PGN-DAÑO ANTIJURIDICO Causado por la fiscalía en aplicación de una medida de aseguramiento

DETENCIÓN PREVENTIVA-Necesidad de una justa causa para su aplicación como medida de aseguramiento Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la Ley, le permiten a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva, por unas causas legales, así como tampoco, puede perder de vista que se trata de una medida restrictiva de un derecho fundamental, cual es el de la libertad y que, por ello, no es posible ordenarla ni extenderla en el tiempo sin una justa causa, formulación en relación con la cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha mostrado en extremo enfática. DERECHO A LA LIBERTAD-Consagrado en normas de carácter internacional/PRESUNCIÓN DE INOCENCIA-Consagrado en normas de carácter internacional Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal y la presunción de inocencia , se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Circunstancias en que se considera injusta/PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia de la Corte Constitucional Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto, si es un derecho fundamental que debe ser respetado y

garantizado. La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” enlazado a dicha medida. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia del Consejo de Estado RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Deber de la Fiscalía de responder por el daño antijurídico ocasionado La Fiscalía General de la Nación tiene facultades constitucionales y legales para asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la Ley penal ante las instancias correspondientes mediante la medida de aseguramiento – detención preventiva -, también lo es, que el ejercicio de esta facultad no se constituye en una causal de exoneración de

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 080012331000-1998-10255-01(39048) 5aCdeE/MMER/Llms IUS-2011-61135 responsabilidad en los eventos en que al ejecutar dicha medida se ocasione un daño antijurídico. Es menester recordar que el artículo 90 de la Constitución Política consagra la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables por acción u

omisión de sus autoridades públicas, y por ello, se señala que la responsabilidad estatal se ha establecido de manera objetiva, porque basta con que se pruebe la existencia de un daño antijurídico que el ciudadano no tenga la obligación de asumir para que la entidad ejecutora del mismo responda por los perjuicios ocasionados. Esta Agencia del Ministerio Público con base en los argumentos referidos en líneas anteriores, arriba a la conclusión de que el régimen que deberá aplicarse en este caso concreto es el de responsabilidad objetiva. DERECHO A LA LIBERTAD-No puede limitarse a través de medidas arbitrarias o desproporcionadas También se expuso que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, que sí bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también lo es, que esas medidas restrictivas no pueden ser tan arbitrarias o desproporcionadas que desconozcan la finalidad de dicho derecho, y terminen en una privación injusta de la libertad. DAÑO ANTIJURÍDICO-Causado por la Fiscalía en aplicación de una medida de aseguramiento sin valoración de los hechos En el caso en estudio, la Fiscalía General de la Nación, a través del funcionario competente, profirió medida de aseguramiento de detención preventiva contra el demandante por la presunta comisión del delito de extorsión. Al momento de evaluar el mérito de la etapa sumarial, emitió resolución de preclusión en su favor, al considerar que no se pudo demostrar que el investigado hubiera desarrollado los elementos constitutivos del delito objeto de investigación (constreñir a otro), y que por el contrario, lo que se advertía era un

preacuerdo entre las partes para beneficiar a una empresa con la adjudicación de un contrato a cambio del pago de una comisión por dicho beneficio. Todo lo cual es indicativo de que la autoridad procedió a imponer dicha medida de aseguramiento, causando un daño antijurídico, sin realizar una valoración de los hechos denunciados y conforme a las pruebas practicadas, realizar una adecuada tipificación de la conducta objeto de investigación. Lo anterior es indicativo de que al disponerse la privación de la libertad del demandante y permanecer en dicha situación a órdenes de la Fiscalía General de la Nación, se generó un daño antijurídico que no estaba en la obligación de soportar, pues si no se demostró la ocurrencia del hecho, la privación se torna en injusta y debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Normatividad aplicable sobre la indemnización que corresponde en dichos casos PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Desarrollo jurisprudencial en el Consejo de Estado 2 080012331000-1998-10255-01(39048) 5aCdeE/MMER/Llms IUS-2011-61135

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 28 de febrero de 2011

Doctor

ENRIQUE GIL BOTERO

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección “C”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 11 - 41

Acción de Reparación Directa Radicado. 080012331000-1998-10255-01 (39048)

Actor: HUMBERTO TORRENEGRA PÉREZ

Demandados: FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN Honorable Señor Consejero: En la oportunidad procesal correspondiente esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia que se encuentra a conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación interpuesto por la condenada – Fiscalía General de la Nación, mediante el cual se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen: ANTECEDENTES 3 080012331000-1998-10255-01(39048) 5aCdeE/MMER/Llms IUS-2011-61135

1. Demanda (Fls. 1-14 Co.2) El señor HUMBERTO TORRENEGRA PÉREZ presentó a través de apoderado judicial demanda de Reparación Directa contra la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que se la declarara administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados con la privación injusta de la libertad de la que fue objeto.

Como consecuencia de lo anterior, se condenara a pagar como indemnización, los perjuicios de orden material y moral, objetivados y subjetivos, actuales y futuros, al precio del gramo oro que tuviera a la fecha de ejecutoria de la sentencia definitiva, junto con los respectivos intereses legales y la debida corrección monetaria, hasta que se le diera cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso.

2. Contestación de la Demanda (Fls. 63-79 Co. 2) Notificada debidamente y dentro del término legal correspondiente la demandada –

NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por medio de su apoderado presentó contestación de la demanda en los siguientes términos: Manifestó no constarle los hechos, y atenerse a lo que resultara probado en el proceso. De otra parte, se opuso a todas y cada una de las declaraciones y condenas solicitadas en la demanda. Formuló Llamamiento en Garantía del señor Nicolás Bustos Sarmiento, quien como Fiscal Octavo de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Local de Barranquilla dictó medida de aseguramiento en contra del demandante. Finalmente, planteó como excepciones “Inepta demanda por falta de legitimación por pasiva” y la “Genérica”.

3. Sentencia de Primera Instancia (Fls. 262-284 Co.1) 4 080012331000-1998-10255-01(39048)

5aCdeE/MMER/Llms IUS-2011-61135 Por decisión calendada 6 de mayo de 2009 el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por los daños causados con la privación de la libertad de que fue objeto el señor HUMBERTO TORRENEGRA PÉREZ. En consideración de ello, la condenó a pagar al demandante, los daños morales subjetivados en una suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que recuperó su libertad. Previo a la exposición de sus consideraciones, el Tribunal señaló que se encontraba relevado de emitir pronunciamiento respecto del llamamiento en garantía formulado

por la Fiscalía General de la Nación, ya que dicha entidad omitió aportar lo necesario para lograr la notificación del llamado(Fiscal Local Octavo de Barranquilla – Nicolás Bustos Sarmiento), pese a que el proceso estuvo suspendido por 90 días para lograr dicho cometido. En su parte considerativa, el a-quo previo a entrar a considerar el tema en litigio, se pronunció acerca de la excepción denominada “inepta demanda por falta de legitimación por pasiva”, concluyendo que no estaba llamada a prosperar por cuanto: “A juicio de la Sala, lo planteado por el apoderado de la demandada más que un problema de legitimación, es un asunto de representación de la persona jurídica denominada Nación, la cual puede estar representada por diversos funcionarios, según la rama del poder público o la dependencia u órgano que deba concurrir al proceso. (…) Y como en el presente asunto los hechos sobre los cuales se pretende edificar la responsabilidad acontecieron en la Fiscalía General, le corresponde a eta (sic) entidad la representación judicial de la Nación en este proceso (…)1” Hecha la anterior consideración, centró el problema jurídico en establecer si había lugar a deducir responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación – Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios irrogados al señor Humberto Torrenegra Pérez. Al establecer el régimen de responsabilidad aplicable al sub lite, señaló que si bien, existían una serie de divergencias, tanto la jurisprudencia como la doctrina coincidían en señalar que para la configuración de la responsabilidad del Estado se requieren 1 Fls. 270-271 Co.1

5 080012331000-1998-10255-01(39048) 5aCdeE/MMER/Llms IUS-2011-61135 los siguientes elementos: 1) Una actuación del Estado, 2) La causación de un daño antijurídico y, finalmente 3) La existencia de un nexo causal entre el primer y segundo elemento, a fin de determinar la imputabilidad del daño antijurídico al Estado. En cuanto a la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad del demandante, afirmó que sin necesidad de analizarla bajo la óptica de la falla del servicio, la misma emergía del Régimen de Responsabilidad Objetiva consagrado en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal que se encontraba vigente para la época de los hechos. En consideración de lo anteriormente expuesto, concluyó: “(…) resulta claro que en el presente caso, la detención preventiva surtida fue injusta e injustificada al subsumirse en uno de los casos taxativamente señalados en el artículo 414 del C.P.P., esto es, cuando el sindicado haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o proveído equivalente, como fue la decisión preclusiva del funcionario instructor en el sentido de que el procesado no cometió extorsión, caso en el cual la responsabilidad estatal se presume y se podrá demandar al Estado en indemnización de perjuicios.”2

4. Recurso de Apelación  FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ( Fls. 294-298 Co. 1) La apoderada de la entidad responsabilizada – Fiscalía General de la Nación – sustentó el recurso de alzada, con base en las consideraciones que a continuación

se expondrán. En primer lugar, señaló que el argumento esbozado por el Tribunal de considerar que la privación de la libertad del señor Torrenegra fue injusta, era ajeno a la realidad, pues el material probatorio y los elementos de juicio con los que se elaboró la providencia que impuso medida de aseguramiento al demandante, demostraban lo contrario y, así mismo, que actuó conforme a los criterios establecidos en la ley. 2 Fl. 280 Co. 1. 6 080012331000-1998-10255-01(39048) 5aCdeE/MMER/Llms IUS-2011-61135 Luego de analizar las funciones constitucionales y legales de la Fiscalía General de la Nación, destacó que las actuaciones judiciales están amparadas por la presunción de legalidad, que los fiscales y jueces en sus providencias solamente están sometidos al imperio de la ley, y que en el presente caso no se demostró la conducta dolosa o gravemente culposa de la entidad, razón por la cual, no era posible declarar la responsabilidad del Estado con base en una privación injusta de la libertad. Indicó que la Fiscalía se pronunció conforme a la naturaleza del delito investigado, las pruebas aportadas a la investigación, el origen de la acusación, y observando los criterios fijados por la ley, todo lo cual apuntaba a la ausencia de responsabilidad estatal en cabeza de la entidad, por no concurrir el elemento nexo de causalidad entre el supuesto daño causado al actor y la actividad de la administración que lo causó. Finalmente, estableció: “(…)no se configura defectuoso funcionamiento de la justicia,

error judicial o error jurisdiccional que llevara a una privación injusta de la libertad arbitraria o ilegal, el Consejo de Estado ha dicho que la responsabilidad por el hecho del Juez, puede tener fundamentos en la falla del servicio (eventos en los que se produce una sentencia contraria a la ley) cuestión no se presentada (sic) en el Subexamine, además el daño no tuvo ocurrencia como resultado de la función jurisdiccional, régimen perteneciente a la responsabilidad objetiva, motivo por el cual la parte accionante debió probar la ocurrencia del daño y el nexo causal entre la actividad desarrollada por el Estado y el daño mismo. Con lo anterior se infiere que no existen elementos de juicio suficientes para declarar administrativamente responsable a la entidad que represento”.3 Problema Jurídico Los problemas jurídicos a resolver en el sub examine son:  Puntualizar si la Fiscalía General de la Nación al cumplir con los presupuestos normativos que autorizan la privación de la libertad a las 3 Fl. 298 Co.1 7 080012331000-1998-10255-01(39048) 5aCdeE/MMER/Llms IUS-2011-61135 personas involucradas en la comisión de un hecho punible, exonera al Estado de la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la Constitución Política o sí además de ello, debe dar cumplimiento a otras circunstancias.  Establecer si se configura la responsabilidad a cargo del Estado. Análisis Fáctico Probatorio Con documento de fecha 20 de octubre de 1994 la Gerencia del Banco Central Hipotecario - Sucursal Barranquilla puso en conocimiento de la Fiscalía General de la

Nación, que el señor HUMBERTO TORRENEGRA PÉREZ en su condición de Supervisor Administrativo Categoría “A” de la entidad bancaría, habría realizado exigencias económicas al representante legal de la firma Correos de la Costa, a cambio de mantener vigente el contrato de repartición de extractos de las cuentas de ahorros suscritas con el banco(folio 80 – cuaderno 1). Atendiendo a la denuncia formulada, por resolución del 2 de agosto de 1995 se dispuso la apertura de investigación en contra del señor HUMBERTO TORRENEGRA PÉREZ, y con decisión del 26 de diciembre de 1996 se irrogó en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva como presunto autor del delito de extorsión. El cumplimiento de la medida privativa de la libertad tuvo lugar el 24 de enero de 1997, fecha en la que el señor TORRENEGRA se hizo presente de manera voluntaria a rendir ampliación de indagatoria. Atendiendo la naturaleza del delito, la personalidad del autor, y su comparecencia voluntaria ante el despacho a cargo de la investigación, se sustituyó la detención preventiva por detención domiciliaria. Por resolución del 22 de abril de 1997, la Fiscalía Octava Delegada ante los Juzgados Penales y Promiscuos de Barranquilla, dispuso la preclusión de la investigación adelantada contra el señor HUMBERTO TORRENEGRA PÉREZ, al encontrar que no se demostró la ocurrencia de las presuntas amenazas o 8 080012331000-1998-10255-01(39048) 5aCdeE/MMER/Llms

IUS-2011-61135 constreñimiento para la entrega de dinero, razón por la cual, se ordenó el levantamiento de la medida de aseguramiento. Análisis Jurídico  LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN Frente al primer problema jurídico, la parte demandada indicó que su actuación se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos. Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la Ley, le permiten a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva,4 por unas causas legales, así como tampoco, puede perder de vista que se trata de una medida restrictiva de un derecho fundamental, cual es el de la libertad y que, por ello, no es posible ordenarla ni extenderla en el tiempo sin una justa causa, formulación en relación con la cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha mostrado en extremo enfática5. Así mismo, es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal6 y la presunción de inocencia7, se encuentran consagrados tanto en 4 C. Pol. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 5 Corte Constitucional, Sent. C-327 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz. “...Así pues, aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al

regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los limites del mismo.." 6 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 7 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. 9 080012331000-1998-10255-01(39048) 5aCdeE/MMER/Llms IUS-2011-61135 nuestra Constitución Política como en las normas internacionales ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos8 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con

arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos9 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”10 . Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” referido a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido

la detención”. 8 Ratificado mediante la ley 74 de 1968 9 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972 10 Este tema fue ampliamente estudiado por la Sección Tercera en las sentencias de 27 de noviembre de 2003, expediente 76001233100019950106801-14698 Saulo Emilio Mosquera, Consejera Ponente Dra. Maria Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente 76001233100019950106401-16013 Nestor Aizneider Tovar Rivera con ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar. 10 080012331000-1998-10255-01(39048) 5aCdeE/MMER/Llms IUS-2011-61135 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, reiteró: “El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art.

7.5), a impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7). (…) En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia11; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional12, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales13, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por

tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención14”. Consecuente con ello, el Consejo de Estado en recientes pronunciamientos ha precisado que en cada caso en que las autoridades judiciales han privado de la libertad a una persona, incumbe analizar si la medida de aseguramiento fue más 11 Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 17, párr. 90, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111. 12 Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 197, y Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 106. 13 Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228. 14 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 48, párr. 128. 11 080012331000-1998-10255-01(39048) 5aCdeE/MMER/Llms IUS-2011-61135 allá de lo que aquella razonablemente debía soportar a objeto de permitir que el Estado cumpla con el interés general de impartir recta y cumplida justicia.15

Si bien es cierto, las autoridades judiciales tienen facultades constitucionales y legales que les permiten asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la Ley penal mediante la imposición de la medida de aseguramiento – detención preventiva -, también lo es que el ejercicio de esta facultad no se constituye en una causal de exoneración de responsabilidad en los eventos en que al ejecutar dicha medida se ocasione un daño antijurídico. El artículo 90 de la Constitución Política16 consagra la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables por acción u omisión de sus autoridades públicas, y por ello, se señala que la responsabilidad del Estado se ha establecido de manera objetiva, porque basta con que se pruebe la existencia de un daño antijurídico que el ciudadano no tenga la obligación de asumir para que su causante responda por los perjuicios ocasionados. De esta manera, el hecho que la actuación de la Fiscalía General de la Nación se haya realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y cumpliendo las ritualidades que señala la ley penal, no la exime de la responsabilidad que le acarrea por sus actuaciones, si éstas ocasionan daños antijurídicos a los ciudadanos. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2.006, expediente número 13.168. “Al respecto, debe reiterarse lo expresado en otras oportunidades, en el sentido de que no cualquier perjuicio causado como consecuencia de una providencia judicial tiene carácter indemnizable. Así, en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado

no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico, sea que tenga causa en una providencia errada o en una providencia ajustada a la ley”. (Subrayas fuera del texto original). Considera la Sala, de todas formas y como líneas atrás se ha apuntado, que no es posible generalizar y que, en cada caso concreto, corresponderá al juez determinar si la privación de la libertad fue más allá de lo que razonablemente debe un ciudadano soportar para contribuir a la recta Administración de Justicia. Lo que no se estima jurídicamente viable, sin embargo, es trasladar al administrado el costo de todas las deficiencias o incorrecciones en las que, en ocasiones, pueda incurrir el Estado en ejercicio de su ius puniendi”. 16 Constitución Política, Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste 12 080012331000-1998-10255-01(39048) 5aCdeE/MMER/Llms IUS-2011-61135  EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD En relación con el segundo problema jurídico consignado, como ya se expuso la Constitución Política artículo 90, ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades

judiciales y adicionalmente, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, convirtiéndose estas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a actos u omisiones de las autoridades públicas relacionados con el actuar de la administración de justicia. También se expuso que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, que si bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también es cierto que las medidas restrictivas no pueden ser arbitrarias o desproporcionadas al punto de desconocer la importancia de dicho derecho, y que en consecuencia se tornen en una privación injusta de la