PGN - Concepto 282-2026 de 2026
Detalles
- Título
- PGN - Concepto 282-2026 de 2026
- Autor
- Procuraduria General de la Nacion
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- 2026
PROCURADURÍA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO-solicita negar medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 1258 del 19 de agosto de 2026, mediante el cual se nombra director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
SUSPENSIÓN PROVISIONALLa Ley 1437 de 2011 (CPACA), establece como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que se demandan en ejercicio de los distintos medios de control
MEDIDA CAUTELAR-Concepto
MEDIDA CAUTELARTraslado
El legislador no previó un traslado previo de la solicitud de medida cautelar. Sin embargo, en aras de revestir de mayores garantías al demandante y partes intervinientes, encontró que nada se oponía a dar traslado de la solicitud de medida, antes de ordenar la admisión de la demanda, para escuchar a unos y otros sujetos procesales sobre la procedencia de esta, la cual se debe decidir en el auto admisorio. Por tanto, se ha acudido al artículo 233 del CPACA para ordenar el traslado allí previsto.
MEDIDA CAUTELARRequisitos
MEDIDA CAUTELAREn cuanto a los requisitos que se deben observar para que se suspenda un acto electoral, están[[1]](#footnote-1):
1. Petición de parte debidamente sustentada. (art. 229 del CPACA)
2. Debe elevarse en la demanda y resolverse en el auto admisorio (artículo 277 CPACA), sin embargo, ha aceptado, criterio del cual se ha apartado esta Delegada, que pueda ser presentada en escrito anexo, siempre y cuando se haga dentro del término de caducidad[[2]](#footnote-2).
3. Se debe indicar si la violación de las disposiciones invocadas surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores alegadas como violadas, o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud
4. Se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el demandante sustente en la misma.
5. Sustentación específica y propia o una expresa remisión en el sentido que la solicitud se soporta en el mismo concepto de violación.
6. Cuando la solicitud se sustente en uno de los cargos de la demanda, el estudio se focaliza en este planteamiento, pero en aquellos eventos en los que no se refiera, en concreto, a cargo específico, se analizarán las censuras de la demanda.
7. Que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor, desde esta instancia procesal, es decir, cuando el proceso apenas comienza.
8. No cualquier desconocimiento normativo implica per se la suspensión provisional del acto acusado, por cuanto, debe analizarse, en cada caso concreto, la implicación de este con el fin de determinar si tiene o no la entidad suficiente para afectar la aplicabilidad del acto y en últimas, su legalidad.
9. No implica prejuzgamiento, por lo que nada obsta para que la decisión adoptada varíe en el curso del proceso y para que incluso, la decisión definitiva sea diferente.[[3]](#footnote-3)
Bogotá D.C., 16 de octubre de 2026
Concepto No. 2026-10-MC-282
Doctor
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado Ponente
Consejo de Estado - Sección Quinta
E. S. D.
RADICACIÓN NO.: 11001-03-28-000-2026-00521-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL
DEMANDANTE: CARLOS ESTEBAN ROMO DELGADO
DEMANDADO: RICARDO ERNESTO TORRES CASTRO, DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
TRÁMITE: MEDIDA CAUTELAR
ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: FALTA DE PUBLICACIÓN DE HOJAS DE VIDA PREVIO A NOMBRAMIENTO Y FALTA DE FIRMA PRESIDENCIAL
Respetado Magistrado:
Dentro del término concedido mediante auto del 5 de octubre de 2026, procedo a intervenir como Agente del Ministerio Público, con el propósito de descorrer el traslado de la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Decreto 1258 del 19 de agosto de 2026[[4]](#footnote-4), mediante el cual fue nombrado RICARDO ERNESTO TORRES CASTRO como director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
1. ANTECEDENTES 2. Hechos[[5]](#footnote-5) - 1. Por Decreto 1258 de 19 de agosto de 2026, el Presidente de la República, Abelardo de la Espriella Otero, nombró a RICARDO ERNESTO TORRES CASTRO como director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. El SENA es un establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social[[6]](#footnote-6).
3. El director general del SENA es agente del Presidente de la República, de su libre nombramiento y remoción, y actúa como representante legal de la entidad[[7]](#footnote-7).
4. Contra el nombramiento de TORRES CASTRO se presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, solicitando también la suspensión provisional de los efectos del acto electoral acusado, por infracción de norma superior y expedición irregular. 3. Argumentos y normas que sustentan la solicitud de medida cautelar
El demandante solicita la suspensión provisional del Decreto 1258 del 19 de agosto de 2026, aduciendo que el nombramiento desconoció el procedimiento previo previsto en los artículos 2.2.13.2.2 y 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015, en particular, la evaluación de competencias y la publicación de la hoja de vida del aspirante.
Agrega que, el Decreto 1012 del 5 de agosto de 2026, que dispuso temporalmente el cese de efectos de aquellas reglas, no podría servir de fundamento para omitir el procedimiento ordinario, en tanto el archivo fuente remitido por el DAPRE a la Imprenta Nacional para su publicación, no tiene firma presidencial, lo que compromete su formación y validez a la luz de los artículos 6, 115, 121 y 189 numeral 11, de la Constitución Política, así como de los artículos 2.1.2.4.1, 2.1.2.4.2 y 2.1.2.4.17 del Decreto 1081 de 2015, incorporados por el Decreto 385 de 2026.
A partir de lo anterior, el actor pide inaplicar interpartes el Decreto 1012 de 2026, aplicar el régimen ordinario del Decreto 1083 de 2015 y suspender el nombramiento.
Como sustento de la falta de publicación, refiere diversas búsquedas “en el portal dispuesto para la publicación de las hojas de vida de aspirantes a cargos públicos”[[8]](#footnote-8), sin que apareciera la hoja de vida de RICARDO ERNESTO TORRES CASTRO como aspirante al cargo de director general del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, y en su lugar advierte que, si aparece una postulación, pero de una época, cargo y corporación diferentes[[9]](#footnote-9).
1. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2. Problema Jurídico
Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si es procedente la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1258 del 19 de agosto de 2026[[10]](#footnote-10), mediante el cual fue nombrado RICARDO ERNESTO TORRES CASTRO como director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre el mecanismo de la suspensión provisional para luego pronunciarse frente al caso concreto.
- - 1. El mecanismo de la suspensión provisional
La Ley 1437 de 2011 (CPACA), establece como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que se demandan en ejercicio de los distintos medios de control.
El Consejo de Estado, y más concretamente la Sección Quinta[[11]](#footnote-11), ha analizado a profundidad el asunto para señalar las condiciones y requisitos que se deben agotar para su procedencia. Ha dispuesto que, si bien, tratándose de la medida cautelar del acto electoral no se reguló la medida provisional de urgencia, nada se opone para que la misma se decrete cuando se cumplan los requisitos para ello, en los términos del artículo 234 del CPACA.
El legislador no previó un traslado previo de la solicitud de medida cautelar. Sin embargo, en aras de revestir de mayores garantías al demandante y partes intervinientes, encontró que nada se oponía a dar traslado de la solicitud de medida, antes de ordenar la admisión de la demanda, para escuchar a unos y otros sujetos procesales sobre la procedencia de esta, la cual se debe decidir en el auto admisorio. Por tanto, se ha acudido al artículo 233 del CPACA para ordenar el traslado allí previsto.
Señaló que al demandado debe corrérsele traslado por el término de 5 días de la solicitud de medida cautelar, a fin de garantizar su derecho a la defensa, garantía de la cual solo se puede prescindir ante una situación de urgencia debidamente sustentada, que justifique que la referida petición se resuelva de plano[[12]](#footnote-12) y, luego decide sobre la misma en el auto admisorio.
En cuanto a los requisitos que se deben observar para que se suspenda un acto electoral, están[[13]](#footnote-13):
1. Petición de parte debidamente sustentada. (art. 229 del CPACA)
2. Debe elevarse en la demanda y resolverse en el auto admisorio (artículo 277 CPACA), sin embargo, ha aceptado, criterio del cual se ha apartado esta Delegada, que pueda ser presentada en escrito anexo, siempre y cuando se haga dentro del término de caducidad[[14]](#footnote-14).
3. Se debe indicar si la violación de las disposiciones invocadas surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores alegadas como violadas, o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud
4. Se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el demandante sustente en la misma.
5. Sustentación específica y propia o una expresa remisión en el sentido que la solicitud se soporta en el mismo concepto de violación.
6. Cuando la solicitud se sustente en uno de los cargos de la demanda, el estudio se focaliza en este planteamiento, pero en aquellos eventos en los que no se refiera, en concreto, a cargo específico, se analizarán las censuras de la demanda.
7. Que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor, desde esta instancia procesal, es decir, cuando el proceso apenas comienza.
8. No cualquier desconocimiento normativo implica per se la suspensión provisional del acto acusado, por cuanto, debe analizarse, en cada caso concreto, la implicación de este con el fin de determinar si tiene o no la entidad suficiente para afectar la aplicabilidad del acto y en últimas, su legalidad.
9. No implica prejuzgamiento, por lo que nada obsta para que la decisión adoptada varíe en el curso del proceso y para que incluso, la decisión definitiva sea diferente.[[15]](#footnote-15)
Así mismo, ha señalado que uno de los aspectos más destacados de la reforma, en contraste con la legislación anterior, se encuentra en el título XI, dedicado a las medidas cautelares procedentes en el marco de los procesos declarativos adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, las cuales: (i) revisten naturaleza instrumental, provisional y mutable; (ii) se sustentan en la apariencia de buen derecho y el riesgo de la mora, con excepción de la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, cuyos requisitos específicos se encuentran previstos en el inciso primero del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011; y (iii) tienen por finalidad garantizar el objeto del proceso y la efectividad del fallo[[16]](#footnote-16).
- - 1. Análisis del caso concreto
La solicitud de medida cautelar se enfoca de manera particular en que el nombramiento de RICARDO ERNESTO TORRES CASTRO como director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), efectuado mediante Decreto 1258 del 19 de agosto de 2026, se expidió de forma irregular y vulnera normas superiores, a partir de dos premisas relacionadas: (i) la pretendida invalidez o ineficacia del Decreto 1012 de 2026, por la ausencia de firma presidencial en el espacio dispuesto en el archivo fuente enviado para publicación; y (ii) la consecuente aplicación del procedimiento ordinario de los artículos 2.2.13.2.2 y 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015, cuyo incumplimiento derivaría de la falta de publicación previa de la hoja de vida y de la ausencia de evaluación de observaciones ciudadanas.
El demandante sostiene que, el “archivo fuente” del Decreto 1012 de 2026, presenta en blanco el espacio destinado a la firma del Presidente de la República. A partir de ello, invoca los artículos 6, 115, 121 y 189 numeral 11, de la Constitución Política, así como los artículos 2.1.2.4.1, 2.1.2.4.2 y 2.1.2.4.17 del Decreto 1081 de 2015, incorporados por el Decreto 385 de 2026, y solicita la inaplicación inter partes del Decreto 1012 con fundamento en el artículo 148 del CPACA.
Sin embargo, la prueba descrita por el actor —un espacio en blanco en el archivo que habría sido remitido para publicación— no permite concluir, por sí sola y en esta etapa, que el decreto carezca jurídicamente de firma presidencial, que no se hubiera formado la voluntad de la autoridad competente o que el acto sea inexistente o inválido.
La apariencia del archivo constituye un elemento que amerita esclarecimiento, pero no equivale necesariamente a una prueba fehaciente sobre el procedimiento de suscripción, la integridad del expediente que le sirvió de sustento, ni los mecanismos mediante los cuales se exteriorizó la voluntad del Presidente de la República.
Así mismo, se debe precisar, que la invocación del artículo 148 del CPACA tampoco conduce automáticamente a la inaplicación solicitada, en el entendido que dicha disposición habilita al juez para inaplicar, con efectos inter partes, actos administrativos contrarios a la Constitución o a la ley, pero presupone que la incompatibilidad normativa pueda establecerse a partir de elementos suficientes que no se advierten en sede cautelar, pues el argumento sobre el vacío en el espacio de la firma requiere esclarecimiento y valoración de fondo que no es propia de esta etapa procesal siendo insuficiente para desplazar cautelarmente la presunción de legalidad del Decreto 1012 de 2026.
De otro lado, el actor afirma que, si se inaplica el Decreto 1012 de 2026, dicha circunstancia deriva en que a los nombramientos debían aplicarse las reglas ordinarias del Decreto 1083 de 2015. En particular, el artículo 2.2.13.2.3 que dispone que, una vez evaluadas las competencias laborales y antes del nombramiento discrecional, la hoja de vida debe publicarse durante tres días calendario en las páginas web de la entidad a la que pertenece el cargo y del DAPRE, y que, la autoridad nominadora solo podrá proceder al nombramiento una vez efectuada la publicación y evaluados los comentarios ciudadanos.
Al respecto, estima esta delegada que, la regla invocada describe un procedimiento previo cuyo cumplimiento o no, debe ser acreditado por las autoridades responsables del trámite durante el desarrollo ordinario del proceso. No obstante, llama la atención del Ministerio Público que, vía acción de nulidad electoral contra la designación del demandado, la parte actora controvierte la validez del Decreto 1012 de 2026[[17]](#footnote-17) - acto administrativo distinto al de nombramientode cuya prosperidad depende que se active una cadena de reproches frente a la designación por la falta de publicación de su hoja de vida.
Sobre este último aspecto, el demandante refiere haber efectuado búsquedas independientes en “en el portal dispuesto para la publicación de las hojas de vida de aspirantes a cargos públicos”, sin individualizar a cuál hace alusión, indicando que aquel no arrojó un registro del accionado. Frente a ello, debe señalarse que, además de efectivamente no individualizarse la página consultada, revisadas las imágenes y/o capturas de pantalla aportadas en la demanda se advierte que, en el apartado de búsqueda avanzada, en el menú desplegabletema de entidad, no se refleja que se haya seleccionado alguna opción; es decir, no se observa que se hubiese elegido al SENA, como fuente de consulta, sino que, únicamente, aparecen los nombres y apellidos del accionado, a partir de lo cual, no es posible determinar la idoneidad de la búsqueda. Así aparece consignado:
| | | | --- | --- | | [image] | [image] |
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Con todo y ello, las capturas que reseña la demanda además de no reportar fecha de búsqueda, no permitirían reconstruir por sí solas el estado histórico de los portales idóneos de fijación, esto es, en las páginas web de la entidad a la que pertenece el cargo y del DAPRE, durante los tres días calendario anteriores al nombramiento. La ausencia de un resultado en una consulta no equivale, sin información adicional, a prueba plena de que no existió una publicación previa o de que esta no permaneció disponible durante el término exigido.
Finalmente, el accionante señala que revisado el Diario Oficial No. 53.595 de 19 de agosto de 2026, fecha en la que se expidió el Decreto 1258, no se advierte que el mismo haya sido publicado, por lo que solicita que “se requiera a la Imprenta Nacional de Colombia para que certifique si el Decreto 1258 del 19 de agosto de 2026 fue publicado en el Diario Oficial y, en caso afirmativo, indique número de edición, fecha y página”. Contrario a lo indicado, revisados los medios de prueba, se encuentra que el decreto fue publicado en el Diario Oficial y se encuentra referenciado entre las páginas 13 y 14. Así aparece:
| | | | --- | --- | | [image] | [image] |
A partir de las anteriores consideraciones, son varios aspectos que deben ser ventilados al interior de la Litis antes de proceder con una decisión sobre los efectos del acto electoral objeto de censura, motivo por el cual se solicitará sea negada la cautelar rogada.
2.2. Síntesis del concepto
De lo expuesto se puede colegir que, en el actual momento procesal, los argumentos esgrimidos por el demandante no cuentan con respaldo probatorio y jurídico suficiente para suspender el acto de nombramiento atacado, debiéndose determinar su legalidad en la sentencia que finalice la presente causa judicial, razón por la cual, se solicitará desestimar las pretensiones de suspensión del Decreto 1258 del 19 de agosto de 2026, mediante el cual fue nombrado RICARDO ERNESTO TORRES CASTRO como director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
En particular, el espacio vacío en el archivo fuente, por sí solo, no acredita de manera concluyente la falta de suscripción o la invalidez del Decreto 1012 de 2026; a su vez, las búsquedas efectuadas no demuestran que la hoja de vida no hubiera sido publicada antes del nombramiento.
La verificación de estos aspectos requiere el expediente administrativo y la información histórica que deben aportar el DAPRE. En consecuencia, sin perjuicio del análisis definitivo de los cargos, no se advierte soporte suficiente para suspender provisionalmente el Decreto 1258 del 19 de agosto de 2026.
III. CONCLUSIÓN
Con fundamento en lo expuesto, la Procuradora Séptima Delegada solicita NEGAR la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 1258 del 19 de agosto de 2026, mediante el cual fue nombrado RICARDO ERNESTO TORRES CASTRO como director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Respetuosamente,
IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ
Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado