PGN - ACCION PUBLICA DE NULIDAD - Contra decreto de designación de gobernador

ACCIÓN PÚBLICA DE NULIDAD-Contra Decreto de designación de Gobernador NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO-Por falsa motivación los fundamentos del acto deben ser pertinentes En cuanto a la falsa motivación en los supuestos de derecho señalada por la demandante, tampoco estaría llamado a prosperar el cargo por cuanto visto el conjunto de normas que el Gobierno Nacional señaló como fundamento de la expedición del Decreto, todas ellas, resultan pertinentes y aplicables a la decisión, norma que en consideración de esta Delegada no requería ser invocada como fundamento para la expedición del acto, pero cuyo señalamiento no tiene por virtud hacerlo anulable. FALSA MOTIVACIÓN-Se produce cuando los fundamentos del acto no son reales o no existen o son maquillados/FALSA MOTIVACIÓN-Por afectación del elemento causal del acto NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO-Por violación del régimen de inhabilidades FALTA ABSOLUTA DEL GOBERNADOR-Por más de dieciocho meses de terminación del periodo, se elegirá por el tiempo que quede GOBERNADOR-Su designación debe respetar el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito Así las cosas, se considera que en todos los casos en que se imponga designar a un Gobernador, se ha de preservar y respetar la soberanía popular de sus electores y por tal razón habrá de designarse conforme lo señala la norma constitucional “respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido”. GOBERNADOR-Su designación no constituye un acto discrecional Presidente de la República Conforme a lo anterior se concluye que la designación de los Gobernadores en todos los

eventos en que haya lugar a ello, conforme a lo señalado en el Acto Legislativo 2 de 2002, modificatorio del artículo 303 de la Carta Política, no es un acto discrecional del Presidente, porque la discrecionalidad resulta contraria al conjunto normativo aludido de manera precedente; ahora bien, no es solo lo preceptuado en este conjunto normas, lo es también el origen popular del Gobernador el que le impide a cualquier autoridad asignarse y hacer suya una facultad cuyo depositario y titular inicial es el pueblo.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co GOBERNADOR-Su designación mientras se elige al nuevo debe respetar los mandatos del encargo por finalización del periodo La interinidad o el encargo mientras se realizan nuevas elecciones, constituye una figura jurídica excepcional, debe seguir la misma línea de la provisionalidad o del encargo por finalización del periodo, en cuanto participa de las mismas características y comporta el mismo sentido de continuidad que el constituyente le ha querido dar a esta situación y, en consecuencia» el Gobierno Nacional «estaba obligado a respetar las sugerencias presentadas por el movimiento político» POR UN VALLE SEGURO «al proporcionarle una terna de candidatos y prometerle un listado, si fuere el caso, de los integrantes de dicho movimiento para que designara a uno de ellos, en cumplimiento del artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2002, modificatorio del artículo 303 de la Carta Política, siguiendo

además los derroteros que sobre esta materia.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C. Concepto No. 111 Doctora Susana Buitrago Valencia

H. Consejera Ponente

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Procesos número: 110010328000201000111

Radicado interno número: 2010-0111 – 20100113 – 2010-0125

(Acumulados) Actor: Juan Carlos Quintero Calvache y otros Asunto: Nulidad del Decreto número 2925 del 5 de agosto de 2010, expedido por el Presidente de la República, por medio del cual dispuso «Designar como Gobernador del Departamento del Valle del Cauca , al doctor Francisco José Lourido Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.984.356 de Cali, Valle del Cauca».

Respetada señora Consejera: De la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión, ordenado mediante providencia del 11 de julio de 2011.

IAntecedentes  1.- La demanda instaurada por el ciudadano Juan Carlos Quintero Calvache – Radicado interno 2010-0111 El ciudadano Juan Carlos Quintero Calvache, en ejercicio de la acción de nulidad, demandó el acto por el cual el Gobierno Nacional designó como Gobernador del

Departamento del Valle del Cauca, al doctor Francisco José Lourido Muñoz. La pretensión del actor se concreta de la siguiente manera: «PRIMERO: Que es nulo el Decreto No. 2925 de agosto 5 de 2010 expedido por el Presidente de la república de Colombia, por el cual cesan los efectos del Decreto 2272 del 24 de junio de 2010 y se hace una designación». Hechos de la demanda

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Señala el demandante, que la Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Función Pública de la Procuraduría General de la Nación, sancionó disciplinariamente al señor Juan Carlos Abadía Campo, destituyéndolo del cargo de Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, e inhabilitándolo para el ejercicio de funciones públicas por el término de diez (10) años; esta decisión fue apelada ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, la cual, mediante decisión del 25 de mayo del 2010, confirmó la decisión de primera instancia. Manifiesta el demandante que el Presidente de la República, conforme a lo señalado en la Ley 734 de 2002, expidió el Decreto número 2061 de junio 8 de 2010 y encargó de las funciones de Gobernador del Departamento al doctor Víctor Manuel Salcedo Guerrero, quien se desempeñaba como Secretario de Gobierno,

mientras se procedía a la elección de quien debía asumir la función, en el entendido que la vacancia se presentaba a más de 18 meses de la terminación del período para el cual había sido elegido el destituido mandatario. Contra la decisión de la Procuraduría General de la Nación, el destituido señor Juan Carlos Abadía Campo, interpuso acción de tutela, que en primera instancia se tramitó ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca – Sala Jurisdiccional Disciplinaria - , que accediendo a la pretensión de la acción incoada, decretó la suspensión provisional de las decisiones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General de la Nación La decisión de tutela de primera instancia, fue revocada por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante sentencia del 28 de julio de 2010. Por razón de lo anterior, el 5 de agosto el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2925, por medio del cual cesó los efectos del Decreto número 2272 del 24 de junio de 2010 y designó al doctor Francisco José Lourido Muñoz como Gobernador del Departamento del Valle. Sostiene el actor que conforme a los considerandos señalados en el acto expedido por el Presidente de la República, la decisión presumió que la ejecutoria del fallo de tutela había operado, lo cual, no resultaba acorde con las actuaciones sucedidas en la realidad, toda vez que, el doctor Abadía, el 2 de agosto de 2010, solicitó aclaración del fallo, por lo tanto, la decisión de tutela no estaba ejecutoriada y por ende no podía surtir efectos legales, no obstante, se expidió el

Decreto incurriendo en falsa motivación; señala que esta afirmación se corrobora con la certificación expedida por la Secretaría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, conforme a la cual la ejecutoria del fallo se encuentra suspendida por razón de la solicitud de aclaración y hasta tanto no se resuelva la misma. Indicó que con la expedición del Decreto 2925 se transgredió el artículo 303 superior por cuanto al indicar que se realizaba la designación de Gobernador significaba que se hacía por lo que restaba para la culminación del período «pues de ser lo contrario se hubiese ENCARGADO hasta que se eligiera Gobernador»,

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co por último señala que se transgredió el ordenamiento superior porque no se respetó el partido, grupo político o coalición por la cual se inscribió el doctor Abadía, la designación ha debido recaer en un candidato presentado por el movimiento -Por un Valle Seguroque avaló la inscripción de la candidatura y el doctor Lourido Muñoz no pertenece a este movimiento. Normas violadas y concepto de la violación Señaló el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y 303 de la Carta Política y refirió de manera especial a la nulidad por falsa motivación y desviación de poder. Sostiene que el acto demandado está falsamente motivado, porque la ejecutoria del fallo de tutela no se había sucedido aún y siendo así la situación se

comprendía dentro de los efectos jurídicos del fallo de tutela de primera instancia; señala que no ha debido expedirse el acto por cuanto no había vació de poder, porque conforme al fallo de tutela de primera instancia quien debía fungir como Gobernador era el doctor Abadía. En cuanto a la desviación de poder, señaló que se configuraba porque la designación que recayó en el doctor Lourido se hizo para el resto del período, asumiendo que la falta absoluta se presentó a menos de 18 de meses de la culminación del periodo, por ello no se convocaba a elecciones, de haberse considerado que la falta se presentaba a más de 18 meses se ha debido efectuar un encargo mientras se hacía la elección.  Admisión de la demanda Por auto del 23 de marzo de 2011, el Magistrado Ponente admite la demanda y ordena que se surtan las notificaciones de rigor.  Contestación de la demanda  Por el apoderado judicial del Departamento Administrativo de la Residencia de la República Por intermedio de apoderada judicial el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República contestó la demanda. A la prosperidad de las pretensiones manifestó su oposición y expresó como fundamentos lo siguiente:  Que los actos por medio de los cuales se designó Gobernador y posteriormente se convocó a elecciones se fundamentan en normas vigentes de la Constitución Política y el Código de Régimen Político y Municipal.  Que conforme al concepto emitido por la Sala de Consulta y del Servicio Civil, la falta absoluta en el cargo de Gobernador del Departamento del

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Valle del Cauca «se produjo a partir de la fecha en que la sanción de destitución que le impuso la Procuraduría quedó en firme y se hizo efectiva por parte del Gobierno Nacional, esto es a partir del 8 de junio de 2010» Luego de lo anterior se refiere a los siguientes aspectos: a la «Falta de legitimidad por pasiva de la Presidencia de la República» y sostiene que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República no debe pronunciarse por no ser quien lo emitió, este argumento ha de considerarse como excepción; igualmente se refiere a la «Capacidad del Presidente de la República para comparecer como tercero interesado» y señala que «no es bueno la intervención Litis consorcial del señor presidente de la República, …, porque no se materializan los presupuestos procesales del artículo 52 del Código de Procedimiento Civil…, hecho que lo desvincula de la relación sustancial con las pretensiones del interesado y lo releva de acreditar la condición de tercero, al comprobar la falta de legitimidad para ser demandado», por ultimo alude a una «Ineptitud sustantiva de la demanda por indebida representación» y hace alusión a una supuesta nulidad por indebida representación de la Nación por cuanto el Departamento Administrativo no expidió el acto u no existe justificación para vincular al proceso a la entidad.  Por el apoderado judicial del Ministerio del Interior y de Justicia.

El Ministerio del Interior y de Justicia por intermedio de abogado contestó la demanda. El apoderado judicial se opone a la prosperidad de la pretensión y luego de hacer una reseña de lo acontecido, señala que el acto se expidió con el fin de evitar vacíos de poder o de autoridad y solamente mientras se posesionaba quien resulte elegido. Indica que la decisión de tutela de segunda instancia no sólo revocó el fallo de primera instancia sino que retrotrajo las cosas al estado original, recobrando por tal razón pleno efecto jurídico la sanción disciplinaria de destitución que se hiciera efectiva mediante el Decreto 2061 del 8 de junio de 2010; cita como fundamento, lo señalado por la Sala de Consulta y del Servicio Civil al responder consulta que se le hiciera sobre el tema y concluye manifestando: «… el actuar del Gobierno Nacional de convocar a elecciones para elegir Gobernador del Valle del Cauca fue en cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura … y el nombramiento del doctor Francisco José Lourido Muñoz como Gobernador del Valle del Cauca, …, fue para evitar vacíos de poder y autoridad, mientras se convocaba a elecciones para elegir Gobernador del Valle del Cauca”.  2.- La demanda instaurada por el ciudadano Luis Felipe Campo Saavedra – Radicado interno 2010-0113 El ciudadano indicado en la referencia, en ejercicio de la acción de nulidad demandó el acto por el cual el Gobierno Nacional designó como Gobernador del

Departamento del Valle del Cauca, al doctor Francisco José Lourido Muñoz.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co La pretensión del actor se concreta de la siguiente manera: «PRIMERO: Que se declare la nulidad del Decreto No. 2925 de agosto 5 de 2010 expedido por el Presidente de la república y el Ministerio del Interior y de Justicia “por el cual cesan los efectos del decreto 2272 del 24 de junio de 2010 y se hace una designación”, de conformidad con el artículo 227 del C.C.A. y el inciso 2 del artículo 84 del C.C.A.» «SEGUNDO: Que se declare probada la inhabilidad del señor Francisco José Lourido Muñoz identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.984.356 de Cali, para ejercer el cargo de Gobernador del Valle del Cauca designado, de conformidad con el numeral 4º del artículo 30 de la ley 617 de 2000».  Hechos de la demanda Los hechos primero a décimo del libelo se refieren a los planteados en la demanda anterior y con ellos, el demandante al igual que la demanda a que se alude, sustenta el supuesto fáctico de la pretensión de nulidad que fundamenta en la falsa motivación del acto demandado. En el hecho décimo señala lo siguiente: «Teniendo en cuenta que la sentencia en mención no se encuentra ejecutoriada, el Decreto No. 2925 de 5 de agosto de

2010 está motivado con razones engañosas y contrarias a la realidad; situación que entraña una falsa motivación del acto que designó al señor Francisco José Lourido Muñoz como go9bernador del Valle del Cauca» A partir del hecho décimo primero propone como supuestos de hecho los relacionados con una inhabilidad en el designado Gobernador, la cual está consagrada en el numeral 4° del artículo 30 de la Ley 617 del 2000. Manifiesta el demandante que el señor Lourido Muñoz, dentro del año anterior a la designación como Gobernador del Valle del Cauca, intervino en la gestión de negocios ante entidades públicas y en la celebración de contratos algunos con entidades del nivel departamental, otros con entidades distintas a las departamentales pero cuya ejecución se debía realizar en el Departamento del Valle del Cauca, relacionando a renglón seguido los convenios y contratos de los cuales deriva la configuración de la causal de inelegibilidad, así:  Convenio de asociación número 129 de 2009  Convenio de asociación número 1651 de 2009  Convenio asociación número 499 de 2010  Convenio de asociación número 018 de 2010  Contrato número 0493 de 2010  Contrato número 20100063  Normas violadas y concepto de violación El actor refiere como violadas las siguientes disposiciones: el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991; el artículo 30 numeral 4º de la Ley 617 de 2000.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Conforme a los argumentos expresados por el demandante, la sentencia de tutela no se encontraba en firme lo que lleva a que se presente un falsa motivación indica que «el Decreto 2925 se encuentra motivado de manera errónea, pues existen unos hechos calificados de forma equivocada que han generado un error de derecho, como es el de designar al señor Francisco José Lourido Muñoz como Gobernador del Departamento del Valle del Cauca sin que el fallo de tutela que niega los derechos invocados por el señor JUAN CARLOS ABADÍA CAMPO, se encontrara en firme». La causal de inelegibilidad, dice que se presenta en el designado Gobernador por cuanto que intervino en la gestión de negocios ante entidades públicas y en la celebración de contratos a nivel departamental en calidad de representante legal de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca.  Solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto demandado Dentro del libelo, en acápite especial, el actor solicitó la suspensión provisional de los efectos del decreto demandado, considerando para el efecto la manifiesta contradicción del decreto con la norma.  Inadmisión y corrección de la demanda Por auto del 19 de octubre de 2010, el Magistrado sustanciador inadmite la demanda y ordenó al actor que corrigiera los defectos formales advertidos a saber: acompañar copia autentica del acto acusado e indicar las normas que consideró

violadas por el acto demandado y el concepto de violación. El demandante procedió a corregir la demanda; en el escrito señala como disposiciones violadas los artículos 66 del Código Contencioso Administrativo y 7º del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 303 de la carta Política. El demandante, al explicar el concepto de violación de la norma, señala que el Gobernador Abadía Campo, desempeñó el cargo hasta el 5 de agosto de 2010 y que a partir de esta fecha es que opera la falta absoluta del cargo; siendo ello así, restaban para la culminación del período de gobernador menos de 18 meses, por tal razón, no se imponía la convocatoria a elecciones sino la designación de un nuevo Gobernador que perteneciera al mismo partido o grupo político que inscribió al doctor Abadía, como ello no sucedió así, se violó el artículo 303 de la Carta Política. Seguidamente expone los argumentos con los que funda su pretensión por violación al régimen de inhabilidades, en especial el artículo 30, numeral 4º de la Ley 617 del 2000, pues dentro del año anterior a la designación el doctor Lourido Muñoz, no solo intervino en la gestión de negocios ante entidades públicas de nivel departamental, sino que además, celebró contratos con entidades públicas que debían ser ejecutados o cumplidos en el respectivo departamento.

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www.procuraduria.gov.co  Admisión de la demanda Por auto del 18 de noviembre de 2010, se admitió al demanda y se denegó la petición de suspensión provisional, por cuanto que la violación flagrante de las normas invocadas no surgen a primera vista; según lo indicado en el proveído, se hace «necesario recurrir a razonamientos jurídicos complejos para comprobar la oposición entre el acto demandado y las normas invocadas como violadas».  Contestación de la demanda  Por el apoderado judicial del Ministerio del Interior y de Justicia En esta oportunidad, en términos generales, reitera los argumentos que expresara al contestar la demanda instaurada por el ciudadano Juan Carlos Quintero Calvache.  Por el apoderado judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Reitera lo dicho al contestar la demanda instaurada por el ciudadano Quintero Calvache.  3.- La demanda instaurada por la ciudadana Carolina Bravo Barona – Radicado interno 2010-0125 La ciudadana indicada Carolina Bravo Barona, en ejercicio de la acción de nulidad demandó el Decreto 2925 de agosto 5 de 2.010, acto por el cual el Gobierno Nacional designó como Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, al doctor Francisco José Lourido Muñoz.  Hechos de la demanda Los fundamentos fácticos de la pretensión están referidos a los planteados en las demandas anteriores.  Normas violadas y concepto de la violación Ha señalado como normas violadas las siguientes:  Los artículos 1 a 6, 29, 83, 107, 108, 121 a 124, 209, a59, 260, 287 numeral

1 y 303 de la Constitución Política.  Los artículos 1 a 4 del Código Contencioso Administrativo.  El artículo 106 de la Ley 136 de 994.  El artículo 8 de la Ley 153 de 1887.  Los artículos 1 y 14 de la Ley 131 de 1994.  El artículo 47 de la Ley 130 de 1994.  El artículo 109 de la Ley 418 de 1997. El primer cargo, denominado por el actor «violación de normas de carácter superior» lo funda en el hecho de considerar que la facultad del Presidente es

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co reglada, que no es titular de una libertad absoluta para escoger el reemplazo del gobernador, por ello, la vacancia debió suplirse de una terna que para el efecto presentara el partido o movimiento político al cual pertenecía el gobernador elegido que cesa en el ejercicio de sus funciones por razón de la destitución. El segundo cargo, es la falsa motivación del acto y dice que se incurrió en ella porque el Gobierno Nacional citó como fundamento legal para expedir el acto la Ley 4ª de 1913, norma que sólo aplica para los funcionarios «del orden ejecutivo o administrativo», para la actora, la norma que se ha debido aplicar es la Ley 136 de 1994; sostiene que la designación que se efectúa por medio del acto cuya nulidad

demanda «viola igualmente el contenido formal y sustancial del voto programático porque lo que buscó tanto el constituyente como el legislador (Ley 131 de 1994) es que los Gobernadores solo sean mandatarios de las mayoría territoriales que adoptan un programa de gobierno y escogen un timonel; en ese sentido, el programa adoptado por la mayoría debe tener una vocación de permanencia y por tal menester, la designación del Gobernador del Departamento del Valle del Cauca encargado debe ser del mismo movimiento y filiación del titular destituido, es decir, POR UN VALLE SEGURO», la designación recaída en el doctor Lourido Muñoz, que no pertenece a este movimiento ciudadano impide que se continúe con el «programa de gobierno que mayoritariamente escogieron los vallecaucanos…».  Solicitud de suspensión provisional En el cuerpo del escrito de demanda, en acápite especial, la demandante solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, considerando que se presenta una violación clara y evidente de las normas a las cuales se sujeta la actuación del Presidente de la República en eventos como el que se examina.  Inadmisión de la demanda Por auto del 22 de octubre de 2010, se inadmitió la demanda y se le concedió a la actora un término adicional para efectos de subsanar el defecto formal del libelo consistente en el hecho de no haber aportado copia auténtica del acto acusado.  Intervención de tercero El ciudadano Sergio Sánchez, presenta escrito de coadyuvancia a las pretensiones de la demandante y allegó el Diario Oficial en el cual se publicó el

decreto demandado en nulidad.  Corrección de la demanda La actora, dentro del término de ley, corrigió la demanda para señalar que el acto demandado es inconstitucional por cuanto que con él se viola el artículo 303 de la Carta Política, norma que según lo dice, precisó la solución al problema de las vacancias absolutas de los gobernadores; señaló que ante la vacancia absoluta en el cargo se ha debido convocar a elecciones de Gobernador y en tanto se celebren dichos comicios se ha debido oficiar al grupo significativo de ciudadanos

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co «Por un Valle Seguro» para que presentara una terna de candidatos, de la cual, ha debido efectuarse la designación del Gobernador.  Admisión de la demanda Por auto del 11 de noviembre de 2010 se admitió la demanda, la solicitud de suspensión fue denegada, considerando que la parte actora no aportó copia auténtica de actuaciones que resultan importantes para efectos de la evaluación de la situación jurídica y además, porque la violación de las normas señaladas como infringidas no surge a primera vista con la claridad que señala la parte demandante, para determinar la violación de las normas señaladas como quebrantadas es necesario efectuar un estudio que en el momento procesal impide acceder a la suspensión provisional deprecada.  Contestación de la demanda En la oportunidad procesal, no se dio contestación a la demanda.

4.- Acumulación de procesos Por auto del 16 de junio de 2011 se ordenó la acumulación de los procesos incoados por los ciudadanos Carolina Bravo Barona (Radicado interno 2010 – 00125); Juan Carlos Quintero Calvache (radicado interno 2010 – 00111) y Luis Felipe Campo Saavedra (Radicado interno 2010 – 00113). 5.- Alegatos de conclusión  5.1. Los formulados por la doctora María Yolanda Carrillo Carreño, apoderada judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – En su escrito manifiesta su oposición a la prosperidad de las pretensiones de la demanda e insiste en considerar que el Presidente de la República no es el llamado a responder por los hechos de la demanda por cuanto no ostenta la representación jurídica de la Nación.  5.2. Los formulados por la doctora María del Pilar Sáchica Méndez, apoderada judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. En su escrito comienza por referirse a la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de legitimación por pasiva, considerando para ello que la demanda no ha debido dirigirse contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República pues esta entidad no tiene relación alguna con los hechos de la demanda; el Decreto cuya nulidad se demanda fue expedido por el Gobierno Nacional que se conforma con el Ministro del ramo que es en este asunto el Ministro del Interior y de Justicia; señala que al tenor de lo preceptuado

en el artículo 149 la representación de la nación recae en el ministro o jefe de

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co departamento administrativo o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto y conforme a su argumento el Presidente no es representante legal de la Nación y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República no expidió el acto. En lo que atañe con el fondo del asunto, citando apartes de la sentencia proferida por esa Sala el 25 de agosto de 2011, la cual decidió sobre la legalidad del Decreto 3565 de 28 de septiembre de 2010, concluyo como a continuación se transcribe: «Como se observa, si bien en consideración del Consejo de Estado no era necesario que el Gobierno nacional (sic) expidiera una nueva norma que retornara la vigencia del Decreto 2061 de 2010 y cesara los efectos del Decreto 2272 de 2010, pues esto se produjo ipso iure a partir del fallo de tutela de segunda instancia que revocara el de primera instancia, ello no impedía que el Gobierno Nacional haya decidido reafirmar este hecho, al expedir el decreto 2061, razón por la cual el acto acusado no se torna ilegal»  5.3. Los formulados por el actor Luis Felipe Campo Saavedra Insiste en considerar que existe falsedad en la motivación del decreto porque en su parte considerativa el gobierno señaló como argumento un hecho que no era

real, cual es la ejecutoria de la sentencia que decidía la acción de tutela instaurada por el destituido Gobernador del Valle del Cauca, el doctor Abadía Campo. El demandante Campo Saavedra, luego de referirse a algunos pronunciamientos relacionados con falsa motivación como causal de nulidad de los actos administrativos concluye de la siguiente manera: «No existe duda alguna que el Decreto No. 2925 de agosto 5 de 2010 se encuentra motivado de manera errónea, pues existen unos hechos calificados de forma equivocada que han generado un error en derecho, como es el de designar al señor Francisco José Lourido Muñoz como Gobernador del Departamento del Valle del Cauca sin que el fallo de tutela que niega los derechos invocados por el señor JUAN CARLOS ABADÍA CAMPO, se encontrará en firme». En lo que se refiere con el cargo formulado por la inhabilidad que impedía la designación del señor Lourido Muñoz, como Gobernador del Departamento del valle del Cauca, luego de relacionar los elementos de prueba que dice son demostrativos de la causal que ha invocado, concluye diciendo: «Es evidente entonces, que el señor Francisco José Lourido Muñoz se encuentra inmerso dentro de las causales de inhabilidad para ejercer el cargo de GOBERNADOR DEL VALLE DEL CAUCA, al haber intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas y en la celebración de contratos a nivel Departamental, en calidad de representante legal de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del valle del Cauca»

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