PGN - Concepto RE-413 de 2026

Procuraduria General de la Nacion

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Detalles

Título
PGN - Concepto RE-413 de 2026
Autor
Procuraduria General de la Nacion
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Disciplinario
Año
2026

Bogotá, D.C., noviembre de 2026.

Honorables Magistrados

CORTE CONSTITUCIONAL

M.P. PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Ciudad

Expediente: RE-413

Referencia: Control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo No. 1381 del 9 de septiembre de 2026 “Por el cual se adoptan medidas en materia de inversiones interjurisdiccionales en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional declarado mediante el Decreto 1261 de 2026 modificado a través del Decreto 1348 de 2026”

Concepto No. 7648

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 242 y el numeral 5 del artículo 278 de la Constitución Política, rindo el concepto de rigor en el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

En el marco de la emergencia económica y social declarada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1261 de 2026, modificado por el Decreto 1348 de 2026, el 09 de septiembre de 2026 se expidió el Decreto Legislativo 1381, por el cual se adoptan medidas en materia de inversiones interjurisdiccionales, cuyo texto puede consultarse en el Diario Oficial No. 53.621.

La magistrada sustanciadora, mediante Auto del 16 de septiembre de 2026, avocó el conocimiento y ordenó dar traslado al Procurador General de la Nación para que emita el concepto de acuerdo con su competencia constitucional , actuación realizada mediante oficio 404 del 20 de octubre de 2026.

conocimiento y ordenó dar traslado al Procurador General de la Nación para que emita el concepto de acuerdo con su competencia constitucional , actuación realizada mediante oficio 404 del 20 de octubre de 2026.

II. COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

La Corte Constitucional es competente para ejercer el control de constitucionalidad de los decretos legislativos, de conformidad con lo previsto en los artículos 215 y 241, numeral 7, de la Constitución.

III. ASUNTO OBJETO DE REVISIÓN

El Decreto Legislativo 1381 de 2026 adopta medidas en materia de inversiones interjurisdiccionales, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado con el Decreto 1261 de 2026, modificado por el Decreto 1348 de

2026. El decreto en mención contiene una parte considerativa en la que expone los fundamentos constitucionales y legales que habilitan su expedición, así como lasrazones que justifican la adopción de las medidas previstas. En su parte resolutiva, dicho decreto adoptó tres previsiones que se sintetizan a continuación:

Artículo Contenido general Ámbito de aplicación y acreditación de la afectación 1 Dispone que la medida prevista en el decreto se aplicará exclusivamente para las entidades territoriales comprendidas en el ámbito territorial establecido en el artículo 1 del Decreto 1261 de 2026, modificado por el Decreto 1348 de 2026. Financiación de inversiones interjurisdiccionales sin beneficio propio 2 Habilita a las entidades territoriales para financiar o cofinanciar proyectos de inversión que se ejecuten por fuera de su jurisdicción, aunque no reciban un beneficio propio , si estos proyectos

Financiación de inversiones interjurisdiccionales sin beneficio propio 2 Habilita a las entidades territoriales para financiar o cofinanciar proyectos de inversión que se ejecuten por fuera de su jurisdicción, aunque no reciban un beneficio propio , si estos proyectos (i) se localizan en una entidad territorial comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 1 del Decreto 1261 de 2026 modificado por el decreto 1348 de 2026 , y (ii) tienen relación directa y específica con la respuesta, rehabilitación, recuperación o reconstrucción de los daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Establece un límite tem poral de la medida (hasta el 31 de diciembre de 2027) ; exige que la financiación se autorice por la respectiva asamblea o concejo, y se formalice mediante convenio interadministrativo, determinando los asuntos mínimos que debe contener; además, precisa las entidades que podrán fungir como ejecutoras del proyecto ( la receptora de la inversión y la inversionista). Vigencia 3 Dispone que el decreto legislativo rige a partir de su publicación

IV. CUESTIÓN PREVIA

La Corte Constitucional adelanta el estudio de constitucionalidad de los d ecretos 1261 de 2026, que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública, y 1348 de 2026, modificatorio1, en relación con los cuales el Procurador General de la Nación rindió el concepto 7635 de 2026 y solicitó declarar su exequibilidad, “ en el entendido de que el ámbito territorial de la declaratoria (…) únicamente comprende (i) los 496 municipios que, según el Reporte Situacion al No.

exequibilidad, “ en el entendido de que el ámbito territorial de la declaratoria (…) únicamente comprende (i) los 496 municipios que, según el Reporte Situacion al No. 54 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), registraron afectaciones por el sismo del 10 de agosto de 2026, y (ii) los demás municipios respecto de los cuales pueda demostrarse, de manera precisa, una afectación concreta derivada de la misma causa”.

En ese contexto, el examen del Decreto Legislativo 1381 de 2026 se desarrollará en armonía con el sentido de la solicitud elevada por el Ministerio Público a la Corte Constitucional, y conforme a los requisitos formales y materiales previstos para los decretos legislativos expedidos en desarrollo del estado de excepción.

V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico por resolver consiste en determinar si el Decreto Legislativo 1381 del 9 de septiembre de 2026 , se ajusta formal y materialmente a los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley 137 de 1994, Ley Estatutaria de los Estados de Excepción (LEEE), para los decretos legislativos expedidos en desarrollo de un Estado de Emergencia.

VI. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Para abordar el problema jurídico planteado, el Ministerio Público realizará el examen de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1381 de 2026, lo que corresponde ( 1) a la verificación de los requisitos formales exigidos para su expedición y (2) al análisis de

de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1381 de 2026, lo que corresponde ( 1) a la verificación de los requisitos formales exigidos para su expedición y (2) al análisis de

1 Procesos RE-409 y RE-410, acumulados.los presupuestos materiales a partir de los juicios desarrollados por la jurisprudencia constitucional, y se presentarán las conclusiones correspondientes.

1. Análisis de los presupuestos formales del Decreto Legislativo 1381 de 2026

Para la Procuraduría General de la Nación, del análisis de los elementos probatorios incorporados al expediente digital RE -413 así como del texto del Decreto Legislativo 1381 de 2026 , se colige que cumple con los requisitos formales exigidos para su expedición. Lo anterior se evidencia en los términos que se exponen a continuación:

Firma del presidente de la República y de todos los ministros: el requisito se encuentra satisfecho, toda vez que el decreto fue suscrito por el presidente de la República, y por todos los ministros que integraban el gabinete al momento de su expedición2. En total, lo firmaron dieciocho (18) ministros titulares, teniendo en cuenta que el Decreto 626 de l 19 de junio de 2026 ordenó la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, y suprimió el cargo del ministro de Igualdad y Equidad3.

Motivación4: se cumple de manera expresa y suficiente. El decreto contiene una motivación precisa, en la que se exponen los fundamentos constitucionales y fácticos que sustentan su expedición, así como la finalidad de las medidas adoptadas y su vínculo con el estado de emergencia económica y social declarado mediante el

motivación precisa, en la que se exponen los fundamentos constitucionales y fácticos que sustentan su expedición, así como la finalidad de las medidas adoptadas y su vínculo con el estado de emergencia económica y social declarado mediante el Decreto Legislativo 1261 de 2026.

En la parte considerativa se reiteraron algunas de las circunstancias que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, resaltando la magnitud de la calamidad pública derivada del sismo del 10 de agosto de 2026 y la limitada capacidad financiera de las entidades territoriales afectadas para atender las necesidades generadas con motivo de la emergencia. Asimismo, argumentó porqué supera cada uno de los juicios materiales.

Delimitación temporal: se cumple con este requisito, pues el decreto fue expedido el 09 de septiembre de 2026, esto es, dentro del término de 30 días de declaratoria de la emergencia.

Delimitación territorial: se cumple con esta exigencia, en la medida en que desarrolla el estado de emergencia y tiene lugar en las entidades territoriales comprendidas en el ámbito definido en la declaratoria. Al respecto, la Procuraduría considera necesario reiterar el concepto 7635 de 2026 , para precisar , “ que el ámbito territorial de la declaratoria (…) únicamente comprende (i) los 496 municipios que, según el Reporte Situacional No. 54 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

(UNGRD), registraron afectaciones por el sismo del 10 de agosto de 2026, y (ii) los demás municipios respecto de los cuales pueda demostrarse, de manera precisa, una afectación concreta derivada de la misma causa”.

Remisión a la Corte Constitucional : este requisito también se encuentra cumplido,

demás municipios respecto de los cuales pueda demostrarse, de manera precisa, una afectación concreta derivada de la misma causa”.

Remisión a la Corte Constitucional : este requisito también se encuentra cumplido, pues el decreto fue enviado al día siguiente de su expedición, por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República5.

2 Con OFI26-00040043 / AGEO 14000000 de 2026 el secretario jurídico de la Presidencia de la República informó que “mediante Decreto 1136 del 7 de agosto de 2026, se nombró a los ministros y ministras de las carteras ministeriales que suscribieron el Decreto 1381 de 2026” y que para el 9 de septiembre de 2026, “se encontraban posesionados y en ejercicio de sus funciones”. 3 Artículos 1 y 6 (parágrafo), del Decreto 626 de 2026. 4 En este punto del análisis no es necesario estudiar la suficiencia de la motivación, pues dicho análisis se realizará en la e tapa del examen material del decreto. 5 OFI26-00026451 / AGEO 14000000 del 10 de septiembre de 2026, que obra en el expediente digital RE-413.Así las cosas, el Decreto Legislativo 1381 de 2026 satisface los requisitos formales previstos en el artículo 215 superior y en la LEEE, por lo que se procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos materiales.

2. Cumplimiento de los presupuestos materiales del Decreto Legislativo 1381 de 2026

A continuación, se agotarán los juicios definidos para revisar la constitucionalidad de la medida específicamente adoptada (artículo 2), advirtiendo, desde ahora, que los

de 2026

A continuación, se agotarán los juicios definidos para revisar la constitucionalidad de la medida específicamente adoptada (artículo 2), advirtiendo, desde ahora, que los artículos 1 y 3 del Decreto Legislativo son previsiones generales que fijan su ámbito de aplicación y vigencia, sobre las cuales no se presenta cuestionamiento constitucional particular, más allá de lo dicho frente al ámbito territorial de la declaratoria.

Para una mejor comprensión, se presenta una síntesis del resultado del análisis efectuado respecto de la medida adoptada en el decreto legislativo bajo examen, precisando los juicios de constitucionalidad que se superan:

MEDIDA

FINALIDAD

CONEXIDAD MATERIAL

MOTIVACIÓN

SUFICIENTE

AUSENCIA DE

ARBITRARIEDAD

INTANGIBILIDAD

NO CONTRADICCIÓN

ESPECÍFICA

INCOMPATIBILIDAD

NECESIDAD

PROPORCIONALIDAD

NO DISCRIMINACIÓN CONCLUSIÓN Financiación de inversiones interjurisdiccionales sin beneficio propio (art. 2)

▲ ▲

Constitucionalidad condicionada Convenciones: ✔ cumple; X No cumple; ▲ cumple parcialmente; N/A: No aplica6.

2.1. Juicios de finalidad y conexidad material

Para la Procuraduría, la medida contenida en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1381 de 2026 se dirige a conjurar los efectos de la declaratoria de emergencia, por lo que se cumple con el presupuesto de finalidad. En efecto, el levantamiento temporal del requisito de beneficio propio para la financiación de inversiones interjurisdiccionales

de 2026 se dirige a conjurar los efectos de la declaratoria de emergencia, por lo que se cumple con el presupuesto de finalidad. En efecto, el levantamiento temporal del requisito de beneficio propio para la financiación de inversiones interjurisdiccionales en zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026, permite ampliar las fuentes de financiación para atender el desastre y las necesidades derivadas de este, en tales entidades territoriales con menor capacidad fiscal, facilitando las tareas de respuesta, rehabilitación, recuperación o reconstrucción7.

Igualmente se cumple con la conexidad externa porque se acreditó el nexo existente entre las normas de excepción adoptadas en el decreto de desarrollo y los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia. Para acreditar este juicio, en el Decreto Legislativo 1381 de 2026 se aludió al Decreto 1261 de 2026 y se mencionaron aquellas circunstancias constitutivas de las afectaciones que dieron lugar a la declaratoria de emergencia, particularmente la "afectación territorial extensa

6 La Corte Constitucional ha evidenciado algunas divergencias en el orden, contenido y agrupación de los juicios que conforman la revisión material de los decretos legislativos. A pesar de que dichas diferencias “ no han afectado el rigor del control constitucional”, en Sentencia C -405 de 2020 indicó que el orden en el que deben ser aplicados es el siguiente: finalidad, conexidad material, motivación suficiente, ausencia de arbitrariedad, intangibilidad, no contradicción específica, incompatibilidad, necesidad, prop orcionalidad y no discriminación. Partiendo de estas consideraciones, la expresión “ No

conexidad material, motivación suficiente, ausencia de arbitrariedad, intangibilidad, no contradicción específica, incompatibilidad, necesidad, prop orcionalidad y no discriminación. Partiendo de estas consideraciones, la expresión “ No aplica”, se utiliza para indicar que no se realizaran los juicios respectivos, al no superarse los juicios que los preceden. 7 Decreto Legislativo 1261 de 2026, p. 10 y 14.y desigual, (la) dispersión masiva de los daños y la necesidad de movilizar recursos públicos adicionales mediante una respuesta oportuna, coordinada y proporcional”8.

Al considerar que “la magnitud del terremoto puede concentrar las necesidades más urgentes en entidades con menor capacidad fiscal”, sostuvo que “Autorizar que otras entidades financien o cofinancien proyectos en esos territorios hace efectivos los principios de coordinación, concurrencia y solidaridad, siempre que la inversión se ubique dentro del ámbito de la emergencia, tenga relación directa y e specífica con el desastre y se someta a autorización, convenio, supervisión y rendición de cuentas”9.

Asimismo, señaló que la naturaleza súbita, extraordinaria e imprevisible del sismo del 10 de agosto de 2026 configura una grave calamidad pública que ameritó medidas especiales para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos, lo cual es concordante con el artículo 3 del Decreto Legislativo1261 de 2026 . En esa línea, la habilitación temporal para que las entidades territoriales financien o cofinanci en proyectos de inversión que se ejecuten por fuera de su jurisdicció n, para atender daños en otra entidad con menor capacidad fiscal y que se ha afectado de manera concreta por la crisis , aunque no reciban un beneficio propio, revela el vínculo

proyectos de inversión que se ejecuten por fuera de su jurisdicció n, para atender daños en otra entidad con menor capacidad fiscal y que se ha afectado de manera concreta por la crisis , aunque no reciban un beneficio propio, revela el vínculo existente entre las medidas de desarrollo adoptadas y las razones que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción.

En cuanto a la conexidad interna, la Procuraduría advierte que el Decreto 1381 de 2026 guarda relación con los considerandos expuestos para motivarla. Con el propósito de explicar su articulado, el decreto mencionó los apartes del Decreto 1261 de 2026 en los que se fundamenta , aludió a las cargas que asumen las entidades frente a la magnitud total del daño generado con motivo del sismo del 10 de agosto de 2026, la limitación de orden cuantitativo para afrontarlas, y la asimetría fiscal respecto de las entidades que cuentan con una mayor capacidad y no fueron afectadas.

Concretamente, el Decreto 1381 de 2026 señaló que “según el reporte realizado en la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUlPO), con corte a junio de 2026, las entidades afectadas incluidas en el reporte situacional No. 40 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres p resupuestaron para la vigencia 2026 recursos por $982.646 millones, equivalentes a un promedio de $1.977 millones por entidad”, recursos que presentan además, “ una alta concentración en las entidades territoriales de mayor tamaño y capacidad fiscal”.

Agregó que “las entidades territoriales no afectadas concentran aproximadamente el 55% del total de los ingresos corrientes de libre destinación de las entidades

las entidades territoriales de mayor tamaño y capacidad fiscal”.

Agregó que “las entidades territoriales no afectadas concentran aproximadamente el 55% del total de los ingresos corrientes de libre destinación de las entidades territoriales del país y cuentan con recursos presupuestados para la vigencia 2026 en sus Fondos de Gestió n del Riesgo de Desastres por $924.027 millones ”. De igual manera, señaló la limitación legal del artículo 278 de la Ley 2294 de 2023, que habilita inversiones interjurisdiccionales pero exige que las entidades aportantes también se beneficien, y la imposibilidad de superarla por la vía ordinaria.

En consecuencia, el Decreto faculta a las entidades territoriales para financiar o cofinanciar proyectos de inversión localizados en una entidad territorial comprendida en el ámbito de aplicación del Decreto 1261 de 2026, modificado por el Decreto 1348

8 Cfr. Juicios de realidad (p. 2 y 3) y de gravedad (p. 4 a 7) del Decreto Legislativo 1261 de 2026. 9 Decreto 1381 de 2026, p. 6., consonante con el Decreto 1261 de 2026, p. 10.de 2026, que tenga n relación directa y específica con los daños ocasionados por el sismo del 10 de agosto de 2026, eliminando la barrera del “beneficio propio”. Para ello, establece una serie de condiciones en su autorización, formalización y supervisión.

2.2. Juicio de motivación suficiente

Para el Ministerio Público, el decreto legislativo en examen tiene una fundamentación expresa y adecuada de la medida adoptada, pues se apoya en razones suficientes que explican y justifican su excepcionalidad. Busca ampliar las fuentes de financiación

Para el Ministerio Público, el decreto legislativo en examen tiene una fundamentación expresa y adecuada de la medida adoptada, pues se apoya en razones suficientes que explican y justifican su excepcionalidad. Busca ampliar las fuentes de financiación disponibles para atender el estado de calamidad generado por e l sismo del 10 de agosto de 2026, y las necesidades derivadas de este, reconociendo las diferencias en la capacidad financiera de las entidades territoriales, para lo cual el Gobierno presentó una justificación que explica las medidas adoptadas.

En el decreto examinado, se presentaron las razones que presuponen un análisis que derivó en la habilitación de un mecanismo que permi te la concurrencia y solidaridad entre entidades territoriales, “de manera que aquellas no afectadas por el desastre y que cuenten con capacidad financiera puedan destinar recursos para financiar inversiones en las jurisdicciones afectadas, aun cuando de estas no se derive un beneficio directo para la entidad aportante”10.

Se sustentó que la medida excepcional se sujeta a un término razonable , hasta el 31 de diciembre de 2027, si se tiene en cuenta que esta “extensión temporal se explica por la naturaleza y dimensión de los daños producidos por el terremoto ”11, pues los proyectos financiables deben tener una “ relación directa y específica con la respuesta, rehabilitación, recuperación o reconstrucción de los daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto de 2026”12.

Es así como la motivación expone el presupuesto fáctico de las medidas , en especial respecto de la distribución territorialmente desigual de los daños de cada entidad territorial para asumir los gastos que la atención de la emergencia exige y la

Es así como la motivación expone el presupuesto fáctico de las medidas , en especial respecto de la distribución territorialmente desigual de los daños de cada entidad territorial para asumir los gastos que la atención de la emergencia exige y la insuficiencia financiera para afrontar estas necesidades , la importancia de eliminar temporalmente la barrera dispuesta en el artículo 278 de la Ley 2294 de 2023, y de conservar la trazabilidad, al exigir que su realización esté mediada por la “autorización de la corporación, relación directa con el terremoto, localización en una entidad cobijada por la emergencia y convenio que defina proyecto, aportes, ejecutor, beneficiarios, desembolsos, supervisión, riesgos, activos y rendición de cuentas ”; además, alude a la excepcionalidad de las medidas13.

Sobre este punto, es importante destacar, desde ahora, que el análisis del Decreto Legislativo 1381 de 2026 se centra en la discusión sobre la existencia de una desigualdad fiscal entre las entidades territoriales y la urgencia de disponer de un mecanismo de solidaridad que permita que aquellas no afectadas , y que tienen una mayor capacidad fiscal, puedan realizar inversiones encaminadas a la superación de los efectos de la crisis. En este orden de ideas, se valora la información contenida en la norma de excepción para motivar la medida adoptada, que da cuenta de la distinta capacidad fiscal de las entidades territoriales (afectadas y no afectadas).

10 Decreto 1381 de 2026, p. 4. 11 Oficio del 22 de septiembre de 2026, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 12 Decreto 1381 de 2026, artículo 2.

10 Decreto 1381 de 2026, p. 4. 11 Oficio del 22 de septiembre de 2026, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 12 Decreto 1381 de 2026, artículo 2. 13 Ibid.Sin embargo, aunque el Decreto no busca presentar un balance presupuestal preciso sobre el cual se ejerza el control de constitucionalidad , la Procuraduría advierte que las cifras presentadas, particularmente en el aparte denominado presupuesto fáctico, generan una serie de inquietudes ante la ausencia de elementos claros para su comprensión. Es así como, por ejemplo, da cuenta del presupuesto realizado por las entidades afectadas (reporte CUlPO, con corte a junio de 2026, por $982.646 millones, equivalentes a un promedio de $1.977 millones por entidad ), para luego referirse a la distinta concentración en las entidades territoriales y al promedio que disponen según su categoría, sin definir un elemento comparativo específico que sea concluyente sobre la realidad presupuestal.

Bajo esa premisa, estas previsiones no afectan ni limitan derechos constitucionales, de manera que no se hace exigible una carga argumentativa especial14.

2.3. Juicios de ausencia de arbitrariedad, intangibilidad, no contradicción específica e incompatibilidad

Visto el propósito de las normas incorporadas al ordenamiento por medio del decreto legislativo bajo estudio, para la Procuraduría se supera el juicio de no arbitrariedad, toda vez que las medidas adoptadas en materia de inversiones interjurisdiccionales no interrumpe n el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni del andamiaje estatal. Como se explicó, se trata de previsiones orientadas a posibilitar un

toda vez que las medidas adoptadas en materia de inversiones interjurisdiccionales no interrumpe n el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni del andamiaje estatal. Como se explicó, se trata de previsiones orientadas a posibilitar un mecanismo de financiación, superando la limitación legal de su aplicación fijada en el artículo 278 de Ley 2294 de 2023, durante un término específico y para ciertos proyectos de inversión, que se deberán formalizar en convenios interadministrativos, el cual puede ser utilizado por las entidades territoriales de manera potestativa.

Similar línea sigue el análisis de la intangibilidad, por cuanto el Decreto Legislativo 1381 de 2026 no afecta, suspende o vulnera derechos fundamentales ni los derechos intangibles de los que tratan los artículos 93 y 214 de la Constitución, en cambio, como se analizará más adelante, fomenta la concurrencia y solidaridad entre entidades territoriales, contribuye ndo al cumplimiento de fines esenciales como promover la prosperidad y garantizar la efectividad de los derechos y deberes constitucionales.

En cuanto al juicio de no contradicción específica , también se satisface porque el decreto bajo estudio (i) no contraría de manera específica la Constitución o los tratados internacionales, (ii) ni desconoce el marco normativo de la actuación del Ejecutivo en el estado de excepción, esto es, el grupo de restricciones descritas en los artículos 47 (facultades del Gobierno en virtud de la declaración de la emergencia), 49 (reforma, adiciones o derogaciones de medidas por parte del Congreso) y 50 (abstención de desmejora de los derechos sociales de los trabajadores) de la LEEE.

Respecto del juicio de incompatibilidad, la Procuraduría considera que el Gobierno

(reforma, adiciones o derogaciones de medidas por parte del Congreso) y 50 (abstención de desmejora de los derechos sociales de los trabajadores) de la LEEE.

Respecto del juicio de incompatibilidad, la Procuraduría considera que el Gobierno Nacional explica razonablemente la suspensión de las normas ordinarias del caso , ante su disconformidad con el estado de emergencia.

Ciertamente, aunque en su resolutivo no ordena de manera expresa la suspensión del artículo 278 de la Ley 2294 de 2023, la habilitación del artículo 2 del decreto legislativo tiene este efecto, en la medida en que permite que las entidades territoriales financien

14 Corte Constitucional. Sentencia C-459 de 2020.inversiones interjurisdiccionales, sin beneficio propio, siendo este un requisito de la norma ordinaria, que en su tenor literal dispone (énfasis agregado):

“Las entidades territoriales podrán financiar proyectos de inversión que contemplen la ejecución de recursos por fuera de su jurisdicción, pudiendo beneficiar con la prestación de bienes y servicios a otras entidades territoriales, siempre y cuando la entidad o entidades territoriales que destinen recursos al proyecto se beneficien de este . Para tal efecto, las entidades intervinientes deberán suscribir previamente un convenio que incluya las condiciones para su financiación y ejecución, en el que se especifiquen los beneficios del proyecto para las entidades territoriales que aportan recursos . PARÁGRAFO. Para la suscripción del convenio que hace referencia el presente artículo, las entidades territoriales intervinientes deberán contar con las respectivas autorizaciones de las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, según corresponda.”.

Dicha limitación, es consonante con las disposiciones presupuestales ordinarias,

las entidades territoriales intervinientes deberán contar con las respectivas autorizaciones de las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, según corresponda.”.

Dicha limitación, es consonante con las disposiciones presupuestales ordinarias, conforme a las cuales cada entidad territorial ordena el gasto público en el marco de su jurisdicción, para la atención de los intereses y necesidades que le son propias15. Igualmente, se advierte que el artículo 251 de la Ley 1955 de 201916 contiene una regla similar, al permitir que las entidades territoriales financien “de manera conjunta y concertada iniciativas de gasto por fuera de su jurisdicción ”, condicionando esta posibilidad a la existencia de un beneficio.

Así, la remoción temporal de la referida barrera se explica a partir de la importancia de “habilitar mecanismos que permitan la concurrencia y solidaridad entre entidades territoriales, de manera que aquellas no afectadas por el desastre y que cuenten con capacidad financiera puedan destinar recursos para financiar inversiones en las jurisdicciones afectadas, aun cuando de estas no se derive un beneficio directo para la entidad aportante”17, estableciendo para ello un límite y condiciones que garantizan la deliberación democrática y debida formalización.

2.4. Juicio de necesidad

Al revisar el cumplimiento de este presupuesto, la Procuraduría encuentra que las medidas adoptadas con el Decreto Legislativo 1381 de 2026 para habilitar la financiación de inversiones interjurisdiccionales, sin beneficio propio, se ajustan parcialmente a los criterios de necesidad fáctica y necesidad jurídica.

En cuanto a la necesidad fáctica, el Decreto Legislativo que se examina toma como

financiación de inversiones interjurisdiccionales, sin beneficio propio, se ajustan parcialmente a los criterios de necesidad fáctica y necesidad jurídica.

En cuanto a la necesidad fáctica, el Decreto Legislativo que se examina toma como punto de partida la necesidad de tomar como referente la magnitud total del daño generado con motivo del sismo del 10 de agosto de 2026 y la carga que debe asumir cada entidad territorial, según la distribución del daño material desde una perspectiva espacial y el monto de los aportes de los sujetos que concurrirán a

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