PGN - ACOSO LABORAL - No se configuran los elementos constitutivos

,..-….

Dependencia: DELEGADA PARA LA POLICIA NACIONAL.

Radicación No. IUS 200935637

Disciplinados: Funcionarios Grupo de Inteligencia SIPOL MEBUC

Cargo y Entidad: Policía Nacional Quejoso: LUIS ARTURO ARISMENDI ARDILA Fecha de Queja: 26 de diciembre de 2009

Fecha hechos: 27 de noviembre de 2008

Asunto: Se resuelve recurso de apelación a auto de archivo definitivo proferido el 19 de noviembre de 2009 por la Procuraduría Regional de

Santander. Bogotá, D. C. 15 de marzo de 2010 Se procede a decidir el recurso de apelación interpuesto contra el auto de archivo definitivo proferido el 19 de noviembre de 2009 por la Procuraduría Regional de Santander. HECHOS Y ANTEDECENTES PROCESALES Las presentes diligencias se iniciaron por la queja formulada por el Agente LUIS ARTURO ARISMENDI ARDILA, por presunta persecución laboral por parte del personal adscrito al Grupo de Inteligencia de la SIPOLMEBUC, Unidad de Asuntos Internos, al ordenar su desvinculación de la especialidad de la SIJIN el día 27 de noviembre de 2008 y posterior traslado a las oficinas de la Policía Metropolitana de Bucaramanga en donde fue asignado a la Fuerza disponible. La Procuraduría Regional de Santander, el 18 de marzo de 2009 dispuso adelantar Indagación Preliminar y con providencia del 19 de noviembre de 2009 dispuso el archivo definitivo de las diligencias al no encontrar extralimitación o móviles de

persecución en cabeza de los funcionarios de Inteligencia SIPOL MEBUC, Unidad de Asuntos Internos, en contra del Agente LUIS ARTURO ARISMENDI ARDILA, por cuanto el traslado no fue ordenado por ellos sino por el Director General de la Policía PRUEBAS RECAUDADAS EN LA ETAPA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR De conformidad con la queja formulada, se adelantó la averiguación correspondiente, habiéndose acopiado en el curso de la misma las siguientes pruebas: - Oficio No 689 del 9 de mayo de 2009 suscrito por el Jefe de la Seccional de Investigación Criminal Metropolitana de Bucaramanga en donde se indica que los antecedentes reposan en la DIJIN unidad encargada de tramitar y autorizar las desvinculaciones. Indicando que en ningún momento la desvinculación del policial debe ser tomada como mecanismo sancionatorio o correctivo en contra del uniformado ya que esas acciones obedecen a una dinámica que se hace de perfiles y roles referentes a la labor que desarrollan los policiales en las diferentes especialidades de la Policía Nacional. - Oficio remitido por la Fiscal 15 Local en donde se indica que se aceptó desistimiento de la acción penal adelanta por delito de calumnia siendo querellantes FIDEL JOSE GOMEZ RUEDA Y LUIIS ARTURO ARISMEDNDI ARDILA y en la querella instaurada por el señor ARISMENDI se decretó archivo provisional de la actuación por atipicidad. - Declaración del señor WILDER OMAR AGUDELO AMAYA quien se desempeño como Jefe de la estructura de apoyo de la SIJIN y que la desvinculación la solicita

un jefe superior como es el Coronel RAUL PICO POVEDA Jefe SIJIN, por las razones que considere. .-En declaración DELIO FRANCO VARGAS sostuvo que desde el 26 de noviembre de 2008 asumió funciones como Jefe de la Seccional de Inteligencia quien indicó que se verifica información recibida pero no se deja registro alguno. FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El a –quo señala en la providencia recurrida que se pudo establecer que fue el director general de al policía Nacional quien dispuso el traslado del Agente LUIS ARTURO ARISMENDI ARDILA de la Seccional de policía judicialEembuc mediante orden administrativa de personal No. 1-222 de fecha 26 de noviembre de 2008. De la misma manera considera que dicho traslado se dio en cumplimiento a dinámicas institucionales desplegadas para cumplir con la misión asignada constitucionalmente a la Policía, según las necesidades del servicio, así lo informó el Subteniente JAIME GARZÓN GÓMEZ, jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos y derechos humanos de la Dirección de Investigación Criminal (Fl 94) y lo corroboró el Teniente Coronel RAÚL PICO POVEDA, Jefe Seccional de Investigación Criminal Metropolitana de Bucaramanga, señalando además que los traslados y desvinculaciones del personal de la Policía Nacional no se deben tomar como mecanismo sancionatorio o correctivo en su contra y que se debe tener en cuenta que la Policía es una institución de carácter Nacional y sus servidores deben estar dispuestos en todo momento a ser destinados para las modalidades de servicio, especialidad o lugar donde la necesidad del servicio lo requiera en cualquier

momento. ( fl 75) El a-quo refiere que además la decisión de trasladar a LUIS ARTURO ARISMENDI ARDILA de la Seccional Policía Judicial MEBUC a la MEBUC encuentra su fundamento jurídico en el decreto 1791 de 2000, capitulo 5, artículo 40, numeral 2, conforme al cual, todo el personal de la policía se encuentra sujeto a que sea 2 trasladado dentro de las diferentes especialidades que tiene la Policía Nacional de Colombia, sin que exista un motivo en particular. Agrega que de otro lado, conviene anotar que no obra prueba dentro del proceso que demuestre que como consecuencia de su traslado el agente LUIS ARTURO ARISMENDI se le desmejoro salarialmente o en sus condiciones generales de trabajo, toda vez que lo que hizo fue trasladarlo de oficina, esto es, de la Seccional Policía Judicial MEBUC a la MEBUC porque las necesidades del servicio así lo requerían, más no por capricho del Director de la Policía Nacional de Colombia o por sentimientos de animadversión. El a-quo indica que ha de entenderse, entonces que su traslado encarnaba un acto soberano de la administración, representada en el este caso por el Director General de la Policía Nacional, que fue quien ordenó el traslado mediante la orden administrativa de personal No. 1-222 del 26 de noviembre de 2008 y no por los funcionarios del Grupo de Inteligencia SIPOLMEBUC. Agrega que si bien es cierto obra dentro del plenario prueba que confirman las manifestaciones hechas por el señor ARISMEDI ARDILA, en cuanto afirma que en una reunión el exgobernador de Santander HUGO HELIODORO AGUILAR

NARANJO pretendió comprometer su honra y reputación al relacionarlo con una organización delincuencial, también es cierto que las mismas dieron lugar a una investigación de carácter penal que impulso ante las autoridades respectivas, por el delito de calumnia e injuria, no obstante esta no son suficientes para confirmar el presunto acoso laboral que denuncia y que como consecuencia de la mismas acusaciones fue que se produjo su traslado, toda vez que uno se puede perder de vista que en organismos como este que nos ocupa, es normal que sus mandos en ejercicio de su potestad de jefes y administradores del recurso humano y de la actividad oficial con la que misionalmente se debe comprometer los entes oficiales, decidan cuál ha de ser el sitio indicado para que los subordinados presenten el servicio público, partiendo del principio de que los empleados deben cumplir su labor en el lugar que se requiera y no donde la necesidad personal o el interés individual lo desee, que en este caso correspondía a la SIJIN, sin que se mencione cual era el particular interés de permanecer allí y no en otra dependencia de la misma ciudad. RECURSO DE APELACIÓN El Recurso de apelación fue interpuesto por el quejoso donde pretende obtener la revocatoria de la decisión de archivo definitivo contenida en el auto del 19 de noviembre de 2009 fundamentándolo en los siguientes apartes: Indica el apelante que el objetivo primordial de la queja o denuncia que instauró era la supuesta conducta de ACOSO Y PERSECUCIÓN LABORAL la cual estaba encaminada a demostrar la existencia del hecho y la responsabilidad de los presuntos disciplinados. 3 Considera que la indagación preliminar no fue debidamente adelantada con los

parámetros y protocolos de ley, porque en esta investigación no se observó de manera detallada algunos apartes de su denuncia la cual venia referenciada que los hechos denunciados venían ocurriendo desde el 27 de Julio del año 2006, cuando dejó en conocimiento unas situaciones irregulares que le estaban sucediendo. Señala que alertó que el personal de la SIPOL de la Metropolitana de Bucaramanga, ESTABA LIDERANDO LA FORMA DE DESVICULARLO DE LA SIJIN, lo que se deduce de las conductas asumidas por algunos Comandantes y por el personal de asuntos internos de la SIPOL -MEBUC que permitían establecer que estos funcionarios con falsos argumentos y sustentados en informes que denominan de inteligencia y que tildan de carácter reservado, se limitan a jugar con la honra y la reputación de muchos Policiales que posiblemente como el suscrito, somos víctimas de partes de terceros que solo buscan la forma de desprestigiar la imagen de un buen Policía, con el fin de buscar su desvinculación, su traslado o destitución de la institución. Expresa que el fallo de archivo se limitó a investigar aparentemente los hechos finales que fue su traslado de la SIJINMEBUC al grupo de la Fuerza disponible de la MEBUC, sin tener en cuenta lo tipificado en el artículo 90 de la ley 734 que referencia las facultades de los sujetos procesales y que en uno de sus apartes refiere a la letra así: "PARÁGRAFO. La intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y ampliarla bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo

absolutorio.", sin que hubiera sido llamado a ampliar su queja y mucho menos a aportar pruebas o testimonios. Considera que no se puede dar por terminada una investigación cuando la funcionaria investigadora nunca procuró establecer que funcionarios integraban la Unidad de Asuntos Internos de la SIPOL adscrita a la Metropolitana de Bucaramanga, tampoco identificó las personas a las cuales les tildaba la presunta

conducta de ACOSO Y PERSECUSIÓN LABORAL.

Afirma que como puede ser posible que no fue identificado que personal de la Policía Nacional laboró o labora en asuntos internos de la Policía Nacional en la ciudad de Bucaramanga desde el año 2006 a la fecha 27 de Noviembre del año 2008 cuando fue desvinculado de la SIJIN, especialmente cuando afirmó en la diligencia de conciliación de fecha 2 de febrero del año 2009 que el Capitán DELIO FRANCO VARGAS, no era el jefe de la SIPOL para la fecha de los hechos que denunció, por consiguiente era obvio que se debió haber establecido quienes eran los funcionarios de la Policía Nacional adscritos a la UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS DE LA

SIPOL DE BUCARAMANGA.

Agrega que para la fecha 27 de Noviembre del año 2008, fueron más de diez policiales los cuales que fueron estigmatizados y tildados en los pasillos del comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y en las diferentes oficinas de la SIJIN y SIPOL así como en las diferentes unidades policiales del área Metropolitana, al 4 indicarse que habían sido sacados de la SIJIN por estar comprometidos en actividades ilícitas, calumnias que nadie sustentaba, pero que se rumoraban y

atentaban con la moral ya que todos los diez policiales que salieron fueron destinados en su totalidad al grupo de la fuerza disponible. Considera que desde que colocó la queja de acoso y persecución laboral, sus comandantes en estos casos siempre argumentan que los traslados son fundamentados en necesidades del servicio, y que como policía tenía que estar en condiciones de cumplir los traslados que se ordenan. Dijo que la investigación se enfrasco únicamente en su traslado de la SIJIN-MEBUC pero no se averiguo los hechos que desde el año 2006 denunció, cumpliendo una serie de traslados a tres o cuatro distritos en menos de ocho meses en los años 2006 al 2007 y no se tuvo en cuenta un oficio que suscribió el señor Teniente Coronel EDUARDO CÁRDENAS VELEZ, Jefe de desarrollo de policía judicial y enlaces seccionales para la época de nuestra desvinculación de la SIJIN, donde se indica, “QUE NUESTRA DESVINCULACIÓN FUE SOLICITADA POR EL JEFE DE LA SIJIN

Y APOYADA POR EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO OBEDECIENDO UNA.

DINÁMICA QUE SE DESARROLLA PERMANENTEMENTE EN LA ESPECIALIDAD

FIN GARANTIZAR ÓPTIMO SERVICIO Y EN PROCURA DE OXIGENAR

PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CONTEXTO INVESTIGATIVO Y NO PORQUE SE LES ADELANTARA ALGUNA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA EN NUESTRA CONTRA”, lo que considera el quejoso como algo totalmente acomodado para la realidad de los hechos puesto que las investigaciones que personalmente adelantaba al dejarlas por cumplir el traslado que ordenaron, ocasionaria traumas y

parálisis de las investigaciones que adelantaba en esa época. Agrega que en la declaración del intendente AGUDELO, se indica cuales son las causas de una desvinculación de la SIJIN y quien las solicita, por lo que la funcionaría que adelanto la investigación desconoció que los Comandantes directos gestionan o coordinan los traslados por diferentes motivos, siempre deben llevar por protocolo la firma del General NARANJO como Director de la Policía Nacional. Por lo tanto, solicita se continúe con esta investigación, se identifique las personas que deben ser investigadas como presuntos responsables de las conductas que denuncio y además que se establezca efectivamente cuales fueron los argumentos no solo de su traslado si no concretamente de su desvinculación de una especialidad en la cual sobresalió por varios años. CONSIDERACIONES DE LA SEGUNDA INSTANCIA Sea lo primero advertir que esta Delegada es competente para resolver el recurso impetrado, dada la facultad contenida en el artículo 25 numeral 4 del decreto 262 de 5 2000 y en el artículo 19 de la Resolución 17 de 2000, proferida por el señor Procurador General de la Nación. Revisado el fallo recusado, se observa que el a-quo efectuó una apreciación en el aspecto probatorio en forma integral, apreciación efectuada con base en el principio de la sana crítica, ya que la prueba no es un elemento aislado dentro del proceso disciplinario, sino que constituye un conjunto de elementos de juicio que necesariamente llevan a que el operador disciplinario realice un análisis lógico y razonado de las pruebas, estudiando cada uno de los elementos de juicio allegados,

conforme a las reglas de la crítica, haciendo una evaluación motivada e integral del acervo probatorio recaudado. De conformidad con el numeral 2 del artículo 2 de la ley 1010 de 2006, se entiende por persecución laboral toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario, que puedan producir desmotivación laboral, para lo cual la ley establece diferentes modalidades, más un catálogo de circunstancias en las que se presume la existencia del fenómeno, siendo claro que la presunción de acoso laboral se da frente a las conductas allí descritas, y que la ley 1010 de 2006, exige como requisito sine qua non, que la ocurrencia de la conducta sea repetida y pública. Tomando como base el marco legal anterior, en modo alguno puede predicarse que en el presente asunto se cumplen las condiciones que fija la ley para estructurar una conducta de acoso laboral, al no estar demostrado que las actuaciones de los traslados que se realizaron al Agente ARISMENDI constituyen acoso Laboral; como tampoco se ha probado que se hubieran realizado actos de persecución laboral, por parte funcionarios de la Unidad de asuntos Internos de la SIPOL MEBUC. Es importante anotar que para que se configure el acoso laboral es necesario que la conducta sea persistente y demostrable, ejercida por parte de un jefe o superior jerárquico inmediato, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o de inducir la renuncia

del mismo. En principio hay acoso cuando la conducta se lleva a cabo de manera repetida y pública. De acuerdo con las disposiciones legales, los comportamientos que pueden constituir acoso laboral son, entre otros, ataques verbales, insultos, ridiculización, críticas injustificadas, desacreditación profesional, amenazas constantes de despido, sobrecarga de trabajo, aislamiento social, falsos rumores, no tener en cuenta problemas físicos o de salud del trabajador y las agresiones físicas, situaciones que en el presente caso está acreditado que no ocurrieron, tomando en cuenta de manera integral las distintas declaraciones y testimonios recibidas. Con base en lo anterior, procede examinar los hechos denunciados como irregulares, para decidir si ellos constituyen el acoso laboral denunciado. 6 En el curso de la indagación, no se demostró que se hubiese utilizado de manera excesiva su facultad de mando o dirección, con la intención de lesionar los derechos fundamentales del Agente ARISMENDI ARDILA, como tampoco se comprobó que los traslados tuvieran por objeto generar alguna clase de discriminación, intimidación, temor o angustia, ni dirigida a causar perjuicio laboral. Afirma el apelante que el acoso laboral se configura porque cumplió traslados a tres o cuatro distritos en menos de ocho meses en los años 2006 y 2007, al respecto esta Delegada considera como lo dijo el a-quo que en lo que tiene que ver con los traslados, se tiene en cuenta que la Policía Nacional, sus funcionarios cumplen labores en todo el territorio nacional, por lo que sus funcionarios pueden ser objeto de traslado a cualquier punto de la geografía nacional, y que quienes han decidido

abrazar esta carrera, han aceptado de antemano que pueden ser trasladados a cualquier lugar del país, por lo que en principio, el solo hecho del traslado de sitio de trabajo no puede verse como un acto de acoso o de persecución. No obstante, cuando aparezcan de manara clara y fehaciente hechos y circunstancias que sirvan para comprobar de manera inequívoca que el traslado de un uniformado obedece a un propósito declarado de inducir su renuncia, puede configurarse la causal de acoso laboral prevista en el numeral 2 del artículo 2 de la ley 1010 de 2006, circunstancia que no se configura en este caso, porque si bien es cierto fue objeto de traslados a varios Distritos, estos cambios laborales no generan de por sí acoso laboral. La Policía Nacional, es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil organizado por la ley y a cargo de la Nación, cuyo fin primordial, según lo declara el artículo 218 de la Carta, es el de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Los enunciados objetivos son todos de interés público y exigen de la institución que integre su estructura y desarrolle su actividad sobre la base de una disciplina y un orden interno que aseguren el desempeño eficaz de la función, por lo cual no pueden supeditarse a la consulta con todos y cada uno de sus miembros acerca de la determinación concreta de las tareas que les atañen, el lugar y modalidades de su cumplimiento. La naturaleza misma de la misión confiada al cuerpo de Policía implica el despliegue

de su acción a lo largo y ancho del territorio y, según las circunstancias de cada zona, el desplazamiento de sus efectivos a los sitios que acusan una mayor necesidad de su presencia. Los cambios son frecuentes y de por sí la eficiencia del servicio reclama que a ellos se atienda de manera inmediata, lo que a su vez repercute en la necesidad de un sistema de traslados que permita a la institución desarrollar estrategias y programas de cubrimiento local o regional en la seguridad de que a las decisiones de los mandos competentes seguirá siempre su concreta ejecución. 7 Como se observa, el esquema dentro del cual se producen esos movimientos de personal no obedece a los mismos criterios ni tiene las mismas características del aplicable en las empresas privadas o en otras instituciones del Estado. Requiere cierto margen de discrecionalidad de quienes dirigen el cuerpo policial y una inmediata disponibilidad de su personal, aunque desde luego el poder correspondiente tampoco puede considerarse omnímodo sino que, como toda atribución discrecional, exige una orientación razonable y un ejercicio ajustado a los fines que persigue. Las razones expuestas dan fundamento a disposiciones como las contenidas en el Manual de Procedimiento y Administración de Personal de la Policía Nacional, entre las cuales cabe destacar, para los efectos de este proceso, el traslado según lo dispuesto en el Artículo 40.2 es el acto de autoridad competente por el cual se cambia de unidad o dependencia policial, con el fin de desempeñar un cargo o la prestación de un servicio. Los traslados y destinaciones se dan para mantener un nivel de eficiencia aceptable en la Institución, el traslado y desvinculación de una actividad, es una medida

administrativa discrecional de la administración para distribuir tanto el personal como los recursos físicos de las entidades públicas, máxime si se trata de una planta global como sucede en el cuerpo de Policía que requiere para su ejercicio y funcionamiento, la posibilidad de ubicar a sus agentes en los distintos lugares de la geografía nacional, según las necesidades de orden público, por lo que reasignar el personal distribuyéndolo en otras guarniciones de la misma ciudad, puede verse como normal dentro de la institución, no existiendo prueba alguna de que hubiera tenido el propósito de acoso que le atribuyó el quejoso. La orden de traslado en la Policía no desconoce la unidad familiar, ya que el último traslado se realizó dentro del mismo Departamento y ciudad. En lo que tiene que ver con el presente caso, conforme a las pruebas allegadas y en las declaraciones recepcionadas, no observa este Despacho que se configure acoso laboral por parte de funcionarios el Grupo de inteligencia de la SIPOL, al haberse verificado que no solicitaron su desvinculación de la especialidad, no se encontró informe alguno proferido por la oficina de asuntos internos de la SIJIN en los que se haya involucrado al agente ARISMENDI en actos de corrupción, por el contrario del la documentación allegada a la queja se observa que el Jefe de la Seccional de Investigación Criminal SIJINDESAN, informó el 17 de octubre de 2007 al Comandante del Departamento de Policía Santander, que según información suministrada a esa seccional, un delincuente de Bucaramanga suplanta el apellido de ARISMENDI un funcionario de la seccional de policía judicial, quien además

según su hoja de vida es un investigador sobresaliente. Lo que coincide con las anotaciones obrantes en la hoja de vida se desprende que desde el año 2006, ha tenido felicitaciones especiales por el desempeño de sus labores Si bien es cierto en una reunión el exgobernador de Santander HUGO HELIODORO AGUILAR NARANJO pretendió comprometer su honra y reputación al relacionarlo 8 con una organización delincuencial, también es cierto como lo señaló el a-quo que las mismas dieron lugar a una investigación de carácter penal que impulso ante las autoridades respectivas, por el delito de calumnia e injuria. En dicha investigación como se afirma en el auto de archivo de las diligencias ( Fls 800 a 85 c.) lo señaló por dos llamadas anónimas que recibió al parecer de victimas, por lo que solicitó labores de investigación y contrainteligencia, para su verificación, sin que se encuentre el resultado de las mismas, ni se encontró que se hubiera adelantado investigación por esos hechos y como lo indicó el a-quo, la verificación por solicitud del ex gobernador no es causa suficiente para confirmar el presunto acoso laboral que denuncia y que como consecuencia de la mismas acusaciones fue que se produjo su traslado. De otra el apelante indica que el a-quo no identificó los funcionarios de asuntos internos de la SIPOL a quienes tildaba del presunto acoso y persecución laboral, al respecto como se ha indicado no se configura el acoso laboral, por cuanto para que exista conducta de acoso laboral debe ser reprochada a un sujeto determinado en virtud de la relación laboral que subyace entre los mismos. Además existe un cierto

grado de discrecionalidad por parte de la entidad, para decidir quienes pueden permanecer en determinadas especialidades y que esa decisión no puede verse, en principio, como un acto de acoso laboral, además no existe en el proceso prueba alguna que acredite que se adelantaron acciones que estuvieran determinadas a ejercer alguna clase de discriminación contra el quejoso, estando dentro de la facultad discrecional de la institución determinar que personas tienen aptitudes para desempeñar ciertas funciones, lo cual en esos términos no constituye acoso laboral. Indica el quejoso que nunca lo llamaron a ampliar la queja, lo cual es cierto, sin embargo, dentro del proceso disciplinario no es obligación escuchar en ampliación de queja, además no le asiste la calidad de sujeto procesal, pues se trata de la persona que pone en movimiento el aparato administrativo o judicial del Estado con miras a la investigación de una falta disciplinaria y la sanción de los responsables y se considera que obran en el expediente las pruebas necesarias que permitieron evaluar la indagación preliminar. En consecuencia, el Procurador Delegado para la Policía Nacional, en ejercicio de sus atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO.- CONFIRMAR la decisión adoptada por la Procuraduría Regional de Santander mediante auto del 19 de noviembre de 2009, mediante la cual se dispuso la terminación de la actuación y el consecuente archivo definitivo de las diligencias adelantadas con ocasión de la queja instaurada por el agente LUIS ARTURO ARISMENDI ARDILA en las que refiere unas posibles conductas de acoso laboral que condujeron a su traslado desde el año 2006 y su desvinculación de la

especialidad de Inteligencia de la SIPOL – MEBUC. 9 SEGUNDO. COMUNICAR esta decisión al quejoso LUIS ARTURO ARISMENDI ARDILA, advirtiéndole que contra la misma no procede ningún recurso. La comunicación se podrá dirigir a la calle 34 # 21248 B centro Bucaramanga. TERCERO. DEVOLVER el expediente al Despacho de origen. CUARTO.- EFECTUAR las anotaciones, comunicaciones y registros que imponga esta determinación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

(ORIGINAL FIRMADO)

CARLOS ALBERTO DÍAZ SAAB

Procurador Delegado Para la Policía Nacional Proyecto Ana Beatriz Castilla de Corredor 10