PGN - DAÑO ANTIJURIDICO La entidad debe responder patrimonialmente

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad/DAÑO ANTIJURÍDICO-La entidad debe responder patrimonialmente Es claro para esta Delegada que tanto la Fiscalía General de la Nación teniendo la carga de la prueba, como el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá, no estuvieron en capacidad de desvirtuar el principio constitucional de presunción de inocencia que amparaba al procesado y ello derivó necesariamente en su absolución, en tal sentido, no hay duda que deben responder patrimonialmente por que con su actuar, causaron al injustamente privado de la libertad y a su núcleo familiar, un verdadero daño antijurídico que no tenían el deber de soportar y que debe ser reparado como lo consagra la normativa superior del artículo 90 de la C.N. y lo ha señalado reiterativamente la jurisprudencia del H. Consejo de Estado. ATIPICIDAD-Hubo una falta de cuidado al momento de hacer el estudio de los diferentes indicios Acorde con lo expresado por el apoderado del demandante en su escrito de apelación, fue claro el Tribunal Superior de Bogotá, al referirse a las verificaciones llevadas a cabo, en conjunción con las inferencias de cargo, que no permitían edificar el compromiso penal de la totalidad de los acusados, por lo que manifiesta que "al momento de fallar, no se tuvo en cuenta que respecto a los restantes ( incluye a Fredy Quiroga) campea la duda frente a la cual adquiere concreta preeminencia el postulado de la presunción de inocencia. ", pero además señala la “atipicidad” en sus actuaciones.

Lo anterior demuestra que hubo una falta de cuidado al momento de hacer el estudio de los diferentes indicios, ya que los elementos probatorios arrimados no llevaban a dar certeza de modo directo. Nótese que la sentencia fue revocada en su integridad, no se dejó pendiente delito alguno en contra del procesado, por cuanto en su estudio, el Tribunal consideró que estudiados uno a uno los diferentes puntos que servían de soporte a la sentencia penal de primera instancia, no estaban soportados en pruebas ciertas, que cada uno de ellos había sido edificado sobre presunciones e indicios indirectos. DAÑO ANTIJURÍDICO-El ente acusador no pudo probar con certeza las actividades ilícitas imputadas a los acusados Conforme a lo antes expuesto, se hace necesario determinar la existencia del daño, soportado en las piezas procesales documentales y testimoniales practicadas en la investigación a través de los cuales no se puede concluir que el actor haya incurrido en el delito de estafa agravada y falsedad en documento público, como que tampoco se pudo establecer con ninguna de las pruebas válidamente decretadas y practicadas, por lo cual es claro entonces, que el ente acusador no pudo probar con certeza las actividades ilícitas imputadas a los acusados, como tampoco pudo establecer que haya actuado en forma mancomunada en las condiciones y circunstancias expuestas. Es así como se estableció que no se encontró probada en el grado de certitud, la ejecución de las conductas típicas de estafa agravada y falsedad en documento público. En otras palabras realmente no

existió prueba de los hechos punibles en cabeza del hoy demandante. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co J.Cruz R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44562 (250002326000200900152-01) RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Le asiste a la Fiscalía General de la Nación la obligación de indemnizar al demandante y a su familia En reiteradas oportunidades el Honorable Consejo de Estado a reiterado lineamientos para aplicar la responsabilidad objetiva o subjetiva del Estado, quedando claro que cuando la absolución se da por algunos de los eventos que prevé el derogado artículo 414 del decreto ley 2700, se debe aplicar el régimen objetivo, como en este caso donde se estableció que el procesado, no cometió las conducta delictivas, lo cual está demostrado dentro del expediente, pues la prueba idónea es el absolutorio proferido por Tribunal Superior de Bogotá – Sala Penal, mediante sentencia del 20 de septiembre de 2006 que resolvió absolver de los cargos imputados al demandante, por lo tanto, le asiste a la Nación - Fiscalía General de la Nación, el deber y la obligación de indemnizar al demandante y a su familia, por la privación injusta de su libertad de que fue objeto. En este orden de ideas, luego de la absolución del sindicado, esta Delegada concluye que la privación de la libertad de que fue objeto el actor, fue injusta, por lo que en

respetuosa opinión se debe revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44562 (250002326000200900152-01) CONCEPTO No. 292 / 2012

Bogotá, D.C 22 de octubre de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: Doctor Mauricio Fajardo Gómez EXPEDIENTE: 250002326000200900152-01 (44562) Acción de Reparación Directa

ACTOR: Freddy Alexander Quiroga Duque y Otros

DEMANDADO: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida. / Privación de la Libertad. / In dubio pro reo, da lugar a ordenar indemnización conforme a los últimos pronunciamientos de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de estado.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y

la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

I ANTECEDENTES

1. La Demanda – Hechos

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44562 (250002326000200900152-01) De acuerdo a lo señalado en el escrito introductorio, se extractan los siguientes: (fls. 152 a 175 C.1)  Como fundamento de las pretensiones se expuso que el señor FREDY ALEXÁNDER QUIROGA DUQUE fue privado injustamente de la libertad el 2 de marzo de 2004, por miembros del DAS, al presentarse a diligenciar el pasado judicial, sindicado del delito de estafa agravada en concurso heterogéneo con falsedad material en documento público, por haber participado en la manipulación del sistema computacional del Banco Cafetero para incrementar en forma ficticia los saldos de algunas cuentas de ahorros y corrientes de diferentes ciudades del país por valor de $1.717.580.000.00; posteriormente el 17 de octubre de 2003 la Fiscalía 91 de la Unidad Primera de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico, profirió resolución de acusación; siendo condenado el 10 de marzo de 2005 por el Juzgado Séptimo (7°) Penal del Circuito a 98 meses de prisión y

multa de 287 salarios mínimos legales vigentes; finalmente el 20 de septiembre de 2006 el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, profiere sentencia absolutoria. 1.2. Contestación de la Demanda 1.2.1. La Nación – Fiscalía General de la Nación En escrito visible a folios 205 a 212 C.1 la Fiscalía General de la nación contestó la demanda refiriendo que "las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, estuvieron ajustadas a derecho y para proferir la medida de aseguramiento en contra del demandante FREDY ALEXÁNDER QUIROGA DUQUE, se fundamentó en las pruebas que legal y oportunamente obraban en la investigación, hasta el momento en que se profirió dicha providencia, pero por el hecho de que una vez que el proceso se encuentra en el trámite de la segunda instancia, se revoca la 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44562 (250002326000200900152-01) sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá, el Aquem considera que no existía la plena certeza sobre la responsabilidad del procesado, decide absolver en aplicación del IN DU BIO PRO REO, esto último no permite afirmar válidamente, que la detención fue injusta, por

cuanto, se reitera existían los presupuestos fácticos para proceder a tomar esa determinación, es decir, la existencia de indicios, que se desprendían de (í) Informe de Policía Judicial... (iI) Testimonios ... (íii) Informe del Cuerpo Técnico ... (iv) Informe DA ... "; propone como excepción la genérica. 1.2.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial A folio 223 del cuaderno inicial la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la demanda solicitando se declare la excepción de falta de causa para demandar. 1.3. Sentencia de Primera Instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda argumentando principalmente lo siguiente: Concluyó el Tribunal que la privación de la libertad de que fue objeto el señor FREDY ALEXÁNDER QUIROGA DUQUE entre el 2 de marzo de 2004 y el 20 de septiembre de 2006, no puede calificarse de injusta, arbitraria e ilegal, pues no obedeció al yerro o al capricho de los operadores jurídicos sino a las especiales circunstancias del desarrollo de la investigación. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44562 (250002326000200900152-01) 1.4. Argumentos de la Apelación. Parte actora.

El apoderado de la parte actora, incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus intereses, en donde en términos resumidos argumenta lo siguiente (fls.494 a 502 del cuaderno del Consejo de Estado):  Expuso que es de resaltar que si bien la sentencia administrativa de primera instancia hace referencia a las particulares circunstancias en que le correspondió realizar la investigación al fiscal y las razones que se impusieron al juez penal en la sentencia condenatoria, al parecer, quiere dejar de lado el contenido de todo el trabajo y sesudo concepto del Tribunal Superior de Bogotá, dando a entender que la sentencia penal que resolvió la segunda instancia no corrige los errores cometidos por los anteriores funcionarios en su interpretación de la prueba y de la forma como se debía valorar la misma.  Señala que está jurisprudencialmente determinado que la libertad de una persona, o el derecho a la libertad de los ciudadanos, no se contrae a los requisitos que menciona el artículo 414 del C.P.P. anterior (cuando el sindicado es absuelto en consideración al principio del indubio pro reo) por el contrario, se extiende a situaciones que van más allá, en atención a la falta de obligación del ciudadano de soportar la privación de la libertad.  Indica que todas las pruebas arrimadas denotan una gran actividad probatoria de la parte demandante evitando que se alegue la deficiencia probatoria para atribuir la responsabilidad de la entidad demandada; tales como el tiempo que estuvo privado de la libertad, el sufrimiento y aflicción de el demandante y sus familiares, así como la pérdida de oportunidad para laborar y atender las

necesidades propias y de los suyos. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico. Puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Cabe imputar responsabilidad a la Nación - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados como consecuencia de la privación de la libertad de que fue objeto el señor FREDY ALEXÁNDER QUIROGA DUQUE y que culminó con sentencia absolutoria proferida el 20 de septiembre de 2006 por el H. Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio

Público: 2.2.1. Responsabilidad Extracontractual del Estado Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se consagró en el artículo 90 una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, que comprende tanto la responsabilidad de naturaleza contractual como extracontractual; por lo que los elementos indispensables para la declaración de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, se circunscriben a la prueba del daño

antijurídico, y a la imputabilidad del mismo al Estado. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44562 (250002326000200900152-01) En torno a este tema, si bien la Jurisdicción Administrativa en algunos casos sigue aplicando los regímenes de responsabilidad subjetivos que de antaño fueron creados jurisprudencialmente para derivar responsabilidad patrimonial, el ponente se aparta de emplear ese sistema en tanto que, a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, la responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano encuentra su fundamento en el artículo 90, que comprende la de naturaleza contractual y extracontractual generada por la causación de un daño antijurídico al particular, imputable al Estado, sin importar si fue materializado por acción u omisión de sus agentes. Por ello, el núcleo esencial de responsabilidad se enmarca en el daño antijurídico, con lo cual, aún las conductas revestidas de legalidad, pueden generar un daño y así mismo comprometer su responsabilidad, por manera que el examen de la demanda será analizado con base en tales elementos. La Jurisprudencia Constitucional ha expuesto: "Lo esencial del cambio introducido por el artículo 90 de la Constitución radica entonces en que ahora el fundamento de la responsabilidad no es la calificación de la conducta de la Administración, sino la calificación del daño

que ella causa. No se trata de saber si hubo o no falla en el servicio, es decir, una conducta jurídicamente irregular aunque no necesariamente culposa o dolosa, sino de establecer si cualquier actuar público produce o no un "daño antijurídico", es decir un perjuicio en quien lo padece, que no estaba llamado a soportar. El daño antijurídico no es, entonces, aquel que proviene exclusivamente de una actividad ilícita del Estado, y así ha sido entendido reiteradamente por el Consejo de Estado que ha definido el concepto como "la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar", por lo cual "se ha desplazado la anti juridicidad de la causa del daño al daño mismo", de donde concluye esa corporación que "el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44562 (250002326000200900152-01) lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva. Este nuevo fundamento de la responsabilidad estatal, radicado ahora en la noción de daño antijurídico, ha sido considerado como acorde con los valores y principios que fundamentan la noción de Estado Social de Derecho,

especialmente con la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la Administración, a la que este modelo de Estado propende; también con la efectividad del principio de solidaridad y de igualdad de todos ante las cargas públicas. Obviamente, el nuevo fundamento de la responsabilidad estatal conlleva a su vez que no todo daño deba ser reparado, sino sólo aquel que reviste la connotación de antijurídico, es decir, no se repara el daño justificado, esto es aquel que quien lo padece tenga la obligación de soportar. Además, como en todos los casos de responsabilidad debe tratarse de un daño que tenga un vinculo causal con la actividad de un ente público. Esta actividad, ha dicho la Corte, no es solamente la que se da en el ámbito extracontractual de la actividad estatal, sino que también puede provenir de las relaciones contractuales de la Administración. "1 Por su parte el Consejo de Estado ha dicho: "...Ha sido criterio reiterado de la Corporación, que el daño, para su reparación, además de antijurídico debe ser cierto, sin que haya lugar a reparar aquellos que constituyan una mera hipótesis o sean eventuales, y en todo caso, los que no pudieren llegarse a comprobar fehacientemente en el proceso respectivo2

Adicionalmente ha expresado: "(...) para que el daño sea resarcible o indemnizable la doctrina y la jurisprudencia han establecido que debe reunir las características de cierto, concreto o determinado y personal. En efecto, en la materia que se estudia, la doctrina es uniforme al demandar la certeza del perjuicio. Tal es el caso de los

autores Mazeaud y Tune, quienes sobre el particular afirman: "Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el 1 Sentencia C-043 de 2004. Corte Constitucional. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Tercera, Consejero Ponente Jesús María Carrillo Ballesteros, Sentencia de junio 15 de 2000. Expediente 11614 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44562 (250002326000200900152-01) demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se le reprocha. (...) Por eso, no hay que distinguir entre el perjuicio actual y el perjuicio futuro; sino entre el perjuicio cierto y el perjuicio eventual, hipotético (,..)3 2.2.2. Régimen de Responsabilidad Objetiva En el régimen de responsabilidad objetiva no entra a ser considerada la falla del servicio, razón por la cual el demandante solo se verá avocado a probar la ocurrencia del hecho, la existencia del daño; en tanto que la parte demandada para eximirse de responsabilidad tiene la carga de probar la eximente que

destruye el nexo de causalidad, esto es culpa exclusiva de la víctima. Frente al tema de la privación injusta de la libertad, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, establece la responsabilidad del Estado, cuando ocurre este fenómeno y lo define en los siguientes términos: "Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios." El H. Consejo de Estado frente a la Responsabilidad Objetiva realizó el siguiente análisis en el caso de privación injusta de la libertad, incluso en los casos de in dubio pro reo, y de acuerdo con lo regulado por el artículo 414 del decreto 2700 de 1991: En estos eventos, la Sección Tercera ha explicado en varias ocasiones, al interpretar el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 (C. de P. P.), que la responsabilidad del Estado es de carácter objetivo y que, por lo tanto, no hay lugar a valorar la conducta de la autoridad que ordenó la detención. En otras providencias, se concluyó además, que la responsabilidad del Estado se 3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque. Sentencia de mayo 7 de 2000; expediente 10397 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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configura cuando se demuestra que la absolución del sindicado se debió a que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible. La posición actual de la Sala, plasmada en providencia del 18 de septiembre de 1997 y reiterada recientemente, amplió la responsabilidad objetiva en los casos de privación injusta de la libertad, por cuando ahora el daño se configura no solo ante la ocurrencia de los 3 supuestos previstos en el artículo 414 del C. de P. P., sino también cuando la absolución del sindicado se produce por la aplicación del principio del "in dubio pro reo", pues en los casos de duda sobre la responsabilidad penal de un sindicado, que conlleven a su absolución, debe entenderse que la privación de la libertad fue injusta, en aplicación de los principios de buena fe y de presunción de inocencia y que, esa situación - que la privación sea injustaconstituye uno de los elementos de la responsabilidad como es el daño, que resulta, por tanto, imputable al Estado. En los eventos en que se demuestra que la privación de la libertad fue injusta, se está ante un daño imputable al Estado, que debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, cuando las razones de absolución o de preclusión de la investigación no obedezcan a ninguna de las causales previstas en el artículo 414 del C. de P. P. o al in dubio pro reo.4 En pronunciamientos más recientes la misma Corporación ha expresado: ...ii. Cuando se absuelva a la persona sindicada, en aplicación del in dubio pro reo - strictu sensu - de conformidad con los planteamientos contenidos en

las sentencias proferidas en los procesos números 13.168 (2006) y 15.463 (2007), el juez de lo contencioso administrativo deberá constatar siempre, que el aparato jurisdiccional ordinario penal, sí haya aplicado efectivamente esa figura procesal penal que integra el derecho al debido proceso. En otros términos, la responsabilidad de la administración pública derivada de la absolución o su equivalente, con apoyo en la máxima de que "la duda se resuelve a favor del procesado", se analiza y aplica a través de un régimen objetivo, pero siempre y cuando se logre verificar, fehacientemente, que el juez penal al momento de evaluar el material probatorio -que por cierto necesariamente debe existir con pruebas tanto en contra como a favor del sindicado o acusado — manejó una duda razonable que le impidió llegar a la plena certeza sobre la materialización y autoría de la conducta punible. 4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Sentencia de 20 de Febrero de 2008. Radicación No. 1996-1746 (15980) 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44562 (250002326000200900152-01) En estos supuestos es lógico que el régimen de responsabilidad sea objetivo

como quiera que imponerle al demandante la carga de demostrar una falla del servicio sería someterlo a una especie de probatio diabólica, ya que, en estos escenarios el problema es que no se pudo superar la duda razonable que opera como garantía constitucional de la persona, lo que se traduce en la necesidad de reparar el daño que se irrogó con la detención. En efecto, la herramienta del in dubio pro reo - strictu sensu - opera como bisagra en la tensión que se genera en el poder público y, concretamente, la represión penalfrente al principio de libertad, para darle prevalencia a este último en aquellos casos en que la duda deviene insuperable. Es decir, con la citada herramienta en su vertiente estricta se hace prevalecer el bien esencial de la libertad, razón por la que en estos eventos no se desprende una falla del servicio, sino una responsabilidad de naturaleza objetiva fundamentada en el rompimiento de las cargas públicas, toda vez que el Estado somete al ciudadano a una situación restrictiva en la que le limita sus garantías públicas para garantizar su comparecencia al proceso, razón por la que se impone el deber resarcitorio sin consideraciones subjetivas...".5 En otro reciente pronunciamiento la misma Corporación ha expresado: "...Así las cosas, valorado el material probatorio que antecede encuentra la Sala suficientemente demostrado que en el presente caso Sonia MARÍA del Rosario Delgado Cabrera fue procesada penalmente y como consecuencia de ello, privada de su libertad, entre el 6 de agosto de 1991 y el 7 de abril de 1995, fecha esta última en la cual recobro su libertad como consecuencia de haber sido proferida en su favor

sentencia absolutoria, con fundamento en que existían "serias e insalvables dudas" respecto de la complicidad que se le atribuía”. Resaltado nuestro En efecto, dado que la medida de aseguramiento se impuso a la señora Sonia del Rosario Delgado con fundamento en que el secuestrado y sus acompañantes fueron encontrados en su residencia, pero ese indicio, como lo destacaron las providencias mediante las cuales fue absuelta, no era suficiente para obtener certeza sobre su participación en el punible, en tanto se acreditaron otras circunstancias que generaron al fallador serias dudas sobre su responsabilidad, como lo fue el hecho de que ella arrendaba 5 Consejo de Estado, Consejero ponente ENRIQUE GIL BOTERO, Sentencia de fecha 9 de junio de 2010, radicación No.76001-23-31-000-1998-00197-01 (19312) 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44562 (250002326000200900152-01) usualmente la habitación con el fin de procurar su propia subsistencia y la de sus hijos menores, como lo declaró el anterior arrendatario del bien inmueble señor ALVIZ RUIZ. Como sea que la decisión absolutoria se fundamento en la aplicación del principio de in dubio pro reo, porque, según el juzgador en lo penal, existieron

insalvables dudas sobre la responsabilidad de la procesada, teniendo en cuenta los lineamientos jurisprudenciales de esta Corporación, la Sala considera que sí hay lugar a predicar la antijuridicidad del daño causado a la señora Delgado Cabrera porque la administración de justicia no consiguió desvirtuar la presunción de inocencia que constitucionalmente la amparaba no desplegó toda la actividad probatoria para lograr establecer la responsabilidad o la inocencia de la ciudadana vinculada a la investigación penal. Visto lo anterior se concluye que la privación de la libertad de la señora Sonia María del Rosario Delgado Cabrera en esas condiciones configuró para ella un verdadero daño antijurídico toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta por la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Regionales - Unidad Especializada de Terrorismo, circunstancia que, necesariamente, comprometió la responsabilidad del Estado...."6 2.3. Pruebas obrantes Obra en el expediente el siguiente material probatorio:  Certificado del tiempo de reclusión expedido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC (fol.468 a 469 C.1).  Unidad Primera de Fe Pública y Patrimonio Económico – FISCAL SECCIONAL 91 –Resolución mediante la cual se resuelve situación jurídica de 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente HERNAN ANDRADE RINCÓN, Sentencia de fecha 9 de febrero de 2011, radicación No. 250002326000199703509-01 (18753) 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44562 (250002326000200900152-01) FREDY ALEXÁNDER QUIROGA DUQUE y se resuelve proferir medida de aseguramiento de detención Preventiva. (fol. 24 a 49 C.2)  Juzgado Séptimo Penal del Circuito – fallo mediante el cual se condena a Fredy Alexánder Quiroga Duque a las penas accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas por el término igual al de la pena principal, y a la pérdida de empleo o cargo público con inhabilidad por cinco años (fol.44 a 93 C.3)  Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal – sentencia mediante la cual se resuelve revocar el fallo de `primera instancia en cuanto condenó a los acusados JORGE HERIBERTO AYALA MENDOZA y FREDY ALEXÁNDER QUIROGA DUQUE como coautores de los delito de estafa agravada y falsedad material en documento público. En su lugar, absolverlos de los cargos imputados por razón de ese concurso de conductas punibles. (fol.95 a 144 C.3) 2.4. Caso Concreto Estudiadas las pruebas allegadas al plenario, y de conformidad con las normas aplicables y el alcance que les ha dado la jurisprudencia, encuentra esta Delegada que la sentencia de primera instancia deberá ser revocada y en su lugar conceder las pretensiones de la demanda conforme a las siguientes consideraciones: 2.4.1. Se tiene que se encuentra acreditado que el señor FREDY ALEXÁNDER

QUIROGA DUQUE, estu