PGN-DAÑO ANTIJURIDICO A causa de una mina antipersona el actor le produjo una deformidad f

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por lesiones sufridas por el demandante a causa de una mina antipersona cuando se dedicaba a erradicar cultivos ilícitos DAÑO ANTIJURÍDICO-A causa de una mina antipersona el actor le produjo una deformidad física y pérdida de su capacidad laboral Con los elementos de juicios allegados al plenario el Ministerio Público encuentra que la parte actora logró demostrar haber padecido las lesiones y secuelas cuyo resarcimiento reclama, los cuales fueron padecidos en labores de erradicación manual de cultivos ilícitos que era vigilada y dirigida por la Policía Nacional de Colombia, tal como lo admitió dicha entidad en sus alegatos de conclusión y en la impugnación objeto de estudio. Las repercusiones de los hechos objeto de demanda fueron descritas mediante informe técnico médico legal de lesiones no fatales remitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal, en el cual se indicó que a causa de una mina antipersona el actor le produjo una deformidad física que afectaba el cuerpo de carácter permanente, y que las secuelas de tipo funcional a nivel oftalmológico y auditivo debían ser fijadas con una valoración de la EPS a la que pertenecía el actor. Según el informe de la Junta de Calificación de Invalidez de Caldas elaborado el 19 de julio de 2009, el actor alcanzó un nivel de pérdida de su capacidad laboral del 32,34%, el cual comprendía los aspectos de deficiencia, discapacidad, y minusvalía. DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO-Para con los erradicadores ni tampoco se verificó las condiciones de la zona

Es de anotar que Policía Nacional de Colombia no se esmeró en demostrar la manera en que cumplió con sus labores de protección para con los erradicadores ni con la revisión y verificación de las condiciones de la zona en que dichas personas debían realizar su trabajo, ni tampoco esgrimió señalamiento alguno que permitiera inferir una culpa exclusiva y determinante de la víctima en su producción, pues lo acreditado es que la estaban realizando conforme a las instrucciones que se les habían suministrado, por lo que afirmar que la entidad actuó bien frente a los hechos objeto de demanda es una conducta procesal carente de respaldo y descabellada frente a las consecuencias que tuvo que padecer el actor. Aunado a lo anterior, el actor no se encontraba en dicho lugar como un experto en explosivos sino en tareas de erradicación manual de cultivos ilícitos, actividad que solo podían desarrollar cuando existía seguridad que la zona estaba libre de artefactos explosivos o minas antipersona, pero como pudo verse en el presente asunto dicho lugar no estaba libre de las mismas porque no debió realizarse la revisión previa que estaba a cargo de los ingenieros expertos en explosivos de la Policía Nacional. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Daño antijurídico El inciso segundo del artículo segundo de nuestra Carga Magna indica que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares y, a su vez, el artículo 90 consagra una cláusula general de responsabilidad extracontractual al Estado fundamentada en

la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública por su acción u omisión.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 500012331000200600937 (54381) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2015-349426 Del mismo modo, la Convención de Ottawa obliga al Estado Colombiano, como Estado parte, a cumplir los postulados y compromisos establecidos y a adoptar las acciones y medidas frente al Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y Destrucción. DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO-Se omitió revisar y verificar que en dicho terreno no existieran artefactos explosivos Es claro que en el presente asunto la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional incumplió sus deberes de protección de la vida de las personas que estaban realizando labores de erradicación manual de cultivos ilícitos, pues pese a estar obligado a ello, omitió revisar y verificar que en dicho terreno no existieran artefactos explosivos, por lo cual se produjo la explosión de uno de dichos elementos y se ocasionaron las ya mencionadas consecuencias para el actor. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Por los perjuicios ocasionados con la explosión de la mina antipersonal que afectó al actor Al haberse demostrado la ocurrencia de un daño antijurídico que afectó al demandante y la imputación del mismo a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, era menester

declarar su responsabilidad administrativa y condenarla al pago de los perjuicios ocasionados al actor, tal como se decidió en primera instancia. Los hechos en mención no pueden endilgarse a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, en atención a que esta se limitó a dirigir el programa con el que se contrataba las personas que debían realizar las labores de erradicación manual de cultivos ilícitos, pero no tenía el dominio de su ejecución, pues la misma estaba coordinada y vigilada por la Policía Nacional, entidad que debía brindar la protección y seguridad necesaria a las personas involucradas en dicha actividad, pero tal como se ha venido esbozando, dicha obligación fue incumplida y, en dicho sentido, genera responsabilidad por los daños ocasionados con tales omisiones. En conclusión, como en el sub examine se demostró la responsabilidad administrativa de la Policía Nacional de Colombia, es menester solicitar la declaratoria de responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al igual que la condena al pago de los perjuicios ocasionados con la explosión de la mina antipersonal que afectó al actor. 2 500012331000200600937 (54381) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2015-349426

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 6 de octubre de 2015

Doctor

RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 15-218

Acción: Reparación Directa

Radicado: 500012331000200600937 (54381)

Actor: Heriberto Ríos Herrera y Luceny Sánchez Arias

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Honorable Señor Consejero: Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, mediante el cual se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las

argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, los señores HERIBERTO RÍOS HERRERA y LUCENY SÁNCHEZ ARIAS solicitaron al Tribunal Administrativo del Meta que se declarara la responsabilidad administrativa de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los perjuicios ocasionados con las lesiones sufridas por el actor principal cuando se dedicaba a labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en el municipio de la Macarena (Meta). 3 500012331000200600937 (54381)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2015-349426 Contestación La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional no contestó la demanda dentro del término legal concedido para tal efecto. Sentencia Mediante decisión del 12 de agosto de 2014 el Tribunal Administrativo del Meta declaró la responsabilidad administrativa de NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL por los hechos objeto de demanda y, en

consecuencia, condenó al pago de los perjuicios materiales e inmateriales que encontró demostrados en el plenario, teniendo como presupuesto las consideraciones de mayor relevancia que pasan a indicarse: “(…) iii.- Vistos los anteriores aspectos para la Sala era evidente que existía una situación de riesgo que advertía la posibilidad de un ataque contra el personal civil que cumplía las labores de erradicación de cultivos ilícitos, ya que era de conocimiento de la Policía Nacional la presencia del grupo subversivo FARC en la zona y también se sabía del control que ejercía uno de sus frentes en el manejo de este tipo de cultivos. iv.- Tal como lo explicó el Director de la Policía Nacional las coordinaciones de inteligencia adelantadas permitieron la detención de campos minados, logrando garantizar un 98 % la vida e integridad del personal que participó en las labores de erradicación, sin embargo, “…se escaparon hechos circunstanciales, en virtud a que las FARC optaron por colocar artefactos explosivos artesanales y minas antipersona en la raíz de las plantas de los cultivos ilícitos, factor sorpresa para los erradicadores al momento de manipular la planta. v.- Otro aspecto a resaltar, es que ya se habían presentado hechos terroristas en la zona, tal como lo detalla uno de los testigos al expresar que ya se habían muerto algunas personas y un erradicador había resultado herido (JESÚS ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ…), por su parte, el Director de la Policía informó que dentro del periodo comprendido del 1 de enero al 1 de marzo de 2006 fueron activados 4 campos minados que comprometieron la vida

de 2 civiles y 4 más heridos, además de un militar muerto y 6 heridos. 4 500012331000200600937 (54381) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2015-349426 (…) vii.- Conforme a estos aspectos, este Cuerpo Colegiado considera plenamente demostrado que la Policía Nacional efectivamente tenía a su cargo la seguridad personal que cumplía funciones de erradicación manual de cultivos ilícitos en la Serranía de la Macarena (Meta), de manera que su labor no fue suficiente y diligente para el día 1 de marzo de 2006, al no haberse realizado las labores correspondiente de detección o desactivación de minas antipersona como actividad previa al ingreso de este grupo de civiles a su trabajo de erradicación, incurriendo en una falla del servicio policivo de vigilancia y prevención, incurriendo en una falla del servicio policivo de vigilancia y prevención, máxime cuando se vivían en dicha zona extraordinarias circunstancias de violencia y se habían presentado actos terroristas por parte de la guerrilla, de manera que puede concluirse que el Estado no brindó la protección que en este caso requerían estos trabajadores, entre ellos el actor HIRBERTO RÍOS HERRERA y con su conducta omisiva se generaron los perjuicios que hoy demanda. (…)” Apelación El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional solicitó la revocatoria de la decisión de primera instancia por considerar que la entidad había prestado la vigilancia requerida para preservar la vida de los erradicadores, que no existía prueba alguna de omisión a su cargo, que el daño se produjo por el hecho de

un tercero, y que no estaba legitimada por pasiva para responder por los perjuicios ocasionados por los hechos objeto de demanda, ya que era Acción Social encargada de vincular el personal dedicado a las labores de erradicación manual de cultivos ilícitos.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problemas Jurídicos  ¿Los daños cuya reparación solicita la parte actora son atribuibles a la Policía Nacional? 5 500012331000200600937 (54381)

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2. Análisis Jurídico El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la

autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. 6 500012331000200600937 (54381) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2015-349426 Ahora bien, el Consejo de Estado, por vía de evolución jurisprudencial, ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere a los dos regímenes de responsabilidad administrativa, deduciendo de cada uno de ellos distintos títulos de imputación. En lo que corresponde al régimen de responsabilidad subjetiva, se impone el conocido como la falla del servicio1, cuando en la producción del hecho dañoso interviene la Administración, bien sea por una acción o una omisión de parte de sus agentes. Y en el ámbito del régimen de responsabilidad objetiva, entre otros, se ha construido el título conocido como daño especial2, que se materializa cuando el Estado, en cumplimiento de funciones legítimas,

ocasiona a los administrados un daño con el cual se rompe el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar todas las personas y los bienes, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros. Igualmente manifiesta el H. Consejo de Estado que, dentro del campo de la responsabilidad objetiva, cabe predicar la existencia del título de imputación denominado riesgo excepcional3, que se estructura cuando el individuo es expuesto a un riesgo mayor del que están obligados a aceptar todas las personas y con el cual se genera la ruptura del equilibrio de las cargas públicas; por manera que, al ocurrir el siniestro derivado del riesgo potencial creado por el Estado, se produce un daño a una persona o a sus bienes, lo cual origina para el Estado el deber de responder por los perjuicios que con la concreción del mismo se pudieran producir. 1 Al respecto de este tema pueden consultarse sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, tales como: Sentencia del 13 de mayo de 1996, expediente 10627; Sentencia del 5 de septiembre de 1996, expediente 10654; Sentencia del 3 de abril de 1997, expediente 12378; Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente 14787; Sentencia del 2 de mayo de 2002, expediente, 13251; Sentencia del 23 de Octubre de 2003. 2 Pueden tenerse como referencia las siguientes sentencias emitidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: Sentencia del 8 de febrero de 1999, expediente 10731; Sentencia del 29 de abril de 1994, expediente 7136; Sentencia del 9 de febrero de

1995, expediente 9550. 3 En consideración de la aplicación del tema se relacionan las siguientes sentencias: Sentencia del 19 de abril de 2001, expediente 12179; Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 15571; Sentencia del 28 de junio de 2006, expediente 1995-00196. 7 500012331000200600937 (54381) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2015-349426 Caso concreto Los hechos de la demanda fueron sintetizados por el A quo en los siguientes términos: “(…) 1.1.- Dentro del programa presidencial de la época, se estableció una gran ofensiva para erradicar los cultivos ilícitos, especialmente por el sistema de la llamada aspersión o fumigación aérea, medio bastante criticado por los efectos colaterales, como es el peligro que el mismo representa no solo para los humanos y seres vivientes, sino para otras especies de vegetación, razón por la cual el Gobierno implementó el sistema de erradicación manual, básicamente para parques naturales, con el fin de preservar y proteger de esta forma el ecosistema. 1.2.- Por lo anterior se empezaron a contratar erradicadores manuales para trabajar en algunos parques naturales, muy especialmente en la Serranía de la Macarena, lugar de gran importancia ecológica y donde las FARC poseen inmensos cultivos de coca y se encontraba un grupo de ochocientos erradicadores cumpliendo su labor. 1.3.- El actor HERIBERTO RIOS HERRERA decidió ingresar al programa de erradicación manual de cultivos ilícitos promovido por la Presidencia de la República, habiendo sido destinado a trabajar

en el parque natural de la Serranía de la Macarena. 1.4.- Relata que el día 01 de marzo de 2006, un grupo aproximadamente de 170 erradicadores, entre los cuales se encontraba el actor RIOS HERRERA, se encontraban en las labores de erradicación de cultivos ilícitos en la Serranía de la Macarena – Jurisdicción del municipio de la Macarena (Meta) y pese a tener acompañamiento de 90 agentes de la Policía Nacional, el accionante piso una mina lo que le ocasionó graves lesiones en el cuerpo debido a las esquirlas que volaron en todas las direcciones. 1.5.- El actor recibió múltiples laceraciones en todo el cuerpo producidas por las esquirlas y pérdida del ojo izquierdo a raíz de la penetración de una de estas en el mismo, lo que le produjo lesiones irreversibles y ceguera total en dicho órgano, además de un fuerte trauma acústico que le hace perder en buen proporción el órgano de la audición. Esta situación además de impedirle trabajar, le afectó sus ingresos en su núcleo familiar pues vivían de la actividad laboral que desempeñaba el accionante; por lo tanto, haber perdido prácticamente la totalidad de su ojo hace que el órgano de la visión quede seriamente afectado y un fuerte trauma del órgano de 8 500012331000200600937 (54381) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2015-349426 la audición por el resto de su vida, sufriendo en consecuencia el llamado PERJUICIO FISIOLÓGICO, que se da en este caso por no

poder el actor desarrollar a cabalidad actividades placenteras que den brillo a su vida y aumenten el goce de vivir, como leer, practicar deportes, ver cine o televisión, además de ser propenso a la irritación y dolor en el ojo sano por el sobre esfuerzo que le debe generar al mismo algunas actividades. (…)” Para el Tribunal Administrativo del Meta los daños ocasionados con la explosión del artefacto explosivo que lesionó al señor HERIBERTO RÍOS HERRERA eran atribuibles a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, ya la entidad omitió prestar la seguridad necesaria que requerían las personas que se encontraban realizando las labores de erradicación manual de cultivos ilícitos, y por haber permitido que se produjeran los hechos objeto de demanda, debe responder por el pago de tales perjuicios. Con los elementos de juicios allegados al plenario el Ministerio Público encuentra que la parte actora logró demostrar haber padecido las lesiones y secuelas cuyo resarcimiento reclama, los cuales fueron padecidos en labores de erradicación manual de cultivos ilícitos que era vigilada y dirigida por la Policía Nacional de Colombia, tal como lo admitió dicha entidad en sus alegatos de conclusión y en la impugnación objeto de estudio. Las repercusiones de los hechos objeto de demanda fueron descritas mediante informe técnico médico legal de lesiones no fatales remitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal, en el cual se indicó que a causa de una mina antipersona el señor HERIBERTO DÍAZ HERRERA para el 23 de febrero de 2009 tenía deformidad física que afectaba el cuerpo de carácter permanente, y

que las secuelas de tipo funcional a nivel oftalmológico y auditivo debían ser fijadas con una valoración de la EPS a la que pertenecía el actor. 9 500012331000200600937 (54381) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2015-349426 Según el informe de la Junta de Calificación de Invalidez de Caldas elaborado el 19 de julio de 2009, el actor alcanzó un nivel de pérdida de su capacidad laboral del 32,34%, el cual comprendía los aspectos de deficiencia, discapacidad, y minusvalía. La entidad accionada no se preocupó en explicar y comprobar las circunstancias en la que se presentaron los hechos objeto de demanda, por lo que solo se cuenta con las allegadas por la parte actora, elementos materiales que demostraron que el actor se encontraba ejecutando labores de erradicación manual de cultivos ilícitos, y que dicha actividad era dirigida y coordinada por la Policía Nacional de Colombia, entidad que, aunque no negó su ocurrencia del hecho, expresó haber cumplido a cabalidad sus deberes de protección y seguridad de los erradicadores, precisando que los daños recibidos por el actor eran atribuibles al hecho de un tercero, a saber, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, quienes instalaron la mina antipersona que afectó al demandante. Frente a la forma en que se presentaron los hechos objeto de demanda se recibió el testimonio de los señores RIGOBERTO CARDONA MUNERA,

ALDIBIER CEBALLOS MEJÍA, IVAN GIRALDO JARAMILLO, y JESÚS

ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ, quienes en términos generales expresaron que las labores de verificación previa a la erradicación manual que realizaba la Policía Nacional eran insuficientes, pero aún más grave, que el día de los hechos no se revisaron los cultivo a erradicar porque el ingeniero de la policía que realizaba la revisión previa no había ejecutado dicha labor por atender a los periodistas que llegaron a la zona. Aunque en el informe que bajo juramento emitió el Director General de la Policía Nacional del Colombia se indicó que en el año 2006 se había logrado garantizar en un 98% la vida e integridad personal de las personas que trabajaron en las labores de erradicación manual de cultivos ilícitos, pero que existieron hechos circunstanciales que escaparon a su alcance por métodos artesanales factor sorpresa que había instalado las FARC, ello no es suficiente 10 500012331000200600937 (54381) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2015-349426 para demostrar que la entidad realizó la revisión y verificación que se requería antes del ingreso de los erradicadores y, por el contrario, lo que indicó la prueba testimonial es que dicha labor fue inapropiada, pues, de lo contrario, no se habría producido la explosión que generó las lesiones del actor (folios 98 a 104). Es de anotar que Policía Nacional de Colombia no se esmeró en demostrar la manera en que cumplió con sus labores de protección para con los erradicadores ni con la revisión y verificación de las condiciones de la zona en que dichas personas debían realizar su trabajo, ni tampoco esgrimió

señalamiento alguno que permitiera inferir una culpa exclusiva y determinante de la víctima en su producción, pues lo acreditado es que la estaban realizando conforme a las instrucciones que se les habían suministrado, por lo que afirmar que la entidad actuó bien frente a los hechos objeto de demanda es una conducta procesal carente de respaldo y descabellada frente a las consecuencias que tuvo que padecer el actor. Aunado a lo anterior, el señor HERIBERTO RÍOS HERRERA no se encontraba en dicho lugar como un experto en explosivos sino en tareas de erradicación manual de cultivos ilícitos, actividad que solo podían desarrollar cuando existía seguridad que la zona estaba libre de artefactos explosivos o minas antipersona, pero como pudo verse en el presente asunto dicho lugar no estaba libre de las mismas porque no debió realizarse la revisión previa que estaba a cargo de los ingenieros expertos en explosivos de la Policía Nacional. El inciso segundo del artículo segundo de nuestra Carga Magna indica que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares y, a su vez, el artículo 90 consagra una cláusula general de responsabilidad extracontractual al Estado fundamentada en la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública por su acción u omisión. 11 500012331000200600937 (54381) 5aCdeE/IJJ/Llms

IUS-2015-349426 Del mismo modo, la Convención de Ottawa obliga al Estado Colombiano, como Estado parte, a cumplir los postulados y compromisos establecidos y a adoptar las acciones y medidas frente al Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y Destrucción, tales como los indicados a continuación: “Artículo 1 Obligaciones generales

1. Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna circunstancia: a) emplear minas antipersonal; b) desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualquiera, directa o indirectamente, minas antipersonal; c) ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en una actividad prohibida a un Estado Parte, conforme a esta Convención.

2. Cada Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal de conformidad con lo previsto en esta Convención.

(subrayado fuera de texto) Artículo 4 Destrucción de las existencias de minas antipersonal Con excepción de lo dispuesto en el Artículo 3, cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las existencias de minas antipersonal que le pertenezcan o posea, o que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 4 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte. Artículo 5 Destrucción de minas antipersonal colocadas en las zonas

minadas

1. Cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en los zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte.

2. Cada Estado Parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal, y adoptará todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas. La señalización deberá ajustarse, como mínimo, a las normas fijadas en el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados” (subrayado fuera de texto) 12 500012331000200600937 (54381)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2015-349426 Es claro que en el presente asunto la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional incumplió sus deberes de protección de la vida de las personas que

estaban realizando labores de erradicación manual de cultivos ilícitos, pues pese a estar obligado a ello, omitió revisar y verificar que en dicho terreno no existieran artefactos explosivos, por lo cual se produjo la explosión de uno de dichos elementos y se ocasionaron las ya mencionadas consecuencias para el actor. Así las cosas, al haberse demostrado la ocurrencia de un daño antijurídico que afectó al señor HERIBERTO RIOS HERRERA y la imputación del mismo a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, era menester declarar su responsabilidad administrativa y condenarla al pago de los perjuicios ocasionados al actor, tal como se decidió en primera instancia. Los hechos en mención no pueden endilgarse a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, en atención a que esta se limitó a dirigir el programa con el que se contrataba las personas que debían realizar las labores de erradicación manual de cultivos ilícitos, pero no tenía el dominio de su ejecución, pues la misma estaba coordinada y vigilada por la Policía Nacional, entidad que debía brindar la protección y seguridad necesaria a las personas involucradas en dicha actividad, pero tal como se ha venido esbozando, dicha obligación fue incumplida y, en dicho sentido, genera responsabilidad por los daños ocasionados con tales omisiones. 13 500012331000200600937 (54381) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2015-349426 CONCEPTO En conclusión, como en el sub examine se demostró la responsabilidad administrativa de la Policía Nacional de Colombia, es menester solicitar la

declaratoria de responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al igual que la condena al pago de los perjuicios ocasionados con la explosión de la mina antipersonal que afectó al actor. Conforme a lo anterior, esta Delegada respetuosamente solicitará la confirmación de la sentencia impugnada. Del señor Consejero,

ISNARDO JAIMES JAIMES

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 14 500012331000200600937 (54381) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2015-349426