PGN - Concepto D-16428 de 2025

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1 Bogotá, D.C., 18 de septiembre de 2025.

Honorables Magistrados

CORTE CONSTITUCIONAL

M.P. JUAN CARLOS CORTES GONZÁLEZ

Ciudad

Expediente: D-16428

Referencia: Acción pública de inconstitucionalidad

interpuesta por Diana Esther Guzmán, Rodrigo Uprimny Yepes, Vivian Newman Pont y Sergio Pulido Jiménez, contra los artículos 35 (parcial) de la Ley 2332 de 20231 y 20, literal a) (parcial) del Decreto Ley 274 de 20002.

Concepto No.: 7510

De acuerdo con lo establecido en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución Política, procedo a rendir el concepto correspondiente a la demanda presentada ante esa Corporación por los ciudadanos Diana Esther Guzmán y otros, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad , contra los artículos 35 (parcial) de la Ley 2332 de 2023 y contra la expresión “de nacimiento” contenida en el artículo 20, literal a) del Decreto Ley 274 de 2000.

I. ANTECEDENTES

El 11 de febrero de 202 5, los accionantes interpusieron demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 35 (parcial) de la Ley 2332 de 2023 y la expresión “de nacimiento” contenida en el literal a) del artículo 20 del Decreto Ley

inconstitucionalidad contra el artículo 35 (parcial) de la Ley 2332 de 2023 y la expresión “de nacimiento” contenida en el literal a) del artículo 20 del Decreto Ley 274 de 2000, por desconocer los artículos 13, 40.7, 152, 153, 177, 179 y 207 de la Constitución Política; 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y los artículos 1, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (CADH) . A continuación se transcriben y se subrayan los apartes demandados:

“Artículo 35. Restricción para desempeñar ciertos cargos. Los naturalizados colombianos no pueden acceder al desempeño de los cargos públicos establecidos en la Constitución

Política y adicionalmente:

1. Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Defensa Nacional.

2. Miembro de las Fuerzas Militares, en calidad de oficiales y suboficiales, o sus equivalentes en la Policía Nacional.

1 “Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento necesarios para la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana y se dictan otras disposiciones”. 2 “Por el cual se regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular”Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co

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3. Director de organismos de inteligencia y seguridad.

4. Los demás que determine la Constitución Política y la Ley.

2

3. Director de organismos de inteligencia y seguridad.

4. Los demás que determine la Constitución Política y la Ley.

Parágrafo. Los naturalizados colombianos que tengan doble nacionalidad no podrán acceder al desempeño de los cargos mencionados anteriormente en este mismo artículo, así como tampoco podrán desempeñarse como:

1. Congresistas.

2. Ministros y directores de Departamentos Administrativos”

“Artículo 20. Requisitos Mínimos. Los aspirantes a ingresar a la Carrera Diplomática y Consular deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. Ser colombiano de nacimiento y no tener doble nacionalidad. b. Poseer título universitario oficialmente reconocido, expedido por establecimiento de Educación Superior. c. Tener definida su situación militar. d. Hablar y escribir correctamente, además del español, otro idioma de uso diplomático”.

Los accionantes explicaron que las normas acusadas excluyen a los colombianos por adopción o naturalizados sin doble nacionalidad para acceder a los cargos públicos de: ministros de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, miembros de las Fuerzas Militares (como oficiales y suboficiales o sus equivalentes en la Policía Nacional), director es de organismos de inteligencia y seguridad, así como para ingresar a la carrera diplomática y consular.

Así, precisaron que, en razón de su origen nacional, dichos cargos no pueden ser ocupados por ese tipo de ciudadanos, en atención a su ascendencia o a su lugar de nacimiento. En consecuencia, los demandantes formularon cargos por una parte, por el desconocimiento del principio de igualdad y la creación de un trato discriminatorio; y, por otra parte, la supuesta violación de la reserva de ley

nacimiento. En consecuencia, los demandantes formularon cargos por una parte, por el desconocimiento del principio de igualdad y la creación de un trato discriminatorio; y, por otra parte, la supuesta violación de la reserva de ley estatutaria. Además, presentaron un cargo subsidiario por el desconocimiento del régimen cerrado de los requisitos para acceder al cargo de ministro.

El magistrado sustanciador , mediante Auto del 25 de marzo de 2025, inadmitió la demanda. En esa providencia advirtió que los tres cargos propuestos eran claros y ciertos, sin embargo, precisó que el cargo por desconocimiento del principio de igualdad incumplió las condiciones de especificidad, pertinencia y suficiencia. En cuanto al segundo y al tercer cargo, relativos a la reserva de ley estatutaria, y al presunto desconocimiento del régimen cerrado de requisitos para ser ministro, se advirtió que no se cumplió con los presupuestos de especificidad y suficiencia. En consecuencia, se otorgó el término de tres días para presentar escrito de corrección.

Los demandantes, mediante escrito del 1 de abril de 2025, subsanaron la demanda con el propósito de cumplir con la totalidad de los presupuestos legales y jurisprudenciales exigidos.

En ese sentido, el magistrado ponente, a través de Auto del 10 de marzo de 2025, admitió los cargos principales y subsidiario formulados en contra del artículo 35Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co

3 (parcial) de la Ley 2332 de 2023 y la expresión “de nacimiento” contenida en el literal

3 (parcial) de la Ley 2332 de 2023 y la expresión “de nacimiento” contenida en el literal a) del artículo 20 del Decreto Ley 274 de 2000, relacionados con la vulneración del principio de igualdad y discriminación en el acceso a cargos públicos; violación de la reserva de ley estatutaria , y desconocimiento del régimen cerrado de requisitos para ser ministro del despacho, los cuales se desarrollan a continuación.

En primer lugar, l os accionantes sostuvieron que los apartes acusados violan el derecho a la igualdad , en tanto excluyen, sin justificación, a los colombianos por adopción que no tienen doble nacionalidad para ingresar a la carrera diplomática y consular, así como para ejercer los cargos de ministro de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, ser miembros de las Fuerzas Militares, en calidad de oficiales y suboficiales, o sus equivalentes en la Policía Nacional, y directores de organismos de inteligencia y seguridad.

Asimismo, los accionantes precisaron que se utiliza un criterio sospechoso de discriminación -el origen nacional - para limitar el derecho a acceder a los cargos públicos. Esto por cuanto se recurre a una categoría prohibida tanto por la Constitución como la jurisprudencia de la Corte IDH y la Corte Constitucional, para establecer un trato distinto y limitar sin justificación el goce de este derecho, como son, por un lado, los extranjeros nacionalizados como los colombianos por adopción.

Los demandantes adujeron que, a la luz de un análisis estricto de proporcionalidad, se concluye que el tratamiento diferenciado basado en el origen nacional contradice

son, por un lado, los extranjeros nacionalizados como los colombianos por adopción.

Los demandantes adujeron que, a la luz de un análisis estricto de proporcionalidad, se concluye que el tratamiento diferenciado basado en el origen nacional contradice la Carta Política. Así, se desconoce el derecho a acceder a cargos públicos, establecido en el artículo 40 constitucional, el artículo 25 del PIDCP y el artículo 23 de la CADH, que establecen que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder en igualdad de condiciones a los cargos y funciones públicas. Además, advirtieron que las normas acusadas violan el derecho a la igualdad por cuanto establecen un trato distinto con base en un criterio prima facie prohibido de diferenciación, que es el origen nacional, como lo señalan el artículo 13 constitucional, el artículo 2 del PIDCP y el artículo 1 de la CADH.

En esos términos, los accionantes reconocieron que, si bien la Constitución admite las restricciones al acceso a ciertos cargos públicos a los colombianos por nacimiento, no hay una previsión en el texto superior o en la jurisprudencia constitucional que p ermita distinguir entre colombianos por nacimiento y por adopción en los casos establecidos en las normas demandadas.

Precisaron que de acuerdo con la Carta Política existen tres hipótesis en que se autoriza un trato distinto entre los colombianos por nacimiento y por adopción en el acceso a cargos públicos: a) en las funciones expresamente reservadas en la Carta para los colombianos por nacimiento (presidente, magistrado, fiscal, etc.); b) en la posibilidad prevista en la Sentencia C-151 de 1997, según la cual la ley puede tratar

para los colombianos por nacimiento (presidente, magistrado, fiscal, etc.); b) en la posibilidad prevista en la Sentencia C-151 de 1997, según la cual la ley puede tratar de forma distinta en el acceso a cargos públicos a los colombianos que tengan doble nacionalidad, es decir, si son colombianos por nacimiento o por adopción; y c) el caso puntual de los congresistas, los ministros y los directores de departamentos administrativos, pues los colombianos por nacimiento pueden acceder a e sosProcuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co

4 cargos, aunque tengan doble nacionalidad, mientras que los colombianos por adopción sin doble nacionalidad no pueden acceder a dichos cargos públicos.

Para los accionantes con excepción de esas tres hipótesis, no hay ninguna otra norma derivada del texto superior que habilite un tratamiento diferenciado entre los colombianos por nacimiento y por adopción en el acceso a cargos públicos. En ese sentido, se insistió en que de conformidad con la Constitución todos los colombianos tienen derecho a acceder a los cargos públicos en igualdad de condiciones.

En segundo lugar, los accionantes adujeron que las disposiciones acusadas tienen reserva de ley estatutaria, por cuanto dichas normas contemplan regulaciones relativas al derecho fundamental a acceder cargos públicos.

En ese sentido, r esaltaron que los apartes demandados del artículo 35 de la Ley 2332 de 2023, restringen el acceso a ciertos cargos públicos a los colombianos por adopción, mientras que la expresión acusada del literal a) del artículo 20 del Decreto

En ese sentido, r esaltaron que los apartes demandados del artículo 35 de la Ley 2332 de 2023, restringen el acceso a ciertos cargos públicos a los colombianos por adopción, mientras que la expresión acusada del literal a) del artículo 20 del Decreto Ley 274 de 2000 excluye de la posibilidad de entrar a la carrera diplomática y consular a los colombianos por adopción. Las citadas normas establecen restricciones o limitaciones al derecho a acceder a cargos públicos, lo que supone una regulación de este derecho , así como de su s elementos esenciales, pues delimita quienes son titulares de dicha garantía.

Aclararon que si bien, no toda regulación de un derecho fundamental tiene reserva de ley estatutaria; en el caso bajo estudio, los contenidos normativos demandados si están sometidos a tal condición por cuanto se trat a de contenidos que son cercanos al contenido esencial de este derecho fundamental , de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional.

Precisaron que, si bien la ley puede establecer requisitos o limitaciones para acceder a determinados cargos públicos, sin que esto tenga reserva de ley estatutaria, en el asunto bajo revisión, las normas acusadas son de otro carácter, pues no regulan un determinado requisito para acceder a un cargo ni estipulan una inhabilidad para el ejercicio de una determinada función pública, sino que establecen que ciertos ciudadanos (los colombianos por adopción) no pueden aspirar a acceder a determinados cargos públicos, ni pu eden ingresar a la carrera diplomática y consular.

Por último, para los actores los requisitos para ser ministro se encuentran definidos por la Constitución y no prohíben a los colombianos naturalizados ser ministros,

diplomática y consular.

Por último, para los actores los requisitos para ser ministro se encuentran definidos por la Constitución y no prohíben a los colombianos naturalizados ser ministros, siempre y cuando no tengan doble nacionalidad. Por lo tanto, las normas acusadas resultan contrarias a la Constitución, por cuanto amplían las inhabilidades constitucionales al prohibir a los colombianos naturalizados, incluso si no tienen doble nacionalidad, ocupar ciertos cargos de ministros.

En ese sentido, señalan que, el artículo 35 (parcial) de la Ley 2332 de 2023 pasa por alto el régimen cerrado de requisitos para acceder al cargo de ministro (concretamente de Relaciones Exteriores y de Defensa), que no son otros que, ser ciudadano en ejercicio, mayor de 25 años y no tener doble nacionalidad . S in embargo, el Legislador, a través de las normas acusadas, amplió dicho régimen, alProcuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co

5 prohibir que los colombianos por adopción que no tienen doble nacionalidad ocupen los citados cargos.

II. COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de la constitucionalidad de los apartes acusados de la Ley 2332 de 2023 y del Decreto Ley 274 de 2000 , en tanto se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de unos textos normativos que hacen parte de una ley de la República y de

Ley 274 de 2000 , en tanto se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de unos textos normativos que hacen parte de una ley de la República y de un decreto ley.

III. CUESTIÓN PREVIA - MANIFESTACIÓN DE TRANSPARENCIA

El expediente de la referencia versa sobre una demanda de inconstitucionalidad contra algunos apartes del artículo 35 de la Ley 2332 de 2023 “Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento necesarios para la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana y se dictan otras disposiciones” y la expresión “de nacimiento” contenida en el literal a) del artículo 20 del Decreto Ley 274 de 2000 “Por el cual se regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular”, por vicios de fondo.

Teniendo en cuenta que el artículo 278 de la Constitución Política me impone el deber de rendir concepto en todos los procesos de constitucionalidad, estimo necesario realizar la presente manifestación de transparencia, pues pese a que no me encuentro formalmente inmerso en una causal de impedimento, en mi otrora calidad de secretario general del Senado de la República, participé en el trámite de expedición del proyecto de ley 378/22 Senado-236/21 Cámara, que dio origen a la Ley 2332 de 2023 “ Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento necesarios para la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana y se dictan otras disposiciones ”. A lo largo del procedimiento legislativo otorgué constancia del texto aprobado en la plenaria del Senado, realicé actuaciones encaminadas a garantizar el principio de publicidad del

nacionalidad colombiana y se dictan otras disposiciones ”. A lo largo del procedimiento legislativo otorgué constancia del texto aprobado en la plenaria del Senado, realicé actuaciones encaminadas a garantizar el principio de publicidad del trámite y suscribí, junto con el presidente del Senado, el cuerpo normativ o finalmente sancionado por el presidente de la República.

Si bien, en otras oportunidades me he declarado impedido por haber participado en el trámite legislativo de las normas objeto de control por parte de la Corte Constitucional, el alto tribunal ya ha fijado algunas pautas que permiten determinar cuándo dicha conducta no ha sido determinante para la expedición de la norma.

En efecto, mediante Auto 452 de 2025 la Corte Constitucional estableció que, si bien participé en el proceso de formación de la norma objeto de control, en tanto ejercí las funciones propias de mi cargo como secretario general del Senado, lo cierto es que dicha actuación no fue activa y determinante en el proceso de formación de la norma acusada , ni guardaba relación con el asunto que la Corte deb ía resolver. En consecuencia, la Sala Plena concluyó que no se había demostrado alguna circunstancia que comprometiera mi independencia o imparcialidad para emitir concepto sobre la constitucionalidad de la norma.Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co

6 En esta ocasión, al revisar el contenido de la demanda D -16428 y del auto admisorio, no hay duda sobre la naturaleza de los cargos propuestos. Se trata de planteamientos de fondo o sustanciales, que, en principio, no tienen ninguna

6 En esta ocasión, al revisar el contenido de la demanda D -16428 y del auto admisorio, no hay duda sobre la naturaleza de los cargos propuestos. Se trata de planteamientos de fondo o sustanciales, que, en principio, no tienen ninguna conexión con las funciones que ejercí como secretario general del Senado de la República y, por tanto, estas últimas no guardan relación con la materia que le corresponde conocer a la Corte.

Finalmente, estimo pertinente aclarar que formulo la presente manifestación de transparencia con el objetivo de advertir a la Corte que participé en la expedición de la Ley 2023, pero mis actuaciones no fueron activas ni determinantes y por tanto no comprometen mi independencia e imparcialidad. Así mismo, se pone de presente con el propósito de salvaguardar la celeridad y el buen funcionamiento de la administración de justicia y evitar dilaciones en este proceso.

IV. PROBLEMAS JURÍDICOS

En concordancia con los cargos admitidos, los problemas jurídicos a resolver se circunscriben en determinar si:

1. ¿El artículo 35 (parcial) de la Ley 2332 de 2023 y la expresión “de nacimiento” contenida en el artículo 20, literal a) , del Decreto Ley 274 de 2000, desconocen el principio de igualdad, al prohibir que los colombianos por adopción que no tengan doble nacionalidad puedan ejercer los cargos de ministro de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, miembros de las Fuerzas Militares, en calidad de oficiales y suboficiales, o sus equivalentes en la Policía Nacional, directores de organismos de inteligencia y seguridad,

así como acceder a la carrera diplomática y consular?

Fuerzas Militares, en calidad de oficiales y suboficiales, o sus equivalentes en la Policía Nacional, directores de organismos de inteligencia y seguridad, así como acceder a la carrera diplomática y consular?

1. ¿La regulación de los requisitos de acceso a los cargos de ministro de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, miembros de las Fuerzas Militares, en calidad de oficiales y suboficiales, o sus equivalentes en la Policía Nacional, directores de organismos de inteligencia y seguridad, así

como de la carrera diplomática y consular , debe ser objeto de una ley estatutaria?

1. ¿Los apartes normativos demandados desconocen el régimen cerrado de requisitos establecido en la Constitución para acceder al cargo de ministro de despacho y director de Departamento Administrativo?

V. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Para resolver los problemas jurídicos planteados, el Ministerio Público realizará un análisis sobre: (a) el derecho fundamental a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y la libertad de configuración del Legislador en la materia ; (b) la nacionalidad como vínculo con el Estado; c) la reserva de ley estatutaria y, finalmente, d) propondrá la solución al caso concreto.Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co

7 a) El derecho fundamental a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y la libertad de configuración del Legislador en la materia

La Constitución Política establece que los ciudadanos tienen derecho a participar

7 a) El derecho fundamental a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y la libertad de configuración del Legislador en la materia

La Constitución Política establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en política, lo cual, no solo se limita al ejercicio del derecho al voto. Por ejemplo, el artículo 40 superior, establece el derecho que tiene todo ciudadano de participar en la conformación, control y ejercicio del poder político. Para tales efectos podrá, entre otras cosas, “ acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos por nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad”3.

Bajo ese entendido el derecho de acceso a cargos públicos constituye una dimensión de los derechos políticos de los ciudadanos 4, el cual es un derecho fundamental complejo, pues la Carta Política “ amplió el espectro de los derechos políticos, que ya no se limitan a la simple previsión de la garantía de elegir y ser elegido, sino que incluyen un amplio conjunto de prerrogativas que habilitan la participación activa y pacífica de los ciudadanos en la conformación, ejercicio y control del poder político”5.

La Corte Constitucional ha precisado respecto dicha cláusula constitucional que : “De la redacción del artículo 40 -7 de la Constitución, se deduce que este derecho protege tanto el acceso a, como el desempeño de, cargos y funciones públicas. La garantía de acceso es aplicable a las personas que no ejercen el cargo, como es obvio; mientras que la protección al desempeño cobija a la persona que cumple los requisitos para ejercer el cargo, o efectivamente lo está desempeñando”6.

garantía de acceso es aplicable a las personas que no ejercen el cargo, como es obvio; mientras que la protección al desempeño cobija a la persona que cumple los requisitos para ejercer el cargo, o efectivamente lo está desempeñando”6.

Por un lado, en lo que tiene que ver con el ámbito de protección relacionado con el acceso al cargo, se refiere puntualmente a los cargos que se proveen a través del sistema de carrera administrativa, el cual exige, que los ciudadanos cumplan con los requisitos en la convocatoria, sean tratados sin discriminación y que reciban un tratamiento igualitario en el desarrollo del concurso7.

En esos términos, la Corte definió el derecho a acceder a cargos públicos y explicó que se refiere a “ la posibilidad que tienen los ciudadanos de presentarse a concursar para proveer dichos cargos, una vez se hayan cumplido los requisitos previstos en la convocatoria para postularse”8. (Subraya propia)

3 Artículo 40, numeral 7 de la Constitución Política. 4 Ha precisado la Corte Constitucional que: “Los derechos políticos son un conjunto de libertades y prerrogativas predicables únicamente de los ciudadanos [17], que les significan oportunidades para participar en la vida política del país [18] y que, en algunos casos, constituyen también deberes [19] , ligados inescindiblemente al funcionamiento democrático de un sistema político. Los derechos políticos permiten a los ciudadanos, de diferentes maneras, tomar parte activa en el funcionamiento político del Estado: mediante el voto, la participación en diferentes mecanismos democráticos [20], la conformación de partidos y movimientos políticos [21], el control al ejercicio del poder público, la posibilidad de ser elegido y de acceder al ejerci cio de

político del Estado: mediante el voto, la participación en diferentes mecanismos democráticos [20], la conformación de partidos y movimientos políticos [21], el control al ejercicio del poder público, la posibilidad de ser elegido y de acceder al ejerci cio de funciones públicas. En suma, los derechos políticos hacen posible la participación democrática en la “conformación, ejercicio y control del poder político” (artículo 40 de la Constitución Política), lo que constituye un derecho fundamental complejo, c on varias manifestaciones [22]. Por su íntima relación con el principio democrático y por las exigencias de su funcionamiento, los derechos políticos tienen un vínculo estrecho con otras libertades y derechos, tales como la libertad de expresión [23] y los derechos de asociación y de reunión”. 5 Corte Constitucional. Sentencia C-329 de 2003. 6 Corte Constitucional. C-386 de 2022. 7 Ibidem. 8 Corte Constitucional. Sentencia T-257 de 2013.Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co

8 Asimismo, la jurisprudencia del alto tribunal sintetizó el alcance de este derecho fundamental, el cual protege: “(i) la posesión de las personas que han cumplido con los requisitos para acceder a un cargo, (ii) la prohibición de establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el concurso de méritos, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles aquella que más se acomoda a las preferen cias de quien ha participado y ha sido seleccionado en dos o más

cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el concurso de méritos, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles aquella que más se acomoda a las preferen cias de quien ha participado y ha sido seleccionado en dos o más concursos, (iv) la prohibición de remover de manera ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona que ocupen un cargo público”9.

Consecuentemente con lo anterior, la potestad de restringir el acceso a los cargos públicos debe ser ejercida por el Legislador con el propósito de no hacer nugatorio el derecho de consagrado en el artículo 40, numeral 7 constitucional.

Puntualmente, la Carta Política le confiere al Legislador amplia libertad para establecer los requisitos, inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para el acceso a los cargos públicos 10. Esto, con el fin de asegurar la idoneidad de los servidores públicos, así como el adecuado funcionamiento de las distintas tareas estatales. Así, según la Corte, debe garantizarse que “(…) quienes pretendan acceder al desempeño de funciones públicas deben someterse al cumplimiento de ciertas reglas y exigencias que procuran la realización del interés general y garantizan el cumplimiento de los principios de la función pública dispuestos en e l artículo 209 de la Constitución”11.

Sin embargo, esta atribución no es absoluta y las restricciones que establezca el Legislador a este derecho fundamental, “ deben ser razonables y proporcionadas” , lo que se traduce “en el diseño de requisitos y condiciones para el acceso a los distintos cargos, (…) para asegurar la idoneidad y probidad de quien aspira a ingresar o está desempeñando un cargo público, garantizando los derechos de

lo que se traduce “en el diseño de requisitos y condiciones para el acceso a los distintos cargos, (…) para asegurar la idoneidad y probidad de quien aspira a ingresar o está desempeñando un cargo público, garantizando los derechos de igualdad de oportunidades, el acceso al servicio público, el derecho a escoger profesión u oficio y el derecho al t rabajo, o estableciendo requisitos que no tengan relación alguna con los fines del Estado o los principios de la función administrativas, evento en el cual “resultan contrarios a la Constitución”12.

Según la Corte Constitucional, el derecho fundamental a acceder a cargos y funciones públicas está restringido por los sistemas de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones, las cuales pueden ser de orden constitucional o legal13. Así, se explicó que el Congreso tiene un amplio margen de configuración legislativa para fijar dicho régimen, pero, en cualquier caso, dichas limitaciones deberán obedecer a criterios de razonabilidad e idoneidad14.

Según la jurisprudencia del alto tribunal, para determinar la idoneidad de la restricción se deberá valorar “ la realización material de los principios de

9 Corte Constitucional. Sentencia C-386 de 2022. En el mismo sentido, Corte Constitucional . Sentencias C-176 de 2017, C101 de 2018 y SU-115 de 2019. 10 Corte Constitucional. Sentencia C-386 de 2022. 11 Corte Constitucional. Sentencia C-393 de 2019. 12 Corte Constitucional. sentencias C-386 de 2022, ver en igual sentido las sentencias C-106 de 2018 y C-293 de 2024. 13 Corte Constitucional. Sentencia C-386 de 2022. 14 Ibidem.Procuraduría General de la Nación

13 Corte Constitucional. Sentencia C-386 de 2022. 14 Ibidem.Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co

9 transparencia, moralidad, igualdad, eficacia y eficiencia a la función pública ”15. Asimismo, la jurisprudencia constitucional previó que las exigencias establecidas por el Congreso de la República en dicha materia deben superar un test de razonabilidad en su nivel estricto16.

b) La nacionalidad como vínculo con el Estado

La nacionalidad es un derecho fundamental17, a través del cual un individuo crea un vínculo jurídico, legal y político con un Estado. Así, a las personas les asiste el derecho a adquirir la nacionalidad, a no ser privado de ésta y cambiarla18 cuando lo desee, generando ” con su reconocimiento derechos y deberes, cuyo ejercicio y protección depende del vínculo con el respectivo Estado del que se es nacional19