PGN - DAÑO ANTIJURIDICO En aplicación del principio in dubio pro reo

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad DAÑO ANTIJURÍDICO-En aplicación del principio in dubio pro reo Se puede inferir, que el daño antijurídico se encuentra establecido, puesto que el procesado estuvo privado de la libertad por un lapso de dos años y nueve meses, y su absolución formalmente se produjo a través de providencia fechada abril 26 del año

2007. Y dado que nunca se pudo endilgar responsabilidad que configurara transgresión a las normas penales, en cabeza del encartado, como posible autor del delito de hurto calificado agravado y porte ilegal de armas, situación que tiene por génesis el testimonio de la señora, el cual arrojo solo hipótesis que no derivaban en el convencimiento pleno y certeza para haber impartido la medida de detención y la condena impuesta posteriormente por parte del Juzgado Cuarto Penal. En ese orden de ideas, los actores padecieron una lesión o afectación a diversos bienes, derechos e intereses legítimos que no están en la obligación de soportar porque el ordenamiento jurídico no se los impone.

Sin embargo, pese a que el hecho irregular, posiblemente constitutivo de conducta delictiva, nunca se demostró que hubiese sido cometido por el procesado, y que su vinculación obedeció a una simple sospecha ligada en razón del parecido en las características morfológicas entre el responsable del ilícito y el hoy actor (manchas oscuras o lunares en la cara), aunada tal valoración a la falta de congruencias entre las

declaraciones rendidas por las personas objetos del ilícito, en lo referente a las características de los delincuentes, ya que sólo coinciden en las manchas de la cara que tenia uno de los sujetos; además de no ser reconocido en fila posterior a su aprensión, por parte de la víctima directa del ilícito, quien en su ampliación de declaración lo describe de acuerdo con la descripción morfológica efectuada por su señora y víctima directa del ilícito; así mismo, las pruebas testimoniales que daban cuenta que para la fecha y hora en que se ocurrieron los hechos el acusado hoy actor se encontraba en una reunión política, lo que a la postre conllevo a generar la duda para la aplicación del in dubio pro reo en favor del encartado, fue sometido a detención preventiva, lo que significa que fue injusta, conforme a los lineamientos planteados en el marco teórico de este concepto y de suyo se produjo un daño, que es cuantificable, según los parámetros de los desarrollos jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado. DETENCIÓN PREVENTIVA-No se puede alegar la existencia de un error para eximirse de responsabilidad Como consecuencia de los anteriores procedimientos irregulares, se sometió a la detención preventiva al ciudadano demandante, la cual de suyo era injusta, infiriendo daños a éste y su núcleo familiar. Por último, para ésta Delegada no es de recibo el argumento defensivo planteado por Rama Judicial dentro del recurso en estudio, al pretender exonerarse de responsabilidad por la detención injusta a que fue sometido el procesado, haciendo mención que él estuvo recluido en el Establecimiento Carcelario San

Sebastián de Ternera de la Ciudad de Cartagena, desde el 28 de enero de 2004 hasta el 30 de octubre de 2006, fecha en que se le concede la libertad provisional, por cuenta y riesgo de la Fiscalía 12 Seccional de la misma Ciudad; desconociendo que la competencia de la Entidad investigadora termina con la resolución de acusación, momento cuando aparece asumida la misma por la Rama Judicial; concretamente en quien adelanta la etapa instructiva, que para el caso en estudio se dio en el Juzgado Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44894 130012331000200900375 01 EVO Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, despacho que emite la sentencia condenatoria que a la postre fuera revocada por el Tribunal Superior de Barranquilla – Sala de Justicia y Paz. Claro queda entonces, que se comete un error por parte de la Rama al no actualizar ante el Centro Reclusorio, que el detenido a partir de ese momento quedaba o continuaba en detención preventiva pero a sus órdenes, circunstancia que no permite que la accionada Rama Judicial alegue su propio error para de él lucrarse. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Por decidir sin contar con la certeza probatoria sobre la participación del actor en el ilícito El Tribunal Administrativo de Bolívar, fue respetuoso, al no asumir competencias que no le

correspondían, efectuando análisis y valoración probatoria frente a una decisión que había hecho tránsito a cosa juzgada en la jurisdicción penal, cumpliendo con el deber que le asistía de confrontar la realidad de una decisión inicial que había impuesto medida de aseguramiento, la que revoca y finalmente la que precluye la investigación penal, extinguiendo la acción de esta naturaleza, y por tanto verificar el perjuicio y cuantificar el daño. Por tanto debe ser declarada la responsabilidad administrativa, de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por haber dictado la primera, medida de aseguramiento de detención preventiva y la segunda, condena de primera instancia, sin contar con la certeza probatoria sobre la participación del actor en el ilícito, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 86 del C.C.A y 90 de la Constitución Política, confirmando en consecuencia la decisión objeto de la apelación ante el Honorable Consejo de Estado.

CONCEPTO No. 339 /2012

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Expediente No. 44894 130012331000200900375 01 EVO Bogotá, D.C., 22 de noviembre de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Mauricio Fajardo Gómez

E. S. D.

EXPEDIENTE:130012331000200900375-01(44894)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ARROYO Y OTROS

DEMANDADO: NACION –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL Sentido del concepto: - Solicitud de confirmar de la sentencia recurrida originada en el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar. / La detención se cumplió para asegurar la permanencia del detenido, hasta tanto le fue resuelta la situación jurídica que opta por imponer medida de aseguramiento y finalmente con iguales argumentos es absuelto. / Opera el in dubio pro reo. / No se puede alegar la existencia de un error para eximirse de responsabilidad máxime que quien lo alega lo ocasiona con su omisión.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES

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Expediente No. 44894 130012331000200900375 01 EVO 1.1. Demanda. Los señores MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ARROYO, en su nombre; así mismo, los

señores MIGUEL ÁNGEL GARCÍA y GABINA ARROYO PARRA como padres de la víctima, su hermana MARYORIS PATRICIA GARCÍA ARROYO, y sus hijos MIGUEL ÁNGEL, KADIR, ASTRID MARÍA GARCÍA GARCÍA y ANDREA GARCÍA SALOM , a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entablaron demandada, contra LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNRAMA JUDICIAL, para que se les declare administrativamente responsables de los daños materiales, morales, que les causaron con ocasión de la presunta privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ARROYO, por considerarlo penalmente responsable del presunto punible de Hurto Calificado y porte Ilegal de Armas, desde el 28 de enero de 2004 hasta el 30 de octubre de 2006, fecha en que se le concede la libertad provisional. 1.2. LA CONTESTACIÓN 1.2.1. La Nación - Fiscalía General de la Nación contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, con base en lo siguiente: Fundamentó que la medida de detención que fue impuesta al demandante, no puede tildarse de "injusta", pues dicha medida no estuvo fundada en pruebas serias, legalmente aportadas a la investigación, y con ella no se vulneró ningún derecho fundamental, ajustándose la providencia que la determinó a las exigencias tanto de fondo como de forma, que prevé la ley penal, 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44894 130012331000200900375 01 EVO como quiera que se encontraban plenamente acreditadas la materialidad del hecho y existían por lo menos dos indicios graves de responsabilidad en contra del sindicato, con fundamento en las pruebas que si ofrecían serios motivos de credibilidad. En la investigación penal se le imputaron unos cargos con fundamento legalmente recepcionadas las cuales constituyeron indicios necesarios para imponer la medida de aseguramiento y en su momento procesal proferir Resolución de Acusación, entonces no puede afirmarse que se causó un daño antijurídico al actor, por el hecho de que la Fiscalía haya proferido medida de aseguramiento de detención preventiva. 1.21.1 La Rama Judicial El apoderado de la entidad contesta la demanda oponiendose a cada una de las pretensiones basandose en lo siguiente: Fundamentó su defensa en que no existió falla del servicio en el caso concreto, porque las autoridades demandadas actuaron con base en las herramientas que la Ley les otorgó para el cumplimiento de sus funciones; que la decisión tomada en ese momento por los funcionarios judiciales que intervinieron en el proceso penal, obedeció a las prescripciones legales correspondientes, que le otorgaban la potestad de ordenar como medida de aseguramiento, la detención del sindicado. 1.3. Sentencia de Primera Instancia. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44894 130012331000200900375 01 EVO El Tribunal Administrativo de Bolívar, accede a las pretensiones, mediante sentencia proferida el veintiuno (21) de octubre de dos mil once (2011), manifestando en resumen los siguientes argumentos:  Es evidente que para el caso sub examine existían dentro del material probatorio pruebas que indiciaban la responsabilidad del imputado hoy actor, empero las mismas no eran suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia que la amparaba, razón por la cual tanto el Fiscal como el Juez, debieron resolver dicha duda en favor del procesado. De lo anterior deviene, que el régimen de imputación aplicable al caso en concreto, es el objetivo bajo el principio de in dubio pro reo.  La NaciónFiscalía General de la Nación y NaciónRama Judicial son solidariamente responsables por la detención injusta de que fue objeto el señor Miguel Ángel Gorda Arroyo, al haber dictado la primera, medida de aseguramiento de detención preventiva y la segunda, condena de primera instancia, sin contar con la certeza probatoria sobre la participación de éste en el ilícito; razón por la que se ordenará indemnizar a la parte actora por los perjuicios reclamados. 1.4. Argumento de la apelación 1.4.1. La Fiscalía General de la Nación La apoderada de la Fiscalía General de la Nación incoa recurso de apelación en

contra de la sentencia adversa a sus pretensiones, en donde en términos generales argumenta lo siguiente (Folios 281 a 289 del cuaderno del Consejo de 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44894 130012331000200900375 01 EVO Estado):  El motivo de inconformismo con la sentencia recurrida, radica en que se declaró responsabilidad de mi representada y se le impone condena, en el régimen de responsabilidad objetiva, es decir sin tomar en cuenta las razones de defensa que se expusieron en desarrollo de la presente acción, razón por la cual solicitó que se revoque la sentencia recurrida y en su lugar se profiera una nueva sentencia en la que se declaren probadas las excepciones propuestas. Sobre el particular es preciso señalar como para efecto de la revocatoria de la sentencia recurrida, se debe contemplar que: 1) Los hechos narrados y las pruebas anexas por la parte demandante no comprometen la responsabilidad de mi representada. 2) Inexistencia del daño antijurídico. 3) La configuración de la culpa de la víctima en los términos del art. 79 de la Ley 270 de 1996.  En segundo lugar, respecto a los perjuicios por los que se condena a la Fiscalía General de la Nación, dice de los morales tasados; que estos se encuentran sobrestimados de conformidad con los presupuestos

consagrados por el Consejo de Estado y, de los materiales no existe prueba idónea de ellos, por lo cual deben desestimarse integralmente. 1.4.2. La Rama Judicial La apoderada de la Rama incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus pretensiones, en donde en términos generales argumenta lo 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44894 130012331000200900375 01 EVO siguiente (Folios 276 a 280 del cuaderno del Consejo de Estado):  El caudal probatorio citado por las instancias participes, permite llegar a la conclusión de que, en el expediente penal estaban probadas las circunstancias que precedieron a la adopción de la medida de aseguramiento impuesta, la resolución de acusación y la sentencia condenatoria proferida en primera instancia, sin que su posterior revocatoria, obedeciendo el principio de la doble instancia, implique por si sola la generación de un daño antijurídico susceptible de ser indemnizado.  No está de más recalcar, que la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Miguel García, fue consecuencia de la medida de aseguramiento dictada por la Fiscalía que venía conociendo de la investigación penal adelantada en su contra y no fue resultado de la condena impuesta por el Juzgado de primera instancia, el cual nunca llegó a ejecutarse, puesto que

el mismo fue apelado por el interesado dentro del término legal para ello, circunstancia que impidió su efectivo cumplimiento; resultando revocado en segunda instancia.  Obsérvese la certificación emitida por el Director y el Coordinador del área jurídica del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cartagena, aportada por los accionantes, en él se dice " ... Miguel Ángel García Arroyo, estuvo recluido en este establecimiento penitenciario desde el 30 de enero de 2004 a disposición de la fiscalía seccional 12 de Cartagena, por el delito de hurto Calificado agravado y salió en libertad provisional el 30 de octubre de 2006, otorgada por el Honorable tribunal Superior de Cartagena Sala Penal ... " . 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44894 130012331000200900375 01 EVO  Por todo lo anterior, aunque consideramos legal y constitucionalmente procedente la detención preventiva ordenada por la Fiscalía, ratificamos que fue esa entidad y no la Rama Judicial, quien privó de la libertad al demandante principal, y que, fue la Rama Judicial, quien mediante providencia judicial, concede la libertad provisional del señor Miguel García, a quien posteriormente se le absuelve mediante sentencia de segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos.

Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿La detención de que fuera objeto MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ARROYO, fue irregular, deviniendo de ella un daño antijurídico que no estaba obligado a soportar éste? 2.1.2. ¿Debía haber sido declarada la falta de legitimación en la causa por pasiva en favor de la Rama Judicial? 2.1.3. ¿Existían solo sospechas – indebida valoración probatoria? 2.2. Marco Teórico. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44894 130012331000200900375 01 EVO Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no

es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. Libertad y presunción de inocencia. Normas supraconstitucionales. Uno de los temas importantes para definir frente a casos como el objeto de la litis, es el tema de la libertad y la presunción de inocencia. Veamos que ha venido diciendo el Consejo de Estado: 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44894 130012331000200900375 01 EVO “El Derecho a la libertad Bajo la Constitución de 1886 estaba previsto en el artículo 23 y en la Carta fundamental de 1991 sobre tal derecho y en especial con la “libertad de movimiento”, se concretó en el artículo 28. Ese mismo

derecho está regulado en otras normas jurídicas; así: -En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la ley 74 de 1968 en la cual se expresa, igualmente, que "Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...". -En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la ley 16 de 1972 que prescribe: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas". De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental relativo, porque está restringido en eventos precisos y bajo las condiciones de orden constitucional o legal. El derecho de Presunción de inocencia es de categoría constitucional, por virtud de la cual toda persona sindicada de cometer un delito está eximida de presentar pruebas que demuestren su inocencia y por tanto las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado. Estaba previsto desde antes de la expedición de la Carta de 1991, es decir bajo la vigencia de la Constitución de 1886, en las siguientes normas con fuerza material de ley: - Ley No 74 de 1968, que como ya se dijo antes ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su artículo 11 enseña que "Toda persona

acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". -Ley No. 16 de 1974, por la cual se ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en la cual el artículo 8° dispone: “Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...". -Decreto ley No 50 de 1987 por medio del cual se expidió el Código Penal; su artículo 3º indicó la presunción de inocencia, al disponer que “Toda persona a quien se atribuya un hecho punible se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en sentencia ejecutoriada”. En la Constitución de 1991 - que entró en vigencia el día 7 de julio del citado año - se consagró en el inciso 4 del artículo 29, según el cual: "Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable".. . También el legislador extraordinario en el decreto ley 2.700 dictado el día 30 de noviembre de 1991, que contiene el Código de Procedimiento Penal, artículo 2º…” Anteriormente esta Sala frente al álgido tema había manifestado: 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44894 130012331000200900375 01 EVO “Es por ello que se ha considerado que si bien la medida de aseguramiento es cautelar, ha de tenerse en cuenta además el principio universal de la presunción de inocencia a fin de que el administrador de justicia, haga uso racional de la medida y en el caso de que le asistan las razones normativas sustanciales, también le es perentorio tener presente el principio universal de presunción de inocencia. Adicionalmente como norte y guía, que el derecho a la libertad dentro de las culturas occidentales y democráticas es uno de los derechos humanos más preciado, contemplado dentro de la Constitución Política de Colombia como Derecho Fundamental, connotación de gran valía dentro de la concepción filosófica del Estado Social de Derecho. De tal suerte que la detención preventiva es una medida excepcional, que “procede sólo cuando sea estrictamente necesaria y proporcionada a los fines propios de la investigación del ilícito a cargo del Estado”. (Las negrillas son de la Sala). 2.2.3. Valoración probatoria. Deber de análisis para el funcionario instructor. Tal como se anotará en el numeral posterior, el Fiscal cumplía funciones jurisdiccionales al momento de indagar, vincular y detener a la hoy demandante. Por ello debía atenerse a las reglas del debido proceso y con ello la obligación de valorar adecuadamente el material probatorio, dentro del cual, figuraban denuncias, testimonios, interceptaciones telefónicas transcritas. El funcionario instructor en esa medida tenía el deber u obligación de analizar las denuncias, confrontándolos con otras pruebas, a fin de determinar si estos eran suficientes para impartir medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, tras

el riguroso análisis a que estaba obligado. Respecto a los deberes constitucionales del juez, reiterándose que el Fiscal para entonces cumplía funciones jurisdiccionales, son recordados por la Honorable Corte Constitucional de la siguiente manera: “La afirmación de que el juez constitucional debe guiarse por los principios de la cautela y la discreción cuando se trata del análisis del acervo probatorio debatido en una sentencia impugnada por supuesta violación de los derechos fundamentales, se hace aún más perentoria cuando las pruebas en discusión 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44894 130012331000200900375 01 EVO son fundamentalmente testimonios. En estas situaciones no cabe sino afirmar que la persona más indicada, por regla general, para apreciar tanto a los testigos como a sus aseveraciones es el juez del proceso, pues él es el único que puede observar el comportamiento de los declarantes, sus relaciones entre sí o con las partes del proceso, la forma en que responde al cuestionario judicial, etc. Lo anterior significa ni más ni menos, que solo quien puede valorar los testimonios, previa lectura y confrontación con otras pruebas, teniendo en cuenta la calidad de los testigos, su credibilidad, etc., es única y exclusivamente el Juez y no puede éste delegar tal potestad en cabeza de otra autoridad, mucho menos dejar de lado tal obligación, ateniéndose a las

calificaciones presentadas por la Policía Nacional”. 2.2.4. El deber jurisdiccional del Fiscal. Suficiente resulta lo manifestado por el máximo órgano constitucional, frente al deber jurisdiccional que acompaña al Fiscal en su sentido general: “La Constitución de 1991 ha establecido algunos elementos propios del llamado sistema acusatorio en materia procesal penal, pues distingue las funciones de investigación y acusación, y la de juzgamiento, de tal forma que corresponde a la fiscalía investigar y calificar y al juez adelantar la etapa del juicio y tomar la decisión final. Así pues, la Fiscalía hace parte de la rama judicial y en tal virtud, le han sido asignadas por la Constitución una serie de funciones y facultades determinadas (art. 250), de modo que se le ha atribuido la titularidad de la acción penal y la dirección de las investigaciones penales, en tanto que se ha reservado a los jueces el juzgamiento que comprende la adopción de la decisión que resuelve el proceso. Así, en la etapa de investigación los fiscales cumplen una verdadera labor judicial, asegurando para ello la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, imponiendo, si lo consideran pertinente, medida de aseguramiento y, además, investigando tanto lo favorable como lo desfavorable al sindicado para garantizar la imparcialidad y transparencia que requiere toda investigación judicial. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44894 130012331000200900375 01 EVO En vigencia de la Ley 600 de 2000, tanto al Fiscal como al Juez, les asiste el deber de cumplir con la investigación integral, tal como lo prescribe el artículo 20, entre otros aspectos para que dentro de los análisis correspondientes, les lleve a la certeza de la adecuación típica de la conducta, su antijuridicidad y culpabilidad, para poder predicar la existencia de un hecho reprochable penalmente. 2.2.5. El In dubio pro reo y la carencia de pruebas. Uno de los problemas más frecuentes que se observan dentro del proceso penal, es el del manejo inadecuado del in dubio pro reo o duda razonable, situación que se produce en el evento de pruebas, dentro de las cuales unas ofrecen argumentos para proceder a reconocer la responsabilidad penal, en tanto que otras, con igual peso, descartan tal responsabilidad, razón por la cual de vieja data, ante tal incertidumbre se le ofrece al juzgador la posibilidad de absolver, en aplicación a principios universales, de manera tal que la duda se torna favorable para el sindicado. La doctrina informa lo siguiente: “Duda en favor del sindicado, duda favorable. Principio en virtud del cual si tiene duda no puede condenar al acusado por un hecho criminal. Pertenece al elemento de la valoración probatoria y a la duda racional sobre los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo. Como tiene dicho la jurisprudencia, este principio sólo entra en juego cuando, efectivamente practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la presunción de inocencia o,

dicho de otra manera la aplicación del referido principio se excluye cuando el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas” Por tanto, para aplicar este principio, debe mediar un análisis suficiente sobre la prueba allegada a la investigación, que no es más que la aplicación sistemática 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44894 130012331000200900375 01 EVO de las normas y principios penales, entre ellos la obligación a operador judicial de la investigación integral, de que se trató anteriormente. Distinto es cuando no hay prueba, cuando lamentablemente desde un comienzo el proceso de investigación penal fue huérfano de prueba, por la inactividad del funcionario estatal encargado de adminis