PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Definición según la jurisprudencia y doctrina

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Responde por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Elementos que la estructuran El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. DAÑO ANTIJURÍDICO-Definición según la jurisprudencia y doctrina PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Legalidad de la actuación Frente al primer problema jurídico, las entidades demandadas consideran que se resuelve en forma positiva, en la medida en que fue el argumento de defensa planteado en las sendas contestaciones de demanda y, en consecuencia, cuando exista una decisión de privación efectiva de la libertad si ésta cumple con las normas legales vigentes no se incurre en error jurisdiccional, ni en vía de hecho, no se torna en injusta y por lo tanto, no deriva responsabilidad alguna a cargo del Estado. Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la Ley, le permite a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva, por unas causas legales, y la Rama Judicial puede mantener dicha orden mientras se cumplan ciertos requisitos, tampoco, puede perder de vista que se trata de una actuación restrictiva de un derecho fundamental, cual es el de la libertad y que, por ello, estas entidades no pueden ordenarla o extenderla en el

tiempo sin una justa causa, formulación en relación con la cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha mostrado en extremo enfática. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Caso en que se torna injusta SENTENCIA-Requisitos CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA-Está íntimamente relacionada con el derecho al debido proceso Dicho artículo se encuentra en concordancia con el principio de congruencia establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, en el que expresamente se señala que “no se puede condenar al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta”, el cual esta íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso consagrado en la Constitución Política. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Demostrada la responsabilidad por privación de la libertad Se encuentra demostrada la responsabilidad del Estado en cabeza de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación respecto de la privación de la libertad y, en consecuencia, la Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020080034201 (40986) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-224159 declaración de responsabilidad y la condena por los perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro cesante contenida en la sentencia de primera instancia merece ser confirmada. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA-Vulneración No obstante, como se constata una vulneración al principio de congruencia que rige a la sentencia en la medida en que se reconoció en ella perjuicios por fuera de las pretensiones

de la demanda, es menester revocar la condena de perjuicios a la vida de relación contenida en el numeral segundo, literal c, de la parte resolutiva del fallo. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Perjuicios materiales y morales causados a los integrantes de la parte actora por privación de la libertad En los anteriores términos, esta Procuraduría Delegada deja a consideración de la Honorable Sala de Decisión el presente concepto, mediante el cual se solicita modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de revocar la decisión de condenar a las entidades demandadas al pago de perjuicios a la vida de relación. Bogotá D.C., 28 de junio de 2011 Doctora

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 11-133

Acción de Reparación Directa Radicado: 19001233100020080034201 (40986)

Actor: Yonn Favio Rosales y Otros

Demandado: Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación Honorable Señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia que se encuentra en conocimiento del Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 2

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020080034201 (40986) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-224159 Honorable Consejo de Estado en virtud del grado jurisdiccional de consulta, el cual,

como se verá, concluye con la solicitud de que se modifique la sentencia de primera instancia, con fundamento en los argumentos que se expondrán. ANTECEDENTES 1-. Demanda Los señores Yonn Favio Rosales (víctima), Gloria Cruz Rosales (madre), obrando en nombre propio y en representación de sus hijos menores Edilso Roberto y Alex Esteban Ascuntar Rosales, Deisy del Rosario Vallejo Rosales (hermana), Mercedes Edelmira Álvarez (abuela), Maria del Carmen Rosales e Hilda Elisa Rosales Álvarez (tías), en ejercicio de la acción de reparación directa presentaron demanda contra La Nación - Fiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura, con la pretensión de que se les declare administrativamente responsables por los perjuicios materiales y morales causados a los integrantes de la parte actora por la privación de la libertad del señor Yonn Favio Rosales y Otros desde el 28 de octubre de 2003 hasta el 19 de diciembre de 2007. 2-. Contestación de la demanda La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda, se opuso a las pretensiones y en relación con los supuestos fácticos se atuvo a lo que resultara probado. Argumentó en su defensa que “actuó ajustándose estrictamente a la normatividad vigente, tanto en nuestra Constitución Nacional, artículo 250 numeral 1, y en materia penal, es decir dando cumplimiento a la norma para que operara la medida de aseguramiento, sin lugar a desarrollar una actuación diferente a lo consagrado en la Constitución Política y el Código de Procedimiento Penal, que por su naturaleza se entiende de orden público y por consiguiente de aplicación obligatoria e inmediata”.

La Dirección Seccional de la Rama Judicial contestó la demanda. Respecto de los hechos manifestó que se atenía a lo que resultara probado en el proceso. Se opuso a las pretensiones y alegó como defensa “que las decisiones tomadas por la Fiscalía Delegada y el Despacho Judicial en la etapa de juicio, no corresponden en manera Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 3 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020080034201 (40986) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-224159 alguna a su arbitrio, capricho o mera liberalidad, sino que obedecen a la certeza ofrecida por el recaudo probatorio y que indicaba una indudable responsabilidad en los hechos a cargo del ahora demandante. [Quedando] claro que tanto el investigador como el fallador actuaron en derecho, sin desviarse de la finalidad constitucional de la administración de justicia”. 3-. Sentencia El Tribunal Administrativo del Cauca declaró responsable administrativamente a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, “por la privación injusta del señor Jhon Jairo Rosales dentro del proceso adelantado en su contra por la Fiscalía Quinta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado por el presunto delito de transporte de Estupefacientes”, durante el periodo comprendido entre el 28 de octubre de 2003 y 19 de diciembre de 2007, y como consecuencia las

condenó a indemnizar a los demandantes por perjuicios morales, materiales en la modalidad de lucro cesante y por la alteración a las condiciones de existencia, al considerar, en síntesis, lo siguiente: “(…) La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. En este caso, es evidente que la parte demandante ha sufrido un perjuicio por la privación de su libertad y vinculación en un proceso penal que concluyó con sentencia absolutoria del señor Jhon Fabio Rosales”. Al proferirse sentencia absolutoria a favor del señor Jhon Fabio Rosales, se configura sin lugar a dudas, la existencia de un daño antijurídico, pues la privación de la libertad realmente ocurrió, y en desarrollo de la investigación se llegó a la conclusión sobre la inocencia del encartado”.

(…)”. 4-. Recursos Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 4 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020080034201 (40986) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-224159 La parte demandada presentó recurso de apelación por fuera del término consagrado por las normas procesales para tal efecto, en consecuencia, fue declarado desierto por el Consejo de Estado y se ordenó tramitar el grado de consulta en atención a que la sentencia reúne los requisitos establecidos para tal fin. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO  ¿Se puede afirmar que el cumplimiento de los presupuestos normativos que autorizan la privación de la libertad a las personas involucradas en la comisión de un hecho punible y no incurrir en vías de hecho o error jurisdiccional por las Entidades Demandadas exonera al Estado de la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la Constitución Política?.  ¿Se configura la responsabilidad a cargo del Estado en el caso concreto?.  ¿Existe congruencia entre las pretensiones contenidas en el libelo introductorio y la sentencia?. ANÁLISIS JURÍDICO El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos

elementos: el daño antijurídico y la imputación. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 5 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020080034201 (40986) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-224159 Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad

objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio iura novit curia, aplica en cada caso en concreto.

 LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN.

Frente al primer problema jurídico, las entidades demandadas consideran que se resuelve en forma positiva, en la medida en que fue el argumento de defensa planteado en las sendas contestaciones de demanda y, en consecuencia, cuando exista una decisión de privación efectiva de la libertad si ésta cumple con las normas legales vigentes no se incurre en error jurisdiccional, ni en vía de hecho, no se torna en injusta y por lo tanto, no deriva responsabilidad alguna a cargo del Estado. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 6 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020080034201 (40986) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-224159 Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la Ley, le permite a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva,1 por unas causas legales, y la Rama Judicial puede mantener dicha orden mientras se cumplan ciertos requisitos, tampoco, puede perder de vista que se trata de una actuación restrictiva de un derecho fundamental, cual es el de la libertad y que, por ello, estas entidades no pueden ordenarla o extenderla en el tiempo sin una justa causa, formulación en relación con la cual la jurisprudencia de la Corte

Constitucional se ha mostrado en extremo enfática2. Así mismo, es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal3 y la presunción de inocencia4, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos5 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos6 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o 1 C. Pol. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2 Corte Constitucional, Sent. C-327 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz. “...Así pues, aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y

proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los limites del mismo.." 3 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 4 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. 5 Ratificado mediante la ley 74 de 1968 6 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 7 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020080034201 (40986) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-224159 por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”7 . Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han señalado

que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto, si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” enlazado a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, reiteró: “El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad

personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7). 7 Este tema fue ampliamente estudiado por la Sección Tercera en las sentencias de 27 de noviembre de 2003, expediente 76001233100019950106801-14698 Saulo Emilio Mosquera, Consejera Ponente Dra. Maria Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente 76001233100019950106401-16013 Nestor Aizneider Tovar Rivera con ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 8 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020080034201 (40986) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-224159 (…) En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de

que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia8; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional9, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales10, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención11”. Consecuente con ello, el Consejo de Estado ha precisado que en cada caso en que las autoridades judiciales han privado de la libertad a una persona, incumbe analizar si la medida de aseguramiento fue más allá de lo que aquella razonablemente debía soportar la persona a objeto de permitir que el Estado cumpla con el interés general de impartir recta y cumplida justicia.12

8 Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 17, párr. 90, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111. 9 Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 197, y Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 106. 10 Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228. 11 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 48, párr. 128. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2.006, expediente número 13.168. “Al respecto, debe reiterarse lo expresado en otras oportunidades, en el sentido de que no cualquier perjuicio causado como consecuencia de una providencia judicial tiene carácter indemnizable. Así, en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico, sea que tenga causa en una providencia errada o en una providencia ajustada a la ley”. (Subrayas fuera del texto original). Considera la

Sala, de todas formas y como líneas atrás se ha apuntado, que no es posible generalizar y que, en cada caso concreto, corresponderá al juez determinar si la privación de la libertad fue más allá de lo que razonablemente debe un ciudadano soportar para contribuir a la recta Administración de Justicia. Lo que no se estima jurídicamente viable, sin embargo, es trasladar al administrado el costo de todas las deficiencias o incorrecciones en las que, en ocasiones, pueda incurrir el Estado en ejercicio de su ius puniendi”. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 9 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020080034201 (40986) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-224159 Corolario de lo expuesto, si bien es cierto, las entidades demandadas tienen facultades constitucionales y legales para asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la Ley penal ante las instancias correspondientes mediante la medida de aseguramiento – detención preventiva -, también lo es, que el ejercicio de esta facultad no se constituye en una causal de exoneración de responsabilidad en los eventos en que al ejecutar dicha medida se ocasione un daño antijurídico.  EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD EN EL CASO EN CONCRETO En relación con el segundo problema jurídico se tienen acreditados los siguientes supuestos fácticos:  El 28 de octubre de 2003 la Policía de Carreteras Zona Sur dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación al señor Yon Fabio Rosales, identificado

con la cédula de ciudadanía 13.070.730, en compañía de otras personas porque era el ayudante del vehículo bus marca Chevrolet, placas WTE432 en el que encontraron una caleta en la bodega delantera izquierda en la que transportaban en un costal que contenía 26 kilogramos de base de cocaína.  El 28 de septiembre de 2004, la Fiscalía Quinta Delegada ante Juez Penal de Circuito Especializado de Popayán, decretó Resolución de Acusación contra el señor Jhon Fabio Rosales como presunto coautor responsable del delito descrito en el artículo 376, por transporte de estupefacientes, en circunstancias de agravación art. 384 numeral 3 del C.P.  El 27 de noviembre de 2006 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado profirió sentencia de primera instancia mediante la cual condenó al procesado junto con otras personas a 16 años de prisión y multa de 2000 salarios mínimos legales vigentes a la comisión del hecho. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 10 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020080034201 (40986) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-224159  El 19 de diciembre de 2007, el Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Primera de Decisión Penal -, revocó la condena impuesta en el fallo señalado en el párrafo respecto del señor Jhon Fabio Rosales y decretó la absolución del cargo impuesto en la resolución de acusación y ordenó su libertad

incondicional e inmediata.  Es de anotar, que las providencias se refieren al señor Jhon Fabio Rosales, no obstante, revisado el número del documento de identidad señalado en los diferentes documentos, se detecta que este es el mismo del demandante Yonn Favio Rosales – nombre contenido en el registro civil y número de identificación señalado en el poder, documentos estos anexos a la demanda.  La legitimación en la causa por activa de: Yonn Favio Rosales, Gloria Cruz Rosales, Edilso Roberto Ascuntar Rosales, Alex Esteban, y Deisy del Rosario Vallejo Rosales, se encuentra acreditada con los registros civiles, pero no la de las señoras Mercedes Edelmira Álvarez López, Maria del Carmen Rosales e Hilda Elisa Rosales Álvarez. Dichos supuestos aunado al análisis jurídico ya expuesto, esto es, que en la Constitución Política, artículo 90, se ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, convirtiéndose todas esas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a un acto de privación de la libertad. En el sub examine, La Rama Judicial, a través del funcionario competente, resolvió absolver al señor Yonn Favio Rosales en virtud de la aplicación del principio del in

dubio pro reo, lo cual se deduce de los siguientes apartes: Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 11 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 19001233100020080034201 (40986) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-224159 “(…) Nunca cejó en su manifestación de inocencia y desconocimiento de las caletas y, aunque sobre él pese, en resumen, como única prueba en contra, el señalamiento genérico del informe policivo, tomado de versión de algunos de los agentes, indicando que, según URREGO, el ayudante también tenía conocimiento del hecho, esa simple afirmación, por demás controversial y sujeta a los reparos indicados, no resultaría suficiente para adquirir certeza de que, además de conocer el hecho, estaba voluntariamente participando en él. Mucho menos, podría llegarse a esa certeza de responsabilidad, por un hecho tan normal en esas circunstancias, y que pudo o no haber ocurrido, de que algunos pasajeros, se acercaran a dialogar con el ayudante, pero aún, si ninguna palabra de ese supuesto diálogo se conoció. Más aún, sobre este punto, el ayudante negó haber tenido diálogo con dichos pasajeros y, así lo corrobora, en injurada rendida al día siguiente de los hechos, el señor Argemiro Luciano Pantoja, al espontáneamente reconocer que a quien él se acercó a preguntarle por lo que estaba pasando, fue al “conductor”, cuando lo pasaron esposado.

Sin que podamos, entonces, tener la seguridad de su responsabilidad, debe operar para él, el IN DUBIO PRO REO. Luego, se revocará a su favor la sentencia apelada.” De lo consignado en la providencia del juez penal antes mencionada se puede colegir que no se demostró durante el curso del proceso penal la responsabilidad del señor Yonn Favio Rosales por la comisión del hecho punible atribuido, generando una sentencia absolutoria que nos lleva a concluir que existió una privación injusta de la libertad, en la medida en que la culpabilidad es uno de los presupuestos penales que se deben probar cuando se endilga la comisión de un delito a una persona. Las pruebas arrimadas al proceso no permiten inferir la existencia de una causal de exoneración de responsabilidad a favor del Estado, y si bien es cierto, el era la persona que en calidad de ayudante recibía el equipaje y mercancías de los pasajeros, también lo es, que las pruebas no permitieron establecer con certeza que el costal contentivo de sustancias prohibidas le hubiese sido entregad