PGN - Concepto D-17640 de 2026

Procuraduria General de la Nacion

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
PGN - Concepto D-17640 de 2026
Autor
Procuraduria General de la Nacion
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Disciplinario
Año
2026

E PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Bogotá, D.C., octubre de 2026. Honorables Magistrados

CORTE CONSTITUCIONAL

M.P. CARLOS CAMARGO ASSIS

Ciudad

Expediente: D-17640

Referencia: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 113 de la Ley 489 de 1998 y el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 3 de la Ley 2014 de 2019.

Concepto No.: 7644

De acuerdo con lo establecido en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución Política, procedo a rendir el concepto correspondiente a la demanda presentada ante esa Corporación, contra el artículo 113 de la Ley 489 de 1998 y el parágrafo 3 del artícuto 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 3 de la Ley 2014 de 2019. |. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Carlos Libardo Bernal Pulido presentó demanda contra el artículo 113 de la Ley 489 de 1998 y el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 3 de la Ley 2014 de 2019, disposiciones cuyo texto se transcribe a continuación: “LEY 489 DE 1998 (diciembre 29) ARTÍCULO 113. Inhabilidades e incompatibilidades. Los representantes legales de las entidades privadas o de quienes hagan sus veces, encargadas del ejercicio de funciones administrativas están sometidos a las prohibiciones e incompatibilidades aplicables a tos servidores públicos, en relación con la función conferida.

legales de las entidades privadas o de quienes hagan sus veces, encargadas del ejercicio de funciones administrativas están sometidos a las prohibiciones e incompatibilidades aplicables a tos servidores públicos, en relación con la función conferida. Los representantes legales y los miembros de las juntas directivas u órganos de decisión de las personas jurídicas privadas que hayan ejercido funciones administrativas, no podrán ser contratistas ejecutores de las decisiones en cuya regulación y adopción hayan participado”. “LEY 80 de 1993 (octubre 28) ARTÍCULO 8. De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. PARÁGRAFO 3°. Las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en este artículo se aplicarán a cualquier proceso de contratación privada en el que se comprometan recursos públicos”.9 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA El accionante sostiene que de las disposiciones demandadas pueden derivarse dos interpretaciones. De acuerdo con la interpretación restrictiva, el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones se circunscribe al ámbito de la función administrativa conferida, a la actuación como contratista ejecutor de decisiones en cuya regulación o adopción se participó y alos procesos de contratación privada en los que se comprometan recursos públicos. Por el contrario, cuestiona una interpretación extensiva según la cual dicho régimen se proyectaría sobre el acceso de los miembros de las juntas directivas y demás órganos de dirección de los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros, sobre las personas jurídicas representadas o administradas por ellos y sus familiares, así como respecto de aquellas en las que ellos o sus parientes cercanos tienen participación, a

órganos de dirección de los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros, sobre las personas jurídicas representadas o administradas por ellos y sus familiares, así como respecto de aquellas en las que ellos o sus parientes cercanos tienen participación, a programas, proyectos, convocatorias, instrumentos o beneficios financiados con recursos del respectivo fondo, aun cuando no celebren contratos con la entidad administradora, no actúen como contratistas ejecutores y accedan a tales beneficios en condiciones generales, objetivas y no preferentes frente a los demás integrantes del subsector. A partir de esta interpretación, el demandante formuló cuatro cargos de inconstitucionalidad. En el primero, sostuvo que la interpretación extensiva desconoce el diseño constitucional de las contribuciones parafiscales previsto en los artículos 150, numeral 12, y 338 de la Constitución, al convertir la pertenencia al subsector aportante y la participación en los órganos previstos para ta administración de los recursos en factores de exclusión del acceso a los beneficios financiados con estos. En el segundo cargo, afirmó que la interpretación cuestionada desconoce los principios de legalidad y taxatividad de las inhabitidades, incompatibilidades y conflictos de interés, derivados de los artículos 6, 29, 123 y 150 de la Constitución, por cuanto extendería el régimen restrictivo a supuestos no previstos expresamente por el Legistador, particularmente al acceso ordinario a programas, proyectos o instrumentos sectoriales financiados con recursos parafiscales. En el tercer cargo, el actor alegó la vulneración del derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución, al considerar que la interpretación extensiva permite excluir de los programas, proyectos o instrumentos financiados con recursos

En el tercer cargo, el actor alegó la vulneración del derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución, al considerar que la interpretación extensiva permite excluir de los programas, proyectos o instrumentos financiados con recursos del fondo a quienes se encuentran vinculados como integrantes de sus órganos de dirección, mientras permite el acceso de los demás integrantes del mismo subsector que cumplen las condiciones objetivas del respectivo programa. En su criterio, dicha diferencia de trato carece de justificación y resulta desproporcionada. Finalmente, en el cuarto cargo, el demandante sostuvo que la interpretación cuestionada vuinera el derecho de asociación y la participación del subsector en la administración de los recursos parafiscales, consagrados en los artículos 38 y 150, numeral 12, de la Constitución, en tanto generaría un efecto inhibitorio sobre la integración de los órganos de dirección de los fondos y de las entidades gremiales administradoras, al asociar dicha participación con la pérdida del acceso ordinario a los beneficios sectoriales.59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN El magistrado sustanciador, mediante Auto del 28 de agosto de 2026, admitió la demanda por los cuatro cargos formulados'. Es decir, el control constitucional quedó delimitado a determinar la compatibilidad con ta Constitución de la interpretación cuestionada de las disposiciones demandadas, en relación con: (i) el diseño constitucional de las contribuciones parafiscales, ata luz de los artículos 150, numeral 12, y 338 de la Constitución; (ii) los principios de legalidad y taxatividad del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, derivados de los artículos 6, 29, 123 y 150

12, y 338 de la Constitución; (ii) los principios de legalidad y taxatividad del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, derivados de los artículos 6, 29, 123 y 150 superiores; (iii) el derecho a la igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución; y (iv) el derecho de asociación y la participación del subsector en la administración de los recursos parafiscales, conforme a los artículos 38 y 150, numeral 12, de la Carta. Finalmente, en la misma decisión ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación para que se pronuncie en los términos del artículo 7 del Decreto 2067 de 1991. Lo anterior, se efectuó mediante oficio No. 334 del 8 de septiembre de 2026. li. CUESTIÓN PREVIA. INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA La jurisprudencia constitucional ha señalado que las razones que sustentan los cargos de inconstitucionalidad deben ser, entre otras, ciertas. Este requisito implica que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente y no simplemente sobre una deducida por el actor o implícita. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal cuyo contenido sea verificable a partir de la interpretación de su propio texto, de manera que no es posible estructurar el juicio de constitucionalidad sobre proposiciones inexistentes que no hayan sido suministradas por el Legislador”. La Corte Constitucional ha precisado que el análisis de certeza implica examinar la disposición demandada y establecer si el reproche formulado se predica efectivamente de ella. En particular, cuando el cargo parte de una determinada

La Corte Constitucional ha precisado que el análisis de certeza implica examinar la disposición demandada y establecer si el reproche formulado se predica efectivamente de ella. En particular, cuando el cargo parte de una determinada interpretación de la ley, es necesario verificar si esa interpretación surge directa y claramente dei texto o contenido de la disposición acusada. En caso contrario, si ta interpretación propuesta constituye una proposición jurídica inexistente, el cargo carece de certeza y procede la inhibición de la Corte Constitucional para emitir un pronunciamiento de fondo’. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la carga de certeza permite establecer si pertenece al ordenamiento jurídico el objeto respecto del cual el demandante solicita un pronunciamiento constitucional. Para satisfacerta, debe ser razonable derivar, a partir de estándares básicos de interpretación, de la disposición vigente el significado normativo cuya constitucionalidad se cuestiona. Por ello, la interpretación acusada debe ser plausible y desprenderse del enunciado normativo demandado!. En el presente asunto, el accionante sostiene que del artículo 113 de la Ley 489 de 1998 y del parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 se desprende una interpretación extensiva del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones, conforme a la cual determinados integrantes de los órganos de dirección de los fondos o entidades administradoras de recursos parafiscales estarían 1 Previa inadmisión, mediante Auto del 3 de agosto de 2026 y de haberse presentado oportunamente el correspondiente escrito de corrección, el 10 de agosto de 2026. ? Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001.

1 Previa inadmisión, mediante Auto del 3 de agosto de 2026 y de haberse presentado oportunamente el correspondiente escrito de corrección, el 10 de agosto de 2026. ? Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001. 3 Corte Constitucional. Sentencia C-1084 de 2008. 4 Corte Constitucional. Sentencia C-539 de 2019.9 PROCURADURI GENERAL DE LA NACION COLOMBIA impedidos para acceder a programas, proyectos, convocatorias, instrumentos o beneficios financiados con dichos recursos, aun cuando no celebren un contrato con la entidad administradora, no actuen como contratistas ejecutores y accedan al beneficio en condiciones generales, objetivas y no preferentes. El accionante sostiene que esta interpretación proviene de las disposiciones legales demandadas y no de los instrumentos administrativos que, según afirma, han evidenciado su aplicación. Sin embargo, la interpretación que sustenta la demanda no puede atribuirse, con el grado de certeza exigido para adelantar el control abstracto de constitucionalidad, al contenido normativo de las disposiciones acusadas. El artículo 113 de la Ley 489 de 1998 establece, en su primer inciso, que tos representantes legales de tas entidades privadas encargadas del ejercicio de funciones administrativas están sometidos a las prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los servidores públicos “en relación con la función conferida”. En su segundo inciso dispone que los representantes legales y los miembros de las juntas directivas u órganos de decisión de las personas jurídicas privadas que hayan ejercido funciones administrativas no podrán ser contratistas ejecutores de las decisiones en cuya regulación y adopción hayan participado. Por su parte, el parágrafo 3 del artículo

directivas u órganos de decisión de las personas jurídicas privadas que hayan ejercido funciones administrativas no podrán ser contratistas ejecutores de las decisiones en cuya regulación y adopción hayan participado. Por su parte, el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 dispone que las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en dicho artículo se aplicarán a cualquier proceso de contratación privada en el que se comprometan recursos públicos. De este contenido normativo no se desprende la prohibición general de acceso a programas, proyectos, convocatorias, instrumentos o beneficios financiados con recursos parafiscales a la que alude la parte accionante. En el primer supuesto previsto por el artículo 113 de la Ley 489 de 1998, la sujeción a las prohibiciones e incompatibilidades está referida a la función conferida; en el segundo, la prohibición se encuentra vinculada con la actuación como contratista ejecutor de las decisiones en cuya regulación y adopción haya participado previamente el sujeto. A su vez, el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 circunscribe la aplicación de las inhabilidades e incompatibilidades a los procesos de contratación privada en los que se comprometan recursos públicos. Ninguno de estos supuestos contiene, ni permite derivar directamente, la prohibición general que el accionante atribuye a las disposiciones demandadas'. En particular, la remisión que efectúa el primer inciso del artículo 113 de la Ley 489 de 1998 a las prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los servidores públicos no puede entenderse separada de la expresión “en relación con la función conferida”, que delimita el ámbito de la sujeción prevista en la disposición. De igual manera, la

1998 a las prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los servidores públicos no puede entenderse separada de la expresión “en relación con la función conferida”, que delimita el ámbito de la sujeción prevista en la disposición. De igual manera, la prohibición establecida en su segundo inciso está circunscrita a una situación específica: la actuación como contratista ejecutor de decisiones en cuya regulación y adopción haya participado previamente el sujeto. Por tanto, de estas reglas no se desprende, con el grado de certeza exigido por la jurisprudencia constitucional, una consecuencia jurídica distinta consistente en impedir el acceso ordinario a beneficios sectoriales por la sola vinculación con los órganos de dirección o administración de los fondos o entidades administradoras. $ Corte Constitucional. Sentencias C-1084 de 2008 y C-539 de 2019. $ Ibid. >59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN De igual manera, el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 no permite derivar que todo acceso a programas, proyectos, convocatorias, instrumentos o beneficios financiados con recursos públicos constituya un proceso de contratación privada sometido al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. La disposición se refiere expresamente a los procesos de contratación privada en los que se comprometan recursos públicos, de modo que la consecuencia que el accionante pretende atribuirle para extender dicho régimen al acceso ordinario a beneficios financiados con recursos parafiscales no se desprende de su contenido normativo”. En consecuencia, la interpretación extensiva cuestionada por el accionante no puede ser atribuida, con el grado de certeza exigido para adelantar el control abstracto de

parafiscales no se desprende de su contenido normativo”. En consecuencia, la interpretación extensiva cuestionada por el accionante no puede ser atribuida, con el grado de certeza exigido para adelantar el control abstracto de constitucionalidad, a los textos del artículo 113 de la Ley 489 de 1998 y del parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. Ahora bien, en la demanda y en su escrito de corrección el accionante hace referencia a pronunciamientos de tres autoridades? para indicar que éstos constituyen prueba de que la interpretación cuya inexequibitidad alega estaría haciendo carrera dentro de varios órganos del Estado, pero negando que los reproches formulados se dirijan contra ellos, por cuanto señala que una declaratoria de nulidad de tales instrumentos “no sanearía el vicio que se expone ante esta Corporación (...) porque la disposición legal permanecería incondicionada y, por tanto, seguiría admitiendo la lectura extensiva, de modo que cualquier otra autoridad podría volver a asumirla”. Al respecto, debe indicarse que tal razonamiento no contribuye a evidenciar el cumplimiento del presupuesto de certeza que se echa de menos, puesto que confirma que el debate propuesto se refiere a la manera en que deben interpretarse las dos normas legales demandadas, cuyo texto no refiere de manera específica a la administración de fondos parafiscales y al acceso de quienes participan en los subsectores objeto de su atención, en relación con dicho caso específico, para efectos de su aplicación por parte de las autoridades del Estado que cuentan con competencias en la materia. En criterio de la Procuraduría General de la Nación, la fijación de las consecuencias concretas que se derivan de la aplicación de las normas acusadas frente a cada caso

competencias en la materia. En criterio de la Procuraduría General de la Nación, la fijación de las consecuencias concretas que se derivan de la aplicación de las normas acusadas frente a cada caso corresponde a los ejercicios normativos que competen a los órganos administrativos, susceptibles del control de legalidad encomendado a los jueces de lo contencioso administrativo, por lo que no puede pretenderse invadir el ámbito de competencia de tales autoridades por medio de un juicio abstracto de constitucionalidad relativo a un enunciado inexistente en las disposiciones objeto de control. Así, la acusación no recae sobre una proposición jurídica real y existente que pueda verificarse a partir de la interpretación de las disposiciones demandadas, sino sobre una consecuencia normativa que no se desprende de ellas. Por consiguiente, el cargo carece de certeza y la Corte Constitucional debe declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo?, Sin perjuicio de to anterior, y en el evento que la Corte Constitucional desestime lo anterior, el Ministerio Público analizará a continuación cada uno de los cargos a partir del contenido que efectivamente puede atribuirse a las disposiciones acusadas. 7 Ibid. $ Circular 001 de 2026 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Concepto 2556 de 2025 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y Concepto C-1447 de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública. ? Corte Constitucionat. Sentencias C-1052 de 2001, C-1084 de 2008 y C-539 de 2019.E PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA ill. COMPETENCIA En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, la

COLOMBIA ill. COMPETENCIA En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda, por tratarse de una acción pública de inconstitucionalidad promovida contra disposiciones contenidas en teyes de la República.

IV. PROBLEMAS JURÍDICOS En atención a los cargos admitidos, para la Procuraduría la Corte debe resolver los siguientes interrogantes: - Determinar si la interpretación extensiva de las disposiciones demandadas desconoce el diseño constitucional de las contribuciones parafiscales previsto en los artículos 150, numeral 12, y 338 de la Constitución Política, al excluir a determinados integrantes del subsector destinatario de un determinado fondo administrador de parafiscales del acceso a beneficios financiados con estos recursos, como consecuencia de su participación en los órganos de dirección de dicho fondo. - Establecer si dicha interpretación vulnera los principios de legalidad y taxatividad de las inhabilidades e incompatibilidades, derivados de los artículos 6, 29, 123 y 150 de la Constitución Política, al extender sus efectos a supuestos no previstos expresamente por el Legislador - Determinar si la interpretación cuestionada vulnera el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, al establecer un trato diferenciado entre quienes pueden acceder a los beneficios financiados con recursos parafiscales y quienes, por su vinculación con los órganos de dirección de los fondos, quedarían excluidos de estos. - — Establecer si la interpretación extensiva desconoce el derecho de asociación previsto en el artículo 38 de la Constitución Política y el mandato de

dirección de los fondos, quedarían excluidos de estos. - — Establecer si la interpretación extensiva desconoce el derecho de asociación previsto en el artículo 38 de la Constitución Política y el mandato de participación del subsector en la administración de los recursos parafiscales consagrado en el artículo 150, numeral 12, superior.

V. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO De manera subsidiaria, y con et fin de abordar integralmente los problemas jurídicos planteados, el Ministerio Público estructurará el análisis de ta siguiente manera: i) la naturaleza y el alcance de las inhabilidades e incompatibilidades y los principios de legalidad y taxatividad; ii) las contribuciones parafiscales y su destinación sectorial; iti) el derecho de asociación; y iv) el análisis del caso concreto.

  1. La naturaleza y el alcance de las inhabilidades e incompatibilidades y los principios de legalidad y taxatividad La jurisprudencia constitucional ha definido las inhabilidades como circunstancias previstas en el ordenamiento jurídico que impiden a una persona acceder o permanecer en determinados cargos o funciones públicas cuando se presentan los supuestos establecidos por ta Constitución o la ley. Estas restricciones tienen como finalidad proteger principios como la transparencia, la imparcialidad, la igualdad y laE PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA moralidad en el ejercicio de ta función pública. Por su parte, las incompatibilidades se retacionan con la imposibilidad de desarrollar determinadas actividades o ejercer simultáneamente ciertos cargos o funciones, con el propósito de preservar el adecuado desempeño de la función pública y evitar situaciones que puedan comprometer los intereses públicos. A su vez, las incompatibilidades se proyectan

simultáneamente ciertos cargos o funciones, con el propósito de preservar el adecuado desempeño de la función pública y evitar situaciones que puedan comprometer los intereses públicos. A su vez, las incompatibilidades se proyectan sobre el ejercicio de la función pública y establecen limitaciones orientadas, entre otros propósitos, a evitar conflictos de intereses y acumulaciones indebidas”. La Corte Constitucional ha señalado que las inhabilidades e incompatibilidades constituyen restricciones al ejercicio de derechos, particularmente del derecho de acceso a cargos públicos en el caso de las inhabilidades. Por esta razón, aunque el Legislador cuenta con un margen de configuración para establecer restricciones de esta naturaleza, dicho margen no es absoluto, pues debe respetar los límites establecidos por la Constitución y observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad”. En retación con las inhabilidades previstas directamente por la Constitución, la Corte Constitucional ha precisado que el Legislador no puede modificar sus elementos, ampliar sus efectos ni alterar los límites establecidos por el constituyente. En los demás casos, puede establecer causales adicionales, siempre que exista habilitación constitucional para ello y que las restricciones resulten compatibles con los derechos y principios reconocidos en la Carta Política. De esta manera, la facultad legislativa para configurar el régimen de inhabilidades encuentra como límites tanto el contenido constitucional de estas restricciones como los principios de razonabilidad y proporcionalidad”? Precisamente por su carácter restrictivo, la Corte Constitucional ha sostenido que las normas que establecen inhabilidades e incompatibilidades deben ser interpretadas de manera estricta. Esto significa que las causales deben aplicarse dentro de los

proporcionalidad”? Precisamente por su carácter restrictivo, la Corte Constitucional ha sostenido que las normas que establecen inhabilidades e incompatibilidades deben ser interpretadas de manera estricta. Esto significa que las causales deben aplicarse dentro de los supuestos expresamente previstos por el ordenamiento, sin que el intérprete pueda extenderlas mediante analogías o interpretaciones que terminen ampliando las restricciones al ejercicio de los derechos. En particular, la Corte ha reiterado que las inhabilidades son taxativas y de interpretación restrictiva, por tratarse de excepciones al derecho de acceso al ejercicio de funciones públicas”?. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha vinculado la interpretación restrictiva de las inhabilidades con los principios pro libertatis y pro persona. Así, cuando una disposición que establece una inhabilidad admite más de una interpretación posible, debe preferirse aquella que resulte menos restrictiva del derecho de acceso a los cargos públicos y de los derechos de participación política. Esta regla busca evitar que, mediante la interpretación, se amplíen las limitaciones establecidas por el constituyente o el legislador". La taxatividad constituye, a su vez, una exigencia estrechamente relacionada con el carácter restrictivo de estas normas. En términos generales, este principio exige que las consecuencias jurídicas que limitan derechos estén sustentadas en supuestos previamente definidos por el ordenamiento y que exista correspondencia entre el supuesto previsto en la norma y la situación concreta a la que se pretende aplicar. Por 1 Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 2026. 1 Corte Constitucional. Sentencias C-393 de 2019 y C-325 de 2009. ?2 Corte Constitucional. Sentencias C-393 de 2019 y C-325 de 2009.

1 Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 2026. 1 Corte Constitucional. Sentencias C-393 de 2019 y C-325 de 2009. ?2 Corte Constitucional. Sentencias C-393 de 2019 y C-325 de 2009. 1 Corte Constitucional. Sentencias SU-261 de 2021, SU-207 de 2022 y SU-082 de 2026. Corte Constitucional. Sentencias SU-207 de 2022, SU-501 de 2024 y SU-082 de 2026.> PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION COLOMBIA ello, tratandose de inhabilidades, el intérprete no puede extender las causales previstas por el ordenamiento a supuestos distintos de aquellos que la norma contempla', Esta exigencia adquiere especial importancia cuando la interpretación de una disposición puede producir una consecuencia restrictiva sobre los derechos de las personas. La Corte Constitucional ha advertido que los límites al ejercicio de los derechos fundamentales deben interpretarse restrictivamente y que, por tanto, el intérprete no puede modificar mediante la hermenéutica el alcance de tas restricciones fijadas por la Constitución o la ley. En particular, frente a las normas que consagran inhabilidades, la Corte Constitucional ha indicado que su aplicación extensiva puede convertiruna excepción en una regla y ampliar injustificadamente una limitación que el ordenamiento estableció de manera específica!, Por lo anterior, para establecer el alcance de una inhabilidad debe atenderse al supuesto previsto por la norma y determinarse si la situación concreta se encuentra comprendida en él, sin ampliar por vía interpretativa las restricciones establecidas por el ordenamiento”. Las contribuciones parafiscales y su destinación sectorial La Constitución Política reconoce las contribuciones parafiscales como una categoría

comprendida en él, sin ampliar por vía interpretativa las restricciones establecidas por el ordenamiento”. Las contribuciones parafiscales y su destinación sectorial La Constitución Política reconoce las contribuciones parafiscales como una categoría particular de los tributos, al atribuir al Congreso de la República la competencia para establecer, excepcionalmente, contribuciones parafiscales, conforme al artículo 150, numeral 12, y al disponer, en el artículo 338, que en tiempo de paz solamente los órganos de representación popular pueden imponer contribuciones fiscales o parafiscales o autorizar su determinación conforme a la ley. La Corte Constitucional ha señalado que la parafiscalidad constituye una figura de rango constitucional dotada de características propias que la diferencian de las demás especies tributarias y que responde a finalidades específicas de financiación sectorial'?, La jurisprudencia constitucional ha señalado que las contribuciones parafiscales conservan naturaleza tributaria, pero se distinguen de los impuestos y de las tasas porque recaen obligatoriamente sobre un sector determinado y los recursos obtenidos se destinan a la financiación de actividades que benefician al mismo grupo gravado. De esta manera, la parafiscalidad se caracteriza por la existencia de una relación entre el grupo que soporta la carga económica y el sector al cual se destinan’®. Con fundamento en ese desarrollo constitucional, ta Corte Constitucional ha definido las contribuciones parafiscales como gravámenes obligatorios creados por la ley que afectan exclusivamente a un determinado grupo, gremio, sector económico o categoría de personas y cuyos recursos se destinan, de manera exclusiva, a la financiación de actividades que benefician al mismo sector que soporta la carga

afectan exclusivamente a un determinado grupo, gremio, sector económico o categoría de personas y cuyos recursos se destinan, de manera exclusiva, a la financiación de actividades que benefician al mismo sector que soporta la carga económica. Por ello, la obligatoriedad y la destinación sectorial constituyen elementos centrales para identificar esta clase de tributos”. 1 Corte Constitucional. Sentencias C-393 de 2019, SU-261 de 2021 y SU-207 de 2022. ® Corte Constitucional. Sentencias SU-261 de 2021 y C-305 de 2021. 7 Corte Constitucional. Sentencias C-393 de 2019, SU-207 de 2022 y SU-082 de 2026. 1 Corte Constitucional. Sen

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...