PGN - ACCION POPULAR - Por presunta violación de los derechos colectivos a la moralidad administrati

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN POPULAR-Por presunta violación de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público DERECHOS COLECTIVOS-A la defensa del patrimonio público/TITULAR DEL DERECHO DE DOMINIO-Es quien tiene la facultad de modificar la información catastral de un predio/ACCIÓN POPULAR-Hecho superado por carencia de objeto En el presente caso, el actor popular alega que el agente nombrado por la Dirección Nacional de Estupefacientes D.N.E, no tenía facultad para hacer aclaraciones sobre los predios El volador y Macaniyal ubicados en el municipio de Tierralta (Córdoba) respecto de los cuales existía extinción de dominio, porque tal potestad solamente la tiene el propietario. En la acción que nos ocupa el actor popular invoca dos derechos e intereses colectivos previstos en el artículo 4º de la citada ley: la moralidad administrativa (b) y la defensa del patrimonio público (e), en razón a que la actuación del depositario designado por la D.N.E al proceder mediante escritura pública a aclarar cabida de unos predios rurales materia de una extinción de dominio produjo un menoscabo al patrimonio público. De conformidad con las disposiciones legales expuestas en el marco teórico de este concepto, esta Delegada al igual que lo argumentó el Tribunal Administrativo de Córdoba, considera que quien tiene la facultad de realizar el trámite de la modificación de la información catastral de un predio es el propietario y en el presente caso resulta evidente que la funcionaria de la D.N.E no era titular del derecho de dominio de los bienes El

volador y Macayani respecto de los cuales realizó solicitud de verificación del área de los predios ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. No obstante lo anterior la Dirección Nacional de Estupefacientes mediante solicitud elevada a la Superintendencia de Notariado y Registro procedió a invalidar las anotaciones por no ser viable su registro, pues según constancia anexada al expediente, en el certificado de tradición de los inmuebles El volador y Macaniyal se observa que tienen el comentario “esta anotación no tiene validez”. Para esta Delegada de la Procuraduría es claro que en el presente caso nos encontramos frente a un hecho superado, pues si bien es cierto que en su momento, el depositario nombrado por la D.N.E no tenía la facultad para otorgar las escrituras públicas 492 y 493 del 13 de julio de 2005 ante la Notaría única de Córdoba, por medio de las cuales se aclaró la cabida y linderos de los predios “El volador y Macaniyal”, también es cierto que en la actualidad con la invalidación de tales anotaciones las escrituras públicas otorgadas han perdido validez y eficacia, lo que hace que no exista vulneración a los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público solicitados por el actor popular. ACCIÓN POPULAR-Las circunstancias de vulneración de derechos colectivos fueron desapareciendo/DERECHOS COLECTIVOS-No se vulneraron En ese orden de ideas, las pretensiones del actor popular no están llamadas a prosperar, pues como ya se dijo ante la evidencia de que indudablemente estamos en presencia de un hecho superado por carencia de objeto, pues si bien se presentó la acción en razón de

unos acontecimientos vulnerados de derechos colectivos, tales circunstancias Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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230012331000201000376 02 E.A.S.T desaparecieron en el transcurso del proceso por el actuar de la entidad demandada, a través de las pruebas allegadas en debida forma al proceso. Por lo tanto es dable colegir, que los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público no han sido vulnerados por parte de la D.N.E, ni tampoco por el INCODER. Por lo anterior no es factible reconocer incentivo económico alguno al actor popular, dado que por virtud de la entrada en vigencia de la ley 1425 de 2010, se derogaron expresamente los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, siendo éste último el que trataba el tema del incentivo económico al demandante que le prosperase una acción popular; luego en ese orden de ideas, al carecer dicha pretensión de sustento legal pues éste ya no existe, hace que no sea posible su reconocimiento y en consecuencia tal pretensión también habrá de denegarse. En criterio del Ministerio Público la providencia de primera instancia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba se deberá confirmar en todos los términos analizados. DERECHO COLECTIVO A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICOJurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T CONCEPTO No. 168 / 2013

Bogotá, agosto 14 de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCION A

Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 230012331000201000376 02

Acción: Acción Popular

ACTOR: William Quintero Villareal

DEMANDADO: Dirección Nacional de Estupefacientes DNEINCODER.

Sentido del concepto: El Ministerio Público solicita a esa Honorable Corporación CONFIMAR la providencia de primera instancia, mediante la cual se deniegan las pretensiones de la demanda. / Hecho superado por carencia de objeto, pues si bien se presentó la acción en razón de unos acontecimientos vulnerados de derechos colectivos, tales circunstancias desaparecieron en el transcurso del proceso por el actuar de la entidad demandada. / Los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público no se encuentran vulnerados.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de

la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES 1.1. La Acción Popular: Actuando por intermedio de apoderado, el señor William Quintero Villareal, en contra de la Dirección Nacional de Estupefacientes,

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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230012331000201000376 02 E.A.S.T con el fin de que se protejan los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias. Los hechos que expone el actor se resumen en que, los señores Luís Enrique Cabrales y otros vendieron a la Sociedad Inversiones Agropecuarias Vásquez S.C el predio rural “El volador” el cual se encuentra ubicado en el municipio Tierralta, así mismo esta sociedad vendió a Emilio Marulanda Trujillo el predio rural denominado “Macaniyal” en jurisdicción de Tierralta (Córdoba). Manifiesta que sobre los predios existen resoluciones de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación y que el agente de la D.N.E de manera irregular procedió a aclarar cabidas sobre los predios respecto de los cuales existía extinción de dominio y como consecuencia de ello se redujo

considerablemente el área de los terrenos anteriormente mencionados. Sostiene que el agente del D.N.E no tenía facultad legal para hacer esas aclaraciones porque están reservadas para el propietario y además en las escrituras de aclaración no existen como soporte los planos topográficos a los que se alude en ellas. Como fundamentos de hecho de sus pretensiones, expone el actor se ordene declarar sin efectos jurídicos las escrituras públicas mediante las cuales se aclararon el estado y cabida de los predios rurales denominados “El volador y Macaniyal” por atentar contra los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público. Contestación de la demanda 1.21. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. (Folios 90 a 92 del cuaderno principal). 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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230012331000201000376 02 E.A.S.T Manifestó que la acción popular en este caso es inadecuada, en la medida que lo pretendido más que proteger un derecho colectivo lo que pretende es que se solucione lo relacionado con la cabida de unos predios particulares que fueron objeto de extinción de dominio. Aseveró que el actor popular lo que busca es obtener respuesta de la administración por un objeto netamente instrumental, situación que afecta a un individuo en sí frente al desacuerdo de la mediación de un predio, con lo que se pretende deslegitimar la acción e inducir al juez popular a un error para que se

conceda la protección de un derecho colectivo inexistente. Concluyó que se trata de una situación particular para los cuales existen mecanismos idóneos para hacer valer los derechos frente a una actuación administrativa y que su no ejercicio por parte del actor popular no justifica la protección de los derechos colectivos. 1.2.2. Dirección Nacional de Estupefacientes. (Folios 95 a 108 del cuaderno principal) a través de apoderado judicial, se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, como quiera que afirmó no haber incurrido en ninguna vulneración a los derechos colectivos pues la D.N.E siempre actuó en estricto acatamiento de los lineamientos normativos que les fijan sus funciones. Aseguró que no es cierto que se hayan proferido por parte de la Fiscalía General de la Nación resoluciones de extinción de dominio, lo que existe es una sentencia de extinción de dominio proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Penal de Descongestión. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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230012331000201000376 02 E.A.S.T Exaltó que la depositaria designada actuó bajo la figura de secuestre judicial encontrándose dentro de sus facultades la toma de medidas necesarias para el desarrollo y conservación de los inmuebles.

Anotó que respecto al derecho colectivo de moralidad administrativa, las acciones adelantadas por la D.N.E se encuentra ajustadas a las funciones que la ley le otorga, pues las mismas establecen que la entidad se encargará de la administración de los bienes que hayan sido incautados por la comisión de delitos de narcotráfico y actividades conexas. Propuso como excepción la falta de legitimidad en la causa por pasiva, debido a que la D.N.E cumple netamente funciones de administración e inmuebles incautados y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y la inexistencia. 1.2.3. Coadyuvante parte demandada. El señor Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado, presentó coadyuvancia a favor de la parte demandada. (Folios 164 a 169 del cuaderno principal), se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda: Aseguró que no es cierto que con las escrituras públicas 492 y 493 de 2005 efectuadas en la Notaria Única de Tierralta (Córdoba) se haya reducido el área de los predios, solo se efectuaron aclaraciones de la realidad y del estado actual de los estos. Precisó que para la época el municipio de Tierralta no existía formación catastral rural, por lo que no se contaba con un censo real de precios con su respectiva cabida y linderos. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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230012331000201000376 02 E.A.S.T Propuso como excepciones la inexistencia de vulneración y/o amenaza a los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público. 1.2.4. Pacto de cumplimiento. El 15 de diciembre de 2011 se efectuó audiencia con ese propósito, declarándose fallida por falta de acuerdo. 1.3. Providencia del Tribunal Administrativo de Córdoba mediante providencia del 24 de enero de 2013 argumentó lo siguiente: 1.3.1. Conforme con los medios de prueba, el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba precisó que, tanto la delimitación real de la cabida y linderos de los inmuebles El volador y Macaniyal, así como la aclaración de la cadena de titulación de los mismos exceden la órbita de la competencia del juez propia de las acciones populares. 1.3.2. El Tribunal Administrativo determinó que en el presente caso resulta evidente que la funcionaria de la D.N.E no era titular del derecho de dominio de los bienes El volador y Macaniyal, respecto de los cuales realizó solicitud de verificación del área de los predios ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Si bien la depositaria provisional designada por el D.N.E le asistía el derecho de establecer cuál era la extensión del predio que se le había entregado para su administración, no por ello se encontraba facultada para otorgar las escrituras públicas número 492 y 493 del 13 de julio de 2005 ante la Notaría Única de Tierralta (Córdoba), por medio de las cuales se aclaró la cabida y linderos de los

predios El volador y Macaniyal. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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230012331000201000376 02 E.A.S.T 1.3.3. En virtud de lo anterior, arguyó el Tribunal que el otorgamiento de las escrituras públicas de aclaración de la extensión de los predios El volador y Macaniyal fue irregular y que en la actualidad no es posible predicar el amparo al derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, pues los citados predios no son propiedad del Estado, sino de los adjudicatarios beneficiados por el INCODER, se hace necesario exhortar a la Notaría Única de Tierralta, para que proceda a su cancelación en el Protocolo de conformidad a lo establecido en el artículo 45 y 47 del Decreto 960 de 1970. 1.3.4. En ese orden de ideas, concluyó el Tribunal que no se configura violación o amenaza a derecho o interés colectivo, se declarará probada la excepción de inexistencia de la obligación y ausencia o violación de derechos colectivos planteada por la D.N.E 1.4. La apelación El Actor Popular presentó recurso de apelación contra la providencia del 24 de enero de 2013 con los siguientes argumentos: 1.4.1. Argumenta que sus pretensiones buscan evitar que se lesionen los derechos colectivos de la moralidad administrativa y el patrimonio público de la

Nación y por consiguiente evitar que se menoscabe el patrimonio público, por las eventuales conductas de los funcionarios de las entidades accionadas que permitieron el menoscabo del patrimonio al reducir de manera considerable la áreas de los inmuebles extinguidos por la Fiscalía, administrados por la D.N.E y recibidos por el INCODER de acuerdo a los hechos planteados en la demanda. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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230012331000201000376 02 E.A.S.T 1.4.2. Concluye que la parte accionada procedió a solicitar y obtener la nulidad de los registros de las escrituras públicas con posterioridad a la presentación de la demanda, razón por la cual el Tribunal ha debido reconocer al actor el incentivo económico, pues es cierto que existió vulneración de los derechos colectivos alegados.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico: El problema jurídico que se plantea en esta segunda instancia puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Existió violación de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, por parte de las entidades accionadas? 2.1.2. ¿Se puede a través de acción popular, la determinación real de la cabida y linderos de los inmuebles El volador y Macaniyal, así como la aclaración de la

cadena de titulación de los mismos?, con el argumento que se está violando la moralidad pública y el patrimonio público? 2.2. Marco Teórico 2.2.1. Marco Normativo Para el caso en cuestión serán tenidos en cuenta los siguientes referentes normativos y jurisprudenciales: 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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230012331000201000376 02 E.A.S.T 2.2.1.2 Objeto de las acciones populares, procedencia y carga de la prueba según la Ley 472 de 1998. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° de la Lay 472 de 1998, la acción popular es un medio procesal para la protección de los derechos e intereses colectivos, es decir está instituida para evitar el daño contingente y hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio de un derecho o interés colectivo para restituir las cosas a su estado anterior siempre que sea posible. “ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: b) La moralidad administrativa e) La defensa del patrimonio público”. 2.2.1.3. Las acciones populares y su regulación según la Constitución Política en su artículo 88: Debido a esta consagración constitucional y con el propósito de cumplir con el

mandato de la norma, se hizo urgente la reglamentación y desarrollo del artículo 88 de la Constitución Política, por tal razón en el año 1998 se expidió la Ley 472 mediante la cual se regula lo relativo a las acciones populares y de grupo, la competencia para su definición y el procedimiento aplicable. 2.2.2. Marco Jurisprudencial 2.2.2.1. La moralidad administrativa. La jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la moralidad administrativa ha manifestado a través de sentencia del dieciséis (16) de agosto de dos mil siete 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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230012331000201000376 02 E.A.S.T (2007) radicado 250003225000200400992 01, Magistrado Ponente Dr. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ lo siguiente: “Los derechos o intereses colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público. El caso objeto de estudio. “La moralidad administrativa hace parte del enunciado de derechos o intereses colectivos susceptibles de ser protegidos a través de la acción popular, al tenor de lo establecido en el artículo 88 de la Constitución Política; de esta misma manera, se encuentra contenida en la Ley 472 de 1998 (literal b del artículo 4). Su núcleo material ha sido identificado por esta Corporación de maneras

distintas y en atención al caso concreto que se analice, asimilándola a una norma en blanco1. Pese a ello, éste se ha identificado con fenómenos como el de la corrupción2, la mala fe3, la ética, el recto manejo de bienes y recursos el Estado y la lucha contra propósitos “torcidos o espurios”4, entre otros. Es menester concluir que para que se concrete la vulneración o la moralidad administrativa con la conducta activa o pasiva de la autoridad o del particular, debe existir una transgresión al ordenamiento jurídico, a los principios legales y constitucionales que inspiran su regulación especialmente a las relacionadas con la administración pública. 2.2.2.2. Derecho colectivo a la defensa del patrimonio público. El Consejo de Estado en sentencia número 25000-23-24000-2000-0039-01 del 07 de diciembre de 2001 de la Sección Quinta sobre el derecho colectivo al patrimonio público ha manifestado: 1 Consejo de Estado, Sección tercera, Sentencia AP-170 de 16 de febrero de 2001. Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez. 2 A título de ejemplo puede señalarse la Sentencia de sección tercera de 16 de febrero de 2001, exp: AP-170 de 2001, Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez. 3 Verbigracia la Sentencia de la Sección tercera de 13 de febrero de 2006, exp: AP01594-01, Consejero Ponente: Germán Rodríguez Villamizar. 4 Sobre la incidencia simultánea de estos últimos fenómenos, puede consultarse la Sentencia Sección primera

de 19 de febrero de 2004, exp: 00599-01, Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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230012331000201000376 02 E.A.S.T “Sobre el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, ésta Sala dijo que podría protegerse por vía de acción popular cuando se demuestre, en un caso concreto la existencia de actuaciones, omisiones o decisiones administrativas de una empresa pública que ponen en peligro ese interés colectivo. De ahí que si se advierte la afectación del patrimonio público, el juez tiene facultades preventivas y como consecuencia de ello puede adoptar medidas transitorias o definitivas de protección, las cuales sólo pueden evaluarse en el caso concreto”. 2.2.3. Facultad de realizar el trámite de la modificación de la información catastral de un predio. El Decreto 2148 de 1983 en su artículo 49 dispone: “Cuando se trate del otorgamiento de escritura aclaratoria para corrección de errores en la nomenclatura, denominación o descripción de un inmueble, en la cita de su cédula o registro catastral, en la de sus títulos antecedentes y de sus inscripciones en el registro, o en los nombres o apellidos de los otorgantes, podrá suscribirla el actual titular del derecho presentando los

documentos con los cuales acredite tal calidad y el notario dejará constancia de ellos en la escritura”. De igual manera sobre la aclaración de cabidas y linderos a través de escritura pública el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y al Superintendencia de Notariado y Registro han conceptuado: “Si el propietario solicita a catastro una modificación de la información catastral, que conlleve a cambiar la identificación física de un inmueble porque se trata de un predio más grande o más pequeño, o con otra forma o con distinta ubicación, debe acreditar el título de dominio debidamente inscrito en el registro de instrumento públicos que soporte la petición. De conformidad con este acto administrativo y según sea aplicable a cada caso, el peticionario debe adelantar el proceso judicial o gestionar la escritura pública de aclaración y/o corrección de área de linderos”. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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230012331000201000376 02 E.A.S.T 2.3. Análisis del caso concreto Teniendo en cuenta el problema jurídico a resolver se precisa: 2.3.1. En el presente caso, el actor popular alega que el agente nombrado por la Dirección Nacional de Estupefacientes D.N.E, no tenía facultad para hacer aclaraciones sobre los predios El volador y Macaniyal ubicados en el municipio de Tierralta (Córdoba) respecto de los cuales existía extinción de dominio, porque tal

potestad solamente la tiene el propietario. 2.3.2. En la acción que nos ocupa el actor popular invoca dos derechos e intereses colectivos previstos en el artículo 4º de la citada ley: la moralidad administrativa (b) y la defensa del patrimonio público (e), en razón a que la actuación del depositario designado por la D.N.E al proceder mediante escritura pública a aclarar cabida de unos predios rurales materia de una extinción de dominio produjo un menoscabo al patrimonio público. 2.3.3. De conformidad con las disposiciones legales expuestas en el marco teórico de este concepto, esta Delegada al igual que lo argumentó el Tribunal Administrativo de Córdoba, considera que quien tiene la facultad de realizar el trámite de la modificación de la información catastral de un predio es el propietario y en el presente caso resulta evidente que la funcionaria de la D.N.E no era titular del derecho de dominio de los bienes El volador y Macayani respecto de los cuales realizó solicitud de verificación del área de los predios ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 2.3.4. No obstante lo anterior la Dirección Nacional de Estupefacientes mediante solicitud elevada a la Superintendencia de Notariado y Registro procedió a 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T invalidar las anotaciones por no ser viable su registro, pues según constancia anexada al expediente, en el certificado de tradición de los inmuebles El volador y Macaniyal se observa que tienen el comentario “esta anotación no tiene validez”. 2.3.5. Para esta Delegada de la Procuraduría es claro que en el presente caso nos encontramos frente a un hecho superado, pues si bien es cierto que en su momento, el depositario nombrado por la D.N.E no tenía la facultad para otorgar las escrituras públicas 492 y 493 del 13 de julio de 2005 ante la Notaría única de Córdoba , por medio de las cuales se aclaró la cabida y linderos de los predios “El volador y Macaniyal”, también es cierto que en la actualidad con la invalidación de tales anotaciones las escrituras públicas otorgadas han perdido validez y eficacia, lo que hace que no exista vulneración a los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público solicitados por el actor popular. 2.3.6. En ese orden de ideas, las pretensiones del actor popular no están llamadas a prosperar, pues como ya se dijo ante la evidencia de que indudablemente estamos en presencia de un hecho superado por carencia de objeto, pues si bien se presentó la acción en razón de unos acontecimientos vulnerados de derechos colectivos, tales circunstancias desaparecieron en el transcurso del proceso por el actuar de la entidad demandada, a través de las pruebas allegadas en debida forma al proceso. Por lo tanto es dable colegir, que los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público no han sido vulnerados por parte de la D.N.E, ni tampoco por el

INCODER. 2.3.7. Por lo anterior no es factible reconocer incentivo económico alguno al actor popular, dado que por virtud de la entrada en vigencia de la ley 1425 de 2010 , se derogaron expresamente lo artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, siendo éste último el que trataba el tema del incentivo económico al demandante que le 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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230012331000201000376 02 E.A.S.T prosperase una acción popular; luego en ese orden de ideas, al carecer dicha pretensión de sustento legal pues éste ya no existe, hace que no sea posible su reconocimiento y en consecuencia tal pretensión también habrá de denegarse. 2.3.8. En criterio del Ministerio Público la providencia de primera instancia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba se deberá confirmar en todos los términos analizados.

III. CONCLUSIÓN En este orden de ideas, esta Delegada del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo de Estado: Primero: CONFIRMAR en su totalidad la Providencia proferida en primera instancia por el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba de fecha veinticuatro (24) de enero de 2013.

De los Honorables Magistrados.

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co