PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Configuración legal
Detalles
- Título
- PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Configuración legal
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
ACCION DE REPETICION-Contra herederos de alcalde de municipio condenado en reparación directa por demolición plaza de mercado y afectación a comerciantes CADUCIDAD-Fundamento legal y términos. El Ministerio Público contabiliza este término de manera distinta al tribunal de origen porque de conformidad con lo señalado en el literal l) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en lo atinente a la acción de repetición, se tiene que la entidad que quiera repetir contra sus servidores o colaboradores estatales, debe intentar la acción dentro de los dos años siguientes, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses con que cuenta la administración para el pago de condenas, de conformidad con lo previsto en dicha codificación. De conformidad con las pruebas obrantes en esta actuación, se tiene que hubo una condena contra el Municipio de Neiva, proferida por el Consejo de Estado el 12 de noviembre de 2014, corregida el 13 de febrero de 2015, que quedó en firme el 2 de febrero de 2015, y que de conformidad con el segundo inciso del artículo 192 del CPACA, el último pago de la misma se canceló a los 19 meses después, es decir, el 13 de septiembre de 2016. Dado que los dos años contados a partir del pago se vencían el 13 de septiembre de 2018 y la demanda de repetición fue presentada el 5 de junio de 2017, se tiene que la misma se impetró dentro término de caducidad y por lo tanto el requisito está cumplido. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Cumplimiento de los presupuestos procesales.
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL-No constituye exigencia para su procedibilidad en la acción de repetición, por disposición expresa del legislador. Cabe anotar que el tribunal de origen no consideró esta apreciación, sino que adujo que la conciliación no se tenía que agotar porque los demandados eran indeterminados. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA-La capacidad para actuar en el proceso en tanto tiene un interés legítimo en la causa, pues las resultas del proceso le afectan de manera directa. En cuanto al demandado, se tiene que el municipio de Neiva, que inició el trámite para la repetición del pago, tuvo conocimiento del deceso del exalcalde xxx y por eso emprendió esta acción contra el patrimonio que gravita en la masa sucesoral ilíquida de sus herederos, toda vez la administración consideró que el responsable de los hechos fue el alcalde en mención. El Ministerio Público considera los demandados están legitimados porque la muerte de un presunto responsable solo extingue las acciones punitivas sancionatorias de carácter penal y disciplinario, pero no los efectos civiles y patrimoniales del daño que se le imputa, naturalmente si se encuentra culpable al demandado. Téngase en cuenta que no se está afirmando que los herederos de un agente estatal, sean los culpables de los hechos por los que se les llama a responder, o que por ser los demandados están inmersos en las actuaciones dolosas o gravemente culposas de su causahabiente y que por ende deben responder; tampoco se está insinuando que como la acción de repetición procede contra servidores, exservidores públicos y/o colaboradores estatales, entonces sus
Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 41001-23-33-000-2017-00257-01
Medio de Control: Acción de Repetición Concepto: Ministerio Público sucesores heredan esta condición y que por ello deben responder; sino que como la acción de repetición tiene un contenido patrimonial, en consecuencia la masa de bienes de quien se halle culpable es la que debe prodigar la recomposición del patrimonio público disminuido con la conducta de agente estatal presuntamente responsable de ese menoscabo, y decimos presuntamente responsable porque solo hasta que se demuestre su culpabilidad en dicho hecho, este requisito habrá quedado satisfecho.
CULPABILIDAD-No interesa que el presunto culpable de la condena haya fallecido toda vez que a los herederos demandados se adjudica un curador ad litem/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Acción civil de carácter patrimonial, entonces se puede sostener que por los efectos de un daño, pueden responder los herederos Es precisamente el aspecto atinente a la culpabilidad el que se analiza en este caso, toda vez que los demás requisitos evaluados en la acción de repetición que se ventila en este proceso no generaron ninguna controversia. Cabe resaltar que la muerte de una persona no es causa de extinción de obligaciones patrimoniales al tenor de lo dispuesto en el artículo 1625 del Código Civil; y como la Ley 678 de 2001 define la acción de repetición en su 2 artículo como una acción civil
de carácter patrimonial, entonces se puede sostener que por los efectos de un daño, pueden responder los herederos de quien lo generó, de conformidad con las reglas generales previstas en los artículos 1585, 2341 y 2343 del Código Civil, sin perjuicio del beneficio de excusión contenido en el artículo 1580 de la misma codificación. No interesa que el presunto culpable de la condena impuesta haya fallecido porque el comportamiento que se juzga es el que el servidor público o agente estatal desplegó durante los hechos que dieron lugar a la acción de reparación directa cuando aún vivía, los cuales se encuentran documentados en dicho proceso, sin que se pueda argumentar la violación al derecho de defensa y contradicción en el juicio de repetición debido a la ausencia del causahabiente, toda vez que los herederos demandados tienen esa facultad en el proceso, aun siendo indeterminados, pues cuando esto sucede se adjudica un curador ad litem que los represente, quien tiene pleno acceso a las pruebas y por ende al ejercicio de la defensa y contradicción de sus representados. No ha sido extraño en la jurisprudencia que el Consejo de Estado haya condenado a la sucesión de un servidor público en un juicio de repetición, tal y como aconteció en el proceso N° 11001032600020010006001 (21712) que, con ponencia de la dra. STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO, el 26 de junio de 2015, así lo ordenó. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Requisitos. Fundamento constitucional El artículo 90 de la Constitución Política establece que “(…) En evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la
conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. (Subrayado fuera de texto). Así mismo, sobre la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 dispone que esta es un mecanismo judicial por medio del cual la administración puede obtener de sus funcionarios o exfuncionarios, la restitución del capital que debió reconocer a algún particular como resultado de una condena proferida por la jurisdicción, debido a los daños antijurídicos que hubieren sido 2 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 41001-23-33-000-2017-00257-01
Medio de Control: Acción de Repetición Concepto: Ministerio Público ocasionados por un agente del Estado. En ese sentido, el artículo 2 de la Ley 678 de 2001 preceptúa lo siguiente: “La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o exservidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte de Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto (…)” Según lo ha señalado la Jurisprudencia del Consejo de Estado, para ejercer esta acción es necesario que concurran los siguientes requisitos: La existencia de una condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; El pago de la indemnización por parte de la entidad pública; La calidad del
demandado como agente o exfuncionario del Estado demandado ;La culpa grave, o el dolo en la conducta del demandado; Que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico. DAÑO ANTIJURIDICO-Configuración legal Al interrogante que se debe formular en toda acción de repetición acerca de si la conducta del agente estatal fue la que condujo irremediablemente al daño antijurídico por el que se condenó a una entidad, el Ministerio Público responde que sí, pues sin duda se observa que si el alcalde xxx, hubiera sido diligente en el itinerario de la junta directiva de la Sociedad de Economía Mixta MERCANEIVA S.A. y en la junta o consejo directivo de la Empresa de Servicios Públicos de Neiva, así como en el ejercicio de su administración municipal, hubiera: i) cumplido sus promesas de no trasladar a los inquilinos de las plazas minoristas hasta que MERCANEIVA no estuviera terminada; ii) hubiera puesto todo su empeño en que dicha obra se concluyera, ejerciendo los controles por medio de la interventoría y supervisión del convenio que se suscribió para crear esta sociedad con el único fin de construir la plaza de mercado de MERCANEIVA; iii) no hubiera permitido el desalojo por la fuerza de los inquilinos de la plaza Central (no nos referimos a la plaza Satélite del Norte, puesto que esta seguía funcionando hasta su cierre que ocurrió en marzo de 1998, cuando ya el señor xxx no era alcalde, lo cual debe impactar en el contenido patrimonial de la condena, pues ÉL no tuvo que ver con el desalojo abrupto de estos inquilinos), y iv) no hubiera privilegiado la construcción de un parque
en el terreno de la extinta plaza Central por encima de lo que significó el desalojo de los arrendatarios de esta plaza y su inminente traslado a la plaza de mercado de MERCANEIVA que aún no estaba terminada. Como nada de esto ocurrió y al contrario hubo desidia en el manejo del problema, resulta evidente que el comportamiento de la administración en cabeza del alcalde fue el que desató el daño antijurídico por el que se condenó al municipio de Neiva. POSICIÓN DE GARANTE-Cuando el sujeto conoce y cuando no tiene conocimiento de los hechos de sus subalternos o demás directivos
PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA
ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
3 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 41001-23-33-000-2017-00257-01
Medio de Control: Acción de Repetición
Concepto: Ministerio Público CONCEPTO No 011/ 20201
Bogotá, D.C., 16 de febrero de 2021
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente Doctor ALBERTO MONTAÑA PLATA
E. S. D.
EXPEDIENTE : 41001-23-33-000-2017-00257-01 (65.762)
MEDIO DE CONTROL : ACCIÓN DE REPETICIÓN
DEMANDANTE : MUNICIPIO DE NEIVA (HUILA)
DEMANDADO : HEREDEROS INDETERMINADOS DE
GUSTAVO PENAGOS PERDOMO (q.e.p.d.)
El Ministerio Público presenta su concepto en el proceso de la referencia desarrollando los siguientes puntos:
I. ANTECEDENTES
I.1. Demandante I.2. Demandados I.3. Demanda y pretensiones I.4. Hechos que originaron el medio de control de repetición I.5. Contestación de la demanda I.6. Sentencia de primera instancia I.7. Apelación
II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO II.1. Problema Jurídico II.2. Cumplimiento de los presupuestos procesales para la acción de repetición
4 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 41001-23-33-000-2017-00257-01
Medio de Control: Acción de Repetición Concepto: Ministerio Público 2.3. Requisitos y verificación de requisitos en la acción de repetición que se instauró II.2.1. Condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente 2.3.1. Pago de la indemnización por parte de la entidad pública 2.3.3. Calidad del demandado como agente o exfuncionario del Estado demandado 2.3.4. Examen Culpabilidad (análisis de culpa grave o dolo en la conducta del demandado y en caso de hallar alguna de estas formas de culpabilidad, verificación de si la conducta dolosa o gravemente culposa fue la causante del daño antijurídico) 2.3.4.1. Hechos cronológicamente relevantes constitutivos de antecedentes del caso y autoridades implicadas
2.3.4.2. Conclusión de ese panorama fáctico 2.3.4.3. Análisis de culpabilidad e incidencia de la conducta en la causación del daño antijurídico 2.3.4.5. Argumentos del tribunal de origen y postura que tiene el Ministerio Público frente a los mismos 2.4. Conclusiones del Ministerio Público
III. CONCEPTO
I. ANTECEDENTES 1.1 DEMANDANTE La presente acción fue instaurada por el MUNICIPIO DE NEIVA (HUILA). 1.2. DEMANDADO La acción se instauró contra los herederos indeterminados del fallecido alcalde
de Neiva GUSTAVO PENAGOS PERDOMO.
5 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 41001-23-33-000-2017-00257-01
Medio de Control: Acción de Repetición
Concepto: Ministerio Público 1.3. LA DEMANDA Y PRETENSIONES El Municipio de Neiva instauró el medio de control de repetición contra los herederos indeterminados del fallecido alcalde de Neiva (Huila) GUSTAVO PENAGOS PERDOMO, a fin de recuperar lo que el ente territorial tuvo que sufragar como consecuencia de la condena que le impuso el Consejo de Estado en la sentencia de reparación directa surtida dentro del proceso N° 4100123310009990063701, calendada el 12 de noviembre de 2014 y corregida el 13 de febrero de 2015; toda vez que el máximo juez de lo contencioso
administrativo condenó a ese municipio a pagar la suma de $ 3.277.674.667.44 por concepto del daño antijurídico que la administración del referido alcalde le ocasionó a 351 demandantes. El Municipio de Neiva solicitó que los herederos indeterminados del alcalde en mención respondieran patrimonialmente por la deuda y que en consecuencia se les condenara a pagar la suma mencionada, más la indexación e intereses a que hubiera lugar; porque consideró que el responsable de los hechos que llevaron a la condena contra el municipio fue el señor GUSTAVO PENAGOS PERDOMO quien se desempeñó como alcalde de esa circunscripción territorial desde el 1 de julio de 1997 al 31 de diciembre de esa misma anualidad, (a fin de terminar el periodo constitucional de 1995 a 1997). Es de resaltar que culminado su periodo, el mandatario local falleció, razón por la cual el municipio decidió demandar a los herederos indeterminados del alcalde en vista de que a la fecha de la demanda, y hechas las averiguaciones pertinentes, advirtieron que aún no se había gestionado la sucesión de su patrimonio. En virtud de lo anterior, el demandante le solicitó al tribunal de origen que emplazara a los herederos indeterminados y así se procedió. En la demanda de repetición se adujo que el alcalde GUSTAVO PENAGOS PERDOMO había incidido en la condena que se le impuso al municipio por 6 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094
Expediente No 41001-23-33-000-2017-00257-01
Medio de Control: Acción de Repetición Concepto: Ministerio Público haber obrado con culpa grave1. 1.4. HECHOS QUE ORIGINARON EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN - El señor Ramiro Abella Plaza y 350 personas más que laboraban en las plazas de mercado Central y Satélite del Norte de la ciudad de Neiva, demandaron al Municipio de Neiva (Huila) a través del medio de control de reparación directa, al considerar que la administración los había desalojado de dichas plazas incumpliéndoles la promesa de reubicarlos, con lo cual muchos se quedaron sin trabajo y sufrieron cuantiosas pérdidas materiales. - El Consejo de Estado que conoció en segunda instancia de su acción, emitió sentencia el 12 de noviembre de 2014 concediéndoles la razón al declarar que en efecto, el Municipio de Neiva había sido el responsable de los perjuicios que les generaron desde el año 1997 a causa de la demolición de las plazas de mercado Central y Satélite del Norte de la ciudad, así como por la falta de adecuación en condiciones de reubicación para su ubicación en la nueva plaza de mercado minorista MERCANEIVA – MERCASUR.
El máximo órgano de la jurisdicción contenciosa señaló que la administración municipal había lesionado el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y al mínimo vital de los comerciantes que se encontraban laborando en dichas plazas, cuando efectuó la demolición de esos lugares, toda vez que el alcalde se había comprometido a no desalojarlos hasta que la nueva plaza de mercado
que los aglutinaría, se encontrara lista para el efecto, tal y como lo había preceptuado el Concejo Municipal y como lo habían advertido los entes de control pertenecientes al Ministerio Público. En el fallo se abordaron temas jurídicos relevantes como la vulneración al principio de la buena fe, la confianza legítima y aquel que proscribe que no se 1 Folios 3 a 45 del cuaderno 1 7 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 41001-23-33-000-2017-00257-01
Medio de Control: Acción de Repetición Concepto: Ministerio Público puede ir en contra de los propios actos, en tanto en el caso bajo se examen estos fueron trasgredidos por la administración municipal de Neiva. - Como consecuencia de lo anterior, el ente territorial fue condenado a pagar la suma de $3.276.192.191.44 millones de pesos. - Esta cantidad de dinero fue sufragada por el municipio de Neiva, quien decidió emprender la acción de repetición contra el patrimonio que gravita en la masa sucesoral ilíquida de los herederos del alcalde GUSTAVO PENAGOS PERDOMO, toda vez la administración consideró que el responsable de los hechos fue el alcalde en mención; pero al tener conocimiento de su deceso, optó por demandar a sus herederos dado el carácter patrimonial de esta acción o medio de control. 1.4. LA CONTESTACIÓN Mediante providencia del 13 de septiembre de 2017, notificada el 29 del mismo
mes y año, el Tribunal Administrativo de Huila designó al abogado ALFONSO CERQUERA PERDOMO en calidad de Auxiliar de la Justicia, como curador ad litem de los demandados, quien el 24 de octubre de 2017 contestó la demanda aduciendo frente a las pretensiones, que se atenía a lo que se probara en el proceso. En cuanto a los hechos aceptó los enunciados en los numerales 1, 2, 3 y 4 de la demanda, y manifestó que se atenía a lo probado respecto de los hechos 5 y 6, sin acometer mayores explicaciones en torno a cualquiera de los hechos. Como pruebas solicitó que se tuvieran en cuenta las documentales que obraban en el pleito2. 1.6. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 2 Folios 800y 801 del cuaderno N° 4. 8 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 41001-23-33-000-2017-00257-01
Medio de Control: Acción de Repetición Concepto: Ministerio Público El Tribunal Contencioso Administrativo de Huila emitió decisión el 14 de noviembre de 20193, negando todas las súplicas de la demanda al resolver el problema jurídico que se planteó, el cual consistió en examinar si los herederos indeterminados del señor GUSTAVO PENAGOS PERDOMO estaban obligados a reembolsar al Municipio de Neiva el monto de la condena que le impuso el Tribunal Administrativo de Huila, la cual había sido modificada por el
Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa en su contra, toda vez que el municipio en mención considera que la condena que se le impuso se generó como consecuencia de los perjuicios ocasionados por el alcalde GUSTAVO PENAGOS PERDOMO, al haber ordenado la demolición de las plazas de mercado Central y Satélite del Norte de dicha ciudad, sin que la plaza de mercado donde serían trasladados los inquilinos estuviera lista para su reubicación. Tras pronunciarse sobre los requisitos de la acción, las normas sobre la materia, y la acreditación de los requisitos objetivos para instaurar el medio de control de repetición, señaló que en el caso no estaba probada la culpabilidad del alcalde GUSTAVO PENAGOS PERDOMO. Para llegar a esa conclusión rememoró los hechos que recrearon el pleito inicial en sede de reparación directa indicando que: Los hechos se remontan desde que el anterior alcalde había emitido la Resolución 492 de 1996, cambiando la destinación del uso de suelo donde funcionaba la Plaza Satélite del Norte, a fin de que este se utilizara únicamente para el desarrollo de proyectos de vivienda unifamiliar y multifamiliar, con la condición de no llevar a cabo este proyecto hasta tanto no se concluyera el proyecto MERCANEIVA, el cual agruparía a los comerciantes de las plazas de 3 Folios 1050 al 1067 del cuaderno N° 6. 9 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 41001-23-33-000-2017-00257-01
Medio de Control: Acción de Repetición Concepto: Ministerio Público mercado Central y Satélite del Norte, en un lugar que contara con mejores estructuras y adecuaciones para comercializar sus víveres y alimentos.
En cuanto a la Plaza Central, el Concejo Municipal también había proferido el Acuerdo N°011 de 1997 que modificó el Acuerdo No. 050 de 1991, variando el uso del suelo de esta porción de tierra, a fin de que allí se destinara ese espacio para un bien de uso público, condicionando su construcción hasta que la Plaza de Mercado minorista de MERCANEIVA estuviera terminada. El mismo órgano colegiado se pronunció frente al establecimiento público Empresas Públicas de Neiva, (que era la propietaria de la Plaza de Mercado Central y la administradora de la Plaza Satélite del Norte, la cual pertenecía al Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA de dicha ciudad), señalando que dicha empresa tenía ser suprimida, liquidada o transformada en virtud del Acuerdo Municipal N° 036 de 1996, que sí lo había dispuesto. Recordó que mientras se llegaba a esa transformación, en el entretanto, la Sección de Saneamiento Ambiental de la Secretaría de Salud del municipio practicó visita a las instalaciones de las plazas de mercado en mención y mediante el acta N° 717 del 10 de septiembre de 2017, consignó las observaciones tendientes a dejar en evidencia la falta de requisitos higiénicosanitarios de la Plaza de Mercado Central de conformidad con las normas existentes sobre la materia, por lo que dejaron unas recomendaciones para que en el término de 30 días fueran acatadas. El 5 de noviembre de 1997, ocurrió
lo propio en la Plaza de Mercado Satélite del Norte y la autoridad sanitaria, dejó plasmadas las deficiencias higiénicas de este lugar en el acta 191, con un plazo de 5 días para subsanarlas. El 10 y el 24 de noviembre de 1997, la autoridad municipal aludida visitó de nuevo las plazas en mención y realizó las actas 759 y 19, dejando consignado en ellas que los encargados de su manejo, no habían cumplido con las recomendaciones que se les había dejado para solucionar los problemas 10 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 41001-23-33-000-2017-00257-01
Medio de Control: Acción de Repetición Concepto: Ministerio Público ambientales y sanitarios de las mismas y en consecuencia, el alcalde del municipio de Neiva, junto con la secretaria de salud municipal y el jefe de la oficina jurídica de la época, firmaron las Resoluciones Nos. 618 y 619 del 24 de diciembre de 1997 por medio de las cuales se impuso una medida de seguridad respecto de cada una de las plazas de mercado señaladas, ordenando su cierre temporal y total hasta tanto se reestablecieran las condiciones óptimas de sanidad previstas en las normas, delegando en la Secretaría de Gobierno municipal la realización de las diligencias tendientes a obtener el cumplimiento de lo dispuesto, agregando que para el efecto se contaría con el apoyo de las autoridades de policía y militares del lugar.
El tribunal de Huila indicó que luego que, “[d]urante ese mismo periodo de tiempo, la Corporación Autónoma del Alto Magdalena CAM, mediante Resolución No. 856 del 31 de diciembre de 1997, había otorgado un permiso ambiental para que la Sociedad Unión Temporal E.C.A.C Ltda. desarrollara el proyecto de demolición de las plazas en cuestión”. Y de otra parte agregó que la sociedad MERCANEIVA S.A., convocaría a personas naturales y jurídicas, para que participaran en la constitución de una sociedad de economía mixta, para la financiación, construcción y venta de dicho centro minorista, para lo cual se suscribió un contrato con un plazo de ejecución de 180 días, cuya terminación se pactó para el 1 de diciembre de 1997, dándose inicio de obras el 30 de marzo de 1997. El tribunal señaló que Empresas Públicas de Neiva, al ser administradora y arrendadora de los puestos de venta y locales comerciales de los dos establecimientos de mercadeo, procedió a dar por terminado los contratos de arrendamiento de los inquilinos de estas plazas con 6 meses de anticipación, y cumplido el plazo y aún con las obras inconclusas en la central minorista a la que se debían trasladar, la administración municipal les ordenó a tales 11 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 41001-23-33-000-2017-00257-01
Medio de Control: Acción de Repetición Concepto: Ministerio Público arrendatarios trasladarse a la plaza de mercado minorista MERCANEIVA.
Los jueces del caso señalaron que según lo probado en el proceso de reparación directa, las obras para adecuar la plaza de mercado de MERCANEIVA continuaron su ejecución hasta el mes de marzo de 1998, fecha en la cual fueron abandonadas por el contratista. Resaltaron que a pesar de que la plaza de mercado de MERCANEIVA no estaba lista para su utilización, se permitió el traslado de los inquilinos de las plazas Central y Satélite del Norte al proyecto de MERCANEIVA, pero que como las condiciones no eran óptimas, los comerciantes sugirieron que les colocaran unas carpas para vender sus productos, mientras se terminaban las obras. El Consejo del municipio practicó visita el 4 de febrero de 1998 y observó que las condiciones en que laboraban los comerciantes de las plazas de mercado allí eran indignas y exigió que se terminara la plaza de MERCANIEVA a más tardar hasta el 31 de marzo de 1998. Luego de dejar resumidos los hechos así, el tribunal de origen, acerca del análisis de culpabilidad, textualmente señaló: “De lo anterior se concluye que si bien el señor Gustavo Penagos Perdomo (q.e.p.d.), en su calidad de alcalde, estuvo presente y tenía la responsabilidad legal y constitucional de finiquitar el proceso tanto de construcción de la central minorista de mercadeo como el traslado de los inquilinos y garantizarles las mejores condiciones para que dicho proceso se surtiera de la mejor manera posible, también lo es que desde antes, durante y después de ese proceso intervinieron otras autoridades municipales, como el Concejo Municipal de Neiva, la Secretaría de Salud y de Gobierno, el Departamento
Administrativo Jurídico Municipal de la época, la CAM, e incluso de terceros que debían coadyuvar, complementar, realizar y ejecutar el aludido proyecto. 12 Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No 41001-23-33-000-2017-00257-01
Medio de Control: Acción de Repetición Concepto: Ministerio Público Según lo probado y teniendo en cuenta los antecedentes puestos de presente, la Sala concluye que no se dan los supuestos fácticos de responsabilidad que se exige en estos casos, en tanto que no se advierte de manera clara y suficiente el dolo o la culpa grave de parte del señor alcalde de la época, o incluso, que existiera mala fe en su actuar y en las decisiones adoptadas en dicha época y a pesar de que lo consignado en la sentencia proferida por el Consejo de Estado al resolver la segunda instancia dentro del proceso de reparación directa instaurada por los inquilinos de las plazas de mercadeo central y satélite de Neiva en contra del Municipio de Neiva y en la que se concluyó que existió en dicha actuación un daño antijurídico por la falla del servicio en que incurrió la administración municipal al existir un compromiso por parte del ente municipal de no demoler las plazas de mercado hasta tanto no estuviera completamente terminado y en condiciones de funcionabilidad el nuevo centro de mercado minorista Mercaneiva y Mercasur, pues lo cierto es que tal estado de las cosas no solo fue responsabilidad exclusiva
del señor alcalde sino de toda la administración municipal incluso de los ingenieros de la obra y de los contratistas de la construcción de tales edificaciones quienes afirmaron y le certificaron al señor alcalde, según aparece en el Informe de Visita Especial practicada a las instalaciones de la Plaza Minorista de Mercado Mercaneiva el 26 de diciembre de 1997, que los trabajos podían continuarse desarrollando aun estando los inquilinos en dicho centro de mercadeo, situación puesta en conocimiento de los afectados y quienes solo pidieron que se les cololocaran unas carpas; es decir, estaban al tanto de lo que sucedía con las obras y las condiciones en las que se encontraba la nueva plaza de mercado. De esta forma, se evidencia en primer lugar que existía un grave problema de salubridad en las plazas de mercado de la ciudad de Neiva, que ante los requerimientos realizados por la Secretaría de Salud municipal, nada se hizo al respecto, a pesar de las constantes quejas de las personas ubicadas en el sector donde pernoctaban los vendedores. Entonces, si toda la administración municipal tuvo participación en dicho proceso administrativo, que estaba avalado por el Concejo municipal de Neiva y que incluso, la demolición y traslado de los inquilinos de dichas plazas a Mercaneiva debía surtirse previa la adecuación de esta última por un tercero, una vez cumpliera con los estándares exigidos para este tipo de lugares; es necesario 13 Primera Del
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