PGN - ACTO ELECTORAL DEMANDADO - Elección del representante de los exrectores

NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Acto de elección del representante de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario de la universidad de la Amazonía ACTO ELECTORAL DEMANDADO-Elección del representante de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario de la UNIAMAZONÍA Teniendo en cuenta que la fijación del litigió se centró sobre 3 puntos, en donde uno de ellos era determinar si se había incurrido “en la violación del artículo 126 de la Constitución Política, que establece la prohibición de favoritismo electoral”, en los términos precedentes, y con la justificación esbozada en el acápite “2.5” del presente concepto, para esta Agencia del Ministerio Público, es claro que los presupuestos contenidos en dicha norma constitucional no le son aplicables a la pública, al no tener estos la calidad de servidores públicos, hecho por el cual, considera que dicha disquisición esta mas que zanjada, por lo que no ahondará en más argumentos sobre el particular. ESCRUTINIO-Adelantada por miembros de un órgano que tiene entre sus funciones el realizarlo no se advierte situación potencial de nulitar la elección atacada TESTIGO ELECTORAL-Se establece en el estatuto electoral, que dicha figura es una facultad que tienen los candidatos Al no ser un tema obligatorio, y no teniendo evidenciado que alguno de los candidatos hubiese querido inscribir testigo alguno, no se advierte que dicha omisión haya trasgredido derecho alguno de los mismos, por lo cual también debe ser denegada. ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-La prohibición descrita en el artículo 126

Constitucional no aplica a la elección de representantes exrectores uniamazonía. Debe ser negada la solicitud de nulidad del acto de elección de xxx como representante de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de la Amazonía – UNIAMAZONÍA, toda vez que la prohibición descrita en el artículo 126 de la Constitución Política no aplica a dicha elección, y las irregularidades reclamadas dentro del mismo proceso, no tuvieron la incidencia suficiente para cambiar el resultado final. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 1 Bogotá D.C., 06 de junio de 2022 Concepto No. 2022-06-NE-088 Doctor

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado Ponente Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN: 11001-03-28-000-2021-00069-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL - Artículos 126 y 209 Constitución Política

ACTOR: CAMPO ELÍAS CORREA RAMÍREZ DEMANDADO: LUIS EDUARDO TORRES GARCÍA como representante de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de la Amazonía –

UNIAMAZONÍA.

ASUNTOS DE INTERES: Prohibición descrita en el artículo 126 de la Constitución Política no aplica a elección del representante de los exrectores ante el Consejo Superior de universidad oficial

Respetado Magistrado:

Dentro del término de traslado para alegar de conclusión1, como Agente del Ministerio Público ante esta Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos. 1.1.1. El Consejo Electoral Universitario de la Universidad de la Amazonia – en adelante UNIAMAZONÍA - en reunión del día 30 de septiembre de 2021, estableció en el artículo primero de la Convocatoria No. 03 de 2021, “[s]olicitar al Rector de la Universidad de la Amazonia, convocar a la Asamblea de ex – Rectores de la Universidad de la Amazonia, para la elección de su Representante ante el Consejo Superior Universitario”. 1 Auto de 9 de mayo de 2022.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 2 1.1.2. Por Resolución 2179 de 01 de octubre de 20212, Fabio Buriticá Bermeo, Rector de la UNIAMAZONÍA, convocó a los exrectores a elegir a su representante ante el Consejo Superior Universitario, según lo referido en el Acuerdo No. 62 de 20023, y con base en lo establecido en la Convocatoria No. 03 del 30 de septiembre de 2021. 1.1.3. En la citada sesión, celebrada el 27 de octubre 2021, se eligió a LUIS EDUARDO TORRES GARCÍA como representante de los exrectores ante el Consejo Superior

Universitario de la UNIAMAZONÍA, decisión que quedó consignada en el acta de la misma reunión. 1.1.4. El ciudadano CAMPO ELÍAS CORREA RAMÍREZ, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, solicitó la nulidad de la precitada acta, y, en consecuencia, que se ordene al Consejo Electoral de la UNIAMAZONÍA proferir una nueva convocatoria. 1.1.5. En el mismo escrito reclamó que, como medida provisional, se suspendieran los efectos del referido acto, requerimiento que fue negado por el Consejo de Estado, mediante decisión de 17 de febrero de 2022. 1.1.6. En auto de 9 de mayo de 2022, se resolvió las excepciones previas, se fijó el litigió y se ordenó dar aplicación a la figura de la sentencia anticipada. 1.2. Cargos de la demanda El ciudadano CAMPO ELÍAS CORREA RAMÍREZ instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA -, contra LUIS EDUARDO TORRES GARCÍA, elegido como representante de los exrectores ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia, por un periodo de 3 años – desde diciembre de 2021 a diciembre de 2024 - según consta en Acta de 27 de octubre de 2021 de la asamblea de exrectores 2 “Por medio de la cual se convoca a los ex – Rectores de la Universidad de la Amazonia a elegir a su representante ante el Consejo Superior Universitario.”

3 Expedido por el Consejo Superior Universitario “Por el cual se deroga el Acuerdo No. 064 de 1993, y se adopta el Estatuto General de la Universidad de la Amazonia” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 3 Señala que se debe declarar la nulidad4 del acto de elección de TORRES GARCÍA – acta de asamblea de exrectores - en tanto, se expidió de forma irregular y con infracción de normas en que debía fundarse. Afirma que el marco jurídico aplicable a la expedición de convocatorias electorales en dicha Universidad se encuentra limitado a lo contenido en los Acuerdos 062 de 20025, 032 de 20096, 031 de 20107 y 010 de 20178, en los siguientes términos:  Acuerdo 062 de 2002: Establece que los miembros de cuerpos colegiados9 “ejercerán su función en consonancia con lo dispuesto en los artículos 123 y 209 de la Constitución Nacional”.10  Acuerdo 032 de 2009 - Estatuto Electoral: Contempla dentro de su marco de aplicación, el ejercer “la vigilancia y el control de los procesos electorales de elección directa o de consulta estamentaria, que sean convocadas por las autoridades de la Universidad de la Amazonia”11. Igualmente, establece algunas autoridades electorales12, siendo una de ellas, el Consejo Electoral.

 Acuerdo 31 de 2010: Señala las “condiciones” que las convocatorias electorales deben contener, entre las que están, el determinar “Representación a proveer; Requisitos; Período; Acto de inscripción de candidatos y fechas; Organización y Preparación; Designación de jurados y escrutadores; Fecha y lugar de la elección; Expedición de listados; Mecanismos de escrutinio. Fecha de promulgación de resultados; Notificación y nombramiento de elegidos; Mecanismos de Difusión.”13 (Negrilla del demandante). 4 Mismos argumentos expuestos en la solicitud de medida cautelar. 5 “Por el cual se deroga el Acuerdo No. 064 de 1993, y se adopta el Estatuto General de la Universidad de la Amazonia” 6 “Por medio del cual se expide el Estatuto Electoral de la Universidad de la Amazonia”. 7 “Por el cual se expide el reglamento que determina el proceso de integración, designación y elección de los representantes ante el Consejo Superior Universitario y demás instancias de la institución” 8 “Por el cual se adiciona un artículo al Acuerdo No. 31 de 2010” 9 Siendo uno de ellos el Consejo Superior Universitario. 10 Artículo 51 11 Artículo 1. Ámbito de aplicación. 12 Artículo 7. Autoridades Electorales. 13 Artículo 6. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 4  Acuerdo 10 de 2017: Adicionó al Acuerdo 31 de 2010, el artículo decimotercero, disponiendo que “En lo no previsto en el Acuerdo No. 31 de 2010, se aplicará lo dispuesto en el Acuerdo No. 32 de 2009”. Con lo anterior, aduce que tanto la Convocatoria No 03 de 2021, como la Resolución N.º 2179 del 01 de octubre de 2021, contravinieron lo establecido en el Acuerdo 031 de 2010 – artículo 6 -, pues en ninguno de ellos se consignaron las condiciones respecto del (i) acto de inscripción de candidatos y fechas; (ii) designación de jurados y escrutadores; y, (iii) expedición de listados, aspectos que considera “son de vital fundamento ya que conducen a ejercicios del derecho de participación democrática, el acceso a la función pública, verificación de personas habilitadas para elegir y ser elegidos, aspectos que solo por competencia le corresponde al Consejo Electoral”. Frente a la condición de “acto de inscripción de candidatos y fechas”14, señaló que no se fijó una fecha de inscripción para candidatos ante la Secretaría General de la Universidad, como tampoco una etapa para verificar el cumplimiento de requisitos para ser elegido, sumado al hecho que solo uno de los aspirantes - ERNESTO FAJARDO CASTRO - se inscribió en los términos del artículo 2 de la Convocatoria 03, por lo que los demás miembros no podían participar de la Asamblea de elección. Con ello se “cercenó la posibilidad de presencia de testigos electorales”15, ya que los

mismos se registran en el mismo acto de inscripción del candidato. De la designación de jurados y escrutadores, advirtió que los mismos son una autoridad electoral16, por lo que las funciones asignadas a ellos “no pueden ser cumplidas por ningún otro órgano o delegado” como resulta ser el caso de los veedores, quienes son miembros del Consejo Electoral, y realizaron las labores de escrutinio, acto que considera “sospechoso”, pues itera, no tienen asignada dicha facultad. Referente a la expedición de listados, aduce que dicha actuación no fue surtida, aun cuando es “una obligación y competencia del Consejo Electoral Universitario” que “va en 14 Acuerdo 32 de 2009, Artículo 16. 15 Acuerdo 32 de 2009, Artículo 17 16 Acuerdo 32 de 2009, Artículo 7 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 5 armonía y sintonía con el acto de inscripción ya que permite conocer el censo electoral y presentar las reclamaciones respectivas” Señala que conocer el listado de personas que componían el registro electoral garantizaba transparencia en el proceso, el acceso y participación de las personas dentro de la jornada democrática.

Por lo anterior, considera que se demuestra una “flagrante violación a las normas internas de la Universidad y a la Constitución Política ya que no se cumple con la efectivización de

derechos como el debido proceso, el acatamiento de principios constitucionales como la moralidad, el sufragio y la democracia desde la esfera participativa y representativa”. Por otro lado, arguye, una vulneración a los artículos 12617 y 20918 superiores, en tanto la UNIAMAZONÍA, es una institución estatal de educación superior, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, que goza de autonomía universitaria19, donde los miembros de sus cuerpos colegiados establecidos estatutariamente ejercen su función en consonancia con las disposiciones constitucionales referidas anteriormente, razón por la cual, en su sentir, los integrantes del Consejo Superior Universitario, son particulares que ejercen funciones públicas de manera temporal – en los términos del artículo 123 ibidem -, siendo su régimen aplicable, lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto General del mismo ente universitario, razón por la que se encuentran cobijados por la prohibición establecida en el artículo 126 constitucional, en cuanto a no poder nombrar ni postular como servidores públicos a “quienes hubieren intervenido en su postulación o designación”. Expuso que LEONIDAS RICO MARTÍNEZ y GERARDO ANTONIO CASTRILLÓN, ambos exrectores de la UNIAMAZONÍA, no podían participar en la elección de LUIS 17 ARTÍCULO 126. Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes

hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior. 18 ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 19 Artículo 69 Constitución Política. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 6 EDUARDO TORRES, como representante de los Exrectores ante el Consejo Superior Universitario, ya que:  En los periodos 2005-2007 y 2008–2010 fue elegido Rector LUIS EDUARDO TORRES, participando e interviniendo en ambos casos como integrante del Consejo Superior el señor RICO MARTÍNEZ, en calidad de Representante de los Egresados.  En el periodo 2014-2016, fue elegido Rector el señor LEONIDAS RICO MARTÍNEZ, participando e interviniendo como integrante del Consejo Superior el señor LUIS EDUARDO TORRES, en calidad de representante de los Egresados.

 En el periodo 2017-2019, fue elegido Rector el señor GERARDO ANTONIO CASTRILLÓN, donde votó, participó e intervino como integrante del Consejo Superior el señor LUIS EDUARDO TORRES, en calidad de representante de los Egresados Para una mayor ilustración, presentó el siguiente cuadro: Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 7 Con ello considera que, en los términos de la Corte Constitucional20, LEONIDAS RICO MARTÍNEZ y GERARDO ANTONIO CASTRILLÓN, en su sentir, estaban inhabilitados para participar en la elección de LUIS EDUARDO TORRES como Representante de los Exrectores, ya que este, cuando detentó la calidad de representante de los Egresados, participó en la elección de aquellos como rectores de la UNIAMAZONÍA, todas ellas dignidades de las cuales se predica su carácter de servidores públicos. Por lo anterior, afirma, se ha presentado “un pago de favores siendo evidente la rotación del voto” abriendo la posibilidad de una “puerta giratoria” afectando el principio de moralidad administrativa, vulnerando las disposiciones constitucionales antes citadas. 1.3. Fijación del litigio. A través del Magistrado Sustanciador, el Consejo de Estado en proveído del 09 de mayo de 2022, fijó el litigio, indicando que aquel se circunscribiría a determinar si el acto de

elección es nulo conforme a los cargos previstos en la demanda, para lo cual se planteó los siguientes interrogantes a resolver en el fallo: “1. Si hubo infracción de norma superior y expedición irregular al desconocerse los artículos los artículos 2º, literal h), 10, literal k) y 16 del Acuerdo 32 de 2009 (Estatuto Electoral) y el artículo 6º del Acuerdo 31 de 2010 (Reglamento Electoral de los integrantes del Consejo Superior), por haberse omitido señalar la fecha de inscripción o de postulaciones y la etapa de verificación del cumplimiento de los requisitos para ser elegido representante de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario.

2. Si se desconocieron los artículos 7, 12 13, 14 y 17 del estatuto electoral, por no haberse designado jurados de votación, testigos electorales y escrutadores.

3. Si se incurrió en la violación del artículo 126 de la Constitución Política, que establece la prohibición de favoritismo electoral, con base en las pruebas y conductas descritas por la parte actora.” 20 Sentencia SU261 de 2021 “162. A fin de lograr total claridad en la interpretación de la norma constitucional, la Sala Plena procederá a dar un ejemplo. Para que se configure la prohibición del inciso segundo del artículo 126 constitucional se requiere de dos momentos. Un primer evento, en donde un sujeto

(x) ostentando la calidad de servidor público nombra o designa a un sujeto (y) para ingresar al servicio público. Y, una segunda situación, sobre la cual recae la prohibición de la norma constitucional, en la que el sujeto (y) nombra o designa posteriormente al sujeto (x) como servidor público. En este evento,

no importa si el sujeto (Y) ostentaba o no la condición de servidor público al momento de su designación inicial. La norma constitucional proscribe que el sujeto (y), quien fue nombrado o designado por el sujeto (x), participe a futuro en el nombramiento o postulación como servidor público del sujeto (x). (Negrita subraya) Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 1.4. Traslado para alegar de conclusión.

En el anterior proveído, además de fijarse el litigio, se incorporaron los medios de prueba presentados por la parte actora y la Universidad de la Amazonia, poniendo de presente que el demandado no allegó ni solicitó prueba alguna, y se ordenó correr traslado para alegar de conclusión a efectos de dictar sentencia anticipada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 182A, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 202121 Por lo expuesto, esta Delegada procede a rendir el concepto correspondiente.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO

2.1. Problema Jurídico. Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si es procedente la nulidad del acto de elección del señor LUIS EDUARDO TORRES GARCÍA como representante de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de

la Amazonía – UNIAMAZONÍA. Para resolver dicho problema jurídico, este Ministerio Público considera necesario referirse a (i) las causales de nulidad bajo el argumento de expedición irregular e infracción de normas en que debía fundarse; (ii) la autonomía universitaria; (iii) el procedimiento para la elección del representante de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de la Amazonia; (iv) prohibición constitucional de favorecimiento electoral; para finalmente (v) el caso en concreto. 21 “ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial: (…) b) Cuando no haya que practicar pruebas; (…) d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia. Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.” (…)” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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2.2. Expedición irregular e infracción de normas en que debía fundarse como causales de nulidad. La causal de expedición irregular del acto se configura cuando se omiten formalidades sustanciales en la generación de este; es decir, requiere que la omisión o faltante sea de tal magnitud que, sin ella, el resultado habría sido otro, por lo que no cualquier requisito que deje de estar presente en el acto tiene la naturaleza de afectar la validez del mismo. En efecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en procesos de nulidad electoral, ha indicado: “La expedición irregular como vicio anulante de los actos administrativos se estructura cuando en el proceso de formación de la decisión administrativa, se desconocen las formalidades establecidas por la ley, sea una especial o la general contenida en la primera parte del Libro I del Código Contencioso Administrativo, o cuando el respectivo acto se presenta sin considerar la manera dispuesta por el legislador. Este vicio afecta el elemento de la validez denominado adecuación de las formas. Cuando se alega que un acto administrativo se expidió en forma irregular debe plantearse una confrontación entre el procedimiento o la forma que la ley impone y el que se cumplió para su formación o la presentación de la decisión; en cuanto se aduzcan defectos en el trámite habrá de alegarse, además, que fueron de tal entidad, que afectaron el sentido de la decisión.”22 Negrilla fuera de texto. Así, lo que se analiza en la causal de expedición irregular, no es si existen inconsistencias en su expedición, sino si las mismas tienen una incidencia tal en el resultado, que de no existir ellas, habría una variación en el resultado.

Por su parte, la causal de infracción de las normas en que debería fundarse, ha sido considerada por la jurisprudencia del Consejo de Estado como un vicio formal de nulidad de los actos administrativos23, en la que se hace una contrastación formal y objetiva de la norma expedida en relación con otras normas jerárquicamente superiores. En ese sentido lo ha afirmado el Consejo de Estado, en los siguientes términos: 22 Ver al respecto las sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta del 27 de enero de 2011. M.P.

Mauricio Torres Cuervo. Rad: 11001-03-28-000-2010-00015-00 y del 3 de noviembre de 2016 M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-28-000-2016-00023-00 23 Véase, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Exp. No. 4100123310002003004801 (0601-2009),

C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Exp. No. 25000232500020040516302 (2000-2008), C. P. Gustavo

Eduardo Gómez Aranguren. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 10 “De manera específica, las razones para la anulación de los actos administrativos se relacionan con la infracción a las normas en que debería haberse fundado el acto administrativo, disposiciones estas que se supone fueron desconocidas o vulneradas por las autoridades al momento de su expedición.

Como se observa, la generalidad de la redacción del legislador permite deducir sin mayores esfuerzos que se incorpora en esta descripción la totalidad de la base normativa y conceptual, de principios y valores aplicables a cada acto administrativo en el derecho colombiano, lo que implica necesariamente que dentro de ella queden incorporadas las normas constitucionales que son la base y esencia del sistema. Luego todo juicio de nulidad de un acto administrativo implica en esta perspectiva lógica un acercamiento al texto constitucional y a sus bases sustentadoras, no se trata de un simple enjuiciamiento de legalidad sub constitucional.”24 2.3. La autonomía universitaria y sus límites El artículo 69 de la Constitución Política establece que la autonomía universitaria se debe garantizar y que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, e inclusive, que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. Para el efecto, la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, tuvo en cuenta el criterio del artículo 69 constitucional, al establecer en el artículo 28 que se “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión

social y de su función institucional”. La Corte Constitucional en la sentencia C-337 de 199625, retomando y reiterando lo consignado en la Ley 30 de 1992, señaló que la autonomía universitaria se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. 24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Exp. 1100103-26-000-2015-00165-00 (55813), , sentencia del 10 de octubre de 2016. 25 M.P. Hernando Herrera Vergara Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 11 En ese ejercicio, las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, como principio fundante, en donde todos los poderes, órganos e instituciones están supeditados a los principios, valores y derechos fundamentales, hace que la garantía de la autonomía universitaria tenga unos

límites. La Corte Constitucional, en sentencia T187 de 199326, relacionó esos límites, así: “Los límites al ejercicio de la autonomía universitaria están dados en el orden constitucional: pues el conjunto de disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro educativo y en la aplicación de los mismos encuentra límite en la Constitución, en los principios y derechos que esta consagra, en las garantías que establece y en los mandatos que contiene y en el orden legal: la misma Constitución dispone que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Posición que se mantiene vigente, en el entendido que la autonomía universitaria empieza por la construcción de los reglamentos y/o estatutos de carácter obligatorio27, al ser estos, las regulaciones que determinan todos los componentes del ámbito universitario -la naturaleza jurídica, el funcionamiento y el régimen para la prestación de servicios públicos, entre otroslos cuales, sin embargo, deben respetar el marco constitucional y legal. “[e]l ejercicio de la autonomía universitaria se debe dar en el marco de la racionalidad, la justicia y el respeto por los mandatos de la ley y la Constitución. La estructura de derechos y obligaciones mutuas, en torno a la educación superior, podría irse abajo si por extralimitación o abuso de su autonomía, la universidad irrumpiera ilegítimamente en los predios del interés común, atentara contra los derechos de los estudiantes o vulnerara los intereses de la propia comunidad académica” (T-585 de 199928). 26 M.P. Alejandro Martínez Caballero

27 Ver sentencia T-1010 de 2010. 28 M.P. Hernando Herrera Vergara Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 12 En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-1010 de 201029 estableció dos subreglas sobre el régimen de la autonomía universitaria, así: i) los entes universitarios pueden regirse por sus propias normas, dentro de los marcos constitucionales y legales, y ii) tales normas deben ser respetadas por la comunidad universitaria, por cuanto, la autonomía universitaria se materializa, entre otros, en la capacidad de definir estatutos o reglamentos, los cuales deben ser respetados y atendidos por toda la comunidad educativa, compuesta por alumnos y directivas de la institución. Estas directrices fueron detalladas por la Corte Constitucional en la sentencia C-137 de 201830, en el entendido que la autonomía universitaria implicaba dos libertades: la de i) autoorganización “darse sus directivas” y la de ii) autorregulación “regirse por sus propios estatutos” y, por el otro, que no podía existir un total distanciamiento entre las universidades y el Estado, pues, según lo afirmado por el propio Tribunal constitucional, “esta libertad de acción no debe entenderse como una autorización que propicie una universidad aislada de la sociedad o emancipada completamente del Estado”31, ya que encuentra limitaciones derivadas de la propia