PGN-DAÑO ANTIJURÍDICO-En razón a que el uso de las armas por

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por lesiones personales ocasionadas con arma de fuego/DAÑO ANTIJURÍDICO-En razón a que el uso de las armas por parte de la Armada Nacional no fue el más adecuado, proporcionado y racional Del material probatorio legalmente recaudado se concluye que se demostró la existencia del daño consistente en las lesiones sufridas por los señores, el día 28 de enero de 2001, cuando fueron embestidos con arma de fuego por la unidad de guardacostas de la Armada Nacional tipo delfín ARC “Bellatrix” en cumplimiento de operaciones de patrullaje en la costa del municipio de Tumaco, sector Resurrección, interceptando a la embarcación “Elizabeth” por considerarse altamente sospechosa, demostrándose así el daño y el nexo causal. Así mismo, obra en el proceso los respectivos informes de balística, que permiten vislumbrar que los daños sobre los cuales se solicita reparación fueron causados por arma de fuego, que finalmente condujeron a la detención de la motonave, a las lesiones de los señores y a la muerte de la menor. También se encuentran los respectivos informes rendidos por el comandante del operativo, en donde queda detallada la orden a los guardacostas para realizar el respectivo patrullaje en la bahía de Tumaco. De igual forma dan certeza de los daños sufridos por los accionantes, los conceptos médico legal, que permiten demostrar las incapacidades y deformidades físicas permanentes y transitorias que padecieron como consecuencia del siniestro ocurrido el

día 28 de enero de 2001, cuando miembros de la Armada Nacional se encontraban realizando operativo para la incautación de sustancias ilícitas, en la costa del municipio de Tumaco (Nariño) en el sector denominado resurrección. Por consiguiente, ésta Delegada se remite a los criterios estipulados por el Tribunal para acceder a las pretensiones, pues es evidente que al momento de la ejecución del operativo por parte de los miembros de la Armada Nacional, el uso de las armas no fue el mas adecuado, proporcionado y racional, teniendo en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se presentaron los hechos, pues eran horas de la noche y la embarcación “Elizabeth”, donde iban las víctimas se encontraban sin luces, constituyendo así una extralimitación en las funciones que tienen a su cargo y por consiguiente violando garantías constitucionales a las cuales tiene derecho todo ciudadano colombiano. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Otorgar indemnización compensatoria por los daños morales/CONCILIACIÓN-Mecanismo alternativo de solución de conflictos y de preservar las arcas del Estado De conformidad con los lineamientos expuestos en el marco teórico y teniendo en cuenta los medios de prueba al expediente, para esta Delegada del Ministerio Público, al igual que lo consideró el a-quo es posible concluir que en el presente caso están demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial. Por consiguiente, en lo relacionado con los perjuicios solicitados, cabe advertir que la indemnización otorgada por los daños morales, la misma no es restitutoria, ni reparatoria,

pero si compensatoria, lo cual supone igualar el daño en sentido opuesto, con su reparación, reconocimiento que debe sujetarse a los preceptos legales y constitucionales que se han establecido y que por tanto esta Delegada, se remite a lo estipulado por el ad quo. De otro lado es importante resaltar que en el artículo 16 del Decreto 1716 de 2009, señala que no hay lugar a responsabilidad fiscal ni disciplinaria por conciliar respecto a los Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.33829 520012331000200300079 01 I.J.C.B Comités de Conciliación, por lo que a contrario sensu si las hay (responsabilidades disciplinarias y fiscales) cuando existiendo elementos probatorios suficientes, basados además en la ley y jurisprudencia, no se facilita la conciliación, significando con el tiempo mayor incremento de las condenas a reclamar y con ello elevadas cargas económicas contra el erario público, aspecto frente al cual estará atento el Ministerio Público, en cumplimiento de las funciones legales y constitucionales, dentro de las cuales se encuentra la preservación del Patrimonio Público. En resumen, el artículo mencionado contiene en su espíritu, la razón de ser del Decreto 1716 de 2009, lo cual no es un requisito de trámite, sino la norma que facilita un mecanismo alternativo de solución de

conflictos y adicionalmente una manera eficaz de preservar las arcas del Estado, que se alimentan de los tributos de la sociedad. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.33829 520012331000200300079 01

I.J.C.B CONCEPTO PARA CONCILIACIÓN No. 06 / 2013

Bogotá, D.C., 20 de marzo de 2013. Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A

Consejero Ponente: Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 520012331000200300079 01 (33829)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Beatriz Torres Riascos y Otros.

DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALARMADA NACIONAL.

Sentido del Concepto: Positivo para Conciliación / Responsabilidad del Estado por riesgo excepcional. / El uso de armas es configurado como una actividad riesgosa. / El juez debe aplicar los principios de equidad, solidaridad y dignidad humana en la tasación de los perjuicios morales. / No conciliar cuando existen elementos suficientes, significa para el Comité de Conciliación incurrir en responsabilidades de tipo fiscal y disciplinario.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto para

conciliación en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.33829 520012331000200300079 01 I.J.C.B de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

Los siguientes grupos familiares integrados por: 1) Grupo familiar de JHON MANUEL MAYORGA GRANJA (lesionado): ÁNGEL MAYORGA (padre) MARÍA ARNOLFA GRANJA (madre) y los señores LUÍS

EDUARDO MAYORGA VIVAS, JHON JAIRO MAYORGA VIVAS, VERÓNICA

MAYORGA VIVAS, GUSTAVO ADOLFO MAYORGA GRANJA, MILENA MAYORGA GRANJA (hermanos). 2) Grupo familiar de BEATRIZ TORRES RIASCOS (lesionada y madre de la menor fallecida MARÍA YENIFER SEGURA TORRES): ARLEY SINISTERRA LANDÁZURI (compañero permanente y padre efectivo de la menor), KAREN VIVIANA SINISTERRA TORRES (hermana de la menor), SEGUNDO TORRES y PROFIRIA RIASCOS MONTAÑA (abuelos maternos de la menor).

Los anteriores, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – CAPITANIA DEL PUERTO DE TUMACO, para que se les declare responsable de los daños y perjuicios; morales y materiales que les fueron ocasionados a cada uno de los demandantes como consecuencia de los hechos perpetrados por un guardacosta de la Armada Nacional, el día 28 de enero de 2001, cuando los 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.33829 520012331000200300079 01 I.J.C.B señores JHON MANUEL MAYORGA GRANJA, BEATRIZ TORRES RIASCOS y la menor MARÍA JENNIFER SEGURA TORRES se desplazaban vía marítima desde el Puerto de Tumaco a la vereda Chajal, en la embarcación Elizabeth. 1.2. La contestación 1.2.1. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional. Contestó la demanda, a través de apoderado, quien se opuso a las pretensiones de la demanda y planteó los argumentos relacionados para que se puedan configurar los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado. En escrito aparte propuso la excepción de pleito pendiente entre las mismas

partes y sobre el mismo asunto, en razón a que los accionantes del segundo grupo familiar actúan también en la misma calidad en otro proceso. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia del 26 de enero de 2007, declaró administrativamente responsable a las entidades demandadas por los perjuicios ocasionados a las víctimas del siniestro:  En relación con los accionantes BEATRIZ TORRES RIASCOS, KAREN VIVIANA SINISTERRA TORRES, SEGUNDO TORRES y PROFIRIA RIASCOS MONTAÑA, quienes solicitaron la responsabilidad de las entidades demandas con ocasión de la muerte de la menor MARÍA YENNIFER SEGURA TORRES, en el siniestro ocurrido el 28 de enero de 2001, declaró de manera oficiosa la excepción de cosa juzgada frente a las pretensiones formuladas, pues al compararlas con el proceso 2002-0319 se 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.33829 520012331000200300079 01 I.J.C.B encuentran que son idénticas y que buscan la responsabilidad y la correspondiente indemnización por la muerte de la menor, petición respecto de la cual se profirió sentencia denegatoria.  De las lesiones sufridas por los señores JIMENA BEATRIZ TORRES RIASCOS y JHON MANUEL MAYORGA GRANJA, quedo demostrado en

entre el daño antijurídico y el servicio prestado por la Armada Nacional existió nexo de causalidad, según se evidencia de los informes de balística y de igual forma del dictamen medico legal correspondiente.  Respecto de las causales de exoneración de la responsabilidad, no se demostró por la entidad demandada, toda vez que no se incautaron armas en manos de los particulares, como tampoco la embarcación oficial registro daños producidos por armas de fuego, aunado a que en el sub lite obra resolución de definición de situación jurídica, en la cual se impone medida de aseguramiento en contra los miembros de la Armada Nacional que se encontraban al mando de la Unidad ARC “Bellatrix”, en razón a que el juez competente encontró indicios para señalar que los procesados actuaron de manera apresurada, excediendo su facultad para el uso adecuado y racional de las armas de fuego. 1.4. Argumentos de la Apelación 1.4.1. La apoderada de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL, solicitó que se revoque la sentencia del Tribunal Administrativo del Nariño, manifestando su inconformidad respecto la responsabilidad que le fue declarada por los hechos ocurridos el día 28 de enero de 2001, pues a su criterio expone que las circunstancias en que se presentaron los sucesos configura la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.33829 520012331000200300079 01 I.J.C.B De igual forma manifiesta su inconformidad respecto al reconocimiento de los perjuicios a los accionantes, ya que a su juicio los mismos se reconocieron sin llenar los requisitos necesarios establecidos en los preceptos legales y jurisprudenciales.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Es posible conciliar a partir de la sentencia proferida el veintiséis (26) de enero de dos mil siete (2007) por el Tribunal Contencioso Administrativo del Nariño? 2.1.2. ¿Se adecuó un título de responsabilidad administrativa atribuible a la Armada Nacional? 2.1.3. ¿El monto de perjuicios reconocidos por el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño a los demandantes, reúne los requisitos establecidos por los preceptos legales y constitucionales? 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.33829 520012331000200300079 01

I.J.C.B

2.2. Marco Teórico. Premisa Normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran

el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. De la responsabilidad del Estado por riesgo excepcional. El Consejo de Estado respecto del riesgo excepcional en sentencia del veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012) Radicado número: 44001-23-31-000-199900748-01(23306) Consejero ponente MAURICIO FAJARDO GOMEZ argumentó lo siguiente: “…El Estado debe responder por las acciones u omisiones contrarias a Derecho que le sean atribuibles e incluso por aquellas conductas lícitas en cuanto unas u otras ocasionen daños antijurídicos, así como también ha sido reconocida la operatividad de regímenes en los cuales no se precisa del acaecimiento de falta o falla alguna en el funcionamiento del servicio para que resulte posible deducir responsabilidad a la entidad normativamente encargada de prestarlo; se trata de los denominados regímenes de responsabilidad “sin culpa” o “sin falta”, en los cuales la obligación de indemnizar a cargo del Estado puede ser declarada con independencia de que la actividad de éste o la conducta –activa u omisiva– de sus agentes, se encuentre plenamente conforme con el ordenamiento jurídico; son los referidos eventos en los cuales esta Corporación ha reconocido y estructurado los catalogados como títulos jurídicos objetivos de imputación de responsabilidad extracontractual del Estado, entre los cuales se encuentra aquel que se fundamenta en el riesgo excepcional. Ciertamente, la jurisprudencia de la Sala ha señalado que, tratándose de la producción de daños originados en el despliegue –por parte de la entidad pública o de sus

agentes– de actividades peligrosas, lo cual ocurre cuando se utilizan armas de diversas clases, como las de fuego, es aquel a quien corresponda jurídicamente la guarda de la actividad quien quedará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado.” 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.33829 520012331000200300079 01 I.J.C.B 2.2.4. Los criterios que debe tener el Juez Contencioso Administrativo en la tasación de los perjuicios morales. Según la Constitución Política en su titulo Primero: “De los principios fundamentales” fija los principios básicos del Estado social de derecho: “Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. La valoración del daño moral, tiene en cuenta varios factores a saber: el status de las personas que lo reclama y el pretium affectionis o doloris de los parientes y allegados. Naturalmente, estos deben ser reconocidos de manera proporcional al daño que se supone sufren quienes acuden en demanda de reparación, en virtud

de la obligación que le asiste al Estado de resarcir patrimonialmente el daño causado En materia de valoración del daño se atiende al principio de equidad. En lo que atañe al daño moral, la indemnización no es restitutoria, ni reparatoria, pero si compensatoria, lo cual supone igualar el daño en sentido opuesto, con su reparación. A partir de las anteriores consideraciones, el principio de equidad, se impone de conformidad con la ley 446 de 1998, art. 16, pero adquiere mayor entidad en la medida en que la naturaleza del daño extrapatrimonial determina por si mismo que para restablecer el equilibrio conculcado, debe acudirse a la discrecionalidad del 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.33829 520012331000200300079 01 I.J.C.B Juez, que aplica su criterio a partir de las pruebas debidamente allegadas en el curso del proceso. La norma antes mencionada introduce la concepción de que la indemnización del daño no tiene límites distintos a los de su propia y verdadera magnitud, de forma tal que si el daño es material, su resarcimiento es necesariamente integral. Pero en tratándose del daño moral, que por su naturaleza no es reparable, sino compensable, de forma tal que acudiendo al principio de la equidad, hay el deber de compensar solamente el daño sufrido,

pues compensar significa: “igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra” 2.3. Las pruebas obrantes. Para que sean consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, se adjuntaron los siguientes documentos:  Resolución No 58506 diciembre de 1999, por medio de la cual se incorporó al servicio de la Armada Nacional la patrulla de la Bahía ARC “Bellatrix”, embarcación en la que se desarrolló el operativo comentado. (Fl. 208 – 215)  Informe del comandante operativo de ARC “Bellatrix”, relacionando todos los detalles sobre los hechos en que murió la niña MARÍA JENNIFER SEGURA TORRES, y resultaron heridos JOHN MANUEL MAYORGA GRANJA y BEATRIZ TORRES RIASCOS. (Fl 203 y 204)  Dictamen médico legal suscrito por el médico forense MAGALLY REALPE PALACIOS, en el cual se concluye que las lesiones de la señora BEATRIZ 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.33829 520012331000200300079 01 I.J.C.B TORRES RIASCOS, fueron provocadas por arma de fuego y que le generaron deformidad física permanente. (Fl 238)  Dictamen médico legal suscrito por el galeno CESAR EDUARDO MARTÍNEZ GUERRERO, en la cual se concluye que las lesiones del señor

JOHN MANUEL MAYORGA GRANJA, son de carácter transitorio. (Fl 7)  Todas las demás que se encuentran relacionadas en la sentencia apelada. 2.4. Caso concreto Realizado el estudio del expediente en su totalidad, se advierten los siguientes aspectos que son de relevancia para otorgar concepto favorable para conciliación:  Del material probatorio legalmente recaudado se concluye que se demostró la existencia del daño consistente en las lesiones sufridas por los señores JIMENA BEATRIZ TORRES RIASCOS y JHON MANUEL MAYORGA GRANJA, el día 28 de enero de 2001, cuando fueron embestidos con arma de fuego por la unidad de guardacostas de la Armada Nacional tipo delfín ARC “Bellatrix” en cumplimiento de operaciones de patrullaje en la costa del municipio de Tumaco, sector Resurrección, interceptando a la embarcación “Elizabeth” por considerarse altamente sospechosa, demostrándose así el daño y el nexo causal.  Así mismo, obra en el proceso los respectivos informes de balística, que permiten vislumbrar que los daños sobre los cuales se solicita reparación fueron causados por arma de fuego, que finalmente condujeron a la detención de la motonave, a las lesiones de los señores JIMENA BEATRIZ TORRES 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.33829 520012331000200300079 01 I.J.C.B RIASCOS y JHON MANUEL MAYORGA GRANJA y a la muerte de la menor. También se encuentran los respectivos informes rendidos por el comandante del operativo, en donde queda detallada la orden a los guardacostas para realizar el respectivo patrullaje en la bahía de Tumaco.  De igual forma dan certeza de los daños sufridos por los accionantes, lo conceptos médico legal, que permiten demostrar las incapacidades y deformidades físicas permanentes y transitorias que padecieron como consecuencia del siniestro ocurrido el día 28 de enero de 2001, cuando miembros de la Armada Nacional se encontraban realizando operativo para la incautación de sustancias ilícitas, en la costa del municipio de Tumaco (Nariño) en el sector denominado resurrección.  Por consiguiente, ésta Delegada se remite a los criterios estipulados por el Tribunal para acceder a las pretensiones, pues es evidente que al momento de la ejecución del operativo por parte de los miembros de la Armada Nacional, el uso de las armas no fue el mas adecuado, proporcionado y racional, teniendo en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se presentaron los hechos, pues eran horas de la noche y la embarcación “Elizabeth”, donde iban las víctimas se encontraban sin luces, constituyendo así una extralimitación en las funciones que tienen a su cargo y por consiguiente violando garantías constitucionales a las cuales tiene derecho todo ciudadano colombiano.  De conformidad con los lineamientos expuestos en el marco teórico y teniendo

en cuenta los medios de prueba al expediente, para esta Delegada del Ministerio Público, al igual que lo consideró el a-quo es posible concluir que en 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.33829 520012331000200300079 01 I.J.C.B el presente caso están demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial. Por consiguiente, en lo relacionado con los perjuicios solicitados, cabe advertir que la indemnización otorgada por los daños morales, la misma no es restitutoria, ni reparatoria, pero si compensatoria, lo cual supone igualar el daño en sentido opuesto, con su reparación, reconocimiento que debe sujetarse a los preceptos legales y constitucionales que se han establecido y que por tanto esta Delegada, se remite a lo estipulado por el ad quo.  De otro lado es importante resaltar que en el artículo 16 del Decreto 1716 de 2009, señala que no hay lugar a responsabilidad fiscal ni disciplinaria por conciliar respecto a los Comités de Conciliación, por lo que a contrario sensu si las hay (responsabilidades disciplinarias y fiscales) cuando existiendo elementos probatorios suficientes, basados además en la ley y jurisprudencia, no se facilita la conciliación, significando con el tiempo mayor incremento de las condenas a reclamar y con ello elevadas cargas económicas contra el erario público, aspecto frente al cual estará atento el Ministerio Público, en

cumplimiento de las funciones legales y constitucionales, dentro de las cuales se encuentra la preservación del Patrimonio Público. En resumen, el artículo mencionado contiene en su espíritu, la razón de ser del Decreto 1716 de 2009, lo cual no es un requisito de trámite, sino la norma que facilita un mecanismo alternativo de solución de conflictos y adicionalmente una manera eficaz de preservar las arcas del Estado, que se alimentan de los tributos de la sociedad. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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III. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público se dan las condiciones suficientes, pues están demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial y administrativa de las entidades demandadas, para considerar viable un acuerdo conciliatorio, en razón al daño que padecieron los señores JIMENA BEATRIZ TORRES RIASCOS y JHON MANUEL MAYORGA GRANJA por el siniestro ocurrido el 28 de enero de 2001, en la costa del munipio de Tumaco, por las operaciones adelantadas de miembros de la Armada Nacional. El Ministerio Público considera que en relación con estos daños, la conciliación resulta viable.

Del señor Consejero, atentamente,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co