PGN - ACOSO LABORAL - Certeza de la afectación de los bienes jurídicos tutelados en materia laboral

SALA DISCIPLINARIA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA POR ACOSO LABORAL-Configuración de la falta gravísima por parte de la Directora de la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes de Min Salud ACOSO LABORAL-Parámetros normativos que deben tenerse en cuenta para encauzar disciplinariamente la conducta ACOSO LABORAL-Modalidades según orden jurídico RELACIÓN LABORAL-Bienes protegidos/ACOSO LABORAL-Definición Los bienes protegidos en el marco de las relaciones laborales son «el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa», y para una mejor comprensión de la conducta, el parágrafo del artículo 6.° de la misma Ley prescribe que: «[l]as situaciones de acoso laboral que se corrigen y sancionan en la presente ley son sólo aquellas que ocurren en un ámbito de relaciones de dependencia o subordinación de carácter laboral» De lo expuesto, podemos concluir que el acoso laboral puede ser definido como la conducta mediante la cual una persona ejecuta comportamientos que implican una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con el propósito de infundir miedo, intimidación, terror y angustia, o causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia ACOSO LABORAL-Presunción Se presumirá acoso laboral cuando se acredite la ocurrencia repetida y pública de

expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces y de comentarios hostiles y humillantes que descalifiquen profesionalmente en presencia de los compañeros de trabajo Es de resaltar que la norma en cita consagra una presunción legal, de tal manera que cuando el operador disciplinario encuentre probado cualquiera de las citadas conductas debe inferir que se está frente a un caso de acoso laboral de los regulados y sancionados de manera especial en la citada ley ACOSO LABORAL DE SERVIDORES PUBLICOS-En proceso disciplinario se discute las vías del superior jerárquico para hacer valer su autoridad En el proceso disciplinario, no se discute la potestad que tiene todo superior jerárquico de exigir el cumplimiento de las obligaciones y deberes de sus subalternos, conducta no constitutiva de acoso laboral conforme a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 1010 de 2006, sino las vías que… utilizó para hacer valer su autoridad a través del maltrato, ultrajes, humillaciones y demás hechos de los cuales se dejó constancia en precedencia, teniendo a su disposición mecanismos expeditos como la calificación de servicios, las quejas disciplinarias e incluso los comités de conciliación creados a partir de la expedición de la Ley 1010 de 2006 Expediente 161-7842 ACOSO LABORAL-Certeza de la afectación de los bienes jurídicos tutelados en materia laboral/ACOSO LABORAL-Se comprueba maltrato laboral persistente y continuo mediante el uso de expresiones que faltaban al respeto Hay certeza que…, afectó los bienes jurídicos tutelados por la legislación colombiana en

materia laboral, los cuales son: trabajo en condiciones dignas y justas, intimidad, honra y salud mental de los empleados a su cargo, eliminando la armonía entre quienes compartían un mismo ambiente laboral Dadas las condiciones que anteceden, se encuentra probado que la disciplinada como directora de una entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, usó términos irrespetuosos y ultrajantes dentro de su relación laboral, de manera reiterada y continua, sobre los funcionarios a su cargo…, para referirse a ellos o requerirles el desarrollo de sus labores dentro de la entidad Se constató que… utilizó las palabras y expresiones: “malparidos”, “hijueputa”, “usted es un bueno para nada”, “usted no sirve para nada”, “usted está en el Fondo Nacional de Estupefacientes porque no puede conseguir trabajo en otro lado”, “lo voy a colgar de donde sabemos”, “usted no tiene capacidad de trabajo”, “usted no obedece ordenes porque no tiene criterio para sacarlas adelante”, “aquellos hp”, “aquellos maricones que no sirven para nada”; las cuales ocasionaron daño en el autoestima e integridad moral de los funcionarios, desmeritando su valor personal y laboral, ante el maltrato verbal constante El despliegue de este comportamiento condujo a que los funcionarios… presentaran su renuncia a la entidad, y a que los demás funcionarios ultrajados, radicaran quejas por las continuas situaciones en las que se sentían ofendidos, debido al trato irrespetuoso recibido Así mismo, se amonesta a la servidora… el hecho de haber relegado de las funciones a los funcionarios…, toda vez que dio por terminada la designación como coordinadores del grupo interno de trabajo de técnica y grupo interno de planeación, a partir del 1° de julio de

2015 y los ubicó en actividades de foliación y de contestación de peticiones, quejas y reclamos, respectivamente, lo cual no correspondía con las actividades de sus cargos, afectando sus condiciones laborales Se le cuestiona haber menospreciado la labor que realizaban las funcionarias…; así como por haber efectuado cambios en la ubicación de los puestos de trabajo de…, sin justificación alguna, generándoles incomodidades, al ubicarlos en una esquina de la oficina mirando hacia la pared. Aunado a ello, prohibirles realizar llamadas al Ministerio de Salud y Protección, para realizar consultas o recibir orientación, para el desarrollo de las labores en el Fondo En otras palabras, se comprueba que la investigada, mantuvo un maltrato laboral persistente y continuo, mediante el uso de expresiones que faltaban al respeto, las cuales generaron incomodidad, sentimientos de dolor, menosprecio, ultrajo, desmotivación laboral y renuncias FALTA GRAVÍSIMA POR ACOSO LABORAL-Regulación especial en la Ley 1010/06 NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO-Teniendo en cuenta que por tratarse de un asunto de acoso laboral la victima adquiere la calidad de sujeto procesal 2 Expediente 161-7842 Bogotá, D.C, veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021) Aprobado en acta de Sala Nº23

Radicación No: IUS-2015-320543 / IUC D-2017-921563 (161-7842) Disciplinado: MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SÁNCHEZ Cargo y entidad: Directora de la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social

Quejosos: Funcionarios de la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes GUSTAVO ADOLFO MORÁN y otros Fecha hechos: 18 de noviembre de 2014 a 30 de junio de 2016

Asunto: Fallo de segunda instancia

P.D PONENTE: LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO

I. ASUNTO A TRATAR La Sala Disciplinaria resolverá el recurso de apelación interpuesto por el abogado de MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SÁNCHEZ, en contra del fallo de primera instancia proferido el 28 de febrero de 2020, por la Procuraduría Segunda Delegada para la

Vigilancia Administrativa.

II. HECHOS Genera la presente actuación disciplinaria, la queja interpuesta por los señores

GUSTAVO ADOLFO MORÁN, GETULIO MANUEL RUBIO, ELVIA FERNANDA CELIS, FIDEL

CÁRDENAS RODRÍGUEZ, ADRIANA RIBERO ROA, REINALDA GÓMEZ BERMÚDEZ, MARLENI RUEDA SARMIENTO Y NÉSTOR SANTIAGO GUERRERO, funcionarios del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, en contra de MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SÁNCHEZ, directora de la entidad, por presunto acoso laboral.

III. ANTECEDENTES PROCESALES Con auto del 13 de noviembre de 20151, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa ordenó remitir al Comité de Convivencia Laboral de la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes, la queja radicada por el señor GUSTAVO MORÁN,

a efectos de que se agotara el procedimiento preventivo de acoso laboral, conforme la Ley 1010 de 2006. Con oficio del 3 de agosto de 2016, el Comité de Convivencia Laboral envió a este órgano de control las diligencias adelantadas con ocasión de la queja mencionada, así como las carpetas que contenían las quejas de los señores NÉSTOR SANTIAGO

GUERRERO, ELVIA FERNANDA CELIS, FIDEL CÁRDENAS RODRÍGUEZ, MARLENI RUEDA

SARMIENTO, ADRIANA RIBERO ROA, REINALDA GÓMEZ BERMÚDEZ Y GETULIO MANUEL

RUBIO. Mediante providencia del 12 de octubre de 20162 la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa avocó conocimiento de las diligencias adelantadas 1 Folios 75 a 167 (c. anexo 2) 2 Folios 159 a 165 (c. 1). 3 Expediente 161-7842 en contra de MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SÁNCHEZ, directora de la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes, y decretó la nulidad de lo actuado por la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Salud y Protección Social dentro del expediente interno 039 de 2015, desde el 31 de julio de 2015. Con providencia del 13 de marzo de 20173, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SÁNCHEZ, en su calidad de directora y de FIORELLA GIL LONDOÑO, en calidad de asesora, de la

UAE Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social. Seguido, con auto del 6 de febrero de 20194 se dispuso prorrogar la investigación disciplinaria, hasta por seis meses, y vincular al proceso disciplinario a GERARDO BURGOS BERNAL, secretario general del Ministerio de Salud y a los miembros del Comité de Convivencia Laboral, los señores

RAFAEL MORA ESPINOSA, JOAQUÍN CANO VALLEJO, NIDIA PINZÓN SORA, FANNY

GRAJALES QUINTERO, LUZ MERY ACOSTA E INGRID NARVÁEZ CASTRO.

Finalizada la etapa probatoria, se ordenó el cierre de la investigación disciplinaria, con auto del 28 de junio de 20195. El 26 de septiembre de 20196, dicha Delegada imputó cargos a MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SÁNCHEZ, en condición de directora del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, de la siguiente manera: Se endilga el siguiente cargo único a la servidora pública MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SÁNCHEZ: Se reprocha a la servidora pública MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SÁNCHEZ identificada con cedula de ciudadanía 42 060 130, directora general de la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, presuntamente, haber incurrido en conducta constitutiva de acoso laboral sobre los funcionarios Getulio Manuel Rubio Sánchez, Gustavo Adolfo Moran Cortina, Elvia Fernanda Celis Dever, Fidel Orlando Cárdenas Rodríguez, Adriana

Mercedes Ribero Roa, Reinalda Gómez Bermúdez, Marleni Rueda Sarmiento y Néstor Santiago Guerrero Guáqueta, al haber usado términos irrespetuosos y ultrajantes dentro de su relación laboral, de manera reiterada y continua, para referirse hacia ellos o para requerirles el desarrollo de sus labores en la entidad. Al parecer, la servidora usaba expresiones tales como “malparidos”, “hijueputa”, “usted es un bueno para nada”, “usted no sirve para nada”, “usted está en el Fondo Nacional de Estupefacientes porque no puede conseguir trabajo en otro lado”, “lo voy a colgar de donde sabemos”, “usted no tiene capacidad de trabajo”, “usted no obedece ordenes porque no tiene criterio para sacarlas adelante”, “aquellos hp”, “aquellos maricones que no sirven 3 Folios 187 a 190 (c. 1). 4 Folios 527 a 530 (c. 3). 5 Folios 1020 a 1021 (c. 6). 6 Folios 1077 a 1111 (c. 6). 4 Expediente 161-7842 para nada”, entre otras, con lo cual se lesionó su autoestima e integridad moral, en tanto se desmeritó su valor personal y laboral mediante un maltrato verbal constante. El despliegue de esta conducta condujo a que los funcionarios Getulio Manuel Rubio Sánchez y Marleni Rueda Sarmiento presentaran su renuncia a la entidad, y a que todos los funcionarios mencionados radicaran quejas por las continuas situaciones en las que se sentían ofendidos, debido al trato irrespetuoso recibido. La desvinculación del señor Getulio Manuel Rubio se produjo a partir del 20 de agosto de 2015 y la

de la señora Marleni Rueda Sarmiento a partir del 16 de mayo de 2016. De igual forma, se reprocha a la servidora pública MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SÁNCHEZ, presuntamente haber relegado de sus funciones a los funcionarios Gustavo Adolfo Morán Cortina y Fidel Orlando Cárdenas Rodríguez, toda vez que dio por terminada la designación como coordinadores del grupo interno de trabajo de técnica y grupo interno de planeación, a partir del 1° de julio de 2015 y, los ubico en actividades de foliación y de contestación de peticiones, quejas y reclamos, respectivamente, lo cual no correspondía con las actividades de sus cargos como profesional especializado, código 2044, grado 10, asignados a dichos grupos internos, con lo cual se afectaron sus condiciones laborales. Así mismo, presuntamente haber menospreciado la labor que realizaba la funcionaria Elvia Fernanda Celis Dever, al referirle que no para contestar un teléfono servía. Al igual, haber menospreciado el trabajo de la funcionaria Adriana Mercedes Ribero Roa, a quien le redujo las funciones para las cuales se encontraba asignada en su cargo de profesional universitario, código 2044, grado 10. De igual forma, presuntamente, haber efectuado cambios en la ubicación de los puestos de trabajo de los funcionarios Reinalda Gómez Bermúdez, con mobiliario ubicado en su espalda, que dificultaba movimiento, y a Fidel Orlando Cárdenas Rodríguez, quien fue ubicado en una esquina de la oficina mirando hacia la pared. Aunado a ello, prohibirles realizar llamadas al Ministerio de Salud y Protección, para realizar consultas o recibir orientación,

para el desarrollo de las labores en el Fondo. Se reprocha, presuntamente, haber mantenido un maltrato laboral persistente y continuo, mediante el uso de tono fuerte de voz y expresiones que faltaban al respeto debido en las relaciones laborales, las cuales generaron incomodidad, sentimientos de dolor, menosprecio y ultrajo, así como desmotivación laboral, y renuncias tanto a los cargos, en los casos ya citados, como a las coordinaciones, en el caso de los señores Getulio Manuel Rubio Sánchez y Néstor Santiago Guerrero Guáqueta, presentadas los días 15 de mayo de 2015 y 22 de octubre de 2015, respectivamente. Esta clase de comportamientos se produjeron desde su vinculación al Fondo Nacional de Estupefacientes, es decir, el 18 de noviembre de 2014, hasta el último día en que laboró, es decir, 30 de junio de 2016. (Sic) En el mismo pliego de cargos se encontró procedente el archivo parcial de la actuación, en lo relacionado con los servidores públicos FIORELLA GIL LONDOÑO, GERARDO BURGOS BERNAL, RAFAEL MORA ESPINOSA, JOAQUÍN CANO VALLEJO, NIDIA PINZÓN SORA, FANNY GRAJALES QUINTERO, LUZ MERY ACOSTA E 5 Expediente 161-7842 INGRID NARVÁEZ CASTRO, al no reunirse los elementos probatorios y de juicio que acreditaran el acoso laboral referido por los quejosos.

IV. PROVIDENCIA RECURRIDA Agotadas todas las etapas procesales, el 28 de febrero de 20207, la

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa dictó fallo de primera instancia, declarando responsable y sancionando a MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SÁNCHEZ, en condición de directora del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, con destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) años, con base en los argumentos que a continuación se sintetizan:  Los elementos probatorios permitieron acreditar el uso de expresiones irrespetuosas, groseras, desobligantes, que no demuestran cortesía y vulneran la autoestima, el mal trato a subalternos y desmejoramiento en sus empleos, por parte de la investigada hacia algunos de los funcionarios de la entidad, quejosos dentro del proceso, sin justificación alguna.  La procedencia antioqueña de la disciplinada no es un atributo o motivo de reproche dentro de las diligencias disciplinarias, mucho menos de discriminación, que tampoco permite desvirtuar o acreditar la conducta endilgada.  El despacho no reprochó que se utilizara un tono de voz alto o bajo, sino las expresiones y palabras utilizadas al momento en que se dirigía la señora MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SÁNCHEZ a los funcionarios, lo que se demostró como un comportamiento reiterado durante el tiempo en que se desempeñó como directora.  Se aclara que la sanción a imponer es debido a la violación del principio de dignidad humana por parte de la investigada, y que con su actuar desconoció los artículos constitucionales 6, 123 y 209 y los artículos 22

y 23 de la Ley 734 de 2002. Así, la conducta al transgredir el deber de respecto de forma persistente y reiterado, es constitutiva de acoso laboral, al adquirir especial relevancia en el contexto de la relación laboral.  Que el comportamiento de MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SÁNCHEZ se encuentra enmarcado dentro de las conductas constitutivas de acoso laboral, descritas en el artículo 1 de la Ley 1010 de 2006, en concordancia con las definiciones y lineamientos brindados por la Corte Constitucional para este tipo de situaciones. 7 Folios 1244 a 1281 (c. 7). 6 Expediente 161-7842

V. DEL RECURSO DE APELACIÓN La disciplinada presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia el 4 de junio de 2020, por medio de su defensor 8, argumentando que: El Procurador de primera instancia no delegó o comisionó a la Dra. DOLLY MARITZA RODRÍGUEZ CALDERÓN para que practicara las declaraciones

presentadas por GUSTAVO ADOLFO MORAN CORTINA, GETULIO MANUEL RUBIO

SÁNCHEZ, NÉSTOR SANTIAGO GUERRERO GUÁQUETA, FIDEL ORLANDO CÁRDENAS, MARLENI RUEDA SARMIENTO, ADRIANA RIBERO ROA, REINALDA GÓMEZ BERMÚDEZ, Y ELVIA FERNANDA CELIS DEVER, por lo que se estaría violando el debido proceso de la investigada. Que, el pliego de cargos no hace alusión a una fecha cierta en que se haya

cometido la posible conducta disciplinable, ni se describe el lugar en donde ocurrieron los hechos y se omite realizar una descripción del modo en que se dio la falta. Que en el fallo no se estableció si fue uno o varios episodios los que dieron lugar a la sanción, pues se están analizando hechos ocurridos en diferentes momentos, desconociendo que se presentaron varias quejas, por lo que no se tendría conocimiento si opera el fenómeno de la caducidad, conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006. Concluye que la conducta de la investigada no constituye acoso laboral, estando amparada por el artículo 7 de la Ley 1010 de 2006.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA 6.1. Competencia En virtud de la atribución asignada para conocer en segunda instancia los procesos disciplinarios que adelanten en primera los procuradores delegados9, la Sala Disciplinaria es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por el defensor de la disciplinada en contra del fallo emanado de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, el 28 de febrero de 2020.

Lo anterior, en el entendido que el recurso de apelación fue interpuesto y concedido en legal forma a través del auto que data del 26 de junio de 2020, acorde el artículo 180 de la Ley 734 de 2002. Por tal motivo, se entrará a estudiar el recurso interpuesto, aclarando que a la luz del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 del 2002, el recurso de 8 Folios 1307 a 1309 (c. 7).

9 Artículo 22.1 del Decreto Ley 262 del 2000. 7 Expediente 161-7842 apelación otorga competencia a esta colegiatura para revisar únicamente los aspectos recurridos y los que resulten inescindiblemente vinculados a ellos. 6.2. Del caso concreto La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por el Dr. CARLOS ALBERTO SUÁREZ CARO, abogado de MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SÁNCHEZ, en el siguiente orden: i. realizará una breve síntesis de los parámetros normativos que deben tenerse en cuenta para encauzar disciplinariamente la conducta denominada «acoso laboral»; ii. efectuará un juicio sobre las conductas descritas en las quejas y ampliadas en los testimonios rendidos durante el proceso; iii. resolverá el recurso de apelación. 6.2.1. Precisiones conceptuales La Ley 1010 de 2006, adoptó medidas para prevenir, corregir y sancionar ciertos comportamientos y/o hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, en el que se comparte un ámbito de interacción y en el que generalmente se presenta una relación de dependencia o subordinación10. Por su parte, en su artículo 2° se define el acoso laboral como una conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador, por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, temor y angustia, causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia de este.

De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo de la Ley 1010 de 2006, el acoso laboral puede darse, entre otras, en las siguientes modalidades11: a. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. b. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. 10 El acoso laboral constituye una práctica, presente en los sectores público y privado, mediante la cual de manera recurrente o sistemática se ejercen contra un trabajador actos de violencia psicológica, que incluso pueden llegar a ser físicos, encaminados a acabar con su reputación profesional o autoestima, agresiones que pueden generar enfermedades profesionales, en especial, “estrés laboral”, y que, en muchos casos, inducen al trabajador a renunciar. Ver en C. Const. Sentencia C-780 de 2007. M.P. HUMBERTO SIERRA PORTO. 11 Sobre el tema se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C-780 del 26 de septiembre de 2007.

8 Expediente 161-7842 c. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.12 d. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. e. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. f. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. De igual modo, para adecuarse a una falta disciplinaria, el artículo 7º de la referida Ley, consagra un listado de conductas que, de acreditar su ocurrencia de manera repetida, pública y demostrable, llevan a presumir el acoso laboral, entre las que cabe mencionar: i. los actos de agresión física; ii. las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona; iii. las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos; iv. el trato notoriamente discriminatorio respecto de los demás empleados, en

cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales o imposición de esa clase deberes; v. la negativa claramente injustificada de conceder permisos, licencias por enfermedad u ordinarias, o vacaciones, no obstante que se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para solicitarlos. Así como los anteriores parámetros normativos enuncian las conductas constitutivas de acoso laboral, la Ley 1010 de 2006, en el artículo 8º, también contempla una serie de comportamientos que no encajan en esa definición, entre los que cabe mencionar, para tener en cuenta en el presente análisis: i. la exigencia de órdenes para mantener la disciplina; ii. los actos destinados a la potestad disciplinaria; iii. la formulación de circulares o memorandos encaminados a solicitar exigencias técnicas o para mejorar la eficiencia laboral; iv. la solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la entidad cuando sean necesarias y v. los requerimientos razonables de fidelidad o lealtad institucional. Ahora, los bienes protegidos en el marco de las relaciones laborales son «el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa», y para una mejor comprensión de la conducta, el parágrafo del artículo 6.° de la misma Ley prescribe que: «[l]as situaciones de acoso laboral que se corrigen y sancionan 12 Corresponde al nuevo texto previsto en el artículo 74 de la Ley 1622 de 2013.

9 Expediente 161-7842 en la presente ley son sólo aquellas que ocurren en un ámbito de relaciones de dependencia o subordinación de carácter laboral». De lo expuesto, podemos concluir que el acoso laboral puede ser definido como la conducta mediante la cual una persona ejecuta comportamientos que implican una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con el propósito de infundir miedo, intimidación, terror y angustia, o causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia.13 6.2.2.Del acervo probatorio obrante en el expediente Tal y como se preceptuó previamente, es de tener en cuenta que el artículo 7 de la Ley 1010 de 2006, dispone expresamente que se presumirá acoso laboral cuando se acredite la ocurrencia repetida y pública de expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces y de comentarios hostiles y humillantes que descalifiquen profesionalmente en presencia de los compañeros de trabajo. Es de resaltar que la norma en cita consagra una presunción legal, de tal manera que cuando el operador disciplinario encuentre probado cualquiera de las citadas conductas debe inferir que se está frente a un caso de acoso laboral de los regulados y sancionados de manera especial en la citada ley. De esta manera, revisado el acervo probatorio recaudado en primera instancia, encuentra la Sala, conforme se concluyó por el funcionario a quo, debidamente probados los comportamientos cuestionados y por consiguiente

el acoso laboral materia de reproche. Ahora bien, previo a analizar las pruebas que sirvieron de fundamento para sancionar a la investigada, como primera medida, de acuerdo con lo manifestado por la defensa, esta colegiatura se pronunciará respecto a la posible falta de competencia por parte de la funcionara DOLLY MARITZA RODRÍGUEZ CALDERÓN para la práctica de pruebas testimoniales. En este sentido, el Despacho encuentra que, mediante auto del 13 de marzo de 2017, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SÁNCHEZ y, en su cláusula quinta14 determinó: QUINTO: Para la práctica de las pruebas y la recepción de versión libre se comisiona a la Dra. Dolly Maritza Rodríguez Calderón, abogada adscrita a este despacho. Igualmente, se le asigna el trámite, la proyección de las decisiones pertinentes que se deben adoptar dentro de la presente actuación disciplinaria y la incorporación del certificado de antecedentes disciplinarios de los investigados. 13 Confrontar en C. Constitucional, Sent.T-293 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo. 14 Folio 190 (c. 1). 10 Expediente 161-7842 Igualmente, podrá hacerse uso de medios tecnológicos que permitan la realización de diligencias de manera virtual, como es el caso de ampliación y ratificación de queja del señor Getulio Manuel Rubio Sánchez, para lo cual se solicitara la colaboración de la Procuraduría Regional de Córdoba, a través

del uso de salas de audiencias. La fecha y hora de practica de las diligencias se comunicarán oportunamente a los sujetos procesales para garantizar sus derechos. Es decir, se comprueba que el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa comisionó debidamente a la Dra. DOLLY MARITZA RODRÍGUEZ CALDERÓN para que practicara las declaraciones presentadas por

GETULIO MANUEL RUBIO SÁNCHEZ, GUSTAVO ADOLFO MORAN CORTINA, ELVIA

FERNANDA CELIS DEVER, FIDEL ORLANDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ, ADRIANA MERCEDES RIBERO ROA, REINALDA GÓMEZ BERMÚDEZ, MARLENI RUEDA SARMIENTO Y NÉSTOR SANTIAGO GUERRERO GUÁQUETA; garantizando el debido proceso y derecho a la defensa de los sujetos procesales. Superado esto, la Sala evidencia que las principales pruebas practicadas y allegadas legalmente, que permiten evidenciar un trato hostil y humillante por parte de MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SÁNCHEZ a sus subalternos, y como consecuencia demuestran acoso laboral, son las siguientes:  Escritos de quejas y demás trámites efectuados por el Comité de Convivencia Laboral de la entidad, en donde se observa que los quejosos se consideran víctimas de acoso laboral por parte de MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SÁNCHEZ, ante los malos tratos, haber sufrido desmejoramiento de sus funciones, recibir un trato discriminatorio, entre otras situaciones.  Ampliación de