primera, el mantenimiento de la integridad de su contenido, es decir prevenir y combatir su detri7 mento; y la segunda, que sus elementos sean eficiente y responsablemente administrados; todo ello, obviamente, conforme lo dispone la normatividad respectiva”60” . En otro momento, la honorable corporación sostuvo que el derecho o interés colectivo a su defensa viene a ser la aptitud o legitimación que tienen todas las

personas para esperar que tales bienes se preserven y se apliquen a los fines que corresponden, de modo que su tenencia, uso y disposición se haga con celo y cuidado, por ende con sujeción a las disposiciones y formalidades que los regulan, de suerte que el Estado no sea privado de los mismos de manera contraria al ordenamiento jurídico. En efecto, el Consejo de Estado precisó: “El derecho colectivo al patrimonio público. Este derecho colectivo es la potestad y expectativa que se radica en cabeza de los asociados, de esperar que el conjunto de bienes, derechos y obligaciones del Estado, estén adecuadamente destinados a la finalidad que se les ha señalado constitucional y legalmente, de tal forma que sean asignados según los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico, y con criterios de eficiencia y rectitud. La Corporación, acerca del contenido y alcance del derecho objeto de análisis, en oportunidad previa puntualizó: “Por patrimonio público debe entenderse el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen al Estado, tanto los que se hallan en cabeza de la Nación como de las personas jurídicas estatales… El derecho o interés colectivo a su defensa viene a ser, entonces, la aptitud o legitimación que tienen todas las personas en Colombia para esperar que tales bienes se preserven y se apliquen a los fines que corresponden, de modo que su tenencia, uso y disposición se haga con celo y cuidado, por ende con sujeción a las disposiciones y formalidades que los regulan, de suerte que el Estado no sea privado de los mismos de manera contraria al ordenamiento jurídico…”113 El derecho colectivo al patrimonio público tiene una doble naturaleza en el ordenamiento jurídico colombiano, de un lado puede hablarse de una dimensión subjetiva, la cual le otorga el calificativo de derecho y que conlleva la posibilidad de que cualquier ciudadano pida su protección mediante la acción popular; de otro, una dimensión objetiva o de principio que se traduce en la obligación de las entidades públicas de gestionarlo de acuerdo con los postulados de eficiencia y transparencia contemplados en el artículo 209 de la constitución y cumpliendo la legalidad presupuestal vigente 114 . Así las cosas, el derecho colectivo estudiado tiene a su vez dos elementos: 1. La existencia de un patrimonio de propiedad de una persona pública, y; 2. El análisis de la gestión de ese patrimonio, de forma tal, que si ésta se hace de forma irresponsable o negligente coloca en entredicho el interés colectivo protegi8 do115” . Así, en varias oportunidades la corporación de cierre ha amparado el derecho colectivo al patrimonio público, entendido este como la totalidad de bienes, derechos y obligaciones del Estado, cuya defensa conlleva per se su administración eficiente, que evite cualquier detrimento al patrimonio estatal, donde se en9 cuentra un evidente punto de inflexión con la actuación moral pública exigida a quienes intervienen en su administración y ejecución . 7 ocho (8) de junio de dos mil once (2011) Radicación número: 25000-23-26-000-2005-01330-01(AP) 8 Consejo de Estado, sentencia de 8 de junio de 2011, Rad.: 41001-23-31-000-2004-00540-01(AP) 9

Entre otras: Consejo de Estado, sentencia de 8 de junio de 2011, Rad.: 41001-23-31-000-2004-00540-01(AP); Sentencia de 16 de marzo de 2017, Rad.: 25000232400020040089401; sentencia de 8 de junio de 2011, Rad.