PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Existe una relación de causalidad entre el daño y el riesgo creado

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por el daño padecido en el secuestro de unos ciudadanos perpetrado presuntamente por patrulleros de la Policía Nacional DAÑO ANTIJURÍDICO-Existe una relación de causalidad entre el daño y el riesgo creado El abundante material probatorio allegado por la parte actora, se observa que si bien en el presente asunto se acreditó el daño, y el riesgo padecido, sobre los demás presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado surgen pruebas devenidas del análisis de las mismas en su conjunto, que permiten demostrar que el accionar delictivo de los policiales y del conductor de la ambulancia propiedad de Metrosalud dejan construir un indicio que lleva a la certeza de la existencia de una relación de causalidad entre el daño y el riesgo creado. Determinante resulta en definitiva la calidad de servidores públicos en desarrollo de una función pública, la que permitió a estos servidores delincuentes llevar a cabo su participación dentro del secuestro del señor y su hijo; que debido a la calidad que ostentaban fue por lo que pudieron acceder a la información, a uniformes de uso privativo de la Policía Nacional, armas y vehículos con distintivos y propiedad de la misma institución para desarrollar el retén, circunstancia que nos permite compartir el argumento defensivo del apelante. FALLA DEL SERVICIO-Por el uso indebido y determinante del vehículo ambulancia para transportar a los secuestrados A igual conclusión arribamos respecto a la utilización de la ambulancia propiedad de Metrosalud, de la cual decimos que definitivamente la falla del servicio no se dio con

relación al objeto propio de la entidad prestadora de salud, sino con el uso indebido y determinante del vehículo ambulancia para transportar a los secuestrados, cuya utilización fue clave para evadir los controles policiales dispuestos en una reacción inmediata tal y como lo testificara el Brigadier, situación que permite enrostrar responsabilidad en Metrosalud por ser ella la autorizada para controlar el uso adecuado de ese bien y cualquier otro indispensable para el desarrollo de su actividad, máxime cuando ella fue omisiva para notificar a las autoridades de la desaparición del vehículo (Ambulancia) de su propiedad y de su funcionario, acotado a la ausencia prolongada y fuera de lo normal de la ambulancia, que fuera debido al uso que se le dio para trasladar al secuestrado del Municipio de Medellín al corregimiento de Encarnación del Municipio de Urrao, posiblemente entre seis y siete horas de distancia y viceversa, que de haberse dado parte a las autoridades de la desaparición se hubiese podido impedir la libre circulación de éste tipo de vehículos y por lo tanto colaborar con el éxito del rescate de los secuestrados transportados en ese vehículo en particular. FALLA DEL SERVICIO-El accionar de la policía se originó en uno solo compuesto en la conformación de un grupo delincuencial para el secuestro Esta Delegada no está de acuerdo con la sentencia decisoria presentado por el Tribunal Contencioso de primera instancia, al concluir que si algunas de las personas que Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45069 (050012331000200501311-01) Evo participaron en el delito del que fueron víctimas los esposos estaban vinculadas al Estado, esa sola circunstancia, no puede comprometer la responsabilidad de la administración puesto que se trataba de personas temporalmente desligadas de sus funciones ocurriendo que en el asunto tratado, no se puede estructurar la falla del servicio pues desborda toda la competencia del Estado el hecho de que se ejerza vigilancia permanente en las actitudes de cada uno de sus agentes fuera del servicio; sin embargo, como se dijo en precedencia, de las pruebas aportadas por los actores, emergen indicios, que permiten llegar al convencimiento que el accionar de la policía se originó en uno solo compuesto en la conformación de un grupo delincuencial a efectos de retener, trasladar, y posterior entrega y negociación del señor al grupo insurgente de las FARC, para que con fines extorsivos a fin de liberarlo les cancelaran una suma de dinero, valiéndose para su cometido de la calidad de tal y de todos lo bienes propios del y en relación del servicio. FALLA DEL SERVICIO-Se estructuró en la falta de control sobre sus subordinados disponibles dentro de una Estación de Policía/RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Del Municipio de Medellín por el accionar omisivo de su empresa METROSALUD S.A. En este punto vale recordar lo que insistentemente ha manifestado el Consejo de Estado en casos similares, esto es la retención de personas a todas vistas irregulares y con ello ilícita, para posteriormente, hacer exigencias de índole económico por su liberación,

desaparecerlas, o asesinarlas. En el sub judice las pruebas allanan el camino al juez para encontrar que el secuestro fue perpetrado entre otros por personas vinculadas al Estado en razón a que fueron plenamente identificados dentro de causas penal y disciplinaria, lo que permite inducir la conclusión de que fueron en este caso miembros de la Policía Nacional identificados los autores del hecho antijurídico, que valiéndose de su función laboral y vinculo con la entidad de servicio público lograron llevar a cabo su accionar delictivo, implementando retenes no autorizados en la vía pública, utilizando vehículos, uniformes y armamento oficial, además de cometer el delito evadidos del servicio, circunstancia que nos lleva a determinar la responsabilidad de la administración al encontrarse estructurada la falla del servicio por la falta de control sobre sus subordinados disponibles dentro de una estación de policía, sobre su armamento de dotación, vehículos y uso de uniformes por parte de la fuerza policial, contrariando su mismo reglamento. Así mismo, surge idéntica conclusión respecto de la responsabilidad del Municipio de Medellín, por el accionar omisivo de su empresa METROSALUD S.A., para controlar la prestación del servicio de salud relativo a la ambulancia involucrada para transportar a la persona sujeto del delito de secuestro. ACCIÓN DE REPETICIÓN-En contra de sus funcionarios a fin de que respondan patrimonialmente según las circunstancias y pruebas La Procuraduría General de la Nación en función de garantizar la eficacia del derecho de acción y en representación de los intereses de la sociedad a través de esta Delegada solicita revocar la sentencia apelada al emerger de la prueba indiciaria los elementos

2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45069 (050012331000200501311-01) Evo estructurales para determinar la responsabilidad patrimonial de la administración. Por lo tanto de conformidad con el Art. 90 de la Constitución Política y en concordancia con la Ley 678 de 2001, las entidades condenadas deben incoar Acción de Repetición en contra de sus funcionarios, a fin de que respondan patrimonialmente según las circunstancias y pruebas.

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Jurisprudencia del

Consejo de Estado JURISPRUDENCIA-Prueba indiciaria 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45069 (050012331000200501311-01) Evo CONCEPTO No. 93 / 2013 Bogotá, D.C 02 de mayo de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Hernán Andrade Rincón

E. S. D.

EXPEDIENTE: 050012331000200501311-01(45069)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Ramiro Alfonso Molina Balbin y otros

DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL – MUNICIPIO DE MEDELLÍN Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia apelada. / La falla del servicio se demostró por la parte actora. / De las pruebas obrantes dentro del juicio contencioso, emergen circunstancias que nos permiten construir indicios para determinar la existencia de los elementos necesarios para estructurar la responsabilidad administrativa del Estado en cabeza de la Policía Nacional y del Municipio de Medellín. / Deber de incoar acción de repetición.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del Patrimonio Público. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45069 (050012331000200501311-01) Evo

1. ANTECEDENTES 1.1. La Demanda – Los hechos Los Señores Ramiro Alfonso Molina Balbín, Gloria Cecilia Vélez Balbín, Ricardo

Alberto y Claudia Marcela Molina Vélez; Ramiro Adolfo y Gloria Patricia Molina Vallejo; María Clarisa Balbín Agudelo; Marta Dolly, Aura Elena, Jader Orlando y Beatriz Amparo Molina Balbín; María Esther Balbín Agudelo; Nicolás Francisco, Hernán Alberto, Martha Inés, María Edilia, Amable Argiro, y León Darío Vélez Balbín; el menor Juan Esteban Molina Rojas representado legalmente por su señora madre Eliana Alejandra Rojas Arango, Maria Edilia, Amable Argiro, Martha Inés, Hernán Alberto, León Darío y Nicolás Francisco Vélez Balbín a nombre de la sucesión intestada del señor Amable de Jesús Vélez, demandan en ejercicio de la acción de reparación directa a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL y al MUNICIPIO de MEDELLÍN, con el fin de que se le declare administrativamente responsable por los perjuicios sufridos, con ocasión del secuestro extorsivo del que fue víctima el señor Ramiro Alfonso Molina Balbín, el 11 de diciembre de 2002. Como hechos se sintetizan los siguientes: Siendo las once de la noche del 11 de diciembre de 2002, el señor Ramiro Alfonso Molina Balbín, se desplazaba en un vehículo particular en compañía de su hijo Ricardo Alberto Molina Vélez, cuando en el parque del Poblado fueron interceptados por varios hombres, algunos de los cuales usaban prendas, uniformes y emblemas de la Policía Nacional, utilizando para su desplazamiento dos motocicletas distinguidas con logotipos de la misma institución, quienes lo

requisaron, le decomisaron su revólver, lo esposaron, lo durmieron y lo llevaron en 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45069 (050012331000200501311-01) Evo una ambulancia de la entidad Metrosalud al Municipio de Urraó donde fue entregado al frente 34 de las FARC. Los captores de Ramiro Alfonso Molina Balbín pidieron a su familia, a fin de liberarlo, varias sumas de dinero que debían ser entregadas por la señora Gloria Cecilia Vélez en forma personal a los integrantes de las FARC, ocurriendo que el día que esta acudió a la cita fue secuestrada y dejada en cautiverio con su esposo, quien días después fue liberado para que obtuvieran otras sumas de dinero. En los hechos antes narrados, se vieron involucrados agentes de la Policía Nacional al mando del Teniente Herson Armando Enciso Cala, quienes finalmente fueron destituidos de la Fuerza Pública. Así mismo un empleado del Municipio de Medellín de nombre Héctor Alonso Osorio Ospina. 1.2. Contestación de la demanda 1.2.1. La Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a través de apoderado judicial contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones formuladas por la parte actora, proponiendo como excepciones que denominó

“ausencia de responsabilidad” y “culpa personal del agente”, puesto que los agentes de policía que participaron en los delitos por los cuales se pide indemnización no involucraron el servicio policial y solo ellos deben responder a título personal sobre las consecuencias de sus actos. Concluye diciendo que se deduce que el daño ocasionado a los actores no se produjo como consecuencia de una irregularidad, ineficiencia, retardo u omisión por parte de la Policía Nacional y no tiene nexo alguno con el servicio. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45069 (050012331000200501311-01) Evo 1.2.2. Metrosalud S.A., se opone a las pretensiones de la demanda indicando que no se presentó falla en el servicio, porque su objeto social es la prestación de servicios de salud, y los hechos que dieron fundamento a la demanda no se relacionan con una deficiente prestación del servicio del mismo, aunque se acepte que un empleado de dicha institución en horas laborales contribuyó con un vehículo de propiedad de Metrosalud a perpetrar el secuestro del que fueron víctimas los demandantes. Agregó que ninguna de las personas víctimas del secuestro que da origen a esta demanda se encontraba bajo la esfera de cuidado y vigilancia de Metrosalud y los actos realizados individualmente por sus servidores públicos deben sólo

comprometerlos a ellos, por ello no existe nexo causal entre el ejercicio de sus funciones y la actividad propia de Metrosalud. 1.3. Sentencia de Primera Instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia no accede a declarar la responsabilidad administrativa de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONALMUNICIPIO DE MEDELLÍN por el daño producido con el secuestro de los esposos Molina Vélez, y en consecuencia niega las pretensiones de la demanda, manifestando en resumen lo siguiente:  Queda claro que la Administración no tenía ningún control en los actos de los agentes que participaron en los hechos que dieron origen a esta demanda y que condujeron a su destitución de la fuerza pública. En este orden de ideas los dependientes del Estado obraron a título personal y con móviles diferentes a la prestación del servicio con algunos elementos personales y diferentes de los del servicio y en lugares que no corresponden a los que se supone este debe ser prestado. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45069 (050012331000200501311-01) Evo  Si bien, algunas de las personas que participaron en el delito del que fueron víctimas los esposos Malina Vélez estaban vinculadas al Estado, ese sola circunstancia, no puede comprometer la responsabilidad de la administración puesto que se trataba de personas temporalmente desligadas de sus funciones,

ocurriendo que en el asunto tratado no se puede estructurar la falla del servicio pues desborda toda la competencia del Estado el hecho de que se ejerza vigilancia permanente, en las actitudes de cada uno de sus agentes fuera del servicio. 1.4. Argumentos de la apelación. El apoderado de la parte demandante dentro del proceso referido, incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus intereses, en donde en términos resumidos argumenta lo siguiente (fls. 826 a 849 del cuaderno del Consejo de Estado): La decisión de negar las pretensiones deprecadas, al señalar que la actuación de los agentes que dieron lugar a los hechos y al resultado dañoso que se demanda estaba desprovista del vínculo con el servicio público, representa a todas luces una evidente denegación de justicia y ahonda en el desequilibrio que perse existe respecto del ciudadano con las prerrogativas propias de los entes estatales, pues aunque de un análisis superfluo de la prueba del caso puesto a consideración del Honorable Tribunal, podría extraerse semejante conclusión. Fue la calidad de servidores públicos en desarrollo de una función pública, la que permitió a estos servidores públicos delincuentes llevar a cabo la retención del señor Molina y de su hijo; fue por la calidad que ostentaban que accedieron a información, a uniformes de uso privativo de la Policía Nacional, armas de uso 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45069 (050012331000200501311-01) Evo oficial, motocicletas de la institución y pudieron desarrollar el retén de control sin limitación alguna; por lo tanto, el deseo o intención que movió a los funcionarios no puede ser elemento de exoneración de responsabilidad de la demandada Policía Nacional, dado que no en todos los casos en los que se presenta una falla del servicio existe una intención del funcionario de cumplir con el mismo, pese a encontrarse en horas de labor, y no por ello es exonerado de la responsabilidad que le asiste por los daños que con su actuación desajustada a derecho realiza, por el contrario, es precisamente en esa desviación de su función en la que radica la calidad de antijurídico del daño resultado de la misma. De otro lado, en lo que respecta a la responsabilidad de la demandada Metrosalud, si bien la falla no se dio en relación con el objeto propio de la entidad, la misma sí se dio por el uso indebido de uno de los vehículos de su propiedad y por tanto de su responsabilidad, por uno de sus funcionarios competentes, en horas de servicio, y siendo el uso de este vehículo el elemento determinante en el operativo delictivo mediante el cual fue secuestrado el señor Ramiro Alfonso Balbín. Por último, concluye diciendo que se tenga en cuenta jurisprudencia reciente del

H. Consejo de Estado, “sobre el valor de la prueba indiciaria”, concretamente la de fecha 24 de marzo de dos mil once (2011). Radicado 17993. Consejero ponente: Enrique Gil Botero, que para el caso sub judice fue desconocido abiertamente por

el a quo.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico. Pueden ser expresados en los siguientes términos: 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45069 (050012331000200501311-01) Evo 2.1.1. ¿El Estado en cabeza del Ministerio de Defensa – Policía Nacional debe o no responder administrativa y patrimonialmente por el daño padecido con el secuestro de los señores RAMIRO ALFONSO MOLINA BALBÍN y su hijo RICARDO MOLINA VÉLEZ presuntamente a manos de los patrulleros de la Policía Nacional?. 2.1.2. ¿Se puede considerar que existen indicios para demostrar que por el hecho de haber sido utilizado por miembros activos de la Policía Nacional, vehículos, armamento y uniformes para cometer el delito de secuestro investigado, éste se realizó dentro de una labor y en función del servicio que llevaría a estructurar la falla en el servicio de la demandada? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política.

Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45069 (050012331000200501311-01) Evo “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. Imputabilidad Sobre este tema, se refirió el Consejo de Estado: "Para poder aludir a la conducta Imputable al Estado y por la cual deba

responder patrimonialmente, es necesario que la conducta de su Agente, ejecutor directo de la función enjuiciada, tenga nexo jurídico con el servicio; por esto mismo la simple calidad de empleado o funcionario que ostente el autor de un hecho no vincula necesariamente al Estado, debido a que aquél no siempre actúa en su calidad de tal y bien pudo actuar en desarrollo de actividad de carácter eminentemente personal y por tanto ajena a toda actividad pública. Asimismo y para tal efecto el Consejo de Estado ha acogido el test de conexidad, de creación doctrinal, como herramienta útil para determinar si la falta personal de los Agentes de la Administración está o no ligada con la conducta del servicio. Y en desarrollo de ese test se formulan las siguientes preguntas: ¿advino el perjuicio en horas del servicio, en el lugar o con instrumento del mismo?; ¿el Agente actuó con el deseo de ejecutar un servicio o bajo su impulsión?. Y en fallo de 6 de diciembre de 2004, la Sala destacó que en las decisiones en las que se ha acudido a dicho test se ha precisado que el mismo no conduce inexorablemente a una u otra conclusión, porque deben analizarse las circunstancias especiales del hecho para determinar si el daño es o no atribuible al demandado, aportando únicamente hechos indicadores en relación con ia conducta imputada (no con el nexo de causalidad), a partir de los cuales y en armonía con las demás pruebas se podrá solucionar la controversia; y agregó que resulta importante cuestionarse sobre qué sucede 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45069 (050012331000200501311-01) Evo cuando existe prueba de que el hecho se cometió con arma de dotación oficial, o con nexo instrumental con el servicio, situación en la que es importante ver que no siempre que se produce tal vinculación se entiende que es la Administración la que actúa, porque el nexo instrumental refiere a la conducta y al nexo físico, no al nexo jurídico. Y similares consideraciones merece el nexo Instrumental, a las efectuadas sobre la condición de servidor público del Agente estatal para el momento del hecho, y de acuerdo con lo cual la prueba de la investidura del Agente no conlleva siempre, por si sola, a la imputación de responsabilidad al Estado, ya que habrá casos en los que pese a demostrarse, la actuación desarrollada sigue siendo eminentemente privada del funcionario, sin que pueda decirse que trascienda como un acto del servicio, porque la presencia de esos elementos (Investidura, instrumento, espacio etc.) se deberán tener en cuenta, para visualizar si la fuente del daño proviene de una conducta particular o si se desprende de la prestación de un servicio o de ia ejecución de una función pública".1 2.2.3. Prueba Indiciaria La H. Corte Suprema de Justicia respecto a la prueba indiciaria, y su valoración, advirtió lo siguiente: "Precisa la Corte que el indicio es un medio de prueba crítico, lógico e indirecto, estructurado por el juzgador a partir de encontrar acreditado por otros medios autorizados por la ley, un hecho del cual razonadamente y según las reglas de la experiencia, se infiera

la existencia de otro hasta ahora desconocido que interesa al objeto del proceso, el cual puede recaer sobre los hechos¡ o sobre su agente, o sobre la manera como se realizaron, cuya importancia deviene de su conexión con otros acaecimientos fácticos que estando debidamente demostrados y dentro de determinadas circunstancias, permite establecer, de modo más o menos probable, la realidad de lo acontecido. "Los indicios pueden ser necesarios cuando el hecho indicador revela en forma cierta o inequívoca, la existencia de otro hecho a partir de relaciones de determinación constantes como las que se presentan en las leyes de la naturaleza; y contingentes, cuando según el grado de probabilidad de su causa o efecto el hecho 1 Consejo de Estado, sentencia de marzo 1 de 2006, C.P. María Elena Giraldo Gómez (Exp. 15010) 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45069 (050012331000200501311-01) Evo indicador evidencie la presencia del hecho indicado. Estos últimos, a su vez, pueden ser calificados como graves, cuando entre el hecho indicador y el indicado media un nexo de determinación racional, lógico, probable e inmediato, fundado en razones serias y estables, que no deben surgir de la imaginación ni de la arbitrariedad del juzgador, sino de la común ocurrencia de las

cosas; y leves, cuando el nexo entre el hecho indicador y el indicado constituye apenas una de las varias posibilidades que el fenómeno ofrece. "De conformidad con la previsión legal sobre la prueba indiciaria, al efecto establecida por los artículos 300 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el hecho indicador del cual se infiere la existencia de otro acaecimiento fáctico, debe estar debidamente acreditado por los medios directos de prueba (testimonio, peritación, inspección, documento, confesión); ha de ser indivisible, pues los elementos que lo integran no pueden a su vez tomarse como hechos indicadores de otros acaecimientos fácticos; independiente, ya que a partir de un hecho indicador no pueden estructurarse varios hechos indicados; si son varios han de ser concordantes¡ de manera que los hechos inferidos guarden armonía entre sí como partes que integran un mismo fenómeno; convergentes, es decir que la ponderación conjunta de los distintos indicios dé lugar a establecer una sola conclusión y no varias hipótesis de solución; y, finalmente, que en su apreciación, como ocurre con todos los medios de prueba, el juzgador acuda a las reglas de la sana crítica, establezca el nivel de probabilidad o posibilidad, y, en tal medida señale si son necesarios, contingentes, graves o leves¡ y su relación con los demás medios de prueba que obran en la actuación” Y en la sentencia del 8 de julio del 2003, radicado 18.583, la misma Corporación, agregó: "La valoración integral del indicio exige al juez la contemplación de todas las hipótesis confirmantes e invalidantes de la deducción,

pues rechazar cualquiera de las posibilidades lógicas que puede ofrecer un hecho indicador, desestimándolo expresa o tácitamente sólo porque el juez ya tiene sus propias conclusiones sin atención a un juicio lógico integral, es alentar un exceso de omnipotencia contrario al razonable acto de soberanía judicial en la evaluación de la prueba, que consiste precisamente en el ejercicio de una 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45069 (050012331000200501311-01) Evo discrecionalidad reglada en la valoración probatoria." 2.3. Las Pruebas obrantes. Sobre la ocurrencia de los hechos que se relatan en la demanda, se destacan las siguientes pruebas allegadas al plenario: Dentro del proceso se allegaron las siguientes pruebas:  A (fl.428 del cuaderno 1) aparece declaración del señor Ricardo Alberto Molina Vélez ante la Dirección Antisecuestro y Extorsión del Gaula de la Policía Nacional Regional Medellín, del 23 de enero de 2003 en el que hizo un relato de los hechos del 11 de diciembre de dos mil dos, narrando la forma en que él y su padre fueron abordados por varios hombres que indicando estar realizando un procedimiento legal los privaron de su libertad y respecto de las personas que participaron en el secuestro indicó: "lo único

que no vi fue el apellido que llevan en el pecho, pero de resto todo normal, las botas en cuero negras, el uniforme bien puesto, el cinturón ancho verde de la Policía, físicamente igual a los policías de la calle".  A (fl.105 del cuaderno número 1) aparece informe de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión Gaula Regional Medellín del 26 de diciembre de 2002 en el que se informa a la Fiscal 47 Especializada Delegada ante el Gaula de Medellín sobre los hechos que son objeto de este proceso, acorde con denuncia realizada por Gloria Cecilia Vélez Balbín, se concluye luego de diferentes diligencias adelantadas por esa oficina que "es posible la presencia de una red urbana de milicias del frente 34 de las FARC, no descartan