PGN - DAÑO ANTIJURIDICO La parte interesada debió adjuntar completa la providencia para as

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-No se configuró error judicial/ERROR JUDICIAL-Uno de los requisitos para la configuración es que éste debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme Inicialmente, debe esta Delegada del Ministerio Público pronunciarse en concordancia con los argumentos esgrimidos por el A-quo, al comprobar que en la oportunidad procesal para allegar el material probatorio y demostrar el daño sufrido, no se adjunto en debida forma la sentencia, objeto de análisis para determinar la estructura del error jurisdiccional, pues sólo se encuentra la primera hoja (folio 22) y última hoja de la providencia, documento incompleto al cual no se logró hacer el estudio del caso para evidenciar el daño alegado, el error de interpretación, el error de hecho y la omisión en la aplicación de las normas que correspondían. Lo anterior indica para ésta Delegada, que si bien es cierto se allegó la providencia, objeto de análisis para determinar la estructura del error jurisdiccional, la misma no se adjuntó de forma completa, siendo necesario observar los motivos jurídicos por los cuales decidió el Tribunal revocar el fallo, que le tutelaba los derechos solicitados al accionante, documento pertinente para estudiar la responsabilidad de la entidad demandada; lo anterior en razón a que uno de los requisitos para la configuración de error es que éste debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme, para así poder evidenciar si hubo error jurisdiccional y de ser así observar si fue de orden fáctico o normativo. DAÑO ANTIJURÍDICO-La parte interesada debió adjuntar completa la providencia

para así lograr el respectivo análisis/RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-No se logró hacer el análisis de forma objetiva de las pruebas pues fueron allegadas de manera incompleta Ahora, no puede ser excusa por parte del accionante, que la providencia la había solicitado como prueba en la demanda, ya que a quien le incumbe demostrar el daño antijurídico alegado es a la parte interesada y por tanto él debía haberla adjuntado completa para así lograr el respectivo análisis. Por consiguiente, ésta Delegada concluye que no se encuentra demostrada conforme al marco probatorio, la responsabilidad de la entidad, es decir, los elementos suficientes para la adecuación de la cláusula general de la responsabilidad estatal o administrativa y la configuración de los elementos constitutivos del error jurisdiccional. De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, en el presente caso, no se logro hacer el análisis de forma objetiva de las pruebas pues fueron allegadas de manera incompleta, por tales motivos ésta Delegada concluye que la Nación – Rama Judicial, no es administrativamente responsable de los perjuicios irrogados al actor por la declaratoria arriba descrita, y proferirá concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del caso objeto de estudio. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44860 080012331004002200900207 00 IJCB CONCEPTO No. 006 / 2013

Bogotá, D.C., 15 de febrero de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 080012331004002200900207 00 (44860)

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

ACTOR: MARIANO SUÁREZ SÁNCHEZ

DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL.

Sentido del Concepto: Solicitud de CONFIRMAR el fallo. Temas: No se configuró el Error Judicial. / La carga procesal le corresponde a la parte interesada.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y Patrimonio Público.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda – Hechos.

2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44860 080012331004002200900207 00 IJCB El señor MARIANO SUÁREZ SÁNCHEZ, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entabló demandada contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, para que se le declare administrativamente responsable por los perjuicios causados, originados por el error judicial derivado del fallo de segunda instancia emitido el día 13 de abril de 2005 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que resolvió revocar el proveído del 23 de febrero de 2005, proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla y en su lugar decidió negar por improcedente el amparo solicitado por el accionante contra el Gobernador del Departamento del Atlántico y otros. Dicha sentencia, revocó el fallo de primera instancia que tutelaba los derechos del accionante por cuanto el señor Mariano Suárez había instaurado otra acción de tutela por los mismos hechos en otro Juzgado. Tal fallo había tutelado los derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo del actor como docente para la época de los hechos. Con base en los hechos descritos, formuló el demandante pretensiones de reparación directa a su favor, al considerar que recae en la Rama Judicial la responsabilidad, ya que las dos acciones de tutelas impetradas fueron totalmente diferentes, una para solicitar la nulidad y reintegro por motivo de revocatoria directa y la otra fue para cobrar cuatro meses de sueldo cuando aún estaba

vinculado como docente. 1.2. Contestación de la demanda. El apoderado de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y fundamento su oposición en que las actuaciones desplegadas por los diferentes funcionarios judiciales se 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44860 080012331004002200900207 00 IJCB encontraron enmarcadas en la ley, teniendo en cuenta que los diferentes fallos fueron en derecho y obedecieron a responsabilidades derivadas del ahora demandante al actuar como recusante temerario al hacer incurrir en error a la Administración de Justicia. Finalmente invocó las excepciones de inexistencia del error judicial, inexistencia del daño antijurídico y la innominada. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo del Atlántico, falló en sentencia del 30 de Marzo de 2011, negando las pretensiones de la demanda, manifestando, en resumen, los siguientes argumentos: 1.3.1. La providencia dictada por la Magistrada de la Sala del Tribunal SuperiorSala Civil Familia del Atlántico, que revocó la tutela proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, consideró que el actor había interpuesto dos acciones de tutela por los mismos hechos, circunstancia que se logró evidenciar,

pues del acápite de las pruebas se tiene que el actor las presentó y solicitando en ambas que se había vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. De manera que la interpretación de dicho fallo constitucional no puede considerarse como un error jurisdiccional porque no se advierte que haya sido abiertamente contrario a la Ley. 1.3.2. Precisó que al no aportarse al expediente la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla, no le permite verificar la decisión y por tanto no puede analizar si se configuró en ella los presupuestos del error judicial, en razón a la orfandad probatoria del caso, pues es en dicha providencia donde según el actor se plasmo el error que le causó los daños 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44860 080012331004002200900207 00 IJCB materiales y morales alegados. 1.3.3. Concluyó que resulta evidente que la decisión de revocar el fallo no es posible analizarla para determinar si los hechos expuestos o las consideraciones se llegaba a concluir que las dos tutelas presentadas eran sobre los mismos hechos, y de otro lado no se probó que por la decisión de segunda instancia se hubiera causado la desvinculación del actor, por consiguiente negó las súplicas de la demanda. 1.4. Argumentos de la apelación.

Dentro del plazo asignado por ley, el apoderado del actor presentó escrito de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Atlántico, del 30 de Marzo de 2011. En éste, expone los siguientes argumentos en contra del fallo:  Expone su inconformidad respecto del fallo, en razón a que se evidencia de las dos acciones de tutela que persiguen un fin distinto, pues en la primera, lo que se buscaba era que la Secretaría de Educación Departamental efectuará el pago inmediato de los salarios retenidos a los docentes y en la segunda, era declarar vigente el decreto de nombramiento en propiedad hecho al actor, y restablecer el derecho a seguir siendo docente en el mismo establecimiento educativo, motivos suficientes para que se configurará el error judicial, ya que el accionante de ninguna manera interpuso dos acciones de tutelas iguales.  Aduce que la providencia de revocatoria, es contraria a la Ley por cuanto fue dictada con violación y desconocimiento de los requisitos que rigen la figura jurídica. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44860 080012331004002200900207 00 IJCB  Así mismo, indicó que no existió responsabilidad de la parte actora en relación con la copia del fallo de tutela de segunda instancia, por no haber sido aportada al expediente, toda vez que en el acápite de pruebas de la

demanda se solicitó que se tuviera como prueba dicho fallo.

II. Consideraciones del Ministerio Público 2.1. Problemas Jurídicos: 2.1.1. ¿Es responsable pecuniaria y administrativamente la entidad demandada por los perjuicios sobrellevados por el actor con ocasión de la decisión del Tribunal Superior-Sala Civil Familia del Atlántico, la cual revocó la tutela proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla? 2.1.2. ¿Se configuró el error jurisdiccional alegado por el accionante, teniendo en cuenta que no se aportó en debida forma la sentencia revocatoria para su respectivo análisis?

2.2. Marco Teórico. Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento del concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44860 080012331004002200900207 00 IJCB La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión,

retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. Error jurisdiccional La Sección Tercera, Subsección C, el 19 de octubre de dos mil once (2011).

Radicación: 730012331000199802055 01 (20362), precisó sobre este título de

imputación: 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44860 080012331004002200900207 00 IJCB “3.1. Error jurisdiccional El artículo 66 de la Ley 270 de 1996 define el error judicial como aquel "cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su

carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley". Y esta Corporación lo ha definido como el error que se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, es decir, aquellas resoluciones judiciales mediante las cuales se interpreta y aplica el Derecho. Asimismo, la Sala ha establecido que el error jurisdiccional como título de imputación de responsabilidad del Estado se presenta siempre que “una providencia judicial en firme, y con independencia de si fue proferida con culpa o sin ella, pero que es equivocada porque no se ajusta a la realidad procesal o a la ley, se causa un daño antijurídico que debe ser reparado.” 1 Adicionalmente, según el artículo 67 de la misma ley, para que proceda la responsabilidad patrimonial por el error judicial es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que el afectado interponga los recursos de ley, y (ii) que la providencia contentiva del error se encuentre en firme. Al respecto, la Corte Constitucional estableció: “Esta norma se limita a precisar los alcances de la anterior disposición, para lo cual señala como causales de procedencia del error jurisdiccional, el que el afectado interponga los recursos de ley y el que la providencia se encuentre en firme. En cuanto al primero de ellos, su constitucionalidad se explicará al analizar el artículo 70 del presente proyecto de ley. Respecto del segundo, resulta apenas lógico exigir que la providencia que incluye el error 1 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencia del 23 de abril de 2008. Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio, Exp. 16271. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44860 080012331004002200900207 00 IJCB que reprocha haya hecho tránsito a cosa juzgada, pues mientras ello no ocurra, el interesado podrá interponer los recursos de ley y hacer notar el yerro que se ha cometido.” (negrilla fuera de texto). Dicha posición ha sido reiterada por esta Corporación. En efecto, la declaratoria de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional exige que se cumplan dos presupuestos necesarios: (i) que el afectado haya interpuesto los recursos de ley en contra de la providencia contentiva del error y (ii) que tal providencia se encuentre en firme. (Negrillas y subrayas fuera del texto) 2.2.3. Cargas Procesales Estipula el Código de Procedimiento Civil en su artículo 177: “ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”. 2.3. Pruebas. Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, los

siguientes documentos: 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44860 080012331004002200900207 00 IJCB  Copia de la providencia de fecha 13 de abril de 2005, suscrita por la Magistrada de la Sala Civil - Familia, por medio de la cual se revocó el fallo de tutela proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito. (Folio 22 y 26)  Copia de la acción de tutela proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito, mediante el cual tuteló los derechos fundamentales al debido proceso. (Folios 5155) 2.4. Caso Concreto. Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir su concepto:  Inicialmente, debe esta Delegada del Ministerio Público pronunciarse en concordancia con los argumentos esgrimidos por el A-quo, al comprobar que en la oportunidad procesal para allegar el material probatorio y demostrar el daño sufrido, no se adjunto en debida forma la sentencia, objeto de análisis para determinar la estructura del error jurisdiccional, pues sólo se encuentra la primera hoja (folio 22) y última hoja de la providencia, documento incompleto al cual no se logró hacer el estudio del caso para

evidenciar el daño alegado, el error de interpretación, el error de hecho y la omisión en la aplicación de las normas que correspondían.  Lo anterior indica para ésta Delegada, que si bien es cierto se allegó la providencia, objeto de análisis para determinar la estructura del error jurisdiccional, la misma no se adjuntó de forma completa, siendo necesario observar los motivos jurídicos por los cuales decidió el Tribunal revocar el fallo, que le tutelaba los derechos solicitados al accionante, documento pertinente para estudiar la responsabilidad de la entidad demandada; lo 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44860 080012331004002200900207 00 IJCB anterior en razón a que uno de los requisitos para la configuración de error es que éste debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme, para así poder evidenciar si hubo error jurisdiccional y de ser así observar si fue de orden fáctico o normativo.  Ahora, no puede ser excusa por parte del accionante, que la providencia la había solicitado como prueba en la demanda, ya que a quien le incumbe demostrar el daño antijurídico alegado es a la parte interesada y por tanto él debía haberla adjuntado completa para así lograr el respectivo análisis. Por consiguiente, ésta Delegada concluye que no se encuentra demostrada conforme al marco probatorio, la responsabilidad de la entidad, es decir, los

elementos suficientes para la adecuación de la cláusula general de la responsabilidad estatal o administrativa y la configuración de los elementos constitutivos del error jurisdiccional.  De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, en el presente caso, no se logro hacer el análisis de forma objetiva de las pruebas pues fueron allegadas de manera incompleta, por tales motivos ésta Delegada concluye que la Nación – Rama Judicial, no es administrativamente responsable de los perjuicios irrogados al actor por la declaratoria arriba descrita, y proferirá concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del caso objeto de estudio. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44860 080012331004002200900207 00 IJCB

III. CONCLUSIÓN Esta Delegada del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo de Estado CONFIRMAR, la sentencia recurrida, proferida por el H. Tribunal Administrativo del Atlántico de fecha 30 de Marzo de 2011, por los argumentos expuestos en el caso

en concreto. Del Honorable Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co