PGN-DAÑO ANTIJURIDICO Al proferirse un decreto por medio del cual se revoca un nombramient

Exp. No. 740012331000201000247-01 (48250) Rzo ACCIÓN DE REPETICIÓN-El Municipio de Ibagué no tiene prueba que fundamente la acción dolosa o gravemente culposa de los funcionarios ACCIÓN DE REPETICIÓN-Es un mecanismo judicial dirigido a recuperar el dinero que el Estado pagó como consecuencia de una condena La acción de repetición es un mecanismo judicial civil por su naturaleza patrimonial, dirigido a recuperar para el Estado las sumas que haya tenido que pagar como consecuencia de una condena, de una conciliación o por otra forma de terminación de un conflicto en la que tenga responsabilidad de un servidor público, ex servidor público o particular que, en ejercicio de sus funciones públicas, hubiere obrado en forma dolosa o gravemente culposa en la expedición de un acto, en la producción de un hecho o en la omisión que dio lugar a una indemnización resarcitoria patrimonial asumida por el Estado. DAÑO ANTIJURÍDICO-Al proferirse un decreto por medio del cual se revoca un nombramiento/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por acción u omisión dolosa o gravemente culposa de los funcionarios o exfuncionarios En el caso examinado aparece señalado que la acción generadora del daño antijurídico acaeció al proferirse el Decreto 0126 del 26 de febrero de 2004 “por medio del cual se revoca un nombramiento”. De acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por el Honorable Consejo de Estado sobre la materia, se tiene que deben concurrir elementos objetivos y subjetivos para que la entidad perjudicada pueda, en ejercicio de la acción de repetición, acudir a la jurisdicción

contenciosa administrativa contra los funcionarios o exfuncionarios que, con su acción u omisión dolosa o gravemente culposa, realizaron un daño antijurídico, que implica un menoscabo del patrimonio público. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos para su procedencia Los elementos a analizar, en relación con la acción de repetición, son: (i) la calidad de agente del Estado y la conducta desplegada, determinante de la condena; (ii) la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal; (iii) existencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto; y (iv) el pago realizado por parte de ésta. De tales presupuestos, la calidad de agente del Estado, la existencia de la sentencia condenatoria en virtud de la cual la entidad deba reparar un daño antijurídico, o la conciliación u otra forma de solución del conflicto, así como el pago realizado por parte de la entidad condenada, son los elementos objetivos para impetrar la acción de repetición; y la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal es el elemento subjetivo determinante de la responsabilidad del agente. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-No se probó la existencia de culpa grave del servidor público demandado 1 Exp. No. 740012331000201000247-01 (48250) Rzo No basta la alegación o la simple afirmación de la existencia de los hechos, de la responsabilidad patrimonial o del elemento subjetivo a título de dolo o culpa grave para declarar procedente la acción de repetición. En todos los casos en que esta se ejerza, la

administración debe aportar la prueba de los elementos constitutivos de dicha responsabilidad patrimonial, definidos en la norma aplicable (artículo 2º de la Ley 678 de 2001), tal como lo exige la Corte Constitucional, la jurisprudencia contenciosa y la doctrina nacional. Se torna imperativo, para que proceda la repetición y prospere la respectiva pretensión contra el ex – servidor o servidor público demandado, la demostración de que éste actuó con dolo o culpa grave, en razón de que sin la existencia de este elemento subjetivo de responsabilidad, no puede darse la sentencia condenatoria. No se probó, entonces, en este proceso, la existencia de culpa grave. La noción de culpa grave descrita en el artículo 63 del Código Civil implica que se hubiese actuado sin observar “(…) aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”. CARGA DE LA PRUEBA-Faltó demostrar la culpa grave de los demandados para estructurar la responsabilidad que pretende el accionante El concepto de la prueba se convierte en una regla de conducta para el juez, que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar y, al mismo tiempo, en un principio de autorresponsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que se desplieguen en el proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, y así demostrar los hechos que las benefician, a contrario sensu las consecuencias desfavorables derivadas de su eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo, circunstancia que se avizora en el caso en comento, toda vez que falta demostrar la culpa grave de los demandados lo que es requisito para estructurar la responsabilidad

que pretende el accionante. Por lo tanto, al no cumplir la parte actora con la carga probatoria de que habla el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y conforme a las probanzas allegadas al expediente, no existiendo elementos de juicio que permitan comprobar el actuar gravemente culposo de los demandados, se solicita al H. Consejo de Estado negar las pretensiones de la entidad demandante. DAÑO ANTIJURÍDICO-Jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Naturaleza jurídica según jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Exp. No. 740012331000201000247-01 (48250) Rzo

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 010/2014

Bogotá, D.C. 17 de enero de 2014

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: doctor Mauricio Fajardo Gómez

E. S. D.

EXPEDIENTE No. 730012331000201000247-01 (48250)

Acción: Repetición

ACTOR: Alcaldía Municipal de Ibagué

Demandado: Rodrigo Páez Olaya, Uriel Yesid Aranzalez

Jaramillo y Liliana Patricia Varón Ruiz.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida. / Cuando se demanda por vía de repetición, la Entidad actora tiene la carga de demostrar, en forma fehaciente, la condena en su contra y, por ende, el pago que efectúa, así como también la actuación dolosa o gravemente culposa del servidor, toda vez que sobre éste recae

la presunción de inocencia. / Las pruebas documentales allegadas al proceso no permiten calificar como gravemente culposa la conducta de los demandados. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

I. ANTECEDENTES I.1. Demanda – hechos

3 Exp. No. 740012331000201000247-01 (48250) Rzo Mediante Decreto 0204 del 2 de mayo de 2001, se nombró y posesionó en provisionalidad a Jhon Harold Murcia en el cargo de técnico 401 grado 2 adscrito a la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana. El 3 de septiembre del mismo año se le dio posesión en el cago de técnico código 550 grado 02 adscrito a la Secretaría Administrativa. Mediante Decreto 0126 del 26 de febrero de 2004, se revocó el acto administrativo por medio del cual se nombró y se le dio posesión en el cargo de Técnico, código 550, grado 02”. A través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho el señor Jhon Harold Murcia Sierra demandó ante el Tribunal Administrativo del Tolima el Decreto 0126 del 26 de febrero de 2004 y el oficio GRH-CD-POR-0533 del 27 de febrero de 2004, a través del cual se le comunicó al señor Murcia Sierra la decisión tomada por la administración de revocar el acto administrativo mediante

el cual fue nombrado. El Tribunal Administrativo del Tolima mediante providencia del 21 de octubre de 2008, dentro de la acción adelantada por el señor Jhon Harold Murcia, declaró la nulidad de los actos atacados y ordenó el reintegro al accionante y pagarle los sueldos, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde su retiro hasta su reintegro. I.2. Contestación de la demanda 1.2.1. Liliana Patricia Varón Ruiz por intermedio de apoderada contestó la demanda y dijo que el accionante no cumple con el requisito de aportar la decisión del comité de conciliación, como tampoco el acta que certifique que el 4 Exp. No. 740012331000201000247-01 (48250) Rzo caso particular fue discutido al interior del mismo en donde se considere que los funcionarios actuaron con dolo o culpa grave al proferir los actos administrativos por los cuales fue condenado el municipio de Ibagué. Señaló que los documentos obrantes dentro del proceso han sido allegados en copia simple. Agregó que la no existir una configuración del elemento subjetivo dolo o culpa grave, es evidente que la acción procedente es abstenerse el Despacho de generar responsabilidad a su representada. 1.2.2. Rodrigo Páez Olaya por intermedio de apoderado contestó la demanda y dijo que se opone a las pretensiones de la demanda por cuanto la acción incoada no reúne los requisitos estructurales en la medida que no hubo por parte de las personas que intervinieron en la expedición del acto conducta activa u omisiva que pueda imputárseles a título de dolo o culpa grave.

Agregó que su representado lo único que hizo fue firmar el acto administrativo de revocatoria de un nombramiento, el cual había sido preparado y proyectado por la Secretaría Administrativa del Municipio, que previamente había estudiado y revisado y aprobado desde el punto de vista jurídico la secretaría Jurídica de la entidad y que contaba con todos los soportes para su expedición, entre ellos una certificación del 20 de febrero de 2004 expedida por el Director Administrativo del Grupo de Recursos Humanos que daba cuenta de la inexistencia del cargo en el cual había sido vinculado provisionalmente el señor Jhon Harold Murcia Sierra.

Propuso como medios exceptivos: la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de repetición, pérdida de legitimidad de la administración municipal para iniciar la presente acción de reparación directa (sic), y la inexistencia de los elementos requeridos para el ejercicio de la acción de repetición – ausencia de dolo o culpa grave.

5 Exp. No. 740012331000201000247-01 (48250) Rzo I.3. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo del Tolima dictó sentencia el 26 de junio de 2013 en la cual negó las pretensiones de la demanda y manifestó que la Administración no aportó el suficiente material probatorio con que se pudiera demostrar a los demandados, en acción de repetición, una conducta dolosa o gravemente culposa. El Tribunal estimó que tan sólo a partir de la sentencia no es posible deducir el elemento subjetivo del dolo o la culpa grave como requisito indispensable para la prosperidad de las pretensiones. El magistrado Álvaro Javier González Bocanegra aclaró el voto y dijo que: se

observa que no obra dentro del expediente el Acto Administrativo No. 0126 de 2004, proferido por el Alcalde Municipal de Ibagué (Tolima), mediante el cual se revocó el acto administrativo de nombramiento del señor Jhon Harold Murcia Sierra, pese a que en la demanda se menciona que se aportó, siendo necesario conocer cual fue la motivación efectuada en dicho acto para revocar el nombramiento y para determinar quienes participaron en la expedición del mismo, dado que la administración no aplicó en debida forma lo establecido en el Decreto 1950 de 1973. Es más, ni siquiera en la demanda se indicó la calidad en que participaron los demandados Rodrigo Páez Olaya, Uriel Yesid Aranzalez Jaramillo y Liliana Patricia Varón Ruiz, simplemente se indicaron esos nombres pero no se analizó la situación de cada uno y por qué fueron convocados al presente proceso. Por lo anterior, se evidencia una clara omisión probatoria por parte de la entidad demandante, dado que no solicitó práctica de pruebas ni alegó de conclusión a 6 Exp. No. 740012331000201000247-01 (48250) Rzo pesar de que se trata de un proceso donde se pretende recuperar dineros públicos. I.4. Recurso de apelación El apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación, que sustentó en los siguientes términos: para que una entidad pueda ejercer la acción de repetición contra funcionario público se requiere que ésta haya sido condenada a pagar perjuicios por la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario y que el pago, producto de la sentencia condenatoria, se haya realizado.

Acorde con las pruebas aportadas al proceso, el Tribunal Administrativo del Tolima consideró que en el sub lite no se cumplió con uno de los requisitos de la acción, puesto que no se allegó la resolución por medio de la cual se revoca un nombramiento; por lo tanto, no se acreditó el obrar doloso o gravemente culposo de los agentes.

II. CONSIDERACIONES DEL MINIESTRIO PÚBLICO

II.1. Problemas jurídicos Pueden ser expresados en los siguientes términos: II.1.1. ¿Le asiste razón al a-quo al señalar que el Municipio de Ibagué dentro del material probatorio obrante no tiene prueba alguna que fundamente la acción dolosa o gravemente culposa de los señores Rodrigo Páez Olaya, Uriel Yesid Aranzalez Jaramillo y Liliana Patricia Varón Ruiz? II.1.2. ¿Los señores Rodrigo Páez Olaya, Uriel Yesid Aranzalez Jaramillo y Liliana Patricia Varón Ruiz están obligados a responder en acción de repetición cuando no se han satisfecho los elementos estructurales de ésta? 7 Exp. No. 740012331000201000247-01 (48250) Rzo II.2. Marco teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: .2.1. Naturaleza jurídica de la acción de repetición. A este respecto, la Cartilla Instructiva de Acción de Repetición y Llamamiento en Garantía del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derecho, establece: “La acción de repetición es una acción civil por su naturaleza retributiva de

contenido económico y de obligatorio cumplimiento cuando el daño causado, razón de la condena contra el Estado, haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de su agente. Esta acción como su nombre lo indica, permite a la entidad pública condenada en un proceso de responsabilidad por sus actos, hechos o contratos, repetir contra un servidor o ex – servidor suyo, cuando considere que este, en razón de su conducta dolosa o gravemente culposa en ejercicio de sus funciones, haya podido ser la causa de la responsabilidad que se le imputó a aquella. Con antelación a la Constitución Política de 1991 la figura jurídica de la acción de repetición era considerada como una institución de carácter legal, pues sólo la establecía el artículo 78 del C.C.A.: 8 Exp. No. 740012331000201000247-01 (48250) Rzo “Artículo 78. Jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad conexa. Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere.” La acción de repetición es una acción civil por su naturaleza retributiva de contenido económico y de obligatorio cumplimiento cuando el daño causado, razón de la condena contra el Estado, haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de su agente. República de

Colombia No obstante, la norma sigue vigente, y al respecto la Corte Constitucional al declararla exequible1 se pronunció de la siguiente forma: “…Conforme a las consideraciones precedentes la Corte concluye lo siguiente: a) La norma cuestionada habilita al perjudicado para promover la acción resarcitoria frente a la entidad, el funcionario o contra ambos. Sin embargo, debe entenderse que la responsabilidad del agente se ve comprometida siempre que prospere la demanda contra la entidad, o contra ambos. b) Cuando prospera la demanda contra ambos, la sentencia declara la responsabilidad de la entidad pública, así como la responsabilidad del funcionario por haber incurrido en la conducta dolosa o gravemente culposa que contribuyó a la ocurrencia del daño. Pero la obligación de 1 La parte subrayada fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-430 de 2000 República de Colombia 9 Exp. No. 740012331000201000247-01 (48250) Rzo resarcir los perjuicios se impone a la entidad y no al funcionario; pero a la entidad se le reconocen el derecho de repetir lo pagado contra el funcionario. Ello es así, por que la responsabilidad por el daño antijurídico es del Estado y no propiamente de su agente; lo que sucede es que la conducta de éste gravemente culposa o dolosa, determinante del daño, tiene como consecuencia el que la entidad pueda repetir lo pagado...” A partir de 1991, la Constitución Política le otorga canon constitucional, al ser consagrada en su artículo 90, así: “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. Consiguientemente, la ley 678 de 2001 la define en su artículo 2, así: “La acción de Repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.” 2.2.2. Requisitos de la acción de repetición. 10 Exp. No. 740012331000201000247-01 (48250) Rzo Sobre estos, reza el mismo instructivo: “Son dos (2) los requisitos sustanciales para la procedencia de la acción: Debe existir daño en contra de la entidad por el pago de una sentencia condenatoria de carácter indemnizatoria o de una conciliación debidamente aprobada: Fallo condenatorio contra la entidad pública responsable. La acción de repetición es, entonces, la consecuencia o prolongación de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa o controversias contractuales, según el caso. En otras palabras, es condición de procedibilidad la declaratoria judicial de responsabilidad patrimonial del

Estado. No obstante, no se puede descartar de entrada, que otros tipos de fallos condenatorios, que por la naturaleza jurídica de la entidad, de acuerdo a la estructura y organización de la Administración Pública, se rigen por las normas del derecho privado, sus funcionarios responsables sean objeto de acción de repetición, siempre y cuando se trate de fallos indemnizatorios. Como ejemplo tenemos las Empresas Industriales y Comerciales del Estado donde el régimen de los actos y contratos que expidan para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales. La condena proferida o la conciliación lograda deben ser consecuencia de la acción u omisión dolosa o gravemente culposa del servidor o ex-servidor público. 11 Exp. No. 740012331000201000247-01 (48250) Rzo En el ejercicio de la acción de repetición le incumbe al demandante probar la culpa grave o el dolo del funcionario, salvo en los casos contemplados en las presunciones de culpa grave o dolo (Art. 5° y 6° Ley 678 de 2001); así mismo, debe demostrar también la relación de causalidad entre la conducta dolosa o gravemente culposa del agente y el daño sufrido por el particular. (Subrayas fuera de texto) 2.2.3. Presupuestos de la responsabilidad del funcionario. Con el ánimo de facilitar la prueba de la culpa grave y del dolo del funcionario, la

Ley 678 en sus artículos 5° y 6° consagra las siguientes presunciones: Artículo 5°. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

12 Exp. No. 740012331000201000247-01 (48250) Rzo Artículo 6°. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los

actos administrativos determinada por error inexcusable.

4. Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal. 2.2.4. Cargas procesales Estipula el Código de Procedimiento Civil en su artículo 177: “ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.” 2.3. Pruebas obrantes en el proceso  Proveído del Tribunal Administrativo del Tolima del 21 de octubre de 2008, 13 Exp. No. 740012331000201000247-01 (48250) Rzo mediante el cual se impone al municipio de Ibagué el pago de unos emolumentos dejados de percibir por el señor Jhon Murcia Sierra como consecuencia de la revocatoria de su acto de nombramiento desde el momento del retiro hasta su reintegro efectivo sin solución de continuidad.  Copia auténtica de la Resolución No. 43 del 02 de marzo de 2009, proferida por la jefe (e) de la oficina jurídica del municipio de Ibagué, por medio de la cual se adopta una providencia (fls. 59 y 60)  Certificado de la Procuraduría Judicial 26 en lo administrativo No. 0432 donde se agotó el requisito de procedibilidad (fls. 61 y 62)  Orden y comprobante de pago original No. 1309 del 17 de junio de 2009 al

señor Jhon Harold Murcia Sierra donde se observa que el valor cancelado es la suma de $ 64.471.627.oo consignados en la cuenta de ahorros No. 550184337 del Banco Popular.  Oficio No. GRH-CD-PQR-0533 del 27 de febrero de 2004 proferido por el director administrativo Uriel Yesid Aranzalez Jaramillo donde se le comunica al señor Jhon Harold Murcia Sierra que “mediante decreto 0126 de febrero 26 de 2004 revoca el acto administrativo por medio del cual se nombró y se le dio posesión en el cargo de Técnico, , código 550, grado 02” 2.4. Caso concreto La acción de repetición es un mecanismo judicial civil por su naturaleza patrimonial, dirigido a recuperar para el Estado las sumas que haya tenido que pagar como consecuencia de una condena, de una conciliación o por otra forma de terminación de un conflicto en la que tenga responsabilidad de un servidor público, ex servidor público o particular que, en ejercicio de sus funciones públicas, hubiere obrado en forma dolosa o gravemente culposa en la expedición 14 Exp. No. 740012331000201000247-01 (48250) Rzo de un acto, en la producción de un hecho o en la omisión que dio lugar a una indemnización resarcitoria patrimonial asumida por el Estado. En el caso examinado aparece señalado que la acción generadora del daño antijurídico acaeció al proferirse el Decreto 0126 del 26 de febrero de 2004 “por medio del cual se revoca un nombramiento”. De acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por el Honorable Consejo de

Estado sobre la materia, se tiene que deben concurrir elementos objetivos y subjetivos para que la entidad perjudicada pueda, en ejercicio de la acción de repetición, acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa contra los funcionarios o exfuncionarios que, con su acción u omisión dolosa o gravemente culposa, realizaron un daño antijurídico2, que implica un menoscabo del patrimonio público. Los elementos a analizar, en relación con la acción de repetición, son: (i) la calidad de agente del Estado y la conducta desplegada, determinante de la condena; (ii) la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal; (iii) existencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto; y (iv) el pago realizado por parte de ésta. De tales presupuestos, la calidad de agente del Estado, la existencia de la sentencia condenatoria en virtud de la cual la entidad deba reparar un daño antijurídico, o la conciliación u otra forma de solución del conflicto, así como el pago realizado por parte de la entidad condenada, son los elementos objetivos para impetrar la acción de repetición; y la calificación de la conducta dolosa o 2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006. Radicado: 28448; Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. “De acuerdo con el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y las normas que lo desarrollan, para que una entidad pública pueda ejercer la acción de repetición, deben concurrir y reunirse los presupuestos y requisitos a saber: a) Que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso

administrativa a reparar los daños antijurídicos causados a un particular, o resulte vinculada a la indemnización del daño en virtud de una conciliación u otra forma legal alternativa de terminación o solución pacífica de un conflicto; b) Que la entidad haya pagado a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria o en la conciliación; y c) Que la condena o la conciliación se hayan producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas. Los dos primeros corresponden a los elementos objetivos para impetrar la acción y el último al elemento subjetivo que determina la responsabilidad del agente”. 15 Exp. No. 740012331000201000247-01 (48250) Rzo gravemente culposa del agente estatal es el elemento subjetivo determinante de la responsabilidad del agente3. No basta la alegación o la simple afirmación de la existencia de los hechos, de la responsabilidad patrimonial o del elemento subjetivo a título de dolo o culpa grave para declarar procedente la acción de repetición. En todos los casos en que esta se ejerza, la administración debe aportar la prueba de los elementos constitutivos de dicha responsabilidad patrimonial, definidos en la norma aplicable (artículo 2º de la Ley 678 de 2001), tal como lo exige la Corte Constitucional, la jurisprudencia contenciosa y la doctrina nacional. Se torna imperativo, para que proceda la repetición y prospere la respectiva pretensión contra el ex – servidor o servidor público demandado, la demostración de que éste actuó con dolo o culpa grave, en razón de que sin la existencia de este elemento subjetivo de responsabilidad, no

puede darse la sentencia condenatoria. No se probó, entonces, en este proceso, la existencia de culpa grave. La noción de culpa grave descrita en el artículo 63 del Código Civil implica que se hubiese actuado sin observar “(…) aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”. Por otra parte, en el caso de la demanda de repetición que nos ocupa, el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima en sentencia del 26 de junio de 2013, decidió desestimar las pretensiones de la demanda presentada por el Municipio de Ibagué, en razón a que no encontró satisfecho el requisito de la culpa grave sobre la conducta desplegada por el servidor público, no es dable 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 09 de junio de 2010; Radicación: 37722; Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez (E). “La calidad de agente del Estado y la conducta desplegada como tal, determinante del daño causado a un tercero, la cual hubiere generado una condena o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de un acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier otra forma de terminación de un conflicto; La existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto; El pago realizado por parte de la Administración; y La calificación de la conducta del agente, como dolosa o gravemente culposa. Los tres primeros requisitos son de carácter objetivo, frente a los cuales resultan aplicables las normas procesales vigentes al momento de la

presentación de la demanda, según se explicó. Por su parte, la conducta dolosa o gravemente culposa corresponde a un element