PGN - ACTO LEGISLATIVO - Control constitucional

Procurador General 1 Bogotá, D.C., septiembre 3 de 2004 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 01 de 2004.

Actor: GUILLERMO BOTERO NIETO

Magistrado Sustanciador: ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Expediente No. D-5107 Concepto No. 3649 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2 y 278, numeral 5 de la Constitución, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por el ciudadano GUILLERMO BOTERO NIETO, quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6 y 242, numeral 1 de la Constitución Política, ha solicitado a la Corte que declare la inconstitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2004, por vicios de procedimiento en su formación.

1. Planteamientos de la demanda

Procurador General 2 En concepto del demandante, la norma acusada desconoce el artículo 378 de la Constitución Política, que en su inciso segundo señala que: “La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes, y que el número de éstos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral”. Lo anterior, por cuanto la norma constitucional ordena tomar como referencia para el umbral el número de “ciudadanos”, y no el total del censo electoral, con lo cual se reduce el número de votos necesarios para

aprobarse la reforma constitucional consagrada en el artículo 1º del Acto Legislativo 001 de 2004, al excluir a aquellos que hubiesen perdido o tuviesen suspendida la ciudadanía. Sostiene el ciudadano que la reforma contenida en el Acto legislativo acusado es contraria a la Constitución, “por vicios de forma derivados de desconocer que la abstención debe ser declarada previa decisión que califique su eficacia jurídica.” (escrito de demanda página 8).

2. Problema jurídico Corresponde al Ministerio Público determinar: 2.1. Si la presunta inexactitud de la información suministrada por la Dirección del Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que sirvió de referente al Consejo Nacional Electoral para determinar el censo electoral, debe considerarse un vicio de trámite del Acto Legislativo 01 de 2003, el cual contiene la pregunta aprobada por el pueblo en el referendo realizado el 25 de octubre del mismo año y, en consecuencia, si la Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda de conformidad con el artículo 241.

Procurador General 3 2.2. De responderse afirmativamente el anterior cuestionamiento, deberá analizarse si de conformidad con las normas constitucionales y legales que rigen la materia, la validez del censo electoral depende de su exacta correspondencia con el número de ciudadanos que efectivamente pueden votar el día de las elecciones según lo determine previamente el Consejo Nacional Electoral.

3. Cosa juzgada constitucional Teniendo en cuenta que en la Corte cursa el proceso D-5136, en el cual se estudia una demanda de inconstitucionalidad cuyos cargos son

esencialmente los mismos del presente proceso, es posible que antes de la expedición de la sentencia relativa a la presente demanda, ya exista pronunciamiento de la Corte, caso en el cual deberá declararse la existencia de cosa juzgada constitucional con relación al punto que se debate.

4. Trámite del Acto Legislativo 01 de 2004 4.1. El Congreso expidió la Ley 796 de 2003, “por la cual se convoca a referendo y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional”. 4.2. La Corte Constitucional profirió la sentencia C-551 de 2003, en la cual realizó el control de la Ley 796 de 2003 de conformidad con el artículo 241 de la Carta. 4.3. El Gobierno Nacional, en cumplimiento del artículo 34 de la Ley 134 de 1994, expidió el Decreto 2000 del 19 de julio 2003, señalando el 25 de octubre como fecha para realizar la votación del referendo reformatorio de la Constitución.

Procurador General 4 4.4. De conformidad con las funciones que el artículo 265 superior asigna al Consejo Nacional Electoral, expidió las resoluciones encaminadas a regular el correspondiente escrutinio, entre ellas, la Resolución No 5315 de septiembre 23 de 2003, en cuyo artículo 1º señala que “...El censo electoral para la votación del referendo convocado para el 25 de octubre de 2003, será el que suministre la Registraduría Nacional del Estado Civil consolidado al 24 de octubre de 2003” y, la Resolución 5856 del 24 de octubre de 2003 “por la cual se establece el umbral de participación y el

número de votos mínimos que debe obtener cada una de las preguntas del referendo a celebrarse el 25 de octubre de 2003”. 4.5. La Registraduría General del Estado Civil, expidió el 24 de octubre de 2003, la certificación que señala: “El Censo Nacional Electoral, a la fecha asciende a 25.069.773 ciudadanos, aptos para ejercer el derecho al sufragio...Para que el Referendo Constitucional cumpla con los requisitos señalados por el artículo 378 de la Constitución Política, deben sufragar más de 6.267.443 ciudadanos (...)”. 4.6. Una vez escrutados los resultados de la votación (según el artículo 265, numeral 7 de la Constitución), éstos se confrontaron con la cifra señalada en el censo como umbral mínimo de participación para cada una de las preguntas y de cumplirse ese requisito, se procedió a evaluar si el texto reformatorio de la Carta fue o no aprobado, de conformidad con el artículo 378 superior. 4.7. El 8 de enero del presenta año, fue expedido el Acto Legislativo 01 de 2004, según lo establece el artículo 48 de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación, conteniendo el único texto aprobado en el referendo constitucional, que hace referencia a la pérdida de derechos políticos.

5. Alcance de la competencia de la Corte Constitucional consagrada en el artículo 241 numeral 1 de la Carta, con Procurador General 5 relación al Acto Legislativo que contiene las normas constitucionales aprobadas mediante referendo 5.1. El artículo 374 señala como uno de los mecanismos de reforma de la

Constitución el referendo, el cual es, según la definición de los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación, la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente, en este caso, un proyecto de Acto Legislativo. Así mismo, el artículo 378 de la Carta, señala que el Congreso podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. Indica así mismo que la aprobación de las reformas requiere: 5.1.1. Que el número de sufragantes exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral. 5.1.2. El voto afirmativo de más de la mitad de estos sufragantes. 5.2. En relación con la reforma constitucional mediante este mecanismo de democracia directa, el artículo 241 de la Carta señala dos momentos de actuación de la Corte Constitucional, estructurando un control especial sobre la reforma Constitucional por vía de referendo, así: 5.2.1. Artículo 241, numeral 2: control de la constitucionalidad de la Ley aprobada por el Congreso, mediante la cual se convoca al referendo y se consagran los textos que se someterán a votación, con anterioridad al pronunciamiento popular. Esa evaluación comprende el estudio de los vicios de procedimiento en la formación de dicha ley y por tanto, cada una de las etapas del proceso legislativo: presentación, discusión, aprobación y sanción, de conformidad con los requisitos señalados por la

Constitución. En el presente caso, como se señaló, la ley de convocatoria fue la 769 de 2003 y el pronunciamiento de la Corte es el contenido en la sentencia C551 de 2003. Procurador General 6 5.2.2. Artículo 241, numeral 1: Control de la constitucionalidad de los actos reformatorios de la constitución cualquiera sea su origen, sólo por vicios en su formación. En este caso, del Acto Legislativo en el cual se consagran los textos normativos de rango constitucional aprobados mediante referendo. De esta competencia es de la que nos ocuparemos en el presente caso, y que reviste especial importancia teniendo en cuenta que es la primera vez que la Corte se pronunciará al respecto y eventualmente ejercerá dicha competencia. 5.3. Como en el control de todos los actos reformatorios de la Carta deberá realizarse la confrontación del procedimiento mediante el cual se expidió dicho Acto Legislativo, con el correspondiente trámite consagrado en la Constitución1, debe, entonces, precisarse para este caso: i) cuál es ese procedimiento; ii) cuál la naturaleza de los actos que lo componen; iii) cuáles sus requisitos; iv) si es la Corte competente para conocer de todos ellos; y, v) qué tipo de irregularidades dan lugar a la declaración de inconstitucionalidad del acto. Con relación a estas preguntas, el Ministerio Público considera que: 5.3.1. El proceso a que se refiere el artículo 241 numeral 1º de la Carta, necesariamente es aquel que comprende desde los actos posteriores a la

sentencia que evalúa la constitucionalidad de la ley que convoca al referendo hasta la expedición y entrada en vigencia del Acto Legislativo. 5.3.2. Los pasos para la realización del referendo y el escrutinio de sus resultados, se concretan fundamentalmente en: 5.3.2.1. El decreto del Gobierno Nacional, que fija la fecha de realización de la votación; 1 Sobre el control de los vicios de procedimiento de las reformas constitucionales adelantadas por el Congreso se pronunció la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1998, C-487 y C-614 de

2002. En el presente caso se retomará lo pertinente, advirtiendo que por tratarse de una reforma mediante referendo hay algunos aspectos nuevos que deberán ser analizados por la Corte.

Procurador General 7 5.3.2.2. Las resoluciones del Consejo Nacional Electoral; y, 5.3.2.3. El Acto Legislativo, en este caso el Acto Legislativo 01 de 2004, sancionado por el Presidente de la República el 7 de enero de 2004. Como puede observarse, éste es un trámite especial, en el que intervienen fundamentalmente el Gobierno Nacional y la organización electoral y por tanto, el procedimiento está compuesto por Decretos Reglamentarios y actos administrativos. 5.3.3. Los requisitos que deben cumplir éstos, son actos propios de esos actos administrativos. 5.3.4. Por la naturaleza de estos actos, el control de constitucionalidad no correspondería aparentemente a la Corte Constitucional, ya que, por

orden del artículo 237 de la Carta (desarrollado por el artículo 49 de la Ley Estatutaria 270 de 1996), es al Consejo de Estado al que le compete conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, y en general a la jurisdicción contenciosa, evaluar la nulidad de los actos administrativos. Sin embargo, en este caso, no se trata de un decreto reglamentario ni de actos administrativos ordinarios, sino de actos indispensables del procedimiento para la realización de un referendo constitucional y, por tanto, su control es de competencia exclusiva de la Corte Constitucional por expresa disposición del artículo 241, numeral 1º, de la Carta. Si se pretendiera aplicar a estos actos la competencia ordinaria de la jurisdicción contenciosa, se vaciaría la competencia de la Corte Constitucional, dejando sin efecto alguno el citado numeral 1º del artículo 241, lo cual además de desconocer la voluntad del constituyente, el cual asignó a la Corte la competencia especial para conocer de la constitucionalidad de todos los procedimientos de reforma constitucional, sería contrario al principio del efecto útil. En este sentido Procurador General 8 parece haberlo comprendido el Consejo de Estado al inadmitir las demandas contra el Decreto 2000 de 2003 en el cual se fijó la fecha del Referendo (procesos Nos. 20300427 y 20030662 Sala Primera) y remitir tales demandas a la Corte Constitucional. Por último, cabe advertir que si se trasladara la competencia para el

conocimiento de estos actos administrativos, no habría procedimiento constitucional o legal aplicable, que prevea que la Corte pudiese posteriormente entrar a evaluar la constitucionalidad del Acto Legislativo a partir de las decisiones tomadas por otras autoridades judiciales. 5.4. Se trata, entonces, de un control con las siguientes características: posterior a la expedición del Acto Legislativo, concentrado por estar a cargo de la Corte Constitucional; específico pues se limita a los vicios de procedimiento; integral, puesto que la Corte estudia cualquier vicio de trámite que se llegue a presentar, a la luz de todos los preceptos superiores; formal y rogado, pues se requiere de la intervención ciudadana; temporal, pues la competencia se restringe al año posterior a la expedición del Acto. 5.5. Así, los parámetros para evaluar la constitucionalidad del trámite que culmina con la expedición del Acto Legislativo que contiene las normas aprobadas en el referendo serían: 5.5.1. El marco normativo para el control del procedimiento lo constituyen: el Título XIII de la Carta, cuyos preceptos deben interpretarse de manera armónica con la integridad de la Constitución, en particular los requisitos señalados por el artículo 378, y por remisión de éste a aquellas disposiciones de la Ley 134 de 1994, Estatutaria de Mecanismos de Participación, que desarrollen estrecha y directamente principios y valores constitucionales y aquellas disposiciones legales que regulan el proceso electoral, en tanto que guarden estrecha relación con las garantías electorales del referendo. Lo constituyen, entonces, todas aquellas normas

Procurador General 9 que rigen la actuación de las autoridades que intervienen en el proceso, por remisión de la misma Constitución, la cual otorgó a la Corte Constitucional el conocimiento del mismo, es decir, de todos los pasos necesarios para la realización del referendo y su concreción en el respectivo acto legislativo. 5.5.2. El tipo de irregularidad. No cualquier irregularidad o cualquier infracción de una norma del Título XIII de la Carta, de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación, o de la ley electoral relativa al trámite del referendo podrían implicar la declaración de inconstitucionalidad del Acto Legislativo que contiene los textos normativos aprobados, es indispensable que esa irregularidad sea de una gravedad suficiente para ser calificada como un vicio en la formación de la norma, por vulnerar principios y valores constitucionales y por afectar la decisión popular relativa al referendo. Resuelto el punto de la competencia pasaremos ahora al cargo central de la demanda presentada por el ciudadano Botero Nieto.

6. Los efectos jurídicos de la abstención El punto central en que fundamenta el demandante su acusación, es la afirmación de que la abstención debe ser declarada previa decisión que califique su eficacia jurídica.

Pasa entonces a retomar lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-551 de 2003, en relación con la abstención, indicando que posiblemente la Corte únicamente tuvo en cuenta la abstención jurídicamente eficaz, es decir, la de los ciudadanos que decidieron votar sin marcar las preguntas, pues no habría justificación en que la Corte

hubiese concedido eficacia jurídica a cualquier tipo de abstención. De tal manera que en el censo electoral únicamente debieron incluirse aquellas personas cuya calidad de ciudadanos hubiese sido examinada. Procurador General 10 En concepto del ciudadano demandante, el Consejo Nacional Electoral, no debió adoptar como censo electoral el dato suministrado por la Registraduría. Sino que debió señalar cuáles eran los votos válidos y las abstenciones válidas, pues la suma de todos los que él llama “campos cibernéticos” no refleja el resultado de las elecciones del 25 de octubre de 2003 (página 11 y siguientes del escrito de demanda). Fundamenta su acusación contra el censo electoral adoptado por el Consejo Nacional Electoral, en las siguientes razones: 6.1. Se estableció el día anterior. 6.2. El Consejo Nacional Electoral no cuantificó las personas que podían eficazmente ejercer el voto o abstenerse de hacerlo. 6.3. No se verificó que todas las personas incluidas en el censo electoral tuviesen derecho al sufragio. 6.4. El Consejo Nacional Electoral no exploró la voluntariedad de quienes teniendo derecho al sufragio no asistieron a las urnas. Con relación a estos cargos, observa este Despacho que el objeto de los juicios de constitucionalidad no es el de corregir, complementar o interpretar las sentencias de la Corte Constitucional, sino el confrontar el contenido de una norma o el procedimiento surtido para su expedición con el texto constitucional, por ello, no entrará a analizar las suposiciones del demandante con relación a la sentencia C-551 de 2003. De otra parte, el

procedimiento constitucional no exige que el censo electoral sea fijado el mismo día de la votación ni existe norma alguna constitucional o legal que obligue al Consejo Nacional Electoral a “explorar la voluntad de quienes no asisten a las urnas”. Tampoco existe norma constitucional que exija como requisito de validez del censo electoral la calificación previa de la eficacia jurídica de la abstención, por parte de la Corte Constitucional o de las autoridades electorales, como lo pretende el demandante. El artículo 378 remite únicamente a la información contenida en el censo electoral. Procurador General 11 Aunque la argumentación de la demanda en términos de la confrontación del texto constitucional con el procedimiento surtido por el referendo no es muy clara, puede deducirse que el ciudadano Botero Nieto encuentra viciado el trámite del Acto Legislativo 001 de 2004, por cuanto se basó en un censo electoral inexacto, con lo cual se transgredió el artículo 378 de la Carta. Por ello es necesario analizar la naturaleza y la función que cumple el censo electoral, para determinar si se verifica un vicio de procedimiento que amerite la solicitud de inconstitucionalidad de la norma acusada.

7. Naturaleza y función del censo electoral Los requisitos para la aprobación de una reforma constitucional por vía de referendo, fueron reiterados en la sentencia C-551 de 2003, en la cual la Corte Constitucional señaló: “Esto significa entonces que en cada una de las preguntas, en forma independiente, las autoridades electorales, para determinar si la reforma propuesta fue o no aprobada, deberán verificar si esa propuesta (i) obtuvo o no más de la mitad de votos, y (ii) si el

número total de votos supera o no la cuarta parte de los sufragios posibles, conforme al censo electoral”. 7.1. Se debe determinar qué es el censo electoral, para, a partir de este concepto, establecer si la validez de tal censo está sujeta a su exacta correspondencia con el número de ciudadanos efectivamente habilitados para ejercer el derecho al sufragio el día de la realización de la votación, como lo pretende el ciudadano. 7.2. Para iniciar, cabe recordar que la organización electoral está integrada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y demás organismos que establezca la ley, quienes tienen a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia (Constitución Política, artículos 120 y 264 (reformados por el Acto Legislativo 01 de 2003). Procurador General 12 El manual de censo electoral publicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil 19972, define el censo electoral como “el conjunto de votantes, titulares de cédulas de ciudadanía aptas para votar por estar inscritos e incorporados en un determinado lugar”. Así mismo, señala que “el censo electoral es la base fundamental para la planeación, organización y desarrollo de todo evento electoral incluyendo los diferentes mecanismos de participación ciudadana”. 7.3. En cuanto a la conformación de dicho censo, el artículo 3º de la Ley 84 de 1993, señala que el Registrador Nacional se abstendrá de expedir nuevas cédulas e incorporarlas al censo de votantes tres (3) meses antes de la respectiva elección. Se indica que una vez concluido el proceso de inscripción de cédulas, dos (2) meses antes de la votación (art. 4º ley 84 de

1993), se conformarán las listas. Estas cédulas permanecen en el censo electoral mientras no sean canceladas o, en general, no se constituya alguna de las novedades señaladas por la ley. Una cédula puede ser excluida del censo electoral por múltiples razones: en primer lugar aquellas relacionadas con las causales de cancelación de cédulas, como muerte del ciudadano (envío de registros civiles de defunción, 5 primeros días de cada mes), múltiple cedulación, expedición de cédula a un menor de edad o aun ciudadano extranjero sin acreditar carta de naturaleza, falsa identidad o suplantación, cédulas inscritas más de una vez, etc., así mismo, pueden presentarse otras novedades de exclusión de cédulas del censo electoral, como, por ejemplo, las cédulas de personas que ingresan a la Fuerza Pública o los casos de personas cobijadas por fallos que decreten la interdicción de derechos. 2 Elaborado por SESCIDO Hernán, PORTECAN Alfonso y otro y retomado en el libro Derecho Electoral Colombiano del Dr. Carlos Ariel Sánchez LEGIS, y en el Régimen Electoral Colombiano de LEGIS, ambos de 1997. Procurador General 13 De la misma manera, pueden presentarse causales para incluir nuevas cédulas en el censo electoral como ocurre con la rehabilitación de cédulas o egresos de personas de la fuerza pública, entre otras. El censo definitivo es aquel que se obtiene una vez efectuado el proceso de corrección de inconsistencias detectadas en el precenso y ajustes con las cédulas que tengan revocatoria especial (anulación de inscripción), del cual se determina el número de mesas que funcionaran el día de la

elección. De conformidad con el artículo 85 del Código Electoral, si después de elaboradas las listas de sufragantes se presenta alguna novedad, el registrador o su delegado enviará al jurado de votación, el listado de cédulas que no pueden sufragar y así mismo se puede incluir el listado de personas que por error, omisión o rehabilitación no aparezcan en el censo (Ley 6ª de 1990, artículo 8º). Esta información que se incorpora aún el día de las elecciones, no implica que se cambie las cifras que haya señalado el consejo nacional electoral como umbral, por cuanto esta cifra es un parámetro que debe fijarse en algún momento anterior a la votación, con el fin de dar certeza a todos los votantes, aun cuando se pueda seguir suministrando información adicional a los jurados de las respectivas mesas con relación a las cédulas con las cuáles se puede o no se puede votar. 7.4. En concepto del Ministerio Público, el conjunto de votantes, titulares de cédulas de ciudadanía aptas para votar por estar inscritos e incorporados en un determinado lugar, que conforman el censo electoral, es el principal referente para la organización electoral y para el ejercicio del derecho al voto. Este listado, es un parámetro, que se consolida tres meses antes de las elecciones para permitir la planeación y operatividad de la respectiva votación. Teniendo en cuenta que hay una íntima relación entre ese listado, el ejercicio del derecho al voto y la protección de la democracia, el legislador consagró normas que permitieran excluir e incluir cédulas al censo Procurador General 14 definitivo, con el fin de lograr la mayor depuración posible del mismo, de

tal manera que hasta donde sea técnica y humanamente posible, éste corresponda con la realidad de los ciudadanos aptos para votar. Sin embargo, como puede observarse, el tipo de novedades que puede incidir en el censo electoral es muy amplio y se pueden presentar circunstancias que lo modifiquen incluso el mismo día de la votación, como ocurre, por ejemplo, con el registro de defunción de los ciudadanos, los miembros que ingresan o son dados de alta en las entidades que conforman la Fuerza Pública, los ciudadanos a los que se les suspende el ejercicio de los derechos políticos, etc. Por ello, si bien la Registraduría debe actuar de manera diligente para lograr un listado depurado de los votantes, éste difícilmente corresponderá de manera exacta a la realidad electoral del día de las elecciones, de allí que la validez del censo electoral no dependa como lo pretende el ciudadano Botero Nieto de esa correspondencia, pues de ser así, serían nulas todas las elecciones que se han realizado en nuestro país. Menos aún puede depender la validez del censo, de la posibilidad efectiva de cada ciudadano para votar o de la verificación por parte del Consejo Nacional Electoral de la voluntad de quienes se abstendrán como también lo sugiere el demandante. 7.5. Ciertamente, el día de las elecciones muchos ciudadanos pueden estar imposibilitados para ejercer efectivamente su derecho a votar por encontrarse enfermos o haber perdido su documento o no encontrarse en el lugar en donde tienen inscrita su cédula o por muchas otras razones voluntarias o involuntarias lo que de ninguna manera puede implicar que se invalide el censo electoral o que se esté en la obligación de modificarlo.

De otra parte, en atención al principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta, no queda otra opción a las autoridades electorales que confiar en los reportes que reciben con relación al ingreso y egreso de Procurador General 15 miembros de las Fuerzas Armadas, los certificados de defunción, los fallos judiciales por medio de los cuales se suspenden los derechos políticos de una persona o se ordena la rehabilitación de los mismos, etc., para excluir o incluir las respectivas cédulas en el censo. También en estos reportes puede haber inexactitudes o simplemente, pueden no encontrarse actualizados a la fecha de la votación, pero esta situación no alcanza a tener una entidad tal que invalide el censo. 7.6. El artículo 58 del Código Electoral señala como obligación del Gobierno el tecnificar y sistematizar el proceso electoral especialmente, entre otros aspectos, en lo relacionado con la actualización de los censos. En la nueva estructura estatal, la Registraduría dentro de su autonomía presupuestal, progresivamente ha implementado avances tecnológicos que permiten mayor precisión y rapidez en la información, pero por las razones mencionadas no es posible tener un censo electoral que coincida exactamente con la realidad del día de la votación. Por ello, tampoco sería de recibo el argumento contrario al esbozado por el ciudadano Botero Nieto, es decir, que el acto legislativo está viciado de inconstitucionalidad por no haberse incorporado en el censo algunas cédulas, por ejemplo las de aquellas personas a quienes se les rehabilitan sus derechos o de quienes se retiran de las Fuerzas Armadas antes de las elecciones. Un cargo tal sólo podría viciar el trámite del acto si fuese de tal magnitud

que desvirtuara gravemente el censo, como, por ejemplo, si se verificara un fraude o un error que lo modificara sustancialmente.

8. Metodología utilizada para establecer el censo nacional electoral para el referendo realizado el 25 de octubre de 2003.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 6 de 1990, el Director del Censo electoral, certificó la composición del censo electoral así3: 3 Quinche Ramírez Manuel Fernando. “Reforma Política en Colombia. Dentro de los procesos de reformas a la Constitución de 1991” Colección textos de Jurisprudencia Universidad del Rosario. Bogotá. Julio de 2004. página 261. Procurador General 16 8.1. Por el censo electoral utilizado en la elección inmediatamente anterior (elección de presidente y vicepresidente de 26 de mayo de 2002). 8.2. Cédulas nuevas preparadas después del último censo electoral y hasta cuatro meses antes del proceso electoral (26 de junio de 2003). 8.3. Nuevas cédulas inscritas en el país y en el exterior para el proceso electoral. 8.4. Inclusión de ciudadanos reportados como omitidos luego del precenso. 8.5. Se excluyen del censo los titulares de las cédulas canceladas y dadas de baja de acuerdo con el Código Electoral (artículos 67 a 71) y las cédulas de los miembros activos de la fuerzas pública colombiana (artículo 86). De la aplicación de esta metodología se obtuvo el censo nacional electoral tomado como referencia para las elecciones del 25 de octubre de 2003, de conformidad con la información suministrada por el Consejo Nacional

Electoral (Cuadro tomado de la reciente obra del Doctor Manuel Fernando Quinche, “Reforma Política y Referendo en Colombia”, publicada por la Universidad del Rosario. Página 263).

CENSO ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES DEL 25 DE OCTUBRE DE 2003

CÉDULAS INCLUIDAS Censo electoral anterior (2002) 24.197.632 Incorporación omisiones censo 2002 34.102 Cédulas expedidas antes de 1988 e inscritas en Colombia en el 2003 135.297 Cédulas expedidas antes de 1988 e inscritas en el exterior en el 2003 4.120 Incorporación omisiones precenso 36.520 Cédulas preparadas a junio de 2003 1.285.252 Total registros incluidos 25.692.905

CÉDULAS EXCLUIDAS

Inhumaciones 17.950 Necrodactilias positivas 50.250 Campaña de verificación para cancelación registros de defunción 251.810 Cancelación por muertes reportadas por notarias 130.495 Pérdida de derechos políticos 75.277 Procurador General 17 Miembros Activos fuerza pública 90.184 Otras novedades (doble cedulación, falsa identidad, suplantación, 7.166 renuncia a la nacionalidad, minoría de edad)

TOTAL REGISTROS EXCLUIDOS 623.132

CENSO ELECTORAL ELECCIONES 2003 25.069.773

9. Analizado el procedimiento surtido para el establecimiento del censo electoral, el Ministerio Público no considera que se hayan vulnerado valores constitucionales como la soberanía popular, el derecho al voto, la voluntad popular, la democracia participativa, ni las funciones de las

autoridades encargadas de la organización electoral. El censo electoral, como se advirtió, es