PGN - Concepto 2026-469 de 2026

Procuraduria General de la Nacion

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Detalles

Título
PGN - Concepto 2026-469 de 2026
Autor
Procuraduria General de la Nacion
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Disciplinario
Año
2026

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto que negó reconocimiento y pago de pensión de jubilación a docente

CONSTITUCIÓN POLÍTICA-Prohíbe recibir más de una asignación del tesoro público, salvo excepciones legales

REGIMEN PENSIONAL-Marco Legal en tratándose de docentes oficiales

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN-En torno a normas aplicables a docentes, según sentencia del Consejo de Estado

DOCENTES-Se encuentran exceptuados de regla general de prohibición de doble asignación

Lo expuesto significa que los docentes se encuentran exceptuados de la regla general de la prohibición de doble asignación, permitiéndoseles devengar simultáneamente salario y mesada pensional sin transgredir el ordenamiento.Cosa distinta ocurre cuando lo que se pretende es percibir en forma simultánea dos pensiones que cubren la misma contingencia y que se pagan con recursos públicos.

PENSIÓN DE JUBILACIÓN-La ley 33 de 1985 estableció el régimen aplicable a esta para empleados públicos, determinando como requisitos esenciales la edad y el tiempo de servicios prestados como empleados oficiales

PENSIÓN DE JUBILACIÓN-Descuentos para esta, no convierten en compatible, lo que la Constitución prohíbe

Finalmente, respecto a los descuentos para pensión que se le practicaron como docente, su existencia no convierte en compatible lo que la Constitución prohíbe, y en este proceso no se formuló pretensión alguna sobre el destino de tales aportes.

DERECHO A LA IGUALDAD-Su vulneración no se configura en el sub examine

La alegada vulneración del derecho a la igualdad mucho menos se configura, ya que la recurrente no identificó a un docente en su misma situación al que se le haya permitido acumular dos pensiones ordinarias del tesoro, y los educadores que reciben pensión gracia y pensión ordinaria se encuentran en un supuesto distinto, previsto expresamente por el legislador.

SENTENCIA-Se debe confirmar en el sub lite

PROCURADURÍA DELEGADA DE INTERVENCIÓN: 8 TERCERA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 469-2026

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2026

Honorables Magistrados

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo

Sección Segunda – Subsección A

Consejero Ponente: Dr. Juan Camilo Morales Trujillo

Ciudad

| | | | --- | --- | | RADICADO | 23001-23-33-000-2015-00286-01 (2103-2026) | | DEMANDANTE | Alejandro Enrique Puche Gómez | | DEMANDADO | Municipio de Montería | | MEDIO DE CONTROL | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | | CONTROVERSIA | Pensión de Jubilación Docente |

En la condición de Ministerio Público en el trámite de la referencia, y estando en la oportunidad procesal, procede esta Procuraduría Delegada a rendir concepto[[1]](#footnote-1), en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA.

1.1. Pretensiones. Declarar la nulidad del Oficio del 25 de marzo de 2015, por medio del cual la Secretaría de Educación del Municipio de Montería negó al señor Alejandro Enrique Puche Gómez el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

A título de restablecimiento del derecho, condenar a la entidad a reconocer y pagar dicha prestación a partir del 4 de febrero de 2014, con inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicio, junto con los reajustes de la Ley 71 de 1988 sobre la mesada inicial y las costas y agencias en derecho.

1.2. Sustento fáctico. Del libelo introductor se extraen como hechos relevantes los siguientes:

  • Que, el señor Alejandro Enrique Puche Gómez nació el 25 de diciembre de 1948.
  • Que, a través del Decreto 000172 del 2 de marzo de 1987 fue nombrado como profesor de tiempo completo del Colegio Departamental de Bachillerato Nocturno Santa Fe de Montería, del cual tomó posesión el 10 de marzo del mismo año.
  • Que, por el Decreto 0224 del 20 de junio de 2003 fue trasladado a la Institución Educativa José María Córdoba y, por el Decreto 0237 del 31 de mayo de 2004, fue incorporado a la planta global del municipio de Montería, pagada con recursos del Sistema General de Participaciones.
  • Que, mediante el Decreto 0079 del 4 de febrero de 2014 fue retirado del servicio por encontrarse en edad de retiro forzoso, después de haber laborado como docente de tiempo completo durante 26 años, 11 meses y 4 días.
  • Que, la Universidad de Córdoba le reconoció pensión de jubilación por medio de la Resolución 4829 del 29 de diciembre de 1994.
  • Que, al pedir el reconocimiento de la pensión por sus servicios docentes, la Secretaría de Educación de Montería le respondió el 19 de febrero de 2015 que no estaba afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y que debía acudir al Fondo de Pensiones Territorial.
  • Que, elevó así la solicitud el 25 de marzo de 2015, obteniendo respuesta que no era posible expedirle una nueva pensión, con fundamento en el artículo 128 de la Constitución Política.

1.3. Disposiciones señaladas como vulneradas y concepto de violación. En criterio de la parte demandante, se violaron, entre otras, las siguientes disposiciones:

  • Constitución Política: artículos 1, 2, 4, 6, 13, 16, 25, 26, 29, 53, 58, 125 y 336
  • Código Civil: artículos 27, 30 y 31
  • Ley 6ª de 1945 y Ley 33 de 1985: artículo 1°
  • Ley 91 de 1989: artículo 15
  • Ley 4ª de 1992: artículo 19
  • Leyes 715 de 2001, 812 de 2003 y 1151 de 2007
  • Decreto 1713 de 1960: artículo 1°; Decreto 1042 de 1978: artículo 32; Decretos 2277 de 1979 y 1440 de 1992
  • Ley 153 de 1887: artículos 2° y 3°; Código Sustantivo del Trabajo: artículo 21; Código Contencioso Administrativo: artículo 84

Al respecto, manifestó que el artículo 128 de la Constitución, desarrollado por el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, prohíbe recibir más de una asignación del tesoro público salvo las excepciones legales, y que la del literal g) de esa norma alude a las disposiciones que al momento de su expedición beneficiaban a los docentes pensionados, esto es, a las que les permitían recibir otra asignación del tesoro, de manera que un educador que reúne los requisitos de ley puede acceder a la pensión y, al mismo tiempo, devengar sueldo u otra pensión.

Luego, afirmó que su nombramiento como docente se hizo conforme a derecho, porque para entonces ya era profesional universitario, los horarios de sus dos empleos no se cruzaban, pues uno era diurno y el otro nocturno, y las remuneraciones no eran iguales, por lo que estaba amparado en las excepciones del artículo 1° del Decreto 1713 de 1960 y del artículo 32 del Decreto 1042 de 1978, que en su sentir no fueron derogadas por la Ley 4ª de 1992, cuyo artículo 19 no agotó el catálogo de excepciones. Añadió que fue la propia administración la que lo nombró con base en esas excepciones.

Para terminar, refirió que el Decreto 1440 de 1992 y el artículo 6° de la Ley 60 de 1993 dejaron a salvo los derechos de los docentes vinculados con anterioridad, que su doble vinculación constituye un derecho adquirido y que la administración debió aplicar la norma más favorable.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

2.1. El Municipio de Montería allegó escrito de forma extemporánea, por lo cual no fue tenida en cuenta en primer grado y por parte de esta delegada.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

2.1. El Municipio de Montería allegó escrito de forma extemporánea, por lo cual no fue tenida en cuenta en primer grado y por parte de esta delegada.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del 25 de noviembre de 2025, declaró fundado el impedimento manifestado por una de las magistradas de la Sala, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

Para tal efecto, hizo un recuento del régimen pensional de los docentes oficiales, de la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 y de la prohibición de recibir más de una asignación del tesoro público, y precisó que la posibilidad de que los educadores perciban al mismo tiempo salario y pensión se explica por la naturaleza de la función docente y no por el régimen pensional que los cobija.

Con base en la Resolución 4829 del 29 de diciembre de 1994, que la Universidad de Córdoba remitió en cumplimiento del auto para mejor proveer, encontró que el actor trabajó en esa institución como empleado administrativo desde 1973, primero como mensajero y al final como profesional especializado, y que allí se le reconoció pensión vitalicia de jubilación desde el 30 de diciembre de 1994, a la par que desde el 10 de marzo de 1987 y hasta el 4 de febrero de 2014 se desempeñó como docente oficial en Montería, por lo que dicha prestación al no provenir del ejercicio de la docencia, resultaba incompatible con la solicitada.

4. RECURSO DE APELACIÓN.

La parte demandante por intermedio de su apoderada pidió revocar la sentencia, acceder a las pretensiones y, en subsidio, que se realice un nuevo análisis integral del caso a la luz del régimen especial docente y de las excepciones legales vigentes.

Lo anterior, por cuanto consideró que el Tribunal interpretó de manera restrictiva el artículo 128 de la Constitución, pues el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 y la jurisprudencia permiten flexibilizar esa prohibición frente a los docentes, y sus excepciones deben leerse conforme a los principios de favorabilidad, pro operario y respeto de los derechos adquiridos, puesto que prestó más de 26 años de servicio docente y que la pensión de la Universidad de Córdoba proviene de una vinculación administrativa distinta, con fuentes y requisitos propios, de manera que no se configura la doble asignación prohibida.

Seguidamente, alegó que el fallo desconoce los principios de progresividad, igualdad y confianza legítima, porque la administración lo nombró y lo mantuvo en el cargo por más de 26 años, y que el demandante estaba amparado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siendo que la pensión no es una carga sin fundamento para el Estado, sino el resultado de aportes y de tiempo efectivamente servido.

Por último, reprochó que no se hubiera tenido en cuenta la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, según la cual los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 se rigen por las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO.

Para esta Agencia del Ministerio Público el problema jurídico se circunscribe a determinar si, ¿el señor Alejandro Enrique Puche Gómez tiene derecho a que el Municipio de Montería le reconozca y pague una pensión de jubilación por los servicios que prestó como docente oficial entre 1987 y 2014, para disfrutarla al mismo tiempo con la pensión vitalicia de jubilación que le reconoció la Universidad de Córdoba desde el 30 de diciembre de 1994?; o si, por el contrario, ¿esa concurrencia está proscrita por el artículo 128 de la Constitución Política, al no existir una excepción legal que autorice a los educadores oficiales a percibir dos pensiones de jubilación a cargo del tesoro público?

6. TESIS DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Esta Delegada, con todo respeto, encuentra que hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia, bajo la consideración de que la pensión de jubilación docente que reclama el señor Alejandro Enrique Puche Gómez y la que le paga la Universidad de Córdoba desde el 30 de diciembre de 1994 amparan el mismo riesgo y se financian con recursos del tesoro público, de modo que su concurrencia está prohibida por el artículo 128 de la Constitución Política, sin que exista una excepción legal que la autorice, pues las previstas para el magisterio solo permiten percibir la pensión junto con el salario docente o la pensión gracia junto con la ordinaria de jubilación, y la compatibilidad del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 se refiere a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, condición que éste nunca tuvo.

7. RAZONES EN QUE SE APOYA LA TESIS EXPUESTA.

7.1 Marco legal y jurisprudencial aplicable al sub-lite.

7. RAZONES EN QUE SE APOYA LA TESIS EXPUESTA.

7.1 Marco legal y jurisprudencial aplicable al sub-lite.

En primer lugar, es menester referir que el régimen pensional de los docentes oficiales está consagrado en la Ley 91 de 1989 “Por la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, con el fin de atender, entre otras, las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados. Es así que el literal b, del numeral 2º del artículo 15 de la referida norma, señaló:

“(…) Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1. de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. (…).”

Por su parte, Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”,en su artículo 81 estableció:

“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán prestados de conformidad con la Ley 91 de 1989, las prestaciones correspondientes a riesgos profesionales serán las que hoy tiene establecido el Fondo para tales efectos. El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones.

El régimen salarial de los docentes que se vinculen a partir de la vigencia de la presente ley, será decretado por el Gobierno Nacional, garantizando la equivalencia entre el Estatuto de Profesionalización Docente establecido en el Decreto 1278 de 2002, los beneficios prestacionales vigentes a la expedición de la presente ley y la remuneración de los docentes actuales frente de lo que se desprende de lo ordenado en el presente artículo.”

La Ley 33 de 1985 estableció el régimen aplicable a la pensión de jubilación para los empleados públicos, determinando como requisitos esenciales la edad y el tiempo de servicios prestados como empleado oficial, en los términos allí previstos.

“(…) ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno. (...)”

Respecto al tema que nos ocupa, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 29 de abril de 2021 emitida dentro del expediente Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00867-00(AC) con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio, respecto al régimen de transición y normas aplicables a los docentes, indicó:

“(…)

“(…)

La Ley 100 de 1993 al circunscribir su campo de aplicación, dispuso que el sistema general de pensiones se aplicaría a todos los habitantes del territorio nacional, salvo los casos previstos en su artículo 279, entre las cuales se incluyó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

ARTÍCULO. 279. - Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. (Subrayado Declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-461 de 1995).”

Por lo tanto, es claro que la referida norma exceptuó a los docentes, disposición que fue ratificada por el Acto Legislativo 01 de 2005, que señaló expresamente en el parágrafo transitorio 1º lo siguiente:

A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo’.

(…)

A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo’.

(…)

Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003». (Subrayado fuera de texto original)

De la simple lectura de esa disposición en concordancia con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, resulta evidente que persiste una regulación especial para el reconocimiento de los derechos pensionales de los docentes, tal como lo sostuvo la Sala en los fallos del 10 de agosto2, 6 de septiembre3 y 23 de noviembre de 2017.4

Para determinar cuál es el régimen aplicable a este sector (docentes), es necesario hacer referencia al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, según el cual:

a. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encontraban vinculados antes de la entrada en vigencia de dicha ley al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

b. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la referida ley, quienes deben ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en este, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

De lo anterior se deduce que el momento en el cual haya sido vinculado el docente, definirá el régimen pensional aplicable, pues si se trata de una persona vinculada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, como ocurre en el presente caso, se respetará la aplicación de las leyes que venían regulando su situación.

Es de anotar, que antes de la Ley 812 de 2003 la norma que regulaba el régimen pensional de los docentes era la Ley 91 de 1989 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio»; al respecto, esta ley estableció en el artículo 15:

A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.” (Destacado propio)

Más adelante, la Subsección A de esa misma Corporación, en providencia del 18 de mayo de 2023, Rad. 66001-23-33-000-201900181-01 (2077-2022), CP Jorge Iván Duque Gutiérrez, estableció:

“(…)

Ahora bien, adicional a lo planteado en dicha providencia sobre el cálculo de la prestación en comento, lo cierto es que al verificar las reglas jurisprudenciales contenidas en el mentado fallo, se deduce que esta también desarrolló postulados específicos y de obligatorio acatamiento acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los docentes en atención a la fecha de vinculación al magisterio oficial, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003.

Como se advierte, el espectro de aplicación de los lineamientos unificadores es más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, tal como acontece en el litigio bajo examen donde la determinación del marco normativo que rige la situación particular del demandante, es esencial para verificar la pertinencia de sus pedimentos tendientes a que su prerrogativa sea otorgada bajo la regulación especial de los docentes oficiales y no la del Sistema General de Seguridad Social.

De otra parte, sobre los efectos de la aludida decisión judicial, se destaca que esta los estimó de manera retrospectiva según el ordinal segundo de la parte resolutiva, ello en orden de que se extendieran a todas las situaciones pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de consolidación del fenómeno de cosa juzgada, tal como se presenta en el caso bajo estudio.

Con las anteriores precisiones, resulta adecuado resaltar que la sentencia de unificación en comento fijó en síntesis las siguientes reglas de interpretación normativa:

1. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo. 2. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

Las reglas fijadas por la Sección Segunda, que tienen carácter vinculante y obligatorio, se sustentaron en los siguientes argumentos:

51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores, distinto al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo 8º, que contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los numerales 1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el 8 % equivalente al aporte de la Nación sobre “los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales de los docentes”, respectivamente.

[…]

62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

  • En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores. Lo que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º de la Ley 33 de 1985.

66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tie

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