PGN - ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR COVID - 19 - Requerimientos sustanciales

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD-Revisión de constitucionalidad de la Ley 2106 de 2021, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y la Confederación Suiza relativo a los Servicios Aéreos Regulares”. En los términos del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional ejerce dos tipos de control frente a los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, a saber: (a) Un control de constitucionalidad formal, el cual incluye “el análisis de aspectos tales como: (i) la debida representación del Estado Colombiano en los procesos de negociación y celebración del tratado; (ii) el trámite surtido por el proyecto de ley en el Congreso de la República; (iii) la sanción presidencial; y, finalmente, (iv) el envío de la ley y el tratado a la Corte Constitucional”; y (b) Un control de constitucionalidad material, que “consiste, en confrontar las disposiciones del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, con el contenido integral de la Constitución, para así determinar si las mismas se ajustan o no a la Carta Política”1. ANÁLISIS FORMAL DE CONSTITUCIONALIDAD-Del tratado internacional En relación con la formación de los instrumentos internacionales, se destaca que el control se circunscribe a verificar “la debida representación del Estado Colombiano en los procesos de negociación y celebración” de los mismos2. Para el efecto, se recuerda que el artículo 7.2 de la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”3 estipula que

representan al Estado “los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado”. Pues bien, el convenio examinado fue suscrito en Bogotá el 3 de agosto de 2016 por la Ministra de Relaciones Exteriores, quién en razón de su cargo, contaba con plena capacidad jurídica para suscribir tratados en representación del Estado colombiano.

ANÁLISIS FORMAL DE CONSTITUCIONALIDAD-De la Ley 2106 de 2021

Con base en la información contenida en los documentos allegados al expediente de la referencia, el Ministerio Público advierte que: - La iniciativa legislativa, las ponencias correspondientes, los textos aprobados y la ley sancionada fueron debidamente publicadas de conformidad con los artículos 157 de la Constitución, así como 144 y 156 de la Ley 5ª de 19924, a saber: ( ) - El proyecto de ley inició su trámite parlamentario ante la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, respetando el artículo 154 superior que dispone que las leyes referentes a las relaciones internacionales deben iniciar su tránsito legislativo en dicha corporación, así como la competencia temática definida en el artículo 2° de la Ley 3ª de 19925. - El proyecto fue discutido y votado en las sesiones previamente anunciadas según lo exige el artículo 160 de la Constitución. Ello, conforme consta en las Gacetas del Congreso 37/20, 1273/21, 1265/21, 125/22, 126/22, 1906/21 y 29/22, en las cuales se

reseña la siguiente información: 1 Corte Constitucional, Sentencia C-801 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). 2 Corte Constitucional, Sentencia C-141 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz). 3 Incorporada al ordenamiento interno por la Ley 32 de 1985. 4 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes”. 5 “Por la cual se expiden normas sobre las Comisiones del Congreso de Colombia”. 1 ANÁLISIS MATERIAL DE CONSTITUCIONALIDAD-Del tratado internacional El “Acuerdo entre la República de Colombia y la Confederación Suiza relativo a los servicios aéreos regulares” suscrito en Bogotá, el 3 de agosto de 2016, responde a la necesidad de incorporar e integrar estrategias transversales de competitividad e infraestructura para facilitar el comercio exterior, por medio de la creación de esquemas que promuevan y dinamicen el transporte aéreo entre Colombia y la Confederación Suiza. El instrumento examinado se encuentra conformado por un preámbulo, 24 artículos y un anexo, cuyo contenido se adapta a los postulados constitucionales según se explica enseguida. En el preámbulo del Acuerdo, a partir del reconocimiento de que los servicios aéreos internacionales eficientes y competitivos contribuyen a incrementar el comercio, el bienestar de los consumidores y el crecimiento económico, se precisa que el convenio tiene por objeto: (i) fomentar un sistema de aviación internacional basado en la competencia en el mercado con un mínimo de interferencia gubernamental; (ii) ampliar las oportunidades de servicios aéreos internacionales; (iii) fomentar el ofrecimiento de precios

y servicios competitivos al público viajero y de carga; y (iv) garantizar el más alto grado de seguridad en los servicios aéreos internacionales. CORTE CONSTITUCIONAL-Objetivos multilaterales Sobre este tipo de objetivos multilaterales, la Corte Constitucional ha sostenido que se ajustan a los postulados constitucionales relativos a “la integración con otros Estados, a la soberanía nacional (CP. Art. 9), al deber del Estado y de las autoridades de la República de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades (CP. arts. 2), a los postulados constitucionales que señalan que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común y se garantiza el derecho a la libre competencia económica (CP., art. 333), así como el mandato de internacionalización de las relaciones económicas, sociales y ecológicas de la nación con otras naciones, bajo principios de equidad y reciprocidad (CP., arts. 226 y 227)6. En ese mismo sentido, el Ministerio Público considera que las disposiciones preámbulo son conformes con la Carta Política, pues permiten la internacionalización de las relaciones exteriores del Estado colombiano con la Confederación Suiza y su integración comercial, así como responden al mandato constitucional que establece como fin esencial del Estado la promoción del desarrollo y el deber de las autoridades de proteger a los habitantes en su vida, honra y bienes. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES-De las relaciones comerciales en los que se controlaron acuerdos similares suscritos con Estados Unidos y Turquía En concepto del Ministerio Publico los derechos y deberes consagrados en las referidas

normas son propios de las relaciones comerciales de esta índole, según se explicó en los fallos en los que se controlaron acuerdos similares suscritos con Estados Unidos y Turquía7. Entonces, las mencionadas prerrogativas y obligaciones son exequibles en la medida en que concretan la finalidad del convenio y se fundamentan en criterios de 6 Así lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-132 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo), en la que se analizó la constitucionalidad del “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América” y de su ley aprobatoria, cuyo contenido es muy similar al estudiado en esta oportunidad. 7 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-132 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo) y C-947 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). 2 reciprocidad, equidad y conveniencia nacional, desarrollando principios constitucionales como la soberanía, la internacionalización económica y la libre competencia. Por otro lado, el artículo 4° del Acuerdo establece la obligación de las aerolíneas designadas de cumplir con las leyes y regulaciones del país donde operen sobre la entrada, salida, operación y navegación de aeronaves, así como las relativas a los pasajeros, tripulación o carga (incluso las ordenaciones sobre inmigración, pasaportes, aduana o cuarentena). Ello se aviene con los postulados constitucionales que consagran la soberanía y la libre determinación de las autoridades colombianas en términos de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Análisis material de constitucionalidad-De la Ley 2106 de 2021

La Ley 2106 del 16 de julio de 2021, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y la Confederación Suiza relativo a los Servicios Aéreos Regulares” consta de tres artículos, que el Ministerio Público considera acordes con el ordenamiento constitucional, por las razones que se exponen a continuación. En el artículo 1° el Congreso de la República manifiesta inequívocamente su voluntad de aprobar integralmente dicho instrumento internacional, lo cual se enmarca en la competencia otorgada por el artículo 150.16 de la Constitución, que lo faculta para “(…) aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional”. En el artículo 2° se señala que el instrumento obligará al Estado colombiano a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respectivo, según lo estipula la Ley 7ª de 19448, atendiendo con ello a lo dispuesto en el artículo 224 de la Carta Política9. En el artículo 3°, respetando el principio superior de publicidad de las leyes10, se indica que el cuerpo normativo rige “(…) a partir de la fecha de su publicación”. Finalmente, la Procuraduría destaca que existe una clara conexidad entre el título de la ley y sus tres artículos, en tanto en su conjunto se refieren a aspectos propios de la aprobación del Acuerdo entre la República de Colombia y la Confederación Suiza relativo a los servicios aéreos regulares, con lo cual se respeta el principio de unidad de materia establecido en los artículos 158 y 169 de la Carta Política11.

8 “Sobre vigencia en Colombia de los Tratados Internacionales, y su publicación”. 9 “Artículo 224. Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso”. 10 La Corte Constitucional ha explicado que “es una facultad propia de la autoridad que ejerce la función legislativa determinar el momento a partir del cual entrarán en vigencia los actos que expide, siempre que la fecha correspondiente sea posterior o, al menos, concomitante al instante de su inserción en el Diario Oficial, pues de ser previa a dicha actuación se podría llegar a desconocer el principio superior de publicidad de las leyes”. Cfr. Sentencia C-242 de 2021 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Cristina Pardo Schlesinger). 11 El principio de unidad de materia se encuentra previsto en los artículos 158 y 169 de la Carta Política, los cuales establecen que “todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella”, y que “el título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido”. Dicho mandato busca evitar que en el trámite legislativo se “introduzcan normas que no tienen conexión con lo que se está regulando”, e impedir que a “los proyectos de ley que tramita el Congreso se le inserten normas ajenas a la cuestión tratada”. Lo anterior, con el propósito de “racionalizar y tecnificar el proceso de deliberación y creación legislativa” (Sentencia C-493 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa). 3 Bogotá, D.C., 11 de mayo de 2022 Honorables Magistrados Corte Constitucional Ciudad

Expediente: LAT-473

Referencia: Revisión de constitucionalidad de la Ley 2106 de 2021, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y la Confederación Suiza relativo a los Servicios Aéreos

Regulares”.

Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado

Concepto No.: 7064

De conformidad con el artículo 278.5 de la Constitución Política12, rindo concepto en el asunto de la referencia.

I. Antecedentes El 26 de julio de 2021, para adelantar la revisión de la referencia, la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional: (a) el “Acuerdo entre la República de Colombia y la Confederación Suiza relativo a los servicios aéreos regulares”, suscrito el 3 de agosto de 2016 en Bogotá; y (b) la Ley 2106 de 2021, por medio de la cual se aprueba dicho instrumento13. Los textos respectivos pueden ser consultados en el Diario Oficial 51.737.

Mediante Auto del 17 de agosto de 2021, la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado: (i) asumió la revisión automática de constitucionalidad de los referidos cuerpos normativos; (ii) ordenó la práctica de pruebas; y (iii) dispuso que, una vez estas fueran recaudadas, se realizara el traslado del expediente a la Procuraduría General de la Nación para rendir el concepto de su competencia.

II. Consideraciones del Ministerio Público En los términos del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional ejerce dos tipos de control frente a los tratados internacionales y

sus leyes aprobatorias, a saber:

(a) Un control de constitucionalidad formal, el cual incluye “el análisis de aspectos tales como: (i) la debida representación del Estado Colombiano en los procesos de negociación y celebración del tratado; (ii) el trámite surtido por el proyecto de ley en el Congreso de la República; (iii) la sanción 12 “Artículo 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones: (…) 5. Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad”. 13 Cfr. OFI21-00107215 / IDM 13010000. 4 presidencial; y, finalmente, (iv) el envío de la ley y el tratado a la Corte Constitucional”; y (b) Un control de constitucionalidad material, que “consiste, en confrontar las disposiciones del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, con el contenido integral de la Constitución, para así determinar si las mismas se ajustan o no a la Carta Política”14. Sobre el particular, el Ministerio Público recuerda que el examen de esta clase de asuntos “ha sido entendido tradicionalmente en la jurisprudencia constitucional como un estudio eminentemente jurídico del convenio y de su ley aprobatoria, que no examina las ventajas u oportunidad práctica del acuerdo a nivel económico, social, ni su conveniencia política, o las razones de oportunidad, utilidad o eficiencia del instrumento, o las consecuencias prácticas de su celebración, por tratarse de reflexiones que le competen al Presidente de la República y al Congreso, respectivamente”15. A partir de la naturaleza del control que realiza la Corte Constitucional sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias16, el concepto de la Procuraduría

versará sobre los aspectos formales del proceso de adopción de los cuerpos normativos controlados, así como sobre sus contenidos materiales. a) Análisis formal de constitucionalidad del tratado internacional En relación con la formación de los instrumentos internacionales, se destaca que el control se circunscribe a verificar “la debida representación del Estado Colombiano en los procesos de negociación y celebración” de los mismos17. Para el efecto, se recuerda que el artículo 7.2 de la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”18 estipula que representan al Estado “los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado”. Pues bien, el convenio examinado fue suscrito en Bogotá el 3 de agosto de 2016 por la Ministra de Relaciones Exteriores, quién en razón de su cargo, contaba con plena capacidad jurídica para suscribir tratados en representación del Estado colombiano. b) Análisis formal de constitucionalidad de la Ley 2106 de 2021 Con base en la información contenida en los documentos allegados al expediente de la referencia, el Ministerio Público advierte que: 14 Corte Constitucional, Sentencia C-801 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). 15 Corte Constitucional, Sentencia C-098 de 2020 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). 16 “El control de constitucionalidad sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, presenta unas características especiales, entre las que se destacan las siguientes: (i) es previo al perfeccionamiento del

tratado, pero posterior a la expedición de la ley aprobatoria y a su sanción; (ii) es automático; (iii) es integral; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es condición necesaria para la ratificación del tratado; y (vi) cumple una función preventiva”. Cfr. Sentencia C-801 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). 17 Corte Constitucional, Sentencia C-141 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz). 18 Incorporada al ordenamiento interno por la Ley 32 de 1985. 5 - La iniciativa legislativa, las ponencias correspondientes, los textos aprobados y la ley sancionada fueron debidamente publicadas de conformidad con los artículos 157 de la Constitución, así como 144 y 156 de la Ley 5ª de 199219, a saber: Documento publicado Senado de la República Cámara de Representantes Proyecto de ley Gaceta del Congreso (GC) 797/19 Ponencia para primer debate GC 928/19 GC 597/21 Ponencia para segundo debate GC 1027/19 GC 695/21 Texto aprobado GC 437/21 GC 744/21 Ley 2106 de 2021 Diario Oficial 51.737 del 16 de julio de 2021 - El proyecto de ley inició su trámite parlamentario ante la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, respetando el artículo 154 superior que dispone que las leyes referentes a las relaciones internacionales deben iniciar su tránsito legislativo en dicha corporación, así como la competencia temática definida en el artículo 2° de la Ley 3ª de 199220.

• El proyecto fue discutido y votado en las sesiones previamente anunciadas según lo exige el artículo 160 de la Constitución. Ello, conforme consta en las Gacetas del Congreso 37/20, 1273/21, 1265/21, 125/22, 126/22, 1906/21 y 29/22, en las cuales se reseña la siguiente información: Instancia legislativa Fecha anuncio Fecha discusión Comisión Segunda – Senado 24/09/19 01/10/19

Plenaria – Senado 20/04/21 27/04/21 Comisión Segunda – Cámara 09/06/21 10/06/21 Plenaria – Cámara 18/06/21 19/06/21 - En todas las sesiones se respetó el quórum deliberatorio y decisorio, así como la aprobación del proyecto se hizo según las mayorías requeridas mediante votación nominal y pública21, de conformidad con los artículos 145 y 146 de la Constitución Política y 116 a 118 de la Ley 5ª de 199222. Lo anterior, puede verificarse en las Gacetas del Congreso 37/20, 1265/21, 126/22 y 29/22, en las cuales se informan los siguientes resultados de las votaciones en relación con: (i) las proposiciones positivas de las ponencias, (ii) el articulado del proyecto, así como (iii) el título de este y la respuesta favorable a la pregunta referente a aprobar el texto y continuar con el trámite parlamentario: (a) Proposición (c) Título y Instancia legislativa (b) Articulado de la ponencia pregunta 19 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes”.

20 “Por la cual se expiden normas sobre las Comisiones del Congreso de Colombia”. 21 En relación con la individualización de los congresistas que votaron a favor y en contra del entonces proyecto de ley, pueden consultarse las actas expedidas por los secretarios de las células legislativas, las cuales fueron allegadas en debida forma al expediente de la referencia. En punto de ello, el Ministerio Público resalta que la Corte Constitucional ha señalado que las actas y las certificaciones de los secretarios de las cámaras son los elementos probatorios idóneos para demostrar los acontecimientos que se presentaron en el trámite legislativo, puesto que “es el secretario de cada Cámara quien da fe de todo lo que ocurre en el debate y votación de los Proyectos de Ley” (Sentencia C-786 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 22 Al respecto, se deja constancia de que las sesiones en las que se discutió el proyecto objeto de control se adelantaron de forma mixta, es decir, algunos congresistas asistieron presencialmente a los recintos de las cámaras y otros de forma remota por medio de las plataformas virtuales habilitadas. Sobre el particular, se estima que dicha modalidad de reunión legislativa no es contraria a la Carta Política, pues como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-242 de 2020 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Cristina Pardo Schlesinger), se trata de una decisión autónoma de las cámaras que resulta válida para continuar con el ejercicio de sus funciones constitucionales en medio de las dificultades de reunión causadas por la pandemia actual. 6 Comisión Segunda – Senado Sí: 8 – No: 0 Sí: 8 – No: 0 Sí: 8 – No: 0

Plenaria – Senado Sí: 72 – No: 3 Sí: 73 – No: 7 Comisión Segunda – Cámara Sí: 11 – No: 4 Sí: 11 – No: 4 Sí: 11 – No: 4 Plenaria – Cámara Sí: 120 – No: 1 Sí: 119 – No: 1 Sí: 116 – No: 1 - El trámite legislativo del proyecto se adelantó en menos de dos legislaturas y en el mismo se respetaron los lapsos de ocho y quince días para su aprobación por las células legislativas de acuerdo con las exigencias de los artículos 160 y 162 de la Constitución, así: Comisión Plenaria Comisión Plenaria Días Días Días Senado Senado Cámara Cámara 01/10/19 574 27/04/21 44 10/06/21 9 19/06/21 - En el trámite parlamentario el Congreso de la República no modificó el contenido del tratado ni de su ley aprobatoria, conforme lo dispone el artículo 217 de la Ley 5ª de 1992 y, en este sentido, se respetaron a cabalidad los principios de consecutividad e identidad flexible contemplados en los artículos 157 y 160 de la Constitución. - Las actuaciones del Gobierno Nacional relacionadas con el trámite legislativo son conformes con los artículos 165, 189 (numerales 2° y 10), 200 (numeral 1°) y 241 (numeral 10) de la Constitución, pues el Presidente de la República: (i) el 22 de abril de 2019 impartió la orden ejecutiva de someter a consideración del Congreso de la República el Convenio; (ii) sancionó la ley aprobatoria el 16 julio de 2021; y

(iii) remitió el expediente parlamentario respectivo a la Corte Constitucional para que adelantara la revisión de su competencia23. - El instrumento internacional bajo revisión incorpora un acuerdo de servicios aéreos entre la República de Colombia y la Confederación Suiza orientado a estimular el comercio exterior, por medio de la dinamización del transporte aéreo entre ambos territorios. En esa medida, el Acuerdo no afecta de forma directa a grupos étnicos ni ordena gasto y, por ello, no era necesario adelantar consultas previas para su adopción en los términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo24, ni atender las exigencias de impacto fiscal establecidas en la Ley 819 de 200325. Así las cosas, para la Procuraduría el trámite parlamentario de la Ley 2106 de 2021 se desarrolló conforme a los mandatos constitucionales referentes a la materia26. c) Análisis material de constitucionalidad del tratado internacional 23 Cfr. Oficio S-GTAJI-21-020719. 24 “El derecho a la consulta previa se incorpora vía bloque de constitucionalidad, a través de varios instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, dentro de los cuales se destacan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. Corte Constitucional, Sentencia SU-123 de 2018 (M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes). 25 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”. 26 En el control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados internacionales se debe verificar el cumplimiento de lo previsto para las leyes ordinarias en los artículos 145, 146, 154, 157, 158, 160, 162 y 165

de la Carta Política. 7 El “Acuerdo entre la República de Colombia y la Confederación Suiza relativo a los servicios aéreos regulares” suscrito en Bogotá, el 3 de agosto de 2016, responde a la necesidad de incorporar e integrar estrategias transversales de competitividad e infraestructura para facilitar el comercio exterior, por medio de la creación de esquemas que promuevan y dinamicen el transporte aéreo entre Colombia y la Confederación Suiza. El instrumento examinado se encuentra conformado por un preámbulo, 24 artículos y un anexo, cuyo contenido se adapta a los postulados constitucionales según se explica enseguida. En el preámbulo del Acuerdo, a partir del reconocimiento de que los servicios aéreos internacionales eficientes y competitivos contribuyen a incrementar el comercio, el bienestar de los consumidores y el crecimiento económico, se precisa que el convenio tiene por objeto: (i) fomentar un sistema de aviación internacional basado en la competencia en el mercado con un mínimo de interferencia gubernamental; (ii) ampliar las oportunidades de servicios aéreos internacionales; (iii) fomentar el ofrecimiento de precios y servicios competitivos al público viajero y de carga; y (iv) garantizar el más alto grado de seguridad en los servicios aéreos internacionales. Sobre este tipo de objetivos multilaterales, la Corte Constitucional ha sostenido que se ajustan a los postulados constitucionales relativos a “la integración con otros Estados, a la soberanía nacional (CP. Art. 9), al deber del Estado y de las autoridades de la República de proteger a todas las personas residentes en

Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades (CP. arts. 2), a los postulados constitucionales que señalan que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común y se garantiza el derecho a la libre competencia económica (CP., art. 333), así como el mandato de internacionalización de las relaciones económicas, sociales y ecológicas de la nación con otras naciones, bajo principios de equidad y reciprocidad (CP., arts. 226 y 227)27. En ese mismo sentido, el Ministerio Público considera que las disposiciones preámbulo son conformes con la Carta Política, pues permiten la internacionalización de las relaciones exteriores del Estado colombiano con la Confederación Suiza y su integración comercial, así como responden al mandato constitucional que establece como fin esencial del Estado la promoción del desarrollo y el deber de las autoridades de proteger a los habitantes en su vida, honra y bienes. Ciertamente, según se dejó constancia en el trámite parlamentario de aprobación del instrumento, “la ratificación del acuerdo de servicios aéreos con Suiza (…) apunta a dinamizar las relaciones de Colombia y Europa, generando más oportunidades de comercio e inversión y fortalece el turismo como factor de desarrollo económico y social del país donde el transporte aéreo es una necesidad esencial. De igual forma, el acuerdo pretende favorecer el desarrollo del transporte aéreo de tal manera que propicie la expansión económica de 27 Así lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-132 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo), en la que se analizó la constitucionalidad del “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y

el Gobierno de los Estados Unidos de América” y de su ley aprobatoria, cuyo contenido es muy similar al estudiado en esta oportunidad. 8 ambos países y mantener de la manera más amplia la cooperación internacional en ese sector”28. A su turno, en el artículo 1° del Acuerdo se consagran definiciones relevantes para efectos de su interpretación y ejecución, tales como: “autoridades aeronáuticas”, “aerolíneas designadas”, “territorio”, “tarifa”, “cargos al usuario”, “transporte aéreo intermodal”, entre otras. Al respecto, la Corte Constitucional ha reiterado que las definiciones de algunos términos contenidos en los instrumentos internacionales “no suelen vulnerar en sí mismas la Constitución, en tanto contribuyen a un mejor entendimiento e interpretación de las cláusulas que integran dicho Convenio, permitiendo así la correcta aplicación y, por ende, mayor seguridad jurídica”29. En ese sentido, la Procuraduría considera que no hay reproche constitucional alguno frente a esta norma. En los artículos 2° y 3° del Acuerdo se regula la concesión recíproca y el ejercicio de los derechos de tráfico en cabeza de las empresas aéreas designadas, en virtud de los cuales se les autoriza embarcar o desembarcar tráfico internacional de pasajeros, carga y correo, a fin de ampliar el mercado aeronáutico y consolidar su presencia internacional. De igual forma, las normas prescriben que en desarrollo del convenio se deben respetar condiciones de trato justo y equitativo entre las aerolíneas designadas para competir en la prestación de sus servicios, pudiendo estas determinar las frecuencias, capacidades de servicio y demás aspectos ofrecidos con base en las condiciones comerciales del mercado.

En concepto del Ministerio Publico los derechos y deberes consagrados en las referidas normas son propios de las relaciones comerciales de esta índole, según se explicó en los fallos en los que se controlaron acuerdos similares suscritos con Estados Unidos y Turquía30. Entonces, las mencionadas prerrogativas y obligaciones son exequibles en la medida en que concretan la finalidad del convenio y se fundamentan en criterios de reciprocidad, equidad y conveniencia nacional, desarrollando principios constitucionales como la soberanía, la internacionalización económica y la libre competencia. Por otro lado, el artículo 4° del Acuerdo establece la obligación de las aerolíneas designadas de cumplir con las leyes y regulaciones del país donde operen sobre la entrada, salida, operación y navegación de aeronaves, así como las relativas a los pasajeros, tripulación o carga (incluso las ordenaciones sobre inmigración, pasaportes, aduana o cuarentena). Ello se aviene con los postulados constitucionales que consagran la soberanía y la libre determinación de las autoridades colombianas en términos de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. En los artículos 5°y 6° del Acuerdo se hace referencia a la designación de aerolíneas y a la autorización de funcionamiento, así como a las causales que dan lugar a su revocatoria y suspensión atendiendo a las ordenaciones internas de los Estados. Para el Ministerio Público estas disposiciones se ajustan a los postulados constitucionales que consagran la soberanía y la libre competencia económica, ya que se fundamentan en la plena observancia de las normas nacionales de las

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