PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Hay lugar a imponer sanción a los servidores

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos Para que proceda la acción de repetición deben concurrir los siguientes elementos: a. Que la entidad pública haya sido condenada al pago de los daños antijurídicos causados o haya acordado mediante conciliación u otro mecanismo alternativo de solución de conflictos dicho pago. b. Que dicha condena se haya ocasionado por la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario público o un particular que ejerza función pública. c. Que efectivamente se haya realizado el pago. COPIAS-Tienen valor siempre que no hayan sido tachadas de falsas y se aporten con la presentación de la demanda El Ministerio Público considera que en el presente caso, la demandante demostró suficientemente el elemento número uno, es decir, la condena a la entidad por el hecho de haber proferido por medio del Director Administrativo del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República una comunicación de supresión de cargo dirigida a la señora funcionaria, mediante oficio No. 118500, pues así se encuentra dentro del expediente, la sentencia de 23 de diciembre de 2004 expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Vale la pena anotar que para el ad quo dicha prueba carece de valor probatorio, por cuanto la sentencia se encuentra en copia simple, al respecto, esta Delegada no comparte el criterio del fallo de primera instancia al no tener en cuenta la copia simple de los documentos aportados, pues en el presente caso las aportadas por la parte demandante lo fueron con la presentación de la demanda y no soportaron la tacha de falsedad por la parte contraria, razón por la cual deben ser

valoradas y tenidas en cuenta dentro del proceso, porque precisamente era un documento que en su origen estaba en depósito de la demandada. Además, es un documento que obra en los archivos del Tribunal de Cundinamarca. En ese orden de ideas, esta Delegada avizora, que dicha sentencia, si puede ser valorada en este proceso, en tanto que fue oportunamente aportada, y que por ende en ningún momento de las surtidas etapas de contradicción se llegó a solicitar la tacha de falsedad por los demandados, es decir, la parte demandada no impugnó la legalidad o ilegalidad del documento aportado en fotocopia y de no ser ello así, éste tiene plena validez jurídica como así lo ha considerado la reciente sentencia del Consejo de Estado, referida en el marco teórico en lo relacionado con el tema del valor probatorio de las copias. De manera que el juez de primera instancia no podía desconocer el principio de la buena fé y la regla de la lealtad, toda vez que las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos aportados en su momento por la entidad. Lo anterior, hace que se cumpla el primer presupuesto estudiado, es decir, que exista una sentencia condenatoria o actuación administrativa o judicial de carácter conciliatorio que haya obligado a la entidad pública a la reparación del daño antijurídico causado por uno de sus servidores. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Se configura la conducta gravemente culposa por desconocimiento de la Ley Respecto al segundo presupuesto, es decir, que dicha condena se haya ocasionado por

la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario público o un particular que Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. I.J.C.B ejerza función pública, esta agencia del Ministerio Público, observa, que en el plenario se demostró la conducta de los funcionarios, pues si bien es cierto no se encuentra acreditada la conducta dolosa, por que no se demostró, si es posible colegir que el actuar de los funcionarios se encuentra tipificada en una conducta gravemente culposa, ya que se evidenció que el actuar de los funcionarios no fue prudente como el de aquel “buen padre de familia” y como así lo dispone el artículo 63 del Código Civil establece que la culpa grave consiste "en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios". En consecuencia, esta Delegada indica que al momento de la expedición de la resolución, por la cual se realiza la supresión de un cargo, los decretos que lo fundamentaban se encontraban inexequibles y por ende, resalta que el desconocimiento de las normas no es sinónimo de exclusión de responsabilidad, toda vez que el funcionario pudo prever la irregularidad en la que incurriría y el daño que podría ocasionar, y aún así no lo hizo.

ACCIÓN DE REPETICIÓN-La ignorancia de la ley no es excusa Basta con la lectura de la sentencia que originó la acción de repetición, en donde se explicita que la desvinculación de la funcionaria, ocurrió al aplicar los Decretos 1545 de 1999 y el Decreto Extraordinario 1149 de 1999, este último había sido declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-969 del 1 de diciembre de 1999 y el acto administrativo dato del 18 de enero del año 2000 (folios 97 a 99). En efecto, dentro de los tratos sociales, él art. 9 del Código Civil prescribe que la ignorancia de la ley no es excusa, razón por la cual existió el deber ineludible de conocer la norma antes invocada había dejado de tener efectos jurídicos y no procedía la desvinculación. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Deberes del servidor público/RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Juramento al acceder a la función pública De otro lado, el artículo 122 de la Carta Política indica que los empleos públicos se fundamentan en la ley y los reglamentos y además, lo importante para dirimir la existencia o no la responsabilidad de los funcionarios demandados, la misma norma prescribe que “…Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben…”. En otras palabras al cumplir la fórmula del juramento, el servidor público está obligado a acatar el ordenamiento jurídico cuyo basamento o pilar fundamental radica en la Constitución Política acorde con lo prescrito en el artículo 6 de la Norma Superior y en el artículo 40 de

la ley 200 de 1995 (Código disciplinario vigente para la fecha de los hechos), que implica la obligación de los funcionarios públicos de manera específica de cumplir la constitución y la ley y además la responsabilidad que depreca el artículo 90 de la misma Norma Superior. Lo anterior, impone estar atento, conocer las normas, su aplicación, su validez, en los actos de decisión, situación a la cual fueron ajenos los hoy demandados, lo cual constituye desconocer las obligaciones del juramento, al vincularse a la función pública, 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. I.J.C.B sin que medie una razón que justifique o exculpe la conducta general de conocer las leyes vigentes, que como principio general se impone en el artículo 9 de el Código Civil Colombiano. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Para que exista responsabilidad de los demandados es necesario demostrar la existencia de culpa grave o dolo en sus actuaciones Entonces se puede afirmar de manera clara que existió una responsabilidad a titulo de culpa grave por parte de los aquí funcionarios, en la indemnización y posterior reintegro que tuvo que realizar el ente acusador, por la conducta negligente de aquellos, cuando en sentencia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió declarar la nulidad del oficio por medio del cual se suprimió un cargo.

Finalmente, en lo relacionado con el tercer presupuesto, es decir, que efectivamente se haya realizado el pago, esta Delegada, resalta que al sentir del Tribunal las respectivas certificaciones allegadas no son idóneas para acreditar el pago de la condena, pues consideró que dichos documentos no provienen de los respectivos acreedores, ya que debió aportarse la certificación de las entidades financieras donde fueron consignados dichos valores, a contrario sensu, esta Delegada observa que en el expediente se encuentra certificaciones originales donde dan fe que efectivamente el pago se realizó y en consecuencia se cumplió con lo ordenado en sentencia condenatoria. Por ende se vislumbra el cumplimiento del tercer requisito para que proceda la acción de repetición en razón a que la prueba se encuentra debidamente acreditada dentro del expediente. De acuerdo con ello, y consonante con la jurisprudencia del H. Consejo de Estado para que exista responsabilidad de los demandados en acción de repetición, es necesario demostrar la existencia de culpa grave o dolo en sus actuaciones, por tanto al estar demostrada la culpa grave de los demandados tal y como se demostró en líneas anteriores, por la condena impuesta a favor de la funcionaria en el proceso en acción de nulidad y restablecimiento de derecho. SERVIDOR PÚBLICO-Está sujeto a un régimen de responsabilidad subjetiva/DAÑO ANTIJURÍDICO-Hay lugar a imponer sanción a los servidores Los servidores públicos están sujetos a un régimen de responsabilidad subjetiva y, por tanto, probado el título de imputación, en este caso la responsabilidad subjetiva derivada de la actuación gravemente culposa de los aquí demandados, presupuesto de hecho de

la acción de repetición, hay lugar a imponer sanción a los servidores consistentes en el pago total o parcial de la suma que la entidad demandante debió reconocer a la víctima del daño antijurídico. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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I.J.C.B CONCEPTO Nº. 255 / 2012

Bogotá, D.C., 04 de Septiembre de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Doctor HERNAN ANDRADE RINCON

E. S. D.

EXPEDIENTE: 110013331007200700291 01 (42937)

ACCIÓN DE REPETICIÓN

ACTOR: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE

LA REPUBLICA.

DEMANDADOS: MARÍA JESÚS ORTIZ QUINTERO y MAURICIO BOGOTÁ

MUÑOZ.

Sentido del Concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida. Temas: Las copias simples tienen valor siempre que no hayan sido tachadas de falsas y se aporten con la presentación de la demanda / Se configura la conducta gravemente culposa / Deberes del servidor público / Juramento al acceder a la

función pública / Desconocimiento de la Ley / Ignorancia de la Ley no es excusa. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y al Patrimonio Público 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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I.J.C.B

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda - hechos El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la Republica a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de repetición consagrada en el artículo 88 del Código Contencioso Administrativo, entabló demanda, contra los servidores MARÍA DE JESÚS ORTIZ QUINTERO y MAURICIO BOGOTÁ, quienes para la fecha actuaban en calidad de Gerente; y Director Administrativo y Financiero respectivamente, por los daños y perjuicios, ocasionados por la conducta gravemente culposa, como consecuencia del fallo condenatorio que profirió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca contra la accionante.

La sentencia en contra del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de

la Republica, se profirió con ocasión de la nulidad del oficio No 118500 -030 del 18 de enero de 2000, expedido para la fecha por el Director Administrativo de la Entidad mencionada, mediante el cual se retiro del servició a la señora Sixta del Socorro Gómez, hecho por el cual la entidad demandante fue condenada a pagar la suma de noventa y dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y seis pesos con cuarenta y seis centavos ($92.454.246.46), a favor de la señora Sixta del Socorro Gómez, trece millones ochocientos dieciséis mil doscientos siete pesos ($13.816.207), a favor del fondo de pensiones COLFONDOS y doce millones cincuenta y dos mil trescientos noventa y un pesos ($12.052.391), a favor de la EPS COLMEDICA. 1.2. La contestación  El apoderado del funcionario MAURICIO BOGOTÁ MUÑOZ, manifestó su 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. I.J.C.B oposición de todas las pretensiones y acto seguido, argumentó que para efectos de determinar la pretendida responsabilidad que se le endilga a su prohijado, es necesario precisar el alcance y finalidad de la acción, toda vez que no se encuentra probado por la parte actora que el actuar del

demandado sea producto de una conducta con culpa grave o dolo, respecto de los hechos por los cuales el Fondo de Bienestar Social fue condenado. Así mismo, resaltó que en ninguno de los apartes de la sentencia condenatoria se mencionó que el retiro del servicio de la funcionaria sea como consecuencia del abuso del poder o por falta de motivación, como para deducir que la condena obedece a una conducta dolosa o gravemente culposa del accionado. Por ende, propuso las excepciones de falta de legitimación y falta de capacidad jurídica para desvincular. De la falta de legitimación, argumentó que en relación con lo dispuesto por la Ley 678 de 2001, la Entidad Pública demandante dio inicio a la acción de repetición con posterioridad a los seis (6) meses establecidos en el artículo 8, operando de pleno derecho la acción viciada de ilegitimidad. De otro lado, en lo referente a la falta de capacidad jurídica para desvincular, consideró que su representado tomo posesión en el cargo de Director Administrativo y Financiero del Fondo el día 22 de diciembre de 1999, fecha en la cual ya había surtido el procedimiento de reestructuración de la planta de personal del Fondo y que por tal motivo su prohijado no ejecuto acción alguna que tuviera relación con el proceso mencionado, al contrario, se trato de una comunicación referida a una decisión de orden superior y no a una extralimitación en ejercicio de sus funciones. En consecuencia con lo mencionado al final propuso de igual forma la excepción referida a la prueba de pago no es oponible porque no proviene del acreedor.  De otro lado, el apoderado de la funcionaria María de Jesús Ortiz Quintero,

6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. I.J.C.B expresó su oposición a las pretensiones de la demanda, de acuerdo a los mismos argumentos expuestos por el apoderado del demandado Mauricio Bogotá Muñoz, acto seguido propuso igualmente como excepciones la falta de legitimación y la prueba de pago no es oponible porque no proviene del acreedor. 1.3. Sentencia en primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia de fecha 19 de Octubre de dos mil once (2011), resolvió negar las pretensiones de la demanda, basado en los siguientes argumentos:

1. Inició su estudio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respecto de la procedencia de la acción, en que la entidadad demandante si ejerció la respectiva acción, cuyo sustento Constitucional y legal se derivo de los Artículos 90 de la Constitución Política y 77 a 78 del Código Contencioso Administrativo. Como también lo es en cumplimiento del fallo proferido el 23 de diciembre del año 2004, por la Sección Segunda de la Sala de Descongestión

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. En lo referido a la legitimación en la causa por activa, dispuso que la entidad demandante si está legitimada en razón a que reconoció y pagó las sumas

ordenadas en el fallo del 23 de diciembre de 2004 como consta en la resolución No 203 de 2006 del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la Republica que ordena las respectivas sumas de dinero. Ahora bien, respecto de la legitimación en la causa por pasiva, consideró que los demandados se encuentran legitimados de acuerdo a los respetivos cargos que cada uno desempeñaba para la época. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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I.J.C.B

3. Por otro lado, en relación con el tema de la caducidad, argumentó que la demanda fue presentada dentro del término de caducidad de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha de pago, por cuanto evidenció que el pago se realizo el 15 de noviembre de 2006 y la demanda fue presentada el 15 de mayo de 2007. Por consiguiente, luego de analizado los anteriores temas sustanciales, la sala entró a revisar si se encontraban los requisitos de procedibilidad de la acción.

4. Respecto del primer requisito, encontró el ad quo que se encuentra probado la calidad que tenían para la época los funcionarios demandados, como así lo evidencia las respectivas resoluciones y el oficio No 118500 del 18 de enero de 2000, en el cual se le informó a la señora Sixta del Socorro Berrio que el cargo

que venia desempeñando se había suprimido como resultado de las previsiones contenidas en el Decreto 1545 de 1999.

5. En lo concerniente al segundo requisito, estableció que en el expediente se encuentra sólo en copia simple la sentencia proferida el 23 de diciembre de 2004, por la Sección Segunda, Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en razón a que no es una copia de una fotocopia autentica, por cuanto el original de la misma se encuentra en la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decidió no darle valor probatorio.

6. En lo respectivo al tercer requisito, consideró que no se cumplió, puesto que si bien es cierto las certificaciones de pago expedidas por la tesorera de la entidad demandante se allegaron en original, es de recibo que dichos documentos no son idóneos para acreditar el pago de la condena, puesto que los documentos no provienen de los respectivos acreedores, es decir, que se debió aportar las respectivas certificaciones de las entidades financieras donde

8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. I.J.C.B fueron consignados dichos valores. Así como en ninguna de las órdenes de pago se observó alguna manifestación expresa por parte de los acreedores de haber recibido satisfactoriamente los pagos.

7. En consecuencia con lo expuesto, el ad quo, concluyó que por el hecho de no cumplirse uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de repetición, cual es el pago de la condena, se releva de estudiar el fondo del asunto. Por tal motivo, al final se refiere al tema de la aplicación del principio de oficiosidad, en el que expone sobre la mínima carga probatoria con la que debía cumplir la entidad demandante y que al no darse cumplimiento no puede el juez proferir pruebas de oficio pues estaría vulnerando los artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil. 1.4. Argumentos de la apelación El apoderado del ente demandante, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 19 de octubre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, en razón a que negó las pretensiones de la demanda, solicitando su revocatoria argumentando lo siguiente:

1. La Sala del Tribunal Administrativo de Cundinamarca encuentra, que en el plenario reposa copia simple de la sentencia de fecha 23 de diciembre de 2004, mediante la cual se condenó al Fondo de Bienestar Social de la C.G.R. al reconocimiento y pago de salarios, prestaciones y demás emolumentos laborales dejados de percibir por la señora Sixta Gómez Berrio desde la fecha de su retiro hasta la de su reintegro, por lo tanto dicha providencia no podía ser valorada. Por consiguiente, indicó el recurrente que para el presente caso es necesario remitirse a lo dispuesto en el artículo 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil, pues en virtud de

9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. I.J.C.B tales normas se afirma que la sentencia es un documento publico que se presume autentico, presunción que manifestó no se encuentra desvirtuada en el presente caso, así mismo, resalta que a la luz del artículo 228 de la Constitución Política, las normas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, al contrario, deben propender por su realización.

2. Respecto del segundo requisito para que proceda la acción de repetición, aseveró que teniendo cuenta el no pronunciamiento del ad quo al respecto, precisa que la conducta fue cometida en presencia de culpa grave de los demandados al transgredir las normas que enmarcan el debido proceso administrativo, razón por la cual su culpa grave se presume.

3. En relación al tercer requisito, consideró que al estimar el ad quo que los documentos que dan cuenta de los pagos realizados por el fondo no eran idóneos para acreditar el pago de la condena, dicha afirmación, sacrifica el derecho sustancial pretendido por el Fondo, el cual es la salvaguarda del erario público y por tanto argumento que el juzgador de instancia ignoró el contenido de los artículos 1625 y 1626 del código Civil.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1 ¿Las copias simples tienen valor probatorio cuando han sido aportadas desde la presentación de la demanda y no fueron tachadas de falsas por la parte contraria en el proceso? 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. I.J.C.B 2.1.2. ¿Deben los ex funcionarios MARÍA DE JESÚS ORTIZ QUINTERO y MAURICIO BOGOTÁ en calidad de Gerente; y Director Administrativo y Financiero respectivamente, responder patrimonialmente en acción de repetición, por ordenar el retiro del servició a la señora Sixta del Socorro Gómez? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Acción de repetición – Elementos estructurales Del anterior contexto normativo se deduce que la prosperidad de la acción de repetición requiere la concurrencia de los siguientes elementos estructurales: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar la causación de un daño antijurídico; b) Que la entidad haya pagado el monto de la condena a favor de la víctima; c) Que la condena haya sido impuesta como

consecuencia del actuar del servidor o ex servidor público y, d) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor del Estado o de un particular que ejerza funciones públicas. La Sala analizará cada uno de los anteriores requisitos en la medida en que se verifique su existencia. Con base en los anteriores medios de prueba, encuentra la Sala satisfecho el primero de los elementos para la prosperidad de la acción de repetición, pues se encuentra acreditado que la entidad demandante fue condenada a pagar una suma de dinero a favor de una persona, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de un acto administrativo proferido por el demandado.1 (Negrillas fuera de texto). 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente Myriam Guerrero Escobar Radicación No. 25000-23-26-000-1999-02563-02 (36489). 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. I.J.C.B 2.2.2. Acción de repetición - culpa grave o dolo: El Consejo de Estado en sentencia de fecha 28 de abril de 2010, Consejera Ponente Myriam Guerrero de Escobar, Radicación No. 52001-23-31-000-199708809-01 se pronunció sobre las características que se deben estudiar para

determinar la responsabilidad patrimonial por culpa grave o dolo del funcionario público, ex funcionario público o particular con funciones públicas en ejercicio de sus funciones que haya ocasionado una detrimento patrimonial al Estado, diciendo lo siguiente: “Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 90 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo contratos, bienes y familia. En consideración a lo anterior, la Sala ha explicado que, para establecer la responsabilidad personal de los agentes o ex agentes estatales, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta necesariamente el estudio de las funciones a su cargo y, si respecto de ellas, se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas - actuación dolosa -, o si al actuar, pudo prever la irregularidad en la que incurriría y el daño que podría ocasionar, y aún así no lo hizo, o confió en poder evitarloactuación culposa-. Es claro entonces, que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta. Dado lo anterior, no puede ser irrelevante el hecho de que la norma 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. I.J.C.B constitucional haya estipulado expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios sólo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo que podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública. (Negrillas fuera de

texto). 2.2.3. Responsabilidad personal del agente – Culpa Grave. Definición “Sobre la noción de culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber