PGN - DAÑO ANTIJURIDICO El hecho generador y el nexo de causalidad

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Carencia de pruebas Nos encontramos frente a un limitado material probatorio, que nos impide hacer una valoración de los hechos tal como lo hizo el a-quo para determinar realmente las circunstancias en que acontecieron los hechos, y por ende determinar las condiciones del desaparecimiento del menor, lo cual no permite tener certeza acerca de la configuración real del daño. Las simples afirmaciones plasmadas en la demanda, sin el suficiente respaldo probatorio, razón por la cual la decisión tomada por el Tribunal se encuentra ajustada a derecho. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Si la parte actora no cumplió con la carga probatoria deberá afrontar las consecuencias negativas/DAÑO ANTIJURÍDICO-El hecho generador y el nexo de causalidad El concepto de la prueba se convierte en una regla de conducta para el juez, en virtud de la cual se encontrará en condiciones de proferir fallo de fondo incluso cuando falte en el encuadramiento de la prueba de fondo hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar y, al mismo tiempo en un principio de auto responsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que se desplieguen en el proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, o no las pruebas de los hechos que las benefician o la contraprueba de aquellos que, habiendo sido acreditados por el adversario en la Litis, pueden perjudicarlas, las consecuencias desfavorables derivadas de su eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo, circunstancia que se avizora en el

caso en comento toda vez que al no quedar demostrado la ocurrencia del hecho decimos que al faltar el requisito principal para estructurar la responsabilidad del Estado como lo pretenden los accionantes ya que es sabido que para que exista la responsabilidad se requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. En derecho positivo existen dos normas que nos refieren a la aplicación de esta causal. El artículo 2357 del Código Civil que establece que “La apreciación del daño está sujeta a reducción sí el que ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. Y el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que establece que “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave, o no haya interpuesto los recursos de Ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”. Por lo tanto, al no cumplir la parte actora con la carga probatoria de que habla el artículo 177 del CPC, y al no demostrarse la ocurrencia del hecho esta Delegada considera que el fallo debe ser confirmatorio, bajo los parámetros de valoración del Tribunal Administrativo del Quindío. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Jurisprudencia del Consejo de Estado Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Rzo CONCEPTO No. 279 /2012

Bogotá, D.C 16 de octubre de 2012.

SEÑORES.

CONSEJO DE ESTADO.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A.

CONSEJERO PONENTE: DOCTOR HERNÁN ANDRADE RINCÓN.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 6301233100020100002401 (44462)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA.

ACTORES: LUIS ALEJANDRO FORERO VERGARA y OTROS

DEMANDADOS: MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍOEMPRESAS

PÚBLICAS DE ARMENIA – EPA.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMACIÓN la sentencia recurrida originada en el Tribunal Contencioso Administrativo de Armenia-Quindío/ Carencia de pruebas/ No se acreditó de manera cierta e inequívoca/ Si la parte no asume la carga de probar deberá afrontar las consecuencias negativas que de ello se deriven.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y de la Ley, además en la protección de los Derechos Humanos. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Rzo

I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

Los señores: LUIS ALEJANDRO FORERO VERGARA y SANDRA CLARENA RAMÍREZ RAMÍREZ en representación de sus hijos menores y la señora MARÍA MELBA RAMÍREZ RAMÍREZ, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, instauraron demandada contra el MUNICIPIO DE ARMENIA y Las EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA por los hechos ocurridos el día 13 de junio de 2006, en el sector del puente que del barrio la Adíela comunica con el barrio las Colinas de la ciudad de Armenia, Quindío. El menor iba caminando a su casa en compañía de sus otros dos hermanos, ese día llovió intensamente y al cruzar una cuneta para alcanzar unos escalones el menor fue arrastrado por la corriente de agua lluvia finalmente la corriente de agua lo arrastró al interior de la canalización subterránea que desemboca en la quebrada donde desapareció. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y familiares su cuerpo no pudo ser localizado. 1.2. La contestación.

Las Empresas Públicas de Armenia se opusieron a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, aduciendo que es innegable la presencia del daño, pero éste que se reclama no es capaz de producir responsabilidad, toda vez que

debe tener su fundamento en una causa provocada por la acción u omisión de la administración. Las Empresas Públicas de Armenia no fueron las causantes del fenómeno natural, ni provocaron la imprudencia de los menores, ni construyeron la 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Rzo cuneta en el lugar de los hechos, por lo tanto nada tienen que ver con la responsabilidad que se les pretende imputar.

Como excepciones propuso:  AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. POR LA PRESENCIA DEL CASO FORTUITO: Además de la imprudencia de los menores al cruzar por un camino lleno de obstáculos, en un día lluvioso, en la época de los hechos, esta circunstancia encaja en la órbita del caso fortuito o la fuerza mayor, que constituye factor de exoneración de responsabilidad.  CULPA DE LA VÍCTIMA: en virtud de la responsabilidad que les asiste a los menores que transitaban por la vía donde existía un peligro por las fuertes lluvias, por lo tanto se configura una imprudencia en la ejecución del hecho.  FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA: las Empresas Públicas de Armenia no fueron las causantes del fenómeno natural, ni

provocaron la imprudencia de los menores afectados con su actuar, ni construyeron la cuneta en el lugar de los hechos, por lo tanto nada tienen que ver con la responsabilidad que se les pretende imputar. El Municipio de Armenia en su contestación de demandada se opuso a cada una de las declaraciones y condenas solicitadas en el escrito de la demanda, dijo: El daño lo constituiría la muerte del menor, en razón de la supuesta falla en el 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Rzo servicio de las entidades demandadas, esa desaparición sólo podría derivar consecuencias jurídicas ante la declaratoria de la muerte por desaparecimiento, razón por la cual correspondería a los actores acudir a la jurisdicción ordinaria para que previo los trámites del proceso de jurisdicción voluntaria se declare la muerte presunta del menor, con las consecuencias legales que de ello se derivan y su respectiva anotación en el folio del estado civil, que permita demostrar la muerte.

Propuso las excepciones:  FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO: en lo que se refiere al daño como elemento necesario para estructurar la responsabilidad del Estado, y ante la falta de prueba de la muerte del menor, de acuerdo con las exigencias legales es decir el certificado de defunción.

 FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA: a las Empresas Públicas de Armenia, según sus estatutos, les corresponde la prestación de los servicios públicos domiciliarios, entre otros, la responsabilidad del manejo de las aguas de escorrentía como prestadora del servicio de alcantarillado, razón por la cual no se encuentra la entidad territorial llamada a responder.

 CULPA EXCUSIVA DE LA VÍCTIMA.

 INDEBIDA CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORRAL SOLICITADO:

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Rzo  FALTA DE PRUEBA DEL PERJUICIO MORAL: no se encuentra probada la muerte del menor, no podrá presumirse el perjuicio frente a ninguno de los demandantes, porque le corresponde al actor la carga de la prueba, so pena de no obtener la pretensión compensatoria o indemnizatoria del perjuicio moral. LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros-llamada en garantía, argumentó que en el presente asunto no existe vínculo de causa entre el daño y la presunta omisión que se le endilga a las Empresas Públicas de Armenia en la muerte del menor, no sólo por la presencia de las causales de exoneración, sino porque este organismo es prestador de servicios públicos domiciliarios y entre sus funciones

no están consagradas las de construcción de cunetas, ni rejas, ni andenes peatonales. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo del Quindío en sentencia de primera instancia de fecha 15 de marzo de 2012 negó las pretensiones de la demanda y la sustentó en que: 1.3.1. El artículo 177 del C. de P. C. desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Se traduce, en los procesos que cursan ante el juez de lo Contencioso Administrativo, que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los presupuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Rzo la prueba de los hechos en que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o estrategias de defensa. Si aquél no cumple con su onus probando, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria

en punto de los presupuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la desestimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, un fallo adverso a sus intereses., es claro entonces que si la parte no asume la carga de probar deberá afrontar las consecuencias negativas que de ello se deriven. 1.3.2. Al no haberse acreditado de manera cierta e inequívoca el daño, se hace innecesario analizar los demás elementos para la configuración de la responsabilidad del Estado, tales como, la falla del servicio y el nexo causal, toda vez que se requiere de la confluencia de todos y cada uno de los elementos para determinar la responsabilidad, y ante la falta de uno de ellos la consecuencia jurídica será la ausencia de la misma. 1.4. Argumentos de la apelación El apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación y en éste dijo: es cierto que la muerte del menor no se encuentra acreditada en los términos que señala la parte demandada; es decir, con el registro civil de defunción o con la declaratoria de muerte presunta por desaparecimiento, sin embargo, ello no enerva la pretensión de la demanda ni altera su fundamento fáctico, en efecto, lo que la parte actora viene aduciendo es que sucedió un hecho, un acontecer, algo 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.44462 63001-2331-000-2010-00024 -01 Rzo fenomenológicono jurídico. No existe duda en cuanto que el hecho existió y que la parte demandada incumplió el deber objetivo de cuidado al que estaba obligado al punto que el menor cuando fue arrastrado por las aguas lluvias fue a caer a la quebrada Armenia. Ello no significa otra cosa que las medidas preventivas que debían hacerse eran inexistentes, pues de lo contrario, no hubiese caído a la quebrada el niño. Apelando a la lógica, a la experiencia y a la simple y llana razón, se concluye que el hecho fue el resultado innegable de la omisión de medidas preventivas evidentes y necesarias imputables a las demandadas y a nadie más.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Se probó el daño (muerte o desaparición del menor por el cual se demandó al Municipio de Armenia y a las Empresas Públicas de Armenia, en razón a un accidente que se dice en la demanda existió al caer éste a una cuneta y ser arrastrado hacia una quebrada? 2.1.2. ¿Se puede declarar responsabilidad administrativa y patrimonial al Estado cuando no se demostró por los medios legales el fallecimiento de una persona como en el caso de marras? 2.2. Marco teórico. Premisa normativa. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Rzo Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad, en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, señaló que se dieran los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano. c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Rzo Cuando se invoca la figura de la falla del servicio como título de imputación responsabilidad al Estado, tal y como ocurre en la presente demanda, para que surja el deber de resarcimiento patrimonial a cargo del primero, se deben dar los siguientes elementos: a) Una actuación irregular del Estado b) El daño antijurídico c) El nexo de causalidad entre el daño y el actuar activo u omisivo de la administración El Consejo de Estado con ponencia del Dr. Ramiro Saavedra Becerra del 24 de febrero de 2005 Rad 8500123-31-000-1993-00074-01(14170), dijo: "De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo que consagra la acción de reparación directa, cuyo ejercicio dio origen al presente proceso y que establece la posibilidad que tiene el interesado de demandar la reparación del daño cuando su causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico

como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia, entre ellos el de la tradicional falla del servicio, dentro del cual la responsabilidad 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Rzo surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales: el daño antijurídico sufrido por el interesado, el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada, y finalmente, una relación de causalidad entre este último y el primero, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio." 2.2.2. La carga probatoria. En ese orden de ideas, tal y como señala el Código de Procedimiento Civil Art. 177 y concordantes, la carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los

actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones. Así lo ha repetido el Consejo de Estado, v. gr.: "Al respecto, no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de P. Civil, de acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Rzo hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aún tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos."' 2.2.3. Las pruebas obrantes. Supuestos fácticos. Se allegó el material probatorio de conformidad con las reglas establecidas en materia de prueba documental en el Código de Procedimiento Civil. De hecho, las copias del expediente contentivo de la investigación adelantada por la Fiscalía son de enorme valor para entrar a determinar y conceptuar frente a la sentencia recurrida, las cuales se encuentran aludidas específicamente en ella.

En su orden son:  Registro civil de nacimiento de los demandantes y del menor.  Recorte de la página judicial del diario La Crónica del Quindío de fecha 14 de junio de 2006.  Siete fotografías tomadas al canal por donde baja el agua y la bocatoma.  El único testimonio recibido dentro del proceso, el de la señora Luz Elena Patiño Álzate, ing. Civil de las Empresas Públicas de Armenia quien dijo:

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Rzo  “(…) Lo que yo sé es que el 2006, se ahogó un niño en la quebrada. Lo que sé es que en esa vía hacia el lado derecho hay una canaleta de aguas lluvias, y los niños iban jugando, salieron de la escuela, y uno de ellos cayó en la canaleta. Yo me entré por la prensa…”.  Reporte de emergencia del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Armenia, el cual no ofrece detalles acerca de los hechos. Señala lo siguiente: se atendió llamada para rescate de un menor que se fue a la canal que desemboca en la cañada, siendo infructuoso el operativo. 2.3. Caso concreto. El Tribunal Contencioso Administrativo de Armenia en sentencia adiada quince (15) de marzo de 2012 niega las pretensiones de la demanda y advertir las situaciones, que llevaron a la decisión. En su orden son: Nos encontramos frente a un limitado material probatorio, que nos impide hacer una valoración de los hechos tal como lo hizo el a-quo para determinar realmente las circunstancias en que acontecieron los hechos, y por ende determinar las condiciones del desaparecimiento del menor, lo cual no permite tener certeza acerca de la configuración real del daño. Las simples afirmaciones plasmadas en la demanda, sin el suficiente respaldo probatorio, razón por la cual la decisión tomada por el Tribunal se encuentra ajustada a derecho. El concepto de la prueba se convierte en una regla de conducta para el juez, en

13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Rzo virtud de la cual se encontrará en condiciones de proferir fallo de fondo incluso cuando falte en el encuadramiento de la prueba de fondo hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar y, al mismo tiempo en un principio de auto responsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que se desplieguen en el proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, o no las pruebas de los hechos que las benefician o la contraprueba de aquellos que, habiendo sido acreditados por el adversario en la Litis, pueden perjudicarlas, las consecuencias desfavorables derivadas de su eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo, circunstancia que se avizora en el caso en comento toda vez que al no quedar demostrado la ocurrencia del hecho decimos que al faltar el requisito principal para estructurar la responsabilidad del Estado como lo pretenden los accionantes ya que es sabido que para que exista la responsabilidad se requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. En derecho positivo existen dos normas que nos refieren a la aplicación de esta

causal. El artículo 2357 del Código Civil que establece que “La apreciación del daño está sujeta a reducción sí el que ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. Y el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que establece que “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave, o no haya interpuesto los recursos de Ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”. Por lo tanto, al no cumplir la parte actora con la carga probatoria de que habla el 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Rzo artículo 177 del CPC, y al no demostrarse la ocurrencia del hecho esta Delegada considera que el fallo de be ser confirmatorio, bajo los parámetros de valoración del Tribunal Administrativo del Quindío. III CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público la sentencia del quince (15) marzo de dos mil doce (2012), proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO debe ser CONFIRMADA. Del H. Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co