PGN - ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD - Pertinencia de la demanda

Bogotá, D.C., enero 16 de 2003 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF: Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso primero del artículo 58 de la Ley 769 de 2002 “por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”

Actora: ALEIDA PATRICIA LASPRILLA DÍAZ

Magistrado Sustanciador: Dr. ALVARO TAFUR GALVIS

Radicado No. 4336 Concepto No. 3122 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2, y 278 numeral 5 de la Carta Política, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por la ciudadana ALEIDA PATRICIA LASPRILLA DÍAZ, quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6 y 242, numeral 1 de la Constitución Política, ha solicitado a la Corte que declare la inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 58 de la Ley 769 de 2002, el cual contiene la prohibición para los peatones de invadir la zona destinada al tránsito de vehículos, ni transitar ésta en patines, monopatines, patinetas o similares.

1. Planteamientos de la demandante 1.1. La ciudadana Lasprilla Díaz, funda su demanda en la no existencia a nivel nacional de los espacios necesarios para transitar, dado que la infraestructura vial no es la más acorde para dar cumplimiento a lo que se preceptúa en la norma acusada. El Estado es el que debe optimizar las vías

2 para la circulación tanto de los peatones como de los vehículos y como tal mientras éste no cumpla este deber la norma acusada no se puede cumplir. 1.2. Se vulneran los artículos 2, 16 y 44 de la Constitución, debido a que el patinaje es una forma de recreación para menores, adolescentes y mayores y con el precepto acusado se está impidiendo la práctica de esta actividad. El legislativo a pesar de expedir normas, no procura la creación de estructuras para que los ciudadanos se ejerciten, pues varias de las ciudades colombianas no cuentan con espacios necesarios para que las personas accedan a una recreación sana.

2. Inhibición de la Corte para pronunciarse en relación con la demanda de la referencia por falta de pertinencia y suficiencia en los cargos contra el precepto acusado 2.1. Si bien, en el auto que admite la demanda de inconstitucionalidad contra el inciso primero del artículo 58 de la Ley 769 de 2002, el Magistrado sustanciador consideró que el escrito presentado por la ciudadana Lasprilla Díaz reunía los requisitos de procedibilidad exigidos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, norma que contiene el régimen procedimental de las acciones que se surten ante la Corte Constitucional, el Ministerio Público encuentra que los argumentos expuestos por la ciudadana Lasprilla Díaz contra el artículo 58 del Código Nacional de Tránsito no atacan el contenido de la norma, son impertinentes e insuficientes. Veamos. 2.2. La ciudadana Lasprilla Díaz deduce que la norma acusada resulta

violatoria de los fines esenciales del Estado, artículo 2 superior, del libre desarrollo de la personalidad, artículo 16 constitucional y de la recreación y la libre expresión de las opiniones contenida en el artículo 44 superior, por la no existencia a nivel nacional de la estructura necesaria para impedir que ciertas vías puedan ser utilizadas por los ciudadanos para ejercitarse. Como puede observarse, el argumento según el cual la norma acusada vulnera la Carta Política por no existir los sitios suficientes para que los 3 ciudadanos puedan recrearse, no puede ser tenida como razón suficiente para entrabar un conflicto de constitucionalidad, que tiene como consecuencia la exclusión de la norma acusada del ordenamiento jurídico. La demandante al formular el cargo de inconstitucionalidad contra el inciso primero del artículo 58 de la Ley 769 de 2002, no confronta la norma con los preceptos de la Carta Política, sino que trae a colación argumentos de violación que no atacan el contenido del precepto demandado sino la conveniencia de su aplicación, asunto ajeno al juicio de constitucionalidad, es decir los cargos no son pertinentes ni suficientes. Sobre el requisito de pertinencia, la Corte Constitucional ha sostenido que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma superior que se enfrenta al precepto demandado; razón por la cual, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales, doctrinarias o de conveniencia (sentencia C-1052 de 2001). En el presente

asunto, no son pertinentes las razones presentadas por la ciudadana Lasprilla Díaz, debido a que versan sobre temas diferentes al que reglamenta la norma acusada, además de ello, no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver el problema de la falta de estructuras recreativas adecuadas para el esparcimiento y la diversión, argumentos que no guardan conexidad con la prohibición contenida en la norma ni con su espíritu. En lo que hace relación a el requisito de suficiencia, la Corte ha sostenido que la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos, que, aunque no logren prima facie convencer al juez constitucional que la norma es contraria a la Carta Política, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada (sentencia C1052/2002). 4 Los asertos contenidos en la demanda no cuestionan el contenido del precepto acusado y no dan pie para que se inicie realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a la norma, además no evidencia de que forma existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y los preceptos constitucionales que se dicen vulnerados. Así las cosas, este Despacho considera que la demanda, en el presente caso, adolece de vicios en su presentación y las razones expuestas no son argumentos concretos que planteen una controversia en el ámbito constitucional de la cual deba ocuparse esa Corporación y le permitan emitir un juicio de valor en relación con la conformidad o inconformidad de los

textos demandados con la Carta Política. Por lo tanto, se solicitará su inhibición para pronunciarse sobre el fondo del asunto, por ineptitud sustancial de la demanda.

3. Conclusión El Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la norma acusada, por ineptitud sustancial de la demanda.

Señores Magistrados,

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

Procurador General de la Nación SPTB/CRG/ncdem.