PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por la presunta culpa grave generando perjuicios económicos por la destrucción de los cultivos en una finca vecina ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos para su procedencia/DAÑO ANTIJURÍDICOComo consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario Para que proceda la acción de repetición, el Estado debe haber sido condenado a la reparación de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente o ex agente público y que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia. Todo lo anterior debe ser establecido en el proceso por la parte demandante, con el aporte de copias auténticas de la sentencia ejecutoriada que impuso la condena y de los documentos que prueben la cancelación de la misma, como también debe quedar acreditada la conducta dolosa o gravemente culposa del agente o ex agente público. De no demostrarse ello en debida forma, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, y se imposibilita la declaratoria de responsabilidad del funcionario estatal y la condena a resarcir el daño causado al patrimonio público. Ahora bien, frente a la configuración de la conducta dolosa o gravemente culposa en que pudo haber incurrido el señor agente, esta Delegada de la Procuraduría, considera importante manifestar que en aplicación directa de lo previsto en el artículo 90 de la Constitución Política, las condiciones objetivas para que proceda la acción de repetición,

consisten en que el Estado haya sido condenado o compelido de acuerdo con la ley, a la reparación de un daño antijurídico, y que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo. RESPONSABILIDAD SUBJETIVA-La condena proferida en la providencia no puede ser fundamento en el presente proceso de repetición/CARGA DE LA PRUEBA-La demandante no cumplió con probar en forma idónea la conducta del Sargento Esta Delegada del Ministerio Público observa de las pruebas allegadas al proceso, que la condena impuesta al Ministerio de Defensa – Policía Nacional a favor de las señoras, tuvo como fundamento la omisión en la ejecución de las obligaciones de carácter legal y contractual por parte de la Policía Nacional, más no realizó ningún pronunciamiento que dé lugar a determinar que la omisión en que incurrió la entidad demandada fue por culpa del señor; es más en la providencia se indica de manera genérica que el incendio se produjo en la estación V.O.R. lugar custodiado por agentes de la Policía, es decir, no se estudió la responsabilidad subjetiva del demandado de manera específica, por lo tanto la condena proferida en dicha providencia no puede ser fundamento en el presente proceso de repetición. En caso bajo estudio, esta Delegada, estima que no se cumplió por parte de la entidad demandante, con la carga de probar en forma idónea los requisitos necesarios para que proceda la acción de repetición, dado que existen serias deficiencias probatorias en relación con la conducta desplegada por el señor Sargento. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-No se acreditó el dolo o culpa

grave con que pudo haber actuado el funcionario público Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co J.Cruz R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.49273 (250002326000200302204-01) En el asunto sub examine, acorde con las pruebas aportadas al proceso, esta Procuraduría Delegada considera que no se cumplió al menos con uno de los requisitos y presupuestos de la acción, puesto que no se acreditó en debida forma, el dolo o culpa grave con que pudo haber actuado el funcionario público, en este caso del señor en su calidad de agente de la Policía Nacional, en el desarrollo de los hechos que dieron origen a la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo cual se considera que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, debe ser confirmada y en consecuencia no se debe acceder a las pretensiones de la demanda. En otras palabras no es suficiente predicar el aspecto subjetivo que debe acompañar la conducta del servidor público, sino además comprobarlo. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE-En la acción de repetición según jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.49273 (250002326000200302204-01) CONCEPTO No. 040 / 2014 Bogotá, D.C 11 de marzo de 2014

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: Doctor Hernán Andrade Rincón EXPEDIENTE: 250002326000200302204 -01 (49273) Acción de Repetición

ACTOR: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional DEMANDADO: René Rojas Tamara Sentido del concepto: solicitud de confirmar el fallo recurrido. / Ausencia de material probatorio para acreditar el elemento del dolo o culpa grave que debe resultar plenamente probado dentro del plenario para establecer la responsabilidad patrimonial del servidor o ex servidor público. / La parte actora no atendió la carga probatoria que le correspondía.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda – hechos

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Expediente No.49273 (250002326000200302204-01)

De acuerdo a lo señalado en el escrito introductorio, se extractan los siguientes: (folios 68 a 80 cdrno. ppal.) Narra la demanda que el 21de agosto de 2005 en la estación aérea de V.O.R. ubicada en el sector rural del municipio de Mariquita (Tolima), se inició una conflagración como producto de la acumulación de sobrantes y escombros que entre los días 12 y 13 de agosto (días atrás) habían hecho algunos agentes, en un sector limítrofe a la finca de propiedad de las hoy demandantes. Se dice que la acción de los policías fue ligera e imprudente porque ellos no tomaron la precaución de evitar que el fuego superara el límite de esa finca, ocasionando una gravísima conflagración que hoy tiene en total ruina económica de las demandantes, pues el fuego fue de tal magnitud que arrasó con los cultivos que allí se encontraban, pues tenían una duración superior a tres años de sembrado y estaban en producción. Para extinguir el fuego fue necesario acudir a los bomberos de Honda y Mariquita porque de no haber sido por ellos, las perdidas hubieran sido incalculables. Por estos hechos se adelantó los siguientes procesos: Penal: el Juzgado 179 de IPM adelantó el sumario 2160 por el delito de incendio y daño en bien ajeno contra SS. René Rojas Tamara, ARP Jhon Smith Bolívar Espinosa, ARP Miguel Fernando Varón Lugo, dentro del cual se profiere providencia el 280907 con la cual se les resuelve su situación jurídica absteniéndose de proferir medida de aseguramiento en contra del ARP Jhon Smith

Bolívar Espinosa, ARP. Miguel Fernando Varón Lugo y medida de aseguramiento consistente en caución prendaria en contra del SS. René Rojas Tamara.

Disciplinario: Por los hechos no se adelantó la investigación disciplinaria.

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.49273 (250002326000200302204-01) 1.2. Contestación de la demanda 1.2.1. Demandado René Rojas Tamara El demandado a través de apoderado contestó la demanda, quien se opuso a las pretensiones y condenas al indicar que el proceso de responsabilidad en el que resultó condenada la entidad, no se estudió la culpa grave o dolo del agente demandado, por lo que no existen razones fácticas, ni jurídicas para obtener las declaraciones de condena. Adicionalmente afirma que a la entidad le faltó más diligencia en el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción. 1.3. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del veinticuatro (24) de septiembre de 2013, resolvió negar las pretensiones de la demanda. El fallo proferido se fundamentó principalmente en los siguientes: Concluyó el Tribunal que en el caso objeto de estudio, resultó claro, que no existen los elementos de juicios suficientes para establecer la responsabilidad del demandado, es decir, que en este caso, le correspondía a la parte demandante la

carga probatoria para demostrar la responsabilidad patrimonial del Agente de la Policía Nacional, hecho que no logró. 1.4. Recurso de apelación – Ministerio de Defensa-policía Nacional El apoderado de la parte actora incoa recurso de apelación en donde en términos resumidos argumenta lo siguientes (fls. 173 a 178 del cuaderno del Consejo de E.): 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.49273 (250002326000200302204-01) Señala que en el caso bajo estudio, no cabe duda que necesariamente hay una determinación de una responsabilidad subjetiva frente al análisis de la conducta desplegada por el Agente involucrado. Indica que el hoy demandado René Rojas Tamara hasta este momento procesal no ha logrado demostrar que actuó bajo alguna causal excluyente de responsabilidad, además de que por estos hechos no se le adelanto ningún proceso disciplinario. Reitera que la conducta desplegada por el SS. René Rojas Tamara fue gravemente culposa pues el daño causado fue consecuencia de no haber tomada las mínimas medidas de prevención para haber evitado el incendio forestal causado.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico

Puede ser expresado en los siguientes términos:

2.1.1. ¿Le asiste responsabilidad al agente de la policía señor René Rojas Tamara, por la presunta culpa grave en que pudo haber incurrido como responsable de la conflagración que se produjo en la estación aérea V.O.R. ubicada en el Municipio de Mariquita (Tolima), la cual generó perjuicios económicos por la destrucción de los cultivos en una finca vecina? 2.2. Marco teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada de la

Procuraduría: 6

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.49273 (250002326000200302204-01) 2.2.1. Régimen de responsabilidad aplicable Sobre el régimen de responsabilidad en la acción de repetición tenemos lo siguiente: Inicialmente, el Decreto 01 de 1984, actual Código Contencioso Administrativo, anterior a la Constitución Política de 1991, estableció en los artículos 77 y 78 que los funcionarios públicos serán "responsables de daños que causen por culpa grave o dolo en ejercicio de sus funciones". La Constitución Política en su artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad del Estado, prescribiendo "El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados

por la acción o la omisión de las autoridades públicas", pero a su vez, y consecuentemente establece el deber para el mismo que cuando esta reparación patrimonial se derive de una conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes debe repetir contra éste. El mandato constitucional anterior fue desarrollado por la Ley 678 del 03 de agosto de 2001, "Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición". La referida ley establece que la acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena u otra forma de terminación de un conflicto, acción que es de obligatorio ejercicio para las entidades públicas cuando el daño causado por el Estado 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.49273 (250002326000200302204-01) provenga igualmente de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes. (arts. 2 y 4). En aras de amparar el derecho fundamental al debido proceso se impone analizar la conducta desplegada por los demandados con fundamento en las normas

vigentes para la fecha de los acontecimientos. Al respecto se ha manifestado el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo diciendo: "En síntesis, en armonía con el derecho constitucional al debido proceso la culpa grave o dolo en la conducta del agente público se debe estudiar conforme con las normas vigentes a la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones que dieron lugar a la sentencia condenatoria contra el Estado o produjeron la conciliación que determinó el pago indemnizatorio a la víctima del daño”1. Al respecto entonces el artículo 90 de la Constitución Política señala: "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. "En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste". Igualmente, se reitera los artículos 77 y 78 del C.C.A que establecen la responsabilidad de los funcionarios del Estado como consecuencia de los "daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones", estableciéndose que en caso de prosperidad de una eventual condena "la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere". Debe observarse cómo el precepto constitucional anteriormente citado establece unas condiciones objetivas para que proceda la acción de repetición, las que consisten en que el Estado haya sido condenado o se haya visto obligado a la 1 H. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, Ponente: Dra. Ruth Stella Correa

Palacio, actor: Contraloría General de la República, rad. 11001-03-26-000-2003-00019-01 (24953), Acción de Repetición. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.49273 (250002326000200302204-01) reparación de un daño antijurídico, y que por ello haya pagado el perjuicio o indemnización impuesta en una condena. 2.2.2. El Consejo de Estado, respecto de la responsabilidad patrimonial del servidor o ex servidor público En repetidas oportunidades ha señalado el H. Consejo de Estado que son tres los elementos que deben resultar plenamente probados dentro del plenario para establecer la responsabilidad patrimonial del servidor o ex servidor público vinculado a través de demanda de Repetición 10, siendo ellos: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar los daños antijurídicos causados a las personas. b) Que la entidad haya pagado a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria. c) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas. 2.2.2. Dolo o culpa grave El artículo 63 del Código Civil establece se refiere a todo lo relacionado con la graduación de la culpa y el dolo y su ves distingue las tres especies de culpa o

descuido De la norma como se distingue en el artículo 63 del Código Civil, se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.49273 (250002326000200302204-01) que en el régimen civil se asimila al dolo. Ahora bien, en cuanto a la segunda modalidad subjetiva con la que se califica la conducta del agente, esto es, el dolo, debe entenderse por tal, aquella conducta realizada por el autor con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio, o en otra concepción, un comportamiento antijurídico, habiéndoselo representado y adecuado a sus posibilidades, con el fin unívoco de obtener un resultado dañino deseado. Así pues, dentro de los aspectos integrantes del dolo, en materia civil el doctrinante Arturo Valencia Zea, ha manifestado que:

“… es necesario distinguir entre el dolo contractual (o dolo como vicio del consentimiento) y el dolo extracontractual. El dolo contractual (dolo in contrahendo) es el engaño consciente que uno de los contratantes infiere a otro para inducirlo a la celebración de un contrato (C.C., art. 1515). El dolo extracontractual es el daño causado a otro en forma consciente al margen de un contrato. "En general, los daños cometidos con dolo, es decir con intención de dañar se denominan delitos civiles (C. C., art 2302, sustituido por el art.34 de la ley 57 de 1887; y los causados con culpa pero sin intención de dañar se denominan cuasidelitos o culpas (C. C., art.2301) A propósito de estas dos nociones con ocasión de la acción de repetición, el Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes términos: ''Al no haberse precisado o definido legalmente, de manera específica para efectos de la acción de repetición, los conceptos de 'culpa grave' y 'dolo', la jurisprudencia (. . .) acudió inicialmente a la noción recogida y desarrollada por el ordenamiento civil, en cuyo artículo 63 (. . .) se distingue entre la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima, para efectos de señalar que culpa o negligencia grave es el descuido en que ni siquiera incurrirían las personas negligentes o de poca prudencia en el manejo de sus propios negocios. Así mismo, el aludido artículo 63 precisa que en materia civil esa culpa se equipara al dolo que, a su vez, se concibe como 'la intención positiva de inferir

10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.49273 (250002326000200302204-01) injuria a la persona o a la propiedad del otro. 2.3. Pruebas obrantes Dentro del proceso quedaron aportadas las pruebas que se relacionan:  Fotocopia de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima mediante la cual declara la responsabilidad del Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los perjuicios causados a las demandantes (fls13 a 40 cdrno. principal)  Fotocopia de Resolución No. 1180 del 22.12.10 y comprobante de egreso No. 1500016523 del 30. 12. 10 mediante el cual se dispuso el pago total del capital, consistente en la suma de ciento ochenta millones doscientos sesenta y cinco mil doscientos diecinueve pesos con 32/100 ($180.265.219,32) por concepto de los perjuicios materiales causados a las demandantes Blanca Sanabria de Díaz y/o por los hechos ocurridos el 21.08.05 en el inmueble denominado Llano Grande, ubicado en la zona rural del municipio de Mariquita, contiguo a la estación V. O. R." ( folios 41 a 45 cdrno. principal) 2.4. Caso concreto Estudiadas las pruebas allegadas al plenario, y de conformidad con las normas

aplicables y el alcance que les ha dado la jurisprudencia, encuentra esta Delegada la Procuraduría, que la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada conforme a los siguientes argumentos: Sea lo primero mencionar que en el caso sub examine, la demanda versa sus pretensiones en el reembolso de la suma pagada por El Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a las señoras Blanca Miranda Sanabria y María Fernanda Díaz 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.49273 (250002326000200302204-01) Torres por los perjuicios ocasionados a estas y en cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima de fecha 19 de junio de 2009. 2.4.1. Como se explicó, en el marco teórico de este concepto, para que proceda la acción de repetición, el Estado debe haber sido condenado a la reparación de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente o ex agente público y que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia. Todo lo anterior debe ser establecido en el proceso por la parte demandante, con el aporte de copias auténticas de la sentencia ejecutoriada que impuso la condena y de los documentos que prueben la cancelación de la misma, como también debe quedar

acreditada la conducta dolosa o gravemente culposa del agente o ex agente público. De no demostrarse ello en debida forma, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, y se imposibilita la declaratoria de responsabilidad del funcionario estatal y la condena a resarcir el daño causado al patrimonio público. 2.4.2. Ahora bien, frente a la configuración de la conducta dolosa o gravemente culposa en que pudo haber incurrido el señor agente René Rojas Tamara, esta Delegada de la Procuraduría, considera importante manifestar que en aplicación directa de lo previsto en el artículo 90 de la Constitución Política, las condiciones objetivas para que proceda la acción de repetición, consisten en que el Estado haya sido condenado o compelido de acuerdo con la ley, a la reparación de un daño antijurídico, y que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo. Al respecto esta Delegada del Ministerio Público observa de las pruebas allegadas al proceso, que la condena impuesta al Ministerio de Defensa – Policía Nacional a favor de las señoras Blanca Miranda Sanabria y María Fernanda Díaz Torres, tuvo como fundamento la omisión en la ejecución de las obligaciones de carácter legal y 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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contractual por parte de la Policía Nacional, más no realizó ningún pronunciamiento que dé lugar a determinar que la omisión en que incurrió la entidad demandada fue por culpa del señor René Rojas Tamara; es más en la providencia se indica de manera genérica que el incendio se produjo en la estación V.O.R. lugar custodiado por agentes de la Policía2, es decir, no se estudio la responsabilidad subjetiva del demandado de manera específica, por lo tanto la condena proferida en dicha providencia no puede ser fundamento en el presente proceso de repetición. 2.4.3. A lo anterior se debe sumar el hecho de que la parte demandante, tal como se menciona en la sentencia del Tribunal, pretende probar el elemento subjetivo, con los siguientes documentos: i) reporte inicial de actuación No. 437 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Honda (Tolima), en donde se afirma que el incendio se había producido por descuido en quema de residuos vegetales secos en cercanía de las antenas receptoras de la Aerocivil. (FI. 46 Cuad. Ppal.) ii) Informe de incendio forestal de fecha 21 de agosto de 2005, suscrito por el comandante de Bomberos Voluntarios, en el que se manifiesta que el incendio se produjo "al parecer" por una quema no controlada, la cual se inició en las instalaciones del V.O.R. (FI. 47 Cuad. Ppal.) iii) Informes del Sargento René Rojas Tamara dirigido al Comandante Sexto Distrito de Policía de Honda de fecha 21 de septiembre de 2005 y 3 de diciembre del mismo año, en el que narra lo sucedido el día del

incendio y en el que afirma que fue avisado de este a las 7:30, por parte del AR Barón Lugo Miguel, por lo que procedió a verificar la información y decidió llamar a todo el personal disponible para tratar de apagar el incendio y al no ser posible controlarlo, llamó a los bomberos de la localidad. (Fls. 56 y 61 a 64 Cuad. Ppal.) 2.4.4. Observa esta Delegada que con las pruebas allegadas a este expediente que no es claro ni suficiente para la demostración de la configuración del presupuesto subjetivo, necesario para la prosperidad de la pretensiones en la 2 Fl. 27 del expediente, pag. 15 de la providencia 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.49273 (250002326000200302204-01) acción de repetición, en cuanto éstas no prueban que el señor René Rojas Tamara haya actuado con culpa grave o dolo, toda vez que únicamente con los documentos antes señalados se determina que para el día de los hechos el Sargento Segundo René Rojas Tamara, fue informado del incendio a las 7:30, por parte del AR Barón Lugo Miguel, quien una vez verificó la situación procedió a llamar a todo el personal disponible para tratar de apagar el incendio y al no ser posible controlarlo, llamó a los Bomberos de la localidad, es decir que su actividad

fue encausada a la mitigación de la conflagración. 2.4.5. En caso bajo estudio, esta Delegada, estima que no se cumplió por parte de la entidad demandante, con la carga de probar en forma idónea los requisitos necesarios para que proceda la acción de repetición, dado que existen serias deficiencias probatorias en relación con la conducta desplegada por el señor Sargento Segundo René Rojas Tamara. En consecuencia, en el asunto sub examine, acorde con las pruebas aportadas al proceso, esta Procuraduría Delegada considera que no se cumplió al menos con uno de los requisitos y presupuestos de la acción, puesto que no se acreditó en debida forma, el dolo o culpa grave con que pudo haber actuado el funcionario público, en este caso del señor Rojas Tamara en su calidad de agente de la Policía Nacional, en el desarrollo de los hechos que dieron origen a la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo cual se considera que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, debe ser confirmada y en consecuencia no se debe acceder a las pretensiones de la demanda. En otras palabras no es suficiente predicar el aspecto subjetivo que debe acompañar la conducta del servidor público, sino además comprobarlo. 2.4.6. Por último, la Procuraduría General de la Nación en su función de garantizar la eficacia del derecho de acción y en representación de los intereses 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.49273 (250002326000200302204-01) de la sociedad a través de esta Delegada, considera que se debe confirmar la sentencia de primera instancia, teniendo como fundamento principal que la entidad demandante no acreditó la conducta dolosa o gravemente culposa del agente o ex agente público.

III. CONCLUSIÓN Efectuado el análisis que antecede, esta Delegada de la Procuraduría General de la Nación, solicita a ese alto Tribunal, CONFIRMAR la sentencia de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013) proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, objeto del presente recurso de apelación.

De la H. Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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