PGN - DAÑO ANTIJURIDICO La detención preventiva ocasionó perjuicios del orden material y m

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad DAÑO ANTIJURÍDICO-La detención preventiva ocasionó perjuicios del orden material y moral Bajo el contexto fáctico, normativo y jurisprudencial expuesto, no cabe duda que los daños reclamados por el demandante en la demanda con ocasión de la medida de aseguramiento de que fue objeto, tienen la calidad de antijurídicos, dada la injusta privación de la libertad a la que fue sometido y por consiguiente, debe ser reparado patrimonialmente. En efecto, se encuentra plenamente probado el daño infligido al demandante, esto es, su detención preventiva sin beneficio de excarcelación en principio desde el 29 de junio al 6 de julio de 2001 y después desde 27 de agosto de 2001 hasta el 7 de marzo de 2003 por un periodo de 19 meses, lo que efectivamente le ocasionó perjuicios del orden material y moral. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Se encuentra acreditada con la prueba del daño y de la causalidad De las consideraciones antes transcritas se puede traducir, sin necesidad de un análisis profundo, que el inculpado no incurrió en ninguna conducta prevista en el tipo penal por el cual estaba siendo procesado, es decir, QUE ÉL NO COMETIÓ EL DELITO. A la luz de la normativa aplicable (Artículo 414 del C. De P.C.) y del Artículo 90 de la Constitución Política, se puede precisar que para el caso que nos ocupa, la responsabilidad del Estado se encuentra acreditada, no solo con la prueba del daño, para el caso con la privación

injusta de la libertad de demandante, sino de la causalidad, que indica que el demandante estuvo a órdenes del fiscal que lo investigó, por virtud de los cual se le privó de la libertad y fue absuelto mediante sentencia absolutoria, presupuestos que, sin más razonamientos, generan el derecho a reparar el daño causado. En este punto debemos aclarar, que existe posición doctrinal minoritaria que dice que aún cuando la absolución del sindicado se de por una sentencia definitiva, para la configuración de la responsabilidad objetiva que nace de la privación injusta de la libertad, la providencia absolutoria debe tener como fundamento o base: que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible. Si en gracia de discusión aceptamos esta posición, podemos afirmar categóricamente, que la sentencia que absolvió al demandante, se emitió con fundamento en que el sindicado no cometió el delito, así el Juzgado y el Tribunal, no lo hayan dicho en forma expresa, y ello se desprende de las mismas consideraciones del despacho Judicial para absolver al sindicado. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-El encartado no cometió el hecho punible Esta Delegada del Ministerio Público, es de la opinión, de que el ordenamiento jurídico colombiano, orientado por la necesidad de garantizar, de manera real y efectiva los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede escatimar esfuerzos, por tanto no se puede entender que los administrados estén obligados a soportar como una carga Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co J.Cruz R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43914 (520012331000201000087-01) pública la privación de la libertad y que, en consecuencia, estén obligados a aceptar como un beneficio o una suerte que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren causales como las previstas en el citado artículo 414 del C. de P. C., o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo -sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima - el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el sólo hecho de vivir en sociedad, pero en el caso se reitera, no es el in dubio por reo lo que sucedió o permitió dejar en libertad al detenido, sino el arribar a la conclusión que este no había cometido ningún delito. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43914 (520012331000201000087-01)

CONCEPTO No. 299 / 2012

Bogotá, D.C 30 de octubre de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: Doctor Mauricio Fajardo Gómez EXPEDIENTE: 520012331000201000087-01 (43914) Acción de Reparación Directa

ACTOR: Felipe Hernán Mena Valencia y Otros

DEMANDADO: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida del Tribunal Administrativo de Nariño. Privación de la Libertad. / Ausencia de mérito probatorio. / El encartado no cometió el hecho punible.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

I ANTECEDENTES

1. La Demanda – Hechos De acuerdo a lo señalado en el escrito introductorio, se extractan los siguientes:

(Fls. 1 al 21 C.2) 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43914 (520012331000201000087-01) Ha sido un distinguido miembro de la Policía Nacional. El dos (2) de junio de 2001, unidades de la SIJIN dispusieron realizar un operativo contra el tráfico de alcaloides al que concurrieron tanto personal de la SIJIN como de la ciudad de Ipiales y de Pasto, entre los que se encontraba el Señor FELIPE HERNÁN MENA VALENCIA, el cual una vez llevado a cabo, se reportaron como incautados 356 paquetes de aproximadamente un kilo de clorhidrato de cocaína. El agente encubierto de la SIPOL, informó que se presentaron irregularidades pues según él, se hallaron veinte (20) bultos con veinte paquetes cada uno por lo que en total se debió incautar y poner a disposición cuatrocientos (400) kilos de la droga, y que por lo tanto, de la cantidad de droga no reportada, se apoderaron los miembros de la SIJIN. Con fecha 6 de julio de 2001, la Fiscalía ordenó la inmediata libertad del procesado. Mediante providencia del 27 de agosto de 2001, se le definió situación jurídica, con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, decisión que habiendo sido impugnada mediante los recursos legales, fue ratificada por el instructor y confirmada en segunda instancia por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto. El 7 de marzo de 2003, el Juzgado Especializado de Pasto, resolvió absolverlo de

responsabilidad penal, y ordenó su libertad. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43914 (520012331000201000087-01) 1.2. Contestación de la Demanda 1.2.1. Fiscalía General de la Nación. Solicitó se denieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que si se tiene en cuenta que es la misma ley, la que establece los requisitos a tenerse en cuenta antes de proferir una medida de aseguramiento, no cabe duda que ésta era la determinación precisa a implementarse, si se recuerda que para el caso del actor, existían unos cargos muy graves, y que para el momento de los hechos justificaban tal decisión. 1.2.2. Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Manifestó su oposición a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, en consideración a que los hechos que se narran como fundamento de la presente demanda, aducen en general el trámite de la investigación penal a los presuntos responsables del punible de tráfico de estupefacientes, que cursó en primer término en el Juzgado 183 Penal Militar, y posteriormente en la Fiscalía Tercera Especializada, y en vista de que el proceso penal para el hoy demandante, culminó con pronunciamiento emitido en sede judicial, por el Juzgado Penal del

Circuito Especializado de Pasto, concretado en sentencia absolutoria en virtud del In Dubio Pro Reo, no se observa intervención negativa a los intereses del actor. Entre otras consideraciones y con el ánimo de reafirmar sus planteamientos, formuló como excepciones, la falta de legitimación en la causa por pasiva; falta de objeto para demandar; y la innominada o genérica. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43914 (520012331000201000087-01) 1.2.3. Nación - Ministerio de Defensa (Policía Nacional) Manifestó su oposición a todas y a cada una de las pretensiones de la demanda, sosteniendo que no es atribuible grado de responsabilidad alguno a esa entidad, en consideración a que por tratarse de una justicia rogada, todos los hechos señalados por la parte actora, habrán de probarse y que no es suficiente su sola manifestación. Así mismo, sostiene que para ejercerse la acción resarcitoria, según reiterada Jurisprudencia del H. Consejo de Estado, deben acreditarse ciertos elementos axiológicos, de los cuales depende la adecuada estructuración de la responsabilidad a declararse; en caso contrario, y de adolecer la demanda, de material probatorio que soporte los supuestos de hecho que se sostiene en la introducción, no habría forma de examinar si la actividad administrativa del Estado,

ha sido deficiente o tardía. 1.3. Sentencia de Primera Instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda argumentando principalmente lo siguiente: Acatando pronunciamientos del H. Consejo de Estado, no debe accederse a las pretensiones de la demanda, habida cuenta que los presupuestos que se exigen para la prosperidad en temas en que se debate la configuración de un posible daño antijurídico, producido por la privación de la libertad con ocasión de un error judicial, no fueron debidamente acreditados; toda vez que en el expediente si bien es cierto se acredita la existencia de una investigación penal por el punible ya 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43914 (520012331000201000087-01) comentado, no obra en el expediente, una constancia de ejecutoria de la última providencia absolutoria o su equivalente, que dé cuenta sobre el fenecimiento total de actuación penal, en tal sentido, y por existir la posibilidad de que dicha providencia haya sido recurrida o se encuentre surtiéndose en algún grado de consulta, no podría inferirse la configuración del daño a repararse, y en consecuencia revela la necesidad de despacharse desfavorablemente las pretensiones de la demanda. 1.4. Argumentos de la Apelación. Parte actora.

El apoderado de la parte actora, incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus intereses, en donde en términos resumidos argumenta lo siguiente (fls. 486 a 504 del cuaderno del Consejo de Estado): La razón de la privación de la libertad de su representado se puede resumir en la errónea acusación que hace la Fiscalía General de la Nación al creer en la participación de mi representado en el ilícito de tráfico de estupefacientes, la investigación adelantada no arrojó mérito alguno para mantenerlo privado de la libertad fue un error judicial del primer físcal que asumió la investigación, cosa que reconoce la Fiscalía en la audiencia pública final. Indicó que cuando se produce la exoneración del sindicado, por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, entre otros, la privación de la libertad resulta siempre injusta, como quiera que quien estuvo detenido sufrió un daño que no estaba en la obligación de soportar. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43914 (520012331000201000087-01) Consideró que el daño sufrido por el señor FELIPE HERNÁN MENA VALENCIA y

OTROS, no es un daño normal que deba soportar calladamente, sino por el contrario que es un daño antijurídico que el Estado debe indemnizar.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico. Puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Le asiste responsabilidad a la Nación, en cabeza de las entidades demandadas, por los daños y perjuicios sufridos por los demandantes, causados con ocasión de la privación de la libertad de que fuere objeto el Señor Felipe Hernán Mena Valencia, desde el 29 de junio hasta el 6 de julio de 2.001, y desde el 27 de agosto de 2001, hasta el 7 de marzo de 2003, a raíz de los hechos que se le imputaron y que obedecieron a la presunta comisión de un delito contra la salubridad pública habiendo resultado absuelto mediante sentencia de fecha 7 de marzo de 2.003 del Juzgado Especializado de Pasto? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio

Público: 2.2.1. Responsabilidad Extracontractual del Estado Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se consagró en el artículo 90 una cláusula general de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43914 (520012331000201000087-01) comprende tanto la responsabilidad de naturaleza contractual como extracontractual; por lo que los elementos indispensables para la declaración de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, se circunscriben a la prueba del daño antijurídico, y a la imputabilidad del mismo al Estado. En torno a este tema, si bien la Jurisdicción Administrativa en algunos casos sigue aplicando los regímenes de responsabilidad subjetivos que de antaño fueron creados jurisprudencialmente para derivar responsabilidad patrimonial, el ponente se aparta de emplear ese sistema en tanto que, a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, la responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano encuentra su fundamento en el artículo 90, que comprende la de naturaleza contractual y extracontractual generada por la causación de un daño antijurídico al particular, imputable al Estado, sin importar si fue materializado por acción u omisión de sus agentes. Por ello, el núcleo esencial de responsabilidad se enmarca en el daño antijurídico, con lo cual, aún las conductas revestidas de legalidad, pueden generar un daño y así mismo comprometer su responsabilidad, por manera que el examen de la demanda será analizado con base en tales elementos. La Jurisprudencia Constitucional ha expuesto: "Lo esencial del cambio introducido por el artículo 90 de la Constitución radica entonces en que ahora el fundamento de la responsabilidad no es la calificación de la conducta de la Administración, sino la calificación del daño que ella causa. No se trata de saber si hubo o no falla en el servicio, es decir,

una conducta jurídicamente irregular aunque no necesariamente culposa o dolosa, sino de establecer si cualquier actuar público produce o no un "daño antijurídico", es decir un perjuicio en quien lo padece, que no estaba llamado a soportar. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43914 (520012331000201000087-01) El daño antijurídico no es, entonces, aquel que proviene exclusivamente de una actividad ilícita del Estado, y así ha sido entendido reiteradamente por el Consejo de Estado que ha definido el concepto como "la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar", por lo cual "se ha desplazado la anti juridicidad de la causa del daño al daño mismo", de donde concluye esa corporación que "el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva. Este nuevo fundamento de la responsabilidad estatal, radicado ahora en la noción de daño antijurídico, ha sido considerado como acorde con los valores y principios que fundamentan la noción de Estado Social de Derecho, especialmente con la salvaguarda de los derechos y libertades de los

particulares frente a la actividad de la Administración, a la que este modelo de Estado propende; también con la efectividad del principio de solidaridad y de igualdad de todos ante las cargas públicas. Obviamente, el nuevo fundamento de la responsabilidad estatal conlleva a su vez que no todo daño deba ser reparado, sino sólo aquel que reviste la connotación de antijurídico, es decir, no se repara el daño justificado, esto es aquel que quien lo padece tenga la obligación de soportar. Además, como en todos los casos de responsabilidad debe tratarse de un daño que tenga un vinculo causal con la actividad de un ente público. Esta actividad, ha dicho la Corte, no es solamente la que se da en el ámbito extracontractual de la actividad estatal, sino que también puede provenir de las relaciones contractuales de la Administración. "1 Por su parte el Consejo de Estado ha dicho: "...Ha sido criterio reiterado de la Corporación, que el daño, para su reparación, además de antijurídico debe ser cierto, sin que haya lugar a reparar aquellos que constituyan una mera hipótesis o sean eventuales, y en todo caso, los que no pudieren llegarse a comprobar fehacientemente en el proceso respectivo2

Adicionalmente ha expresado: 1 Sentencia C-043 de 2004. Corte Constitucional. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Tercera, Consejero Ponente Jesús María Carrillo Ballesteros, Sentencia de junio 15 de 2000. Expediente 11614

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43914 (520012331000201000087-01) "(...) para que el daño sea resarcible o indemnizable la doctrina y la jurisprudencia han establecido que debe reunir las características de cierto, concreto o determinado y personal. En efecto, en la materia que se estudia, la doctrina es uniforme al demandar la certeza del perjuicio. Tal es el caso de los autores Mazeaud y Tune, quienes sobre el particular afirman: "Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se le reprocha. (...) Por eso, no hay que distinguir entre el perjuicio actual y el perjuicio futuro; sino entre el perjuicio cierto y el perjuicio eventual, hipotético (,..)3 2.2.2. Responsabilidad extracontractual del Estado, derivada de la privación de la libertad a la cual es sometido el sindicado en cuyo favor, posteriormente, se profiere sentencia absolutoria o pronunciamiento judicial equivalente. "ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso

funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad". Respecto de la norma legal transcrita, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota con la declaración de la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando ésta sea ilegal o arbitraria. En reiterada jurisprudencia4, 3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque. Sentencia de mayo 7 de 2000; expediente 10397 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el dos de mayo de 2007, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros y el 26 de marzo de 2008, expediente 16.902, actor: Jorge Gabriel Morales y otros, entre otras. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43914 (520012331000201000087-01) se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad, es decir que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, se configura un evento de detención injusta5. Lo anterior en virtud de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del

Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución Política; en ese sentido, la Sala mediante sentencia del 2 de mayo de 2007, precisó: "Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la sentencia C-03[7] de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de Administración de Justicia—esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. "Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-03[7] de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez

de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la 5 Sobre el particular, consultar la sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43914 (520012331000201000087-01) responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996"6. Ahora bien, la Sala en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme

cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal7. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente8. 2.3. De las pruebas obrantes Copia auténtica de la orden de retención al señor Mena Valencia, proferida por el Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar, el día 29 de junio de 2001. (FI. 46).- Copia auténtica de la orden de libertad al señor Mena Valencia, proferida por la Fiscalía Tercera Especializada, el dia 6 de julio de 2001. (Fls. 49 - 51 - 52). 6Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2001, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros. 7 El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: "Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave". 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente No.

15.463. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43914 (520012331000201000087-01) Formato de medida de aseguramiento No. 1551197, en el cual se identifica la orden de detención preventiva sin beneficio de excarcelación, ordenada por la Fiscalía Tercera Especializada al Señor Mena Valencia, el día 27 de agosto de 2001. (FI. 62). Copia auténtica de la orden de captura No. 0538170, que fue cancelada por la presentación voluntaria del requerido. (FI. 63). Copia auténtica de la Resolución No. 104, fechada el 27 de agosto de 2001, proferida por la Fiscalía Tercera Especializada, mediante la cual se impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva al señor Mena Valencia, por la presunta comisión de un delito contra la salubridad pública. (Fls. 65 -72). Copia auténtica de la Resolución 02 proferida por la Fiscalía Tercera Especializada, el día 9 de enero de 2002, mediante la cual se calificó el sumario contra el señor Mena Valencia y otros, por la comisión de un delito contra la salubridad pública, resolviéndose acusar al demandante por el delito de tráfico de

estupefacientes y ocultación de elementos o sustancias decomisadas. (Fls. 86137). Copia auténtica de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado, proferida el 7 de marzo de 2003, en la cual se absuelve de cargos contra la Ley 30 de 1986, al Señor Felipe Mena Valencia "con la única condición de presentarse a ese despacho, si fuere requerido se suscribirá el acta respectiva"; manifestándose que en firme la providencia se comunicaría a las autoridades respectivas. (Fls. 142-156). 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43914 (520012331000201000087-01) 2.4. Caso Concreto Estudiadas las pruebas allegadas al plenario, y de conformidad con las normas aplicables y el alcance que les ha dado la jurisprudencia, encuentra esta Delegada que la sentencia de primera instancia deberá ser revocada y en su lugar conceder las pretensiones de la demanda conforme a las siguientes consideraciones: 2.4.1. Esta Agencia del Ministerio Público, observa del material allegado al proceso y sin entrar a analizar en detalle el expediente penal, dentro del cual el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pasto, el 7 de marzo de 2003 profirió

sentencia ABSOLUTORIA a favor del señor FELIPE HERNÁN VALENCIA por la investigación adelantada en su contra por el delito de “trafico, fabricación y porte de estupefacientes” y “ocultación de elementos y sustancias decomisadas”.

Sentencia en la que se destaca: “…De lo anterior infiere que la es