PGN - DAÑO ANTIJURIDICO La existencia de un nexo causal entre la falla de la administració

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla del servicio por omisión Considera esta Delegada, que el presente caso no fue atendido como lo ordenan los protocolos de seguridad, existió falta al deber de cuidado, al permitir que unos soldados prendieran fuego a la sala de detenidos. Lo anterior constituye una omisión en el cumplimiento de la función institucional de protección, custodia, vigilancia y cuidado de sus soldados, además del adecuamiento de responsabilidad extracontractual por imperativo del artículo 90 de la Constitución Política. DAÑO ANTIJURIDICO-La existencia de un nexo causal entre la falla de la administración y el daño Es innegable la relación existente entre el irregular procedimiento del Ejército Nacional, dado a la falta de apoyo y vigilancia en sus instituciones en este caso el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi. En efecto si la entidad hubiese ayudado oportunamente a la evacuación, tomando las medidas pertinentes de auxilio y vigilancia, se hubiesen evitado las consecuencias fatales presentadas, pero más que ello, hubiera sido diligente para prevenir cualquier clase de alteración, en las condiciones de seguridad de los soldados detenidos. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Obligación del Estado de proteger la humanidad de los condenados Esta Delegada concluye que se estructura la responsabilidad del Estado en cabeza de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL por la muerte de los soldados y las lesiones causadas a otros soldados. De conformidad con los lineamientos expuestos en el marco teórico y teniendo en cuenta

los medios de prueba allegados al expediente, para esta Agencia del Ministerio Público es posible concluir que en el presente caso están demostrados los elementos de la responsabilidad por omisión del Ejército Nacional, en la protección de los soldados. RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Al no tomar las medidas pertinentes para evitar los hechos ocurridos revistiendo en un daño antijurídico Observa esta Delegada del Ministerio Público que el daño deviene imputable en el plano fáctico y jurídico a la entidad demandada porque faltó al deber de custodia y vigilancia para con sus soldados retenidos, que permitiera garantizar la seguridad de los internos. Por todo lo anterior, se confirma que se causó un daño antijurídico que no debían soportar los demandantes, por causa de una conducta negligente y omisiva de la entidad demandada, la cual tiene la obligación de velar por la protección de sus soldados, encontrándose así adecuada una falla en el servicio que recae en la Nación Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, además de la confluencia de responsabilidad objetiva del deber de resultado, pues se repite no tomaron las medidas pertinentes para evitar los hechos ocurridos, revistiendo daño antijurídico para ellos y sus familias. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44351 760012331000200700427 01 E.A.S.T Por lo tanto se solicita por las razones expuestas en donde se determinó la existencia de

falla del servicio y el incumplimiento en el deber de resultado, que se confirme la sentencia. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T CONCEPTO No. 280 / 2012

Bogotá, D.C., 16 de Octubre de 2012. Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A

Consejero Ponente: Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 760012331000200700427 01 (44351)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Cindy Carolina Ayala Palechor y otros.

DEMANDADO: Ministerio de Defensa Nacional.

Sentido del concepto: solicitud de confirmación de la sentencia recurrida del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. / Falla del servicio por omisión. / Se probó la responsabilidad administrativa del Ministerio de Defensa Ejército Nacional. / Obligación del Estado de proteger la humanidad de los condenados.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la

Ley, además de la protección de los Derechos Humanos. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44351 760012331000200700427 01

E.A.S.T

1. ANTECEDENTES

1.1. La Demanda. Los siguientes grupos familiares integrados por: 1) Grupo familiar de DOUGLAS FERNANDO RENTERÍA AGUDELO (Soldado fallecido): DORA LILIA AGUDELO RIOS (madre) y CARLOS ALBERTO VALENCIA RESTREPO (padrastro), los menores representados por sus padres

(hermanos), AMADOR DE JESÚS AGUDELO PEÑA y NOHEMY RIOS DE

AGUDELO (abuelos), LUZ ELEYNE AGUDELO RÍOS, AMADO DE JESÚS AGUDELO RÍOS y LEIDY JOHANA AGUDELO RÍOS (tíos). 2) Grupo familiar de LUIS EDUARDO SANABRIA SALAZAR (Soldado fallecido):

MARIA JESUS SALAZAR (madre), ALEJANDRO SALAZAR y JAMES SANABRIA

SALAZAR (hermanos), ADRIANA VICTORIA (cuñada), NICOLAS SALAZAR VICTORIA y SANTIAGO SALAZAR VICTORIA (sobrinos). 3) Grupo familiar de VÍCTOR HUGO MOTATO BERNAL (Soldado fallecido):

CINDY CAROLINA AYALA PALECHOR (compañera permanente), el menor representado por su madre (hijo), MARÍA LUCILA MOTATO GUEVARA (abuela), JAIME MOTATO (padre), MARÍA LUCÍA URREA (madrastra), los señores DEIVI ALEXANDER MOTATO BERNAL, DIANA MARCELA MOTATO BERNAL, JAIME BRYAN MOTATO BERNAL (hermanos). 4) JOSE EDUARDO MONTAÑO RODRIGUEZ (Soldado herido). 5) CARLOS ANDRÉS MENESES ARANGO (Soldado herido). 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44351 760012331000200700427 01 E.A.S.T Los anteriores, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, para que se le declare responsable de los daños y perjuicios tanto morales como materiales causados con la muerte de los

soldados DOUGLAS FERNANDO RENTERÍA AGUDELO, LUÍS EDUARDO

SANABRIA SALAZAR, VÍCTOR HUGO MOTATO BERNAL, y las lesiones causadas a JOSÉ EDUARDO MONTAÑO RODRÍGUEZ y CARLOS ANDRÉS MENESES ARANGO, en hechos ocurridos el 7 de enero de 2007 en la sala de

detenidos del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi de la ciudad de Palmira, cuando se presentó una conflagración provocada por soldados orgánicos de dicha institución. 1.2. La contestación 1.2.1. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional (Fls. 86 a 89 del C. 1), contestó la demanda, a través de apoderado, quien se opuso a las pretensiones de la demanda:  Considera que la demanda carece de sustento fáctico y jurídico, que no se encuentra probada la ocurrencia de los hechos, se hace preciso verificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon el hecho.  Manifiesta que teniendo en cuenta los parámetros jurisprudenciales y los requisitos que deben ser reunidos para que el daño sea indemnizable (particular, determinado o determinable, cierto, no eventual, y que recaiga sobre un bien jurídicamente tutelado), todos los daños invocados deben tener representación probatoria. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44351 760012331000200700427 01 E.A.S.T  Argumentó que corresponde a la demandante demostrar primero que el joven Rentería pertenecía al Ejército Nacional, que estaba adscrito al Batallón Agustín Codazzi, y que para la fecha de los hechos se encontraba

recluido en la sala de detenidos. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 29 de noviembre de 2011, declaró administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por los perjuicios ocasionados a la parte actora:  Argumento que en le presente caso nos encontramos frente a una falla del servicio estatal por el funcionamiento anormal de una de sus instituciones, toda vez que el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi al mantener en su sala de detenidos a un determinado número de soldados, asumía obligaciones de custodia, vigilancia y cuidado frente a los mismos.  Consideró indebida la falta al deber de cuidado que tuvo dicha institución al permitir que unos soldados prendieran fuego a la sala de detenidos, situación de la que se infiere también, que no tenían vigilancia alguna en la misma, pues luego de generarse el incendio no se encontraba presente ninguna persona que pudiera abrir las compuertas para que salieran los soldados detenidos, ni que ayudara a su evacuación oportuna. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44351 760012331000200700427 01 E.A.S.T  Manifestó que esta falla del servicio se traduce en un daño imputable al Estado Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, el cual debe ser reparado

a los demandantes por los daños y perjuicios causados. 1.5. Argumentos de la Apelación 1.5.1. Ministerio de Defensa Nacional. Solicita que la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca debe ser revocada bajo los siguientes argumentos Fls. 177 a 182 C. Consejo de Estado):  Arguyó que las imputaciones hechas en este caso contra LA NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO, no pueden ser atribuibles; ya que la imprudencia y la culpa exclusiva del agente (SADY ALBERTO CASTILLO IBARRA y WILSON ANDRES RUIZ ARCE) fueron los causantes del daño, razón por la cual se determina ésta como una eximente de responsabilidad estatal.  Consideró que el hecho generador del daño estuvo en la conducta personal del agente y no se dio en desarrollo de una actividad institucional y que por tanto no le era previsible a la Entidad este tipo de reacción como para haberla evitado. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44351 760012331000200700427 01 E.A.S.T  Concluyó que el presente caso no es un hecho que se le pueda atribuir al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por cuanto no se ha demostrado el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales como son las de proteger la seguridad de los mismos soldados.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Es responsable la Nación - Ministerio de Defensa Nacional el EJERCITO NACIONAL por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la muerte de los señores DOUGLAS FERNANDO RENTERIA AGUDELO, LUIS EDUARDO SANABRIA SALAZAR, VICTOR HUGO MOTATO BERNAL, y de las lesiones causadas a JOSÉ EDUARDO MONTAÑO RODRÍGUEZ y CARLOS ANDRÉS MENESES ARANGO? 2.2. Marco Teórico. 2.2.1. Responsabilidad patrimonial del Estado La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44351 760012331000200700427 01 E.A.S.T Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima

de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” Cuando se invoca la figura de la falla del servicio como título de imputación responsabilidad al Estado, tal y como ocurre en la presente demanda, para que surja el deber de resarcimiento patrimonial a cargo del primero, se deben dar los siguientes elementos: a) Una actuación irregular del Estado b) El daño antijurídico c) El nexo de causalidad entre el daño y el actuar activo u omisivo de la administración El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado se deriva del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que es deber del Estado responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que por sus acciones u omisiones las Entidades Estatales causen a los ciudadanos. Así que al interior de los procesos de responsabilidad deban probarse los elementos fundamentales de 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44351 760012331000200700427 01 E.A.S.T la misma cuales son, la existencia de un daño antijurídico, la acción u omisión del Estado y una relación de causalidad entre ellos, que pueda constituir como sucede en el presente caso una falla del servicio. Sin perder de vista la cláusula general de responsabilidad contenida en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, la evolución jurisprudencial del Consejo de Estado ha determinado unos títulos de imputación como es el de la falla del servicio, respecto del cual, ha expresado lo siguiente: “La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. (…) la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la

ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía.1” 1 Sentencia proferida el 7 de abril de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Radicado No. 52001-23-31-000-1999-00518 – 01 (20750). Actor: Alicia Margoth Montilla y otros. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44351 760012331000200700427 01 E.A.S.T La misma Corporación, en cuanto a los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado por la falla del servicio, ha dicho: “Así las cosas, no debe perderse de vista que para la prosperidad de la acción de grupo y, por ende, para que el sentenciador pueda ordenar la reparación pretendida, deben estar acreditados con las pruebas que obran en el proceso los elementos que estructuran la responsabilidad extracontractual por falla del servicio a saber: i) la existencia de un daño, lesión o menoscabo de tipo patrimonial o moral, cierto y determinado, que afecta de forma individual a una pluralidad de sujetos; ii) la conducta activa u omisiva de la

autoridad que lo infiere; y iii) la relación de causalidad entre ésta y aquél, es decir, que el daño se originó como consecuencia directa de la actuación atribuida a la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. 2 Por lo demás, como criterio de identificación para la determinación de la falla del servicio, en forma constante la jurisprudencia ha dicho que, por regla general, “…las obligaciones a cargo de la administración (…) deben ser determinadas, especificadas, por las leyes o los reglamentos que se expidan para precisar las funciones que a cada organismo administrativo haya de ejecutar…”3(…)”4 2.2.2. De la responsabilidad del Estado por falla del servicio por omisión en el cumplimiento de sus deberes. 2 La responsabilidad patrimonial por falla del servicio, como se ha manifestado por la Corporación de tiempo atrás, se configura por los siguientes elementos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración; “b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano;“c) Un daño que, implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc.; “d)

Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de octubre de 1976, C.P. Jorge Valencia Arango. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 30 de junio de 1990, Exp. 3510, C.P. Antonio J. Irisarri Restrepo. En igual sentido, Sentencia de 27 de abril de 1989, Exp. 4992. 4 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERAConsejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO - Bogotá D.C., dieciséis de abril (16) de dos mil siete (2007) - Radicación número: 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG). 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44351 760012331000200700427 01 E.A.S.T El Consejo de Estado respecto de la falla del servicio por omisión en sentencia del once (11) de agosto de dos mil once (2011) Radicado número: 19001-23-31-0001998-58000-01(20325) Consejero ponente MAURICIO FAJARDO GOMEZ

argumentó lo siguiente: (…) En similares términos la Sala, al analizar el fenómeno de la imputación desde el plano de lo material o fáctico y desde el punto de vista jurídico, ha discurrido de la siguiente manera5: “Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación, se tiene que el daño antijurídico puede ser atribuido a la [A]dministración [P]ública en la medida en que ésta lo haya producido por acción u omisión, pues, precisamente, en sentido genérico o lato la imputación es la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar de un sujeto. “En consecuencia, la imputación fáctica puede derivarse de la constatación en el plano material de la falta de intervención oportuna que hubiera podido evitar el resultado; en efecto, es en el plano de la omisión donde con mayor claridad se verifica la insuficiencia del dogma causal, motivo por el cual el juez recurre a ingredientes de tipo normativo para determinar cuándo una consecuencia tiene origen en algún tipo de comportamiento y, concretamente, a quién resulta endilgable o reprochable la generación del daño. De lo contrario, la responsabilidad derivada de la omisión no tendría asidero, como quiera que a partir de la inactividad no se deriva nada, es decir, no se modifica el entorno físico; en ese orden de ideas, el derecho de daños ha evolucionado en la construcción de instrumentos normativos y jurídicos que permiten solucionar las insuficiencias del denominado nexo causal importado de las ciencias naturales, para brindar elementos que permitan establecer cuándo un determinado daño es atribuible a la acción u omisión de un determinado sujeto.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, exp. 17994, M.P. Enrique Gil Botero. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44351 760012331000200700427 01 E.A.S.T En consecuencia, el hecho de que el daño tenga su génesis directa, material y causal en la conducta de un tercero no quiere significar, en principio, que necesariamente se haya configurado una causa extraña que exonere de responsabilidad a la Administración Pública, toda vez que dicho daño puede devenir imputable a esta última si su comportamiento fue relevante y determinante en su desencadenamiento, bien porque se contribuyó con una acción en la producción (v.gr. con un aumento del riesgo permitido o un desconocimiento del principio de confianza), o si pudiendo evitarlo se abstuvo de enervar su generación, esto último, siempre y cuando se constate en estos eventos que la entidad demandada se encontraba en posición de garante, es decir, que de conformidad con el ordenamiento jurídico estuviera compelida a evitar el resultado. Por consiguiente, si bien la imputación fáctica tiene un sustrato material o causal, lo cierto es que no se agota allí, puesto que ante su vinculación con ingredientes normativos es posible que en sede de su configuración se establezca que un daño en el plano material sea producto de una acción u

omisión de un tercero, pero resulte imputable al demandado siempre que se constate la ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: i) con fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la materialización del daño (posición de garante); ii) con su actividad se incrementó el riesgo permitido (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado); o iii) se estaba dentro del ámbito de protección de una norma de cuidado6. Ahora bien, teniendo en cuenta el título de imputación alegado en la demanda (falla del servicio), cabe destacar que en tratándose de los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, la Sala ha considerado que los mismos son imputables al Estado cuando en la producción del hecho dañoso intervino o tuvo participación la Administración Pública a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado o, cuando la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron o, porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó actuación alguna dirigida a su protección. 6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 18.274, Actor: Blanca Rosalba Prieto Rubio y otros. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44351 760012331000200700427 01 E.A.S.T En relación con la responsabilidad del Estado por la omisión de prestar el servicio de seguridad a sus funcionarios, los artículos 2 y 218 de la Constitución Política, en su orden, establecen que “[l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” y que a la Policía Nacional corresponde el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, deberes que luego se precisaron en la Ley 62 de 1993, por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional7. De acuerdo con las normas citadas, la razón de ser de las autoridades públicas y en particular la de la Policía y el Ejército Nacional, la constituye la defensa de todos los residentes en el país y el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir el cumplimiento de esas funciones compromete su responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las demás autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos8. Al respecto la Sala, de tiempo atrás, ha precisado que el Estado debe

responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando: a) Se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna, en especial cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley; b) se solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra 7 El artículo 1 de dicha ley establece: “Finalidad. La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Expediente No. 18.106, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44351 760012331000200700427 01 E.A.S.T la persona; c) no se solicita expresamente dicha protección pero es

evidente que la persona la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones9. No obstante, cabe señalar que la Sala ha considerado que a pesar de que constituye deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas, en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”10. Aunque, se destaca que esta misma Corporación en providencias posteriores ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir aquellas que en relación con el caso concreto le correspondían. Respecto de la previsibilidad de la Administración Pública en la producción de un hecho dañoso y la no adopción de las medidas necesarias para evitarlo, la Sala ha precisado que: “No es el Estado un asegurador general, obligado a reparar todo daño, en toda circunstancia, pues la [A]dministración de [J]usticia, debe observar la ley sustantiva, consultar la jurisprudencia e inspirarse en la equidad, para aplicar los principios de derecho y fundamentar las decisiones en las diversas tesis sobre los cuales se edifica y sirve de razón a la imputación del deber reparador. Así en el caso presente la relatividad del servicio debe entenderse en cuanto no era exorbitante

disponer, porque existían elementos materiales y humanos para una misión debida. Se ha d