PGN - ACTOS DEMANDADOS - Se ajustan al ordenamiento jurídico en el sub examine

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra actos que negaron rechazo de solicitud de delimitación y declaración de un área de reserva especial para explotación de carbón VALORACIÓN PROBATORIA-De cada una de las pruebas a la luz de la normatividad aplicable en materia minera ACTOS DEMANDADOS-Se ajustan al ordenamiento jurídico en el sub examine ….En consecuencia, con lo expuesto con precedencia, las resoluciones cuya nulidad hoy se pretenden, se ajustan al ordenamiento jurídico, en razón a que se expidieron con fundamento en la normatividad que rige la materia, toda vez que la Autoridad Minera dio aplicación a lo establecido en la Resolución 546 de 2017, la Ley 685 de 2001 y demás normas aplicables. ACTOS DEMANDADOS-Se demostró que no adolecen de falsa motivación En igual sentido, resultó evidente que las Resoluciones acusadas siempre han estado investidas del principio de legalidad por haber tenido su fundamento en la Constitución y en la ley sin que se haya establecido falsa motivación en su expedición, razón suficiente para desestimar las pretensiones del demandante. TESTIGOS-Solicitud de prosperidad de tacha de los que fueron presentados por la parte accionante/PRUEBAS OBRANTES-Los testimonios que se den pueden ser valorados en forma conjunta con otros medios probatorios/PRUEBAS-Se debe demostrar la tradicionalidad minera desde antes de la entrada en vigencia de la ley 685 del 2001/DOCUMENTOS-Que sirvieron como medios de prueba cumplen con requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad Respecto de los testigo y los testimonios rendidos, la apoderada de la Agencia Nacional de

Minería, de conformidad con el contenido del Artículo 211 del Código General del proceso tachó de sospechosos a los testigos ….. teniendo en cuenta el vínculo familiar que los relaciona con uno de los demandantes y teniendo en cuenta que los testigos en sus testimonios manifestaron que sí resultarían afectados con el fallo que se profiera en el presente asunto en uno u otro sentido. En tal virtud, la apoderada de la ANM solicita al despacho que al momento de valorar los testimonios tenga en cuenta las observaciones anotadas sobre los testigos y sus versiones sobre los hechos. El Representante del Ministerio Público, el Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado, manifestó que comparte el señalamiento hecho por la apoderada de la ANM, de estimar como sospechosos los testigos, en virtud del vínculo familiar y de amistad que los relaciona con los demandantes. Sin embargo, agregó que, nada obsta para que se pudieran valorar los testimonios rendidos de manera conjunta e integral con otros medios de prueba arrimados al proceso. Anotó el representante del Ministerio Público, que, en materia probatoria, para poder establecer la actividad minera con anterioridad a la entrada en vigor del Código de Minas Ley 685 de 2001, la norma no establece la exclusión o exclusividad de una tarifa probatoria como tal, sino que puede conminar diferentes medios probatorios para poder establecer la antigüedad y por lo tanto los testimonios que se den, pueden ser valorados de manera conjunta con otros medios probatorios. Ahora bien, como la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. (66645) 11001 326000202000019-00 controversia gira en torno a las legalidad de los actos administrativos demandados y a la acreditación de la condición de mineros de los demandantes, el Despacho consideró que las pruebas documentales cumplen con los supuestos de pertinencia conducencia y utilidad dado que versan sobre el tramite de la actuación administrativa objeto de la litis, tan es así que varios de ellos corresponden a los elementos del juicio con base en los cuales la ANM definió el asunto 2 J.C.R. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. (66645) 11001 326000202000019-00

CONCEPTO No. 105 / 2021

Bogotá, D.C 17 de noviembre del 2021

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera Ponente: Doctora Marta Nubia Velásquez Rico EXPEDIENTE: 110010326000202000019-00 (65645)

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO -LEY 1437

ACTOR: BELISARIO AMARILLO PRIETO Y OTRO

DEMANDADO: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA -ANM

Sentido del concepto: NEGAR LA SOLICTUD DE NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS por medio de las cuales, respectivamente, se ordenó “Rechazar solicitud de delimitación y declaración de un Área de Reserva Especial para la explotación de Carbón” // Las resoluciones cuya nulidad hoy se pretenden, se ajustan al ordenamiento jurídico // Los actos demandados no adolecen de falsa motivación // // Valoración probatoria de cada una de las pruebas aportadas a la luz de la normatividad aplicable en materia minera // No se logró probar la tradicionalidad minera desde antes de la entrada en vigencia la Ley 685 de 2001 // Solicitud de prosperidad de tacha de los testigos presentados por la parte accionante.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, además de la protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales.

1. ANTECEDENTES 1.1 Demanda – Hechos y pretensiones El 15 de noviembre de 20191 los señores Luis Armando Bello Gómez y Belisario Amarillo Prieto, por medio de apoderado judicial2 y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpusieron demanda3 en contra de la Agencia Nacional de Minería, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe en forma literal, incluso con posibles errores): “PRIMERA: Declarar Nula la Resolución 051 del 01 de abril de 2019 emitida por

El Dr. DAVID ANDRES GONZALEZ CASTAÑO Vicepresidente de Promoción y 1 Folio 47 del cuaderno principal. 2 Folio 11 del cuaderno principal. 3 Folios 1 a 10 del cuaderno principal. 3 J.C.R. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. (66645) 11001 326000202000019-00 Fomento de La Agencia Nacional De Minería (E), mediante la cual se rechaza la solicitud de delimitación y declaración del área de reserva especial para la explotación de carbón en el municipio de San José de Miranda del Departamento de Santander presentada por los señores LUIS ARMANDO BELLO GOMEZ, identificado con la Cedula de ciudadanía No. 74.858043 y BELISARIO AMARILLO PRIETO, identificado con la Cedula de ciudadanía No. 7.221.105. “SEGUNDO: Declarar Nula la Resolución 191 del 30 de julio de 2019 emitida por el Dr. DAVID ANDRES GONZALEZ CASTAÑO Vicepresidente de Promoción y Fomento de La Agencia Nacional De Minería (E), mediante la cual se resuelve, el recurso de reposición interpuesto contra La Resolución 051 del 01 de abril de 2019 emitida por El Dr. DAVID ANDRES GONZALEZ CASTAÑO Vicepresidente de Promoción y Fomento de La Agencia Nacional De Minería (E).

“TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a La Agencia Nacional De Minería – a través de la vicepresidencia de Promoción y Fomento continuar con el trámite de delimitación y declaración del área de reserva especial solicitada por los señores LUIS ARMANDO BELLO GOMEZ, identificado con la Cedula de ciudadanía No. 74.858043 y BELISARIO AMARILLO PRIETO, identificado con la Cedula de ciudadanía No. 7.221.105 solicitada mediante radicado No. 20175500292702 del 12 de octubre de 2017. “TERCERO: Condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada en caso de oposición”. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se indicó: La parte actora expuso que, a través de la Resolución 051 del 1 de abril de 20194, confirmada mediante Resolución 191 del 30 de julio de 20195, la Agencia Nacional de Minería, por conducto de su Vicepresidente de Promoción y Fomento, rechazó la solicitud de declaratoria y delimitación de área de reserva especial para la explotación de carbón en el municipio de San José de Miranda (Santander) radicada por los demandantes el 12 de octubre de 20176. Señaló que, en criterio de la parte demandante, con los actos controvertidos se desconoció que los peticionarios han desarrollado la minería en el área objeto de la solicitud con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 685 de 2001. Al efecto, señaló que los actos cuestionados violan las normas en que debían fundarse y

que adolecen de falsa motivación, toda ves que “la ANM estableció falsamente que los actores no adelantaban actividad minera con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 685 de 2001”, pese a que ellos sí tenían la condición de mineros tradicionales, tal como se acreditó durante la actuación administrativa. Se argumentó que la autoridad minera no valoró como pruebas las certificaciones aportadas por la parte actora en el trámite del recurso de reposición en sede administrativa, las que dan cuenta de la tradicionalidad y antigüedad de la explotación minera adelantada por los solicitantes. 4 Folios 14 a 19 del cuaderno principal. 5 Folios 20-28 del cuaderno principal. 6 Folio 13 del cuaderno principal. 4 J.C.R. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. (66645) 11001 326000202000019-00 De este modo, anotó que los actos impugnados contravienen lo preceptuado en la Carta Política sobre el debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial (artículos 29 y 228) y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo acerca de los principios del debido proceso, imparcialidad y eficacia y la oportunidad de solicitar y aportar pruebas con el recurso de reposición (artículo 3, nums. 1, 3 y 11 y artículo 77, de la

Ley 1437 de 2011 y Art. 6 de la Resolución 546 de 2017, proferida por la entidad accionada). En lo concerniente al trámite de declaración y delimitación de reservas especiales, indicó que con los actos en cuestión se incumplió lo dispuesto en la Ley 685 de 2001 (artículo 31 7 ) y en la Resolución 546 del 20 de septiembre de 2017 8 (artículo 6 9 ) expedida por la Agencia Nacional de Minería. El proceso fue asignado por reparto al Juzgado 1° Administrativo de Sogamoso, el cual, mediante auto del 18 de diciembre de 201910, declaró su falta de competencia funcional y, previa ejecutoria de la providencia11, ordenó el envío del expediente al Consejo de Estado, por ser la autoridad judicial competente para conocer el asunto. Mediante oficio No. J1-0029 del 29 de enero de 202012, la Secretaría del Juzgado 1° Administrativo de Sogamoso remitió el expediente a esta Corporación13. 1.2. Oposición de la Agencia Nacional de Minería ANM Explicó la entidad accionada que la litis versaba sobre la solicitud de aclaración y delimitación sobre un área de reserva especial en virtud de la cual, no se pueden admitir temporalmente propuestas de concesión en determinadas zonas, con el objeto de adelantar estudios geológicos, para otorgar luego a una comunidad, que realicen actividades de explotación tradicional e informal desde antes de la entrada en vigor de la Ley 685 de 2001 la posibilidad de desarrollar proyectos mineros a través de un contrato especial de

concesión. Aclarado esto, la entidad sostuvo que la solicitud presentada por los demandantes debía rechazarse en cuanto no acreditaron la explotación tradicional de minerales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 685 de 2001 dado que, si bien aportaron varias pruebas documentales para el efecto, incluidas las certificaciones 7 Ley 685 de 2001. “Artículo 31. Reservas especiales. (Modificado por el artículo 147 del Decreto 19 de 2012). La Autoridad Minera o quien haga sus veces, por motivos de orden social o económico, determinados en cada caso, de oficio o por solicitud expresa de Ia comunidad minera, en aquellas áreas en donde exista explotaciones tradicionales de minería informal, delimitará zonas en las cuales temporalmente no se admitirán nuevas propuestas, sobre todos o algunos minerales. Su objeto será adelantar estudios geológicos-mineros y desarrollar proyectos mineros estratégicos para el país y su puesta en marcha. En todo caso, estos estudios geológicos-mineros y Ia iniciación de los respectivos proyectos no podrán tardar más de dos (2) años. La concesión sólo se otorgará a las mismas comunidades que hayan ejercido las explotaciones mineras tradicionales, así hubiere solicitud de terceros. Todo lo anterior, sin perjuicio de los títulos mineros vigentes”. 8 “Por la cual se establece el trámite administrativo para la declaración y delimitación de Áreas de Reserva Especial para comunidades mineras”. 9 Resolución 546 de 2017. “Artículo 6. Visita de verificación de la tradicionalidad. Una vez efectuada la revisión documental aportada en la solicitud, el Grupo de Fomento de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de

Minería o quien haga sus veces, realizará la visita técnica de verificación con el fin de corroborar en campo la existencia de la comunidad minera y de las explotaciones tradicionales. Igualmente, se recaudarán los medios de prueba existentes en el momento de la visita de verificación y que conlleven a demostrar actividades mineras tradicionales, para lo cual se dejará la respectiva constancia en el informe de visita”. 10 Folios 50 a 51 del cuaderno principal. 11 Folio 53 del cuaderno principal. 12 Folio 54 del cuaderno principal. 13 Folio 55 del cuaderno principal. 5 J.C.R. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. (66645) 11001 326000202000019-00 expedidas por los Alcaldes de los municipios de Capitanejo y San José de Miranda y la expedida por la Asociación de Tabacaleros de Provincia de García Rovira “ASOTAPAGAR, más copia de los formularios para declaración de producción y liquidación de regalías a nombre de Arturo Amarillo Prieto de los años 2003 al 2008, entre otros, allegados con la reposición, no es menos cierto, que al valorarlos en su integridad se concluyó que no fueron suficientes para dar cuenta de que venían desarrollando actividades de minería desde la época de los años 1997 - 1998.

De otro lado, señaló la ANM que los actos administrativos cuestionados gozaban de presunción de legalidad en cuanto tenían como fundamento la normativa minera que establece los requisitos para la declaración y delimitación de áreas de reserva especial, así como la que define el concepto de minería tradicional. 1.3. Audiencia inicial 1.3.1. Saneamiento del proceso. - El trámite se ajustó a las disposiciones legales que rigen los procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, de conformidad con los Artículos 171 y 178 de la Ley 1437 de 2011. No se advirtió por ninguna de las partes, ni por el Ministerio Público irregularidad o vicio procesal que afectara el proceso. 1.3.2. Conciliación Como ya se estableció, lo que se analiza es la legalidad de los actos administrativos demandados que pueden se retirados del ordenamiento jurídico bien sea por sentencia jurídica o por revocatoria directa, frente a la cual el parágrafo del Art. 95 de la Ley 1437 señala: “PARÁGRAFO. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con los actos demandados. Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la

acepta en el término que se le señale para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que prestará mérito ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir a partir de su ejecutoria.” Al respecto, la ANM a través de su apoderada, señaló que el comité de conciliación de dicha entidad en sesión del 15 de junio de 2021 según acta No. 11 aportada al proceso, determinó la improcedencia de presentar acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho teniendo en cuenta que existe presunción de legalidad de la Resoluciones 051 de 2019 y 191 del 20 de julio de 2019. 1.4. Excepciones previas. – No se formularon. 1.5. Medida cautelares. – Ni en la demanda, ni en el trámite del proceso se formularon medidas cautelares, el despacho no emitió pronunciamiento alguno al respecto

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

6 J.C.R. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. (66645) 11001 326000202000019-00 2.1. Problema jurídico. Consiste en establecer si la entidad accionada ANM al proferir los actos administrativos demandado, estos son la Resolución VPPF 051 del 1 de abril de 2019 mediante la cual la

ANM decidió rechazar la solicitud de declaración y delimitación de un área de Reserva Especial para la explotación de Carbón, presentada por los actores, y la Resolución No. VPPF No. 191 del 30 de julio de 2019, mediante la cual la Agencia Nacional de Minería confirmó la Resolución No. VPPF 051 del 01 de abril de 2019, incurrió o no en las causales de nulidad de falsa motivación e infracción de las normas jurídicas en las que debían fundarse por supuesto desconocimiento de la entidad de la calidad de mineros tradicionales de los demandantes. 2.2. Material probatorio Para resolver el problema jurídico planteado, considera el Ministerio Público que se deben tener en cuenta las siguientes pruebas aportadas por las partes.

Aportadas por el demandante: los allegados con la demanda.  Copia de la solicitud a través de la cual se promovió la actuación objeto de la litis y el recurso de reposición interpuesto por la parte actora en la vía administrativa así como las resoluciones 051 del 1 de abril y 191 del 30 de julio de 2019 junto con su constancia de ejecutoria y el recurso de reposición interpuesto por la parte actora en contra del primer acto administrativo (folios 13 a 29 y 35 a 43 c.1).  Copias de las certificaciones expedidas el 28 de abril y el 4 de mayo de 2017 por los alcaldes de los municipios de San José Miranda y de Capitanejo, en las cuales señalan que la Asociación de Mineros tradicionales ASOMISAN, de la cual hacían parte los demandantes, llevan acabo actividades de explotación de carbón por más

de 20 años en provincia de García Rovira incluido el referido Municipio de San José Miranda (folios 20-21 c.1.).  Copias de las certificaciones emitidas el 6 de enero de 2017 y el 5 de diciembre de 2018 por la Asociación de Tabacaleros de Provincia de García Rovira “ASOTAPAGAR”, por la Comercializadora Arturo Amarillo SAS y la Sociedad “SOLGASES”, documentos en los que se señala que las primeras de las mencionadas, le ha comprado carbón a los demandantes en diversas oportunidades y en la tercera se indica que la parte actora adquirió dotaciones industriales (folios 32 al 34 c.1.). Copia de los formularios para declaración de producción y liquidación de regalías a nombre de Arturo Amarillo Prieto de los años 2003 al 2008 (folios 44 a 46 c.1.) El Art. 169 del C.G. del Proceso señala que: “ARTÍCULO 169. PRUEBA DE OFICIO Y A PETICIÓN DE PARTE. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la 7 J.C.R. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. (66645) 11001 326000202000019-00 declaración de testigos será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en

cualquier acto procesal de las partes. Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos que implique su práctica serán de cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.” Testimoniales. En la Audiencia inicial llevada a cabo el día 22 de septiembre, se decretaron los testimonios de los señores Darío Alberto Amarillo Roldán y Arturo Amarillo Prieto, mayores de edad y los cuales comparecieron para deponer lo que les conste con relación a los hechos de la demanda y en especial sobre la tradición minera en el área. Audiencias realizadas el 21 de octubre (suspendida) y continuada el 2 de noviembre de 2021. Sobre el testimonio rendido por el señor Arturo Amarillo Prieto “Manifestó que, en la actualidad se dedica a la comercialización del carbón y que le compra el poquito carbón que extraen los señores accionantes en el presente caso. Sobre los hechos objeto de controversia, señaló que para los años 1997 1998, iniciaron junto con su hermano Belisario Amarillo Prieto y con el Señor Luis Armando Bello el proceso de minerías tradicionales, que él en los Municipio de Enciso, San Miguel y Capitanejo, y su hermano Belisario y el sr. Luis Armando en el municipio de San José Miranda. Agrega que él está en el proceso de legalización de su actividad, pero que a los otros se le han enredado los trámites. Que le consta que los señores Belisario y Luis Armando, viven de esa actividad, que desde años anteriores al año 1997 venían explotando las minas. Sobre la identificación de la mina, señala que

conoce el área, que la mina es muy productiva, que hay bastante mineral. Por otra parte, dice que las pruebas documentales de la venta del mineral para las épocas anteriores a la entrada en vigencia del código de minas, se generaban a nombre de él (Arturo Amarillo) y no a nombre de los hoy demandantes, en el entendido de que él era el encargado de comercializar el carbón. Señala que no existe una evidencia (factura) de que él le comprara a los ahora demandantes el carbón para comercializar. Frente al interrogante formulado por la Magistrada directora del proceso, de si tiene interés en el proceso, si aparte del vínculo e interés familiar que lo motiva, por ser hermano de uno de los accionantes, ante una eventual sentencia estimatoria le reportaría algún beneficio económico o en que medida lo afectaría. Manifestó el señor Arturo Amarillo que si lo afectaría, en el entendido de que su actividad es comercializar el carbón y que eventualmente se quedaría sin el producto para poderlo comercializar.” Sobre el testimonio rendido por el señor Darío Alberto Amarillo Roldán “Señaló que el señor Arturo Amarillo es su padre y que el señor Belisario Amarillo Prieto (accionante en el presente proceso) es su tío. De igual manera, al preguntársele si, lo une algún vínculo comercial con los accionantes, manifestó que no de manera directa, pero que de algún modo si, en el entendido de que los señores 8 J.C.R. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Belisario Amarillo, Arturo Amarillo y Luis Armando Bello, han adelantado gestiones ante el Municipio de San José de Miranda para la configuración del esquema territorial e incluir el componente minero dentro de ese esquema, y que él los apoya en esas gestiones. Al preguntársele sí las resultas del proceso tendrían alguna repercusión o afectación para él y para su entorno, o como incidiría el fallo para él y para los suyos. Respondió que en caso de una decisión en firme, claramente él entraría a apoyar a los señores Luis Armando y Belisario en todas las gestiones necesarias para la legalización de la actividad, en las diferentes partes técnicas y en lo que tiene que ver con el acto minero para la extracción del carbón. Indicó que tiene memoria de que su Padre Arturo Amarillo y su tío Belisario Amarillo, junto con el señor Luis Armando Bello para la época de los años 1997, 1998 extraían carbón de mina denominada el “Jazmín”. Que recuerda que se presentaba inconveniente por la persecución de las autoridades toda vez que no estaban legalizados y aún no lo están. Indica que para los años 2017, apoyó a si tío Belisario y al sr. Luis Armando (accionantes) en la consecución de pruebas para la presentar una solicitud de la reserva especial, que básicamente son las pruebas que se adelantaron con las alcaldías. En relación con los detalles de la actividad de la explotación, comercialización y como

opera el proceso productivo. Al respecto, señala que para el año 1997 era algo muy incipiente y que para el año 2017 seguía siendo incipiente y que trabajan de manera muy rudimentaria con herramientas básicas, Agrega que la cantidad de carbón que secan es muy baja (2 o 3 viajes) Sobre el conocimiento de la relación comercial entre el señor Arturo Amarillo y los señores Belisario Amarillo y Luis Armando Bello, indica que lo que sabe es que: El señor Arturo Amarillo su padre ha apoyado a los accionante con el préstamo de dinero para para nominas a los trabajadores, también con el préstamo de herramienta o material para la actividad de extracción. Señala que su padre Arturo Amarillo fue el precursor de la actividad minera en la zona, que la relación de Arturo con los demandantes y es de apoyo con la comercialización y que más que una relación comercial es una relación amistosa. Agrega que la zona donde se ubica la mina el Jazmín es de una topografía difícil que básicamente es para explotación en pequeñas cantidades y no para grandes cantidades.” Respecto de los testigo y los testimonios rendidos, la apoderada de la Agencia Nacional de Minería, de conformidad con el contenido del Artículo 211 del Código General del proceso14, tachó de sospechosos a los testigos (Arturo Amarillo Prieto y Daría Alberto Amarillo Roldán), teniendo en cuenta el vínculo familiar que los relaciona con uno de los demandantes y teniendo en cuenta que los testigos en sus testimonios manifestaron que sí resultarían 14 “Artículo 211 . Imparcialidad del testigo. - Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se

encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso”. 9 J.C.R. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. (66645) 11001 326000202000019-00 afectados con el fallo que se profiera en el presente asunto en uno u otro sentido. En tal virtud, la apoderada de la ANM solicita al despacho que al momento de valorar los testimonios tenga en cuenta las observaciones anotadas sobre los testigos y sus versiones sobre los hechos. El Representante del Ministerio Público, el Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado, manifestó que comparte el señalamiento hecho por la apoderada de la ANM, de estimar como sospechosos los testigos, en virtud del vínculo familiar y de amistad que los relaciona con los demandantes. Sin embargo, agregó que, nada obsta para que se pudieran valorar los testimonios rendidos de manera conjunta e integral con otros medios de prueba arrimados al proceso. Anotó el representante del Ministerio Público, que, en materia probatoria, para poder

establecer la actividad minera con anterioridad a la entrada en vigor del Código de Minas Ley 685 de 2001, la norma no establece la exclusión o exclusividad de una tarifa probatoria como tal, sino que puede conminar diferentes medios probatorios para poder establecer la antigüedad y por lo tanto los testimonios que se den, pueden ser valorados de manera conjunta con otros medios probatorios. Ahora bien, como la controversia gira en torno a las legalidad de los actos administrativos demandados y a la acreditación de la condición de mineros de los demandantes, el Despacho consideró que las pruebas documentales cumplen con los supuestos de pertinencia conducencia y utilidad dado que versan sobre el tramite de la actuación administrativa objeto de la litis, tan es así que varios de ellos corresponden a los elementos del juicio con base en los cuales la ANM definió el asunto. 2.3. Caso concreto. En principio es preciso indicar que los asuntos mineros en nuestro Estado Colombiano, cuentan con una legislación especial, tanto en lo sustantivo como en lo procesal y es justamente en esta medida que los ciudadanos que pretenden acceder a los recursos mineros que son de la exclusiva propiedad del Estado, d