PGN - ACCIONES DE REPARACION DIRECTA Y NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Jurisprudencia de la

ACCIONES DE REPARACIÓN DIRECTA Y NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Situaciones por las que proceden/ACCIONES DE REPARACIÓN DIRECTA Y NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Caducidad de la acción El C.C.A. en los arts. 84 a 87 consagra los medios de control o las acciones que se pueden incoar para controvertir los actos, las actuaciones u omisiones de la administración, cada una con un objeto determinado y respecto de las cuales en el Art. 136 ib. se consagra un término de caducidad distinto. Las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho y la de reparación directa, tienen causa y finalidades diferentes. Cuando la fuente del daño se encuentra en un acto administrativo ilícito, lo que procede es reclamar por la vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho Aunque en principio, como dijo el a-quo, habría lugar a inadmitir la demanda para que se procediera a su adecuación, ello no resulta posible en este caso toda vez que el término de caducidad para incoar la acción correcta estaba vencido al momento de presentar la demanda, teniendo en cuenta que los actos administrativos que cancelaron las tarjetas de operación –fuente de los daños cuya indemnización se pretendefueron expedidos el 10 de diciembre de 2007 y su ejecución se dio el 1° enero de 2008 –cuando los vehículos no pudieron operar-, y los 4 meses para demandar caducaron el 2 de mayo de 2008.

ACCIONES DE REPARACIÓN DIRECTA Y NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO-Jurisprudencia del Consejo de Estado

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 250 / 2010

Bogotá, D.C., 10 de noviembre de 2010

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente ( E ) Doctora GLADYS AGUDELO ORDÓÑEZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 38.870 (760012331000 2010 00315 01)

ACCIÓN REPARACIÓN DIRECTA - APELACIÓN DE AUTO ACTOR: Jorge Eliécer Daza Rodríguez y otros DEMANDADO: Ministerio de Transporte y otros PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 38.870 El Ministerio Público, dentro del término del traslado del auto de 27 de octubre de 2010, notificado personalmente el 5 de noviembre del año en curso, solicita que se confirme el auto recurrido.

I. ANTECEDENTES 1.1. Auto recurrido. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en proveído de 26 de marzo de 2010, resolvió rechazar la demanda por caducidad de la acción.

Sostuvo el a-quo que en principio debería ordenarse la corrección de la demanda en razón a que la acción interpuesta no es la adecuada porque los supuestos daños causados a los demandantes tuvieron origen en la expedición de unos

actos administrativos de carácter particular y concreto, por lo que la acción indicada era la de nulidad y restablecimiento del derecho; que no obstante ello, respecto de esta acción había operado el fenómeno de la caducidad, pues los actos administrativos se profirieron entre diciembre de 2007 y junio de 2009, y la demanda se radicó el 1° de marzo de 2010. 1.2. La apelación. La parte actora impugnó la decisión para que se revocara y en su lugar se admitiera la demanda. Señaló que: 1) todas las resoluciones por medio de las cuales se cancelaron las tarjetas de operación son de 10 de diciembre de 2007; que aunque los hechos dañinos se originaron en la expedición de las resoluciones, esos actos nunca fueron notificados a los demandantes propietarios de los vehículos (se notificó a los gerentes de las empresas como si fueran los representantes o apoderados o dueños de los buses), se ejecutaron arbitrariamente al impedir la operación de los vehículos por estar canceladas las tarjetas; que los demandantes no conocieron en tiempo las resoluciones por lo que la acción procedente es la de reparación directa; que se presenta una vía de hecho por la ejecución ilegal, abusiva y arbitraria de los actos administrativos. 2) 2 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 38.870

Las otras resoluciones que insertó la demanda que autorizan la cancelación de matrícula por desintegración -que señala el autotampoco tienen incidencia porque no se demandan; son resoluciones legales; se ejerce la acción de reparación directa por cuanto fueron diversas circunstancias de hecho y vías de hecho las que provocaron el daño antijurídico; expone unas razones por las cuales afirma que son legales los actos de cancelación de matrícula y sostiene que esos no son los causantes del daño; II.- CONSIDERACIONES En concepto del Ministerio Público el auto apelado, que rechazó la demanda por caducidad de la acción, se deberá confirmar. 2.1. Precedente. 2.1.1. En casos similares, en los que se debate cuál es la acción procedente cuando el daño antijurídico se origina en actos administrativos, este Despacho ha conceptuado en diferentes oportunidades, entre ellas en el Concepto 066 de 23 de marzo de 20101 - y más recientemente en el Concepto No. 126 / 20102, en el que precisó esta Delegada: “2.1. El objeto de la jurisdicción contencioso administrativa y las acciones en el CCA. (…) El C.C.A. en los arts. 84 a 87 consagra los medios de control o las acciones que se pueden incoar para controvertir los actos, las actuaciones u omisiones de la administración, cada una con un objeto determinado y respecto de las cuales en el Art. 136 ib. se consagra un término de caducidad distinto. Las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho y la de reparación directa,

tienen causa y finalidades diferentes. 1 EXPEDIENTE: 38084 (25002316000 2005 01018 03) ACCIÓN REPARACIÓN DIRECTA - APELACIÓN DE AUTO.

ACTOR: LUCY GLORIA NIETO VARELA Y OTROS. DEMANDADO: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.-, 2 EXPEDIENTE: 38.562 (540012331000 2009 00361 01)- ACCIÓN REPARACIÓN DIRECTA - APELACIÓN DE AUTOACTOR: Ana Gisselle Castro RestrepoDEMANDADO: Nación – Ministerio de Protección Social.- 3 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 38.870 “La Sala entrará a analizar el contenido normativo de las acciones de reparación directa y de nulidad y restablecimiento del derecho toda vez está en discusión cual es la vía adecuada para obtener al indemnización de daños cuando la causa jurídica de ellos es la ilegalidad de un acto. (…) Del principio de legalidad enunciado se aprecia, claramente, que una y otra acción se originan en causas o conductas administrativas distintas y persiguen objetos diferentes. En efecto: La causa que origina la acción nulidad y restablecimiento es un acto administrativo que el demandante considera ilegal; persigue (objeto) la nulidad del acto y además el restablecimiento, y/o la indemnización y/o la devolución de lo indebidamente pagado. Tal acción persigue: 1) impugnar la validez de un acto

jurídico administrativo y, como declaración consecuencial, 2) restablecer el derecho subjetivo lesionado. Por su parte, las causas que pueden motivar el ejercicio de la acción de reparación directa son variadas: 1) un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa 2) la condena o la conciliación por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso y/o 3) las conductas materiales provenientes de los particulares o de la Administración que le causan daños a la Administración. Y el objeto de tal mecanismo judicial de defensa busca la declaratoria de responsabilidad extracontractual y la consecuente reparación del daño causado. (…)” 3 (Se resalta y subraya). (…) 2.2. Caso concreto De acuerdo con el auto recurrido, en ejercicio de la acción de reparación directa la señora Ana Gisselle Castro Restrepo demandó a la Nación – Ministerio de Protección Social para que se le declarara responsable de los perjuicios que se le causaron con la expedición de la Resolución 002332 de 4 de septiembre de 2006, por medio de la cual se autorizó el despido colectivo de algunos trabajadores de Termotasajero. El daño cuya reparación se reclama deviene, según la demanda, de la decisión administrativa, que se dice ilegal, contenida en un acto administrativo expedido por el Ministerio de Protección Social, por lo que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho. (…) A través de la acción de reparación directa es viable reclamar la indemnización de

perjuicios consecuencia de un daño antijurídico que tiene como causa un acto administrativo legal, en tanto que le ocasiona al interesado un desequilibrio en las cargas públicas, pero ese no es el supuesto en este caso, ya que la actora señala que el acto administrativo que causa el daño está viciado de ilegalidad y es violatorio de los derechos fundamentales, afirma que ya se demandó su nulidad. 3 SECCIÓN TERCERA, auto de 17 de febrero de 2005. Radicación número: 20001-23-31-000-2003-0319201(28296) 4 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 38.870 Cuando la fuente del daño se encuentra en un acto administrativo ilícito, lo que procede es reclamar por la vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho4. (…) Si el daño tiene como causa unas decisiones contenidas en las Resoluciones proferidas por el Ministerio de Protección Social cuya licitud se discute, la acción viable es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de reparación directa. En el sub judice se ejerció una acción indebida –la de reparación directay aquella que resultaba procedente en razón de la causa del presunto daño, esto es, la de nulidad y restablecimiento del derecho, estaría caducada. Así las cosas, como no era posible inadmitir la demanda para que se adecuara el

trámite a la acción pertinente, con solicitud de la corrección, en tanto que operó el fenómeno de la caducidad, la demanda se debía rechazar de plano5. 2.1.2 El Consejo de Estado, al decidir la apelación en el caso donde se emitió el concepto antes referido, por auto de 19 de julio de 2010, sostuvo: “Se tiene que lo pretendido por el demandante, es que se declare patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Protección Social -, por los perjuicios causados con motivo de la expedición de la resolución No. 002332 del 4 de septiembre de 2006, en la que autorizó el despido colectivo de 16 trabajadores de la empresa Termotasajero. Encuentra la Sala que, es probable que en la concreción o materialización de un acto administrativo se infieran perjuicios, los cuales habrá que distinguir de manera clara, a efectos de identificar la acción procedente para solicitar el restablecimiento del derecho en cada caso concreto. En efecto, el daño se puede relacionar de forma directa o indirecta con un acto administrativo, pero es posible que devenga de sus efectos legales y ajustados al ordenamiento jurídico, lo que configura la responsabilidad por el acto administrativo lega l 6 , o de su materialización, siendo así una operación administrativa. Por consiguiente, se debe tener claridad en lo que se refiere a la naturaleza del detrimento, toda vez que si el mismo deriva de un acto administrativo que la parte considera ilegal, habrá lugar a deprecar la correspondiente indemnización de perjuicios a través del ejercicio de la

4 Sentencia de 8 de marzo de 2007 Radicación número: 66001-23-31-000-1997-03613-01(16421), 5 “ARTICULO 143. INADMISION Y RECHAZO DE LA DEMANDA. <Subrogado por el artículo 45 de la Ley 446 de

1998. El nuevo texto es el siguiente:> Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos y formalidades previstos en los artículos anteriores y su presentación no interrumpe los términos para la caducidad de la acción.

No obstante, si la demanda se presenta dentro del término de caducidad, el ponente, por auto susceptible de reposición, expondrá los defectos simplemente formales para que el demandante los corrija en un plazo de cinco (5) días. Si así no lo hiciera, se rechazará la demanda. Se rechazará de plano la demanda cuando haya caducado la acción. (…)”. 6 (pie de página de la cita) Al respecto, resulta pertinente consultar las siguientes providencias: sentencia de 27 de abril de 2006, exp. 16079, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, y sentencia de 8 de marzo de 2007, exp. 16421, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. 5 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 38.870 acción de nulidad y restablecimiento del derecho en los términos del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo; ahora, si el daño se produce con motivo de

la expedición de un acto administrativo frente al cual no se discute la legalidad, o porque es una operación administrativa por la ejecución fáctica del acto, la acción procedente será la de reparación directa, de conformidad con el artículo 86 del mismo estatuto. Sobre el particular, esta Sala ha señalado: “La Sala ha indicado, con relación a la debida escogencia de la acción, que para determinar cual de ellas es la procedente, en cada caso particular debe tenerse en cuenta la causa de los perjuicios reclamados, es decir, si ella proviene de la expedición de un acto administrativo que se presume legal, la acción correspondiente será la de nulidad y restablecimiento del derecho contemplada en el artículo 85 del C. C. Administrativo, por cuanto es la demostración de la ilegalidad del acto y su consecuente declaración de nulidad lo que torna en antijurídico el daño causado con el mismo, en tanto que, si los perjuicios se derivan de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble, la acción pertinente para reclamar indemnización, es la de reparación directa consagrada en el artículo 86 de esa misma codificación. Es decir que la acción de reparación directa no es procedente cuando existen actos administrativos que se consideran ilegales y decidieron en sede administrativa la situación que se discute ante la jurisdicción, por cuanto la declaración de voluntad de la administración esta amparada por la presunción de legalidad, cuyos fundamentos jurídicos, en tanto estén vigentes, no permiten estimar que existe un daño antijurídico indemnizable…”7 (…) Así las cosas, advierte la Sala, que de la lectura de la demanda y del recurso de

apelación, se tiene que el actor invoca un daño antijurídico causado, presuntamente, por la ejecución material de unos actos administrativos proferidos por el Ministerio de Protección Social, expedidos con vulneración de de derechos fundamentales, por carecer de sustento legal, fáctico y probatorio, aún cuando, en estricto sentido, no se solicitó su nulidad. En ese orden de ideas, acertó el a quo al puntualizar que de conformidad con los hechos y las pretensiones de la demanda, se establece que la parte actora controvierte la legalidad de los actos administrativos proferidos por el Ministerio de 7 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 27 de enero de 2005, exp. 28559, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. 6 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 38.870 Protección Social8, escenario que sitúa la controversia en el plano de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, se confirmará la decisión apelada, pues si bien, como lo ha precisado esta Corporación9, la indebida escogencia de la acción no es causal de rechazo de plano de la demanda, sino de inadmisión para que se adecue a la acción que corresponde, tal decisión no es procedente en este caso, por cuanto en lo que respecta a la acción idónea ha operado la caducidad, ya que el acto demandado

cobró ejecutoria el 20 de junio de 2007 y la demanda fue presentada el 27 de noviembre de 2009.” 2.2. Caso concreto Los demandantes, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de reparación directa presentaron demanda en la que pretenden que se declara responsable judicial, administrativa y extracontractualmente al Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Santiago de Cali – METROCALI, Ministerio de Transporte - La Nación, y que en consecuencia se reparen los perjuicios materiales e inmateriales causados a los demandantes con motivo de los hechos y consecuencias ocurridas narradas en el capítulo de hechos. 8 (pie de página de la cita) “HECHO QUINTO: La entidad Ministerial, (…) dictó la Resolución No. 002332 de fecha 4 de septiembre de 2006, mediante la cual autorizó el despido colectivo del diez (10) trabajadores del área administrativa y seis (6) trabajadores asignados al área operativa (operación y generación de mantenimiento). Sobre dicha decisión se interpuso dentro del término legal, el recurso de reposición y en subsidio de apelación (debidamente sustentados cada uno de ellos), teniendo como fundamentos, argumentos de orden fáctico y jurídico, que la entidad Ministerial, dejó de lado y no los valoró, no los ponderó los cuales generaron unas bases inciertas que dieron lugar al despido colectivo; no tuvieron asidero legal, fáctico, probatorio; pero sobre todo de conveniencia o necesidad imperiosa de la empresa. (folio 10 del cuaderno No. 1)

(…) “CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: (…) La responsabilidad admitida en la norma constitucional, escindida ésta del primer acto de ilegal y poder y fuerza (sic) arbitrario desplegado por autoridad Ejecutiva, más en lo que tiene que ver con el servicio público de la Protección Sindical (sic) en una empresa de carácter privada (folio 19 del cuaderno No. 1) (…)”. 9 “El artículo 143 del C.C.A. establece solo dos eventos en los cuales se debe rechazar una demanda: cuando el juez advierte que la misma carece de los requisitos y formalidades previstas para la demanda contenciosa y ésta no se corrige durante el término concedido para el efecto y, cuando la acción ha caducado. Al respecto, estima la Sala que la escogencia de la acción no es un requisito meramente formal y que las causales de rechazo de la demanda son taxativas, de manera que cuando se demanda por una acción que no es procedente, la demanda solo podrá rechazarse si la acción que corresponde ha caducado. En este orden de ideas, la Sala concederá un término de cinco días para que subsane la demanda en los términos de esta providencia y ordenará la devolución del expediente al Tribunal para decida sobre la admisión o rechazo de la misma.” Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 30 de marzo de 2006, exp.

31789. 7 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 38.870

Como soporte fáctico de las pretensiones, señaló la demanda que las resoluciones que cancelaron las tarjetas de operación no fueron notificadas a los propietarios, y que la Secretaría procedió a ejecutar los actos, obligando a los propietarios a chatarrizar. Pero, además, cuestiona la legalidad de dichos actos: “A) HECHOS GENERALES (…) 6) La Secretaría de Tránsito Municipal de Santiago de Cali, actuó como agente oficioso, adoptando funciones y competencias que no le corresponden, al expedir las resoluciones 4152.9.8.684 y 4152.9.8.697 de 109 de diciembre de 2007, entre otras (que se refieren a otras empresas que no están inclusas en la demanda), por medio de las cuales canceló las tarjetas de operación de carios vehículos de servicio público colectivo de las empresas Cooperativa Especializada de Motoristas y Transportadores COOMOEPAL LTDA y Verde San Fernando S.A., respectivamente. Al cancelar las tarjetas de operación, por medio de dichas resoluciones, la Administración Municipal, por esa Secretaría, violó flagrantemente el principio de legalidad el cual establece que el servidor público solo puede hacer aquello que le está permitido por ley, extralimitándose, pues para el presente caso no existe disposición legal que faculte a la Secretaría de Tránsito Municipal cancelar las tarjetas de operación, a menos que sea cuando cambien las condiciones de habilitación de la empresa o cuando a voluntad del propietario del vehículo así lo solicite y a título de sanción, y ninguna de estas condiciones se presentaron, pues a los propietarios de los vehículos de les

cancelaron las respectivas tarjetas únicamente para darle paso al MIO. (…). “7) La cancelación de las tarjetas de operación, por medio de las resoluciones ante dichas, obligó a los propietarios de buses, busetas y microbuses a chatarrizar sus vehículos, causando con ello perjuicios que no están en el deber jurídico de soportar, como son los daños materiales e inmateriales (…). En los HECHOS PARTICULARES. Señaló la demanda que por medio de la Resolución 4152.9.8.697 de 10 de diciembre de 2007 se cancelaron las tarjetas de operación de los vehículos de placa VDB 292, de propiedad de JORGE ELIÉCER DAZA RODRÍGUEZ –a quien se le comunicó por el gerente de la empresa Verde San Fernando el 26 de diciembre de ese año); VDB 059 de JOSÉ JESÚS SALCEDO ESCARRIA y el vehículo de placas VBC 648 del señor JAIRO HERRÁN. Y, a través de la Resolución 4152.9.8.684 de 10 de diciembre de 2007 se cancelaron las tarjetas de operación de los vehículos VBF 623 y VBF 910 del señor LUIS JAVIER ALZATE MESA; y el vehiculo VBF 881 de JAIRO GÓMEZ GORDILLO. 8 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 38.870

Agregó que los vehículos fueron desintegrados posteriormente, y una vez chatarrizado solicitaron la cancelación de las matrículas, las cuales se autorizaron por resoluciones de la Secretaría de Tránsito Municipal. Y, en el último hecho particular se consignó: “M). Por último, es dable recalcar el gran perjuicio antijurídico que el Estado (Municipio de Santiago de Cali, por su Secretaría de Tránsito, Metrocali y el Ministerio de Transporte) le ha causado al señor Jairo Herrán y a todo su núcleo familiar, así como la gran afectación psicológica, moral, a la vida de relación tan enorme y traumática, al haberlo sacado de forma arbitraria, con exceso de poder, e incluso con omisión en la aplicación de la norma y por el no actuar ante semejantes irregularidades. (…)” (Se subraya) En el capítulo de FUNDAMENTO JURÍDICO se indicó que los hechos ocurridos y narrados “son de suyo causantes de un daño antijurídico que no se está legalmente obligado a soportar, por ninguno de los demandantes, y especialmente no lo está por los propietarios de los vehículos; es decir que estos no tenían por qué soportar el retiro obligatorio, forzado, arbitrario, ilegal y antijurídico, con la cancelación de las tarjetas de operación”, o su no expedición y posterior chatarrización, de que fueron víctimas fruto de la expedición de las resoluciones mencionas, entre otras. En cuanto al régimen jurídico aplicable, hizo referencia al daño especial y a la falla del servicio, y entre las consideraciones sobre el punto, señaló que había normas

constitucionales que fueron flagrantemente transgredidas con el actuar de las administraciones (arts. 2, 6, 11), por la forma arbitraria y contraria a derecho de haber sacado a los trabajadores legales del servicio pública y el consecuente perjuicio antijurídico que se les causó; que fue arbitraria, ilegal y antijurídica la manera en que actuó la Secretaría de Tránsito de Cali, con la aquiescencia de Metrocali y el Ministerio de Transporte. Luego se consignar que la creación del MIO esta resguardada legítimamente, bajo el título Falla del Servicio adujo que se actuó irregularmente y se omitió la eficiencia y la aplicación normativa en contraposición con la función que le correspondía a la Secretaría de Tránsito; que la cancelación de tarjetas de operación no era función de dicha Secretaría.. 9 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 38.870 Encuentra el Ministerio Público que, de acuerdo con la demanda, el daño se ocasionó para los actores por la imposibilidad de poner en funcionamiento sus vehículos a partir de enero de 2008, por la falta de las tarjetas de operación, hecho éste que fue consecuencia de la decisión adoptada en las resoluciones de 10 de diciembre de 2007. Así mismo, resulta claro que los demandantes cuestionan la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Secretaría de Tránsito de Cali ordenó la

cancelación de las Tarjetas de Operación, pues a pesar de afirmar en la apelación que los actos son legales, y que por tanto resultaba procedente la acción de reparación directa, lo cierto es que en el texto de la demanda se debate la legalidad de las resoluciones, que cuestionan por haber sido expedidas sin competencia, y en esa medida la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho. De otro lado, se aduce que los actos administrativos no fueron notificados a los actores. Sin embargo se advierte que el término de caducidad empezaría a contar en ese evento a partir del conocimiento que se tuvo de la decisión administrativa, que en la misma demanda se admite lo fue para enero de 2008 cuando no pudieron operar los vehículos por falta de las tarjetas de operación. El C.C.A., en su Art. 136 dispone que: “(…)

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. (…) (…)” Además, como señala la Sección Tercera, en providencia de 14 de abril de 2010.

Radicación número: 25000-23-26-000-1992-08151-01(17311), la acción de reparación directa es procedente en los casos de operaciones administrativas, pero no cuando el daño tiene origen en un acto administrativo cuya legalidad se

cuestiona: 10 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co

Expediente No. 38.870 “La acción de reparación directa es la idónea para obtener la indemnización de los perjuicios causados con una operación administrativa, conforme lo establecía, desde la fecha de presentación de la demanda, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, por cuya virtud: “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa de la petición sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos”, pero siempre que esa operación administrativa sea directamente la fuente del daño por el cual se reclama indemnización, no así cuando el daño tiene su génesis en el acto administrativo cuyo contenido se ejecuta a través de dicha operación, evento en el cual la acción procedente será la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. “ (Se subraya) En ese orden de ideas la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de reparación directa. Aunque en principio, como dijo el a-quo, habría lugar a inadmitir la demanda para que se procediera a su adecuación, ello no resulta posible en este caso toda vez que el término de caducidad para incoar la acción correcta estaba vencido al momento de presentar la demanda, teniendo en cuenta que los actos administrativos que cancelaron las tarjetas de operación –fuente de los daños cuya indemnización se pretendefueron expedidos el 10 de diciembre de 2007 y su ejecución se dio el 1° enero de 2008 –cuando los vehículos no pudieron operar-, los 4 meses para demandar caducaron el 2 de mayo de 2008.

De ahí que el para el 1° de marzo de 2010, cuando se presentó la demanda, ese plazo estaba ampliamente superado, lo que imponía su rechazo10. 10 C.C.A. “ARTICULO 143. INADMISION Y RECHAZO DE LA DEMANDA. <Subrogado por el artículo 45 de la Ley 446 de 1998.

El nuevo texto es el siguiente: > Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos y formalidades previstos en los artículos anteriores y su presentación no interrumpe los términos para la caducidad de la acción.

No obstante, si la demanda se presenta dentro del término de caducidad, el ponente, por auto susceptible de reposición, expondrá los defectos simplemente formales para que el demandante los corrija en un plazo de cinco (5) días. Si así no lo hiciera, se rechazará la demanda. Se rechazará de plano la demanda cuando haya caducado la acción. (…)” 11 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 38.870

II. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público el auto recurrido se deberá confirmar.

En tal sentido, eleva respetuosamente solicitud a la H. sala de decisión. De la H. Magistrada,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado PHM. 12 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co