PGN - DAÑO ANTIJURIDICO La policía nacional debió actuar de manera inmediata de conformida

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla del servicio en la falta de protección especial del Estado que dio lugar al homicidio de un Concejal Municipal FALLA DEL SERVICIO POR OMISION-Las autoridades no desplegaron de manera urgente los medios para prevenir el riesgo de muerte de la víctima/DAÑO ANTIJURÍDICO-La Policía Nacional debió actuar de manera inmediata de conformidad con el requerimiento La entidad demandada Policía Nacional, de conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales, conoció de las amenazas que se cernían sobre la vida e integridad personal del edil, en virtud de la denuncia presentada en el Cabildo Municipal y de copia del acta 088 del 18 de noviembre de 2008 enviado por el presidente de la corporación donde se tenía como precedente el atentado que 45 días atrás se había perpetrado contra del concejal. Las autoridades no desplegaron de manera urgente los medios necesarios para prevenir, minimizar o neutralizar el riesgo de muerte que se filtraba sobre la víctima directa. De acuerdo con las circunstancias en que se produjo el atentado al concejal, la Policía Nacional debió actuar de manera inmediata, estudiando el nivel de riesgo y el grado de amenaza de conformidad con el requerimiento allegado, brindando especial protección de manera inmediata, realizando en el menor tiempo posible la evaluación del riesgo denunciado. La imputación fáctica como jurídica entre la conducta omisiva del Estado y el daño producido, constituyeron una falla en el servicio, por omisión, de los deberes constitucionales

y legales de protección y vigilancia. PROTECCIÓN ESPECIAL-En razón de su actividad política La premisa fundamental, objeto del caso bajo estudio, está referida a lo expresado por el apoderado de la parte actora, al exponer que la causa del homicidio del concejal lo constituye el hecho de no haber recibido el servicio de protección y vigilancia que había requerido a las autoridades a través del presidente del Concejo Municipal de Túquerres, de los cuales tuvieron conocimiento tanto las autoridades municipales como nacionales, tras un largo cruce de oficios y memorandos entre las distintas entidades sin que ninguna ordenara brindar la protección requerida, con la cual se pudo impedir el cruel desenlace que terminó con la muerte del edil. HECHO NOTORIO-Los organismos de seguridad del Estado conocían suficientemente las amenazas contra del concejal Obra en el proceso prueba de la manifestación pública hecha en el recinto del Concejo Municipal de Túquerres (Nariño), en donde el concejal manifestó que temía por su seguridad y su vida, por lo cual, si bien es cierto que hay prueba de la solicitud de protección, también es cierto que las autoridades no podían desconocer un hecho público, notorio y evidente y tenían el deber constitucional y legal de desplegar las acciones positivas correspondientes para preservar su vida. En otras palabras un personaje público que ameritaba ser protegido en razón a su actividad permanente. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46400 (520012331000201100003-01) Rzo Los organismos encargados de prestar el servicio de seguridad a cargo del Estado, conocían suficientemente la existencia de serias amenazas contra del concejal por sus públicas y reiteradas denuncias, en tal sentido, todo ello obra en el proceso. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por falla del servicio por omisión en la protección de la vida del concejal/FALLA DEL SERVICIO POR OMISION-Las autoridades no hicieron ni el mínimo esfuerzo ante las amenazas públicas en contra del concejal El Ministerio Público en primera instancia, dijo que la Nación Ministerio de Defensa-Policía Nacional y el Municipio de Túquerres (N) no cumplieron con la obligación constitucional y legal de protección del derecho fundamental a la vida y de la garantía del ejercicio de funciones públicas, configurándose así la falla del servicio, por omisión. Lo que permite asegurar que concurren los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado. En opinión de esta Delegada del Ministerio Público, la sentencia apelada debe ser confirmada, en cuanto la condena en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional entidad encargada a nombre del Estado de garantizar la vida de los asociados. La declaratoria de responsabilidad en contra de la Nación a través de la Policía Nacional, proviene de haberse demostrado en el proceso que no dieron cumplimiento a su función, como organismos de seguridad del Estado, de proteger la vida del concejal, que por especiales circunstancias se encontraba amenazado.

Ahora bien, con base en los hechos demostrados, podemos concluir que el organismo encargado de prestar el servido de seguridad a cargo del Estado, incurrió en omisión en el cumplimiento de sus funciones por no haber tomado las medidas necesarias de protección del concejal. Se estructuró la falla en el servicio por omisión, porque mediaron las públicas denuncias realizadas por el señor y estas no hicieron ni el mínimo esfuerzo y las peticiones o informes que oportunamente presentó el Presidente del Concejo y la alcaldesa del municipio de Túquerres. De haber sido escuchadas por la Policía Nacional, otro hubiera sido el resultado. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-El juez debe realizar el control de convencionalidad/RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO-Es cumplir con los tratados internacionales/ACCIÓN DE REPETICIÓN-En contra del comandante de la Policía de Túquerres En virtud del principio Iura Novit Curia el juez es el único dotado de la facultad específica de administrar justicia aplicando e interpretando la norma para resolver los conflictos de los particulares, sin embargo, debe pronunciarse sobre el tema que éstos – las partes – han planteado, sin transgredir, ignorar o modificar lo pedido, en virtud también de otro principio: el de congruencia procesal. En este orden de ideas, al conocer el juez la existencia de normas aplicables al caso, tiene el deber de hacerlas efectivas, como ocurre con aquellas que disponen la reparación integral, 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46400 (520012331000201100003-01) Rzo por tanto, en el salvamento de voto que considera que el ponente se extralimitó al ordenar reparación integral, incurriendo en decisión extrapetita, basta señalar conforme al art. 93 de la Constitución Política la obligación de acatar el contenido de los tratados en materia de DDHH frente a los cuales Colombia se ha ratificado. En este orden de ideas, existe el deber de aplicar la Convención Americana de los DDHH, es decir la obligación internacional y cuando se violan las normas de DDHH contenidas en el citado instrumento internacional el deber de reparar adecuadamente, conforme lo dispone su artículo 63.1 como consecuencia de la responsabilidad internacional del Estado. En esta medida, a fin de evitar que se propicie el litigio interamericano, el juez debe realizar de manera expresa o tácita el control de convencionalidad, tal como ocurre en la sentencia objeto del recurso, sin que signifique una decisión extrapetita, por ello deben ser confirmadas las medidas de responsabilidad ordenadas en la sentencia objeto de la alzada. Siendo que se evidencia una real e innegable falla en la prestación del servicio, por cuanto la responsabilidad que se endilga a las instituciones estatales deviene de un no hacer que no se ajusta al deber que a la misma se le ha atribuido a la Policía Nacional, respetuosamente solicita esta Delegada de la Procuraduría General de la Nación, se ordene iniciar la acción de repetición contra quien se desempeñaba como comandante de la Policía de Túquerres

para la época de los hechos, de conformidad con lo preceptuado en el art. 90 de la Constitución Política y la Ley 678 de 2001. FALLA DEL SERVICIO POR OMISION-Jurisprudencia del Consejo de Estado 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46400 (520012331000201100003-01) Rzo CONCEPTO No. 139 / 2013 Bogotá, D.C 5 de julio de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Hernán Andrade Rincón

E. S. D.

EXPEDIENTE: 520012331000201100003-01(46400)

Acción de Reparación Directa ACTORA: Lupe Josefina Ruano y otros DEMANDADO: Nación - Ministerio de Defensa –Policía Nacional y Alcaldía Municipal de Túquerres (N) Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida. / Falla del servicio por parte del Ministerio De Defensa – Policía Nacional. / Hecho notorio. / Solicitud especial de protección a las autoridades por parte del presidente del cabildo de Túquerres. / Omisión del deber legal de protección a las personas que lo solicitan. / Control de convencionalidad. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de

la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46400 (520012331000201100003-01) Rzo

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda – hechos Las señoras Lupe Josefina Ruano Leyton y Aura Cecilia Vallejo, en nombre propio y en representación de sus hijas Dulia Samanta Leyton Ruano y Juliana Leyton Vallejo, respectivamente, actuando por conducto de mandatario judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, instauraron demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Alcaldía Municipal de Túquerres – Nariño. Por los siguientes hechos: El día 18 de noviembre de 2008 en sesión ordinaria del H. Consejo Municipal de Túquerres, el Concejal Luis Eduardo Leyton Erazo tomó la palabra y denunció públicamente que el día anterior se había enterado de que existían planes para matarlo y que los mismos se encontraban en la etapa de ejecución, además, que la posible consumación se llevaría a cabo en los siguientes días. Agregó que esos hechos no podían ser desestimados, por cuanto en el Municipio existía un

precedente grave de criminalidad en contra de los miembros del Concejo Municipal, como fue el atentado que 45 días atrás se había perpetrado en contra del concejal Mariano Efrén Almenida, tras haber recibido amenazas de muerte. El Concejal antes mencionado solicitó que su denuncia constara en el acta de la fecha y que la misma fuera remitida con copias a la Dirección de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, a la Fiscalía, a la Personería, a la Alcaldía, Policía e instancias judiciales necesarias requiriendo a las autoridades el servicio de protección y vigilancia. Mediante oficio del 20 de noviembre de 2008, el Presidente del Concejo Municipal de Túquerres, Luis Eduardo Rodríguez, en atención a la solicitud hecha por el concejal Luis Eduardo Leiton envió oficio a la Doctora Gloria Amparo Bolaños, Alcaldesa del 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46400 (520012331000201100003-01) Rzo Municipio, con copia al señor Sergio Quiñones, funcionario de la Fiscalía, al Sargento Ángel Montero Erazo, al Doctor Giovanny Caiza, Personero de Túquerres y al Doctor Diego Leyton Yela, Secretario de Gobierno Municipal, sobre las amenazas existentes en contra de la vida del edil y enviaron copia del acta del Concejo para poner en conocimiento los hechos y con el fin de que se tomaran las

medidas de protección pertinentes para brindar seguridad y velar por la integridad física del Concejal. Después de 42 días de incertidumbre para la víctima y su familia por no recibir el servicio de protección que había requerido, el día 29 de diciembre de 2008, cuando el Concejal Luis Leyton, salía de su casa fue víctima de un ataque sicarial con arma de fuego que terminó con su vida. 1.2. La contestación El Ministerio de Defensa, Policía Nacional, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, dijo que quien pretende la acción resarcitoria por responsabilidad extracontractual del Estado debe probar los elementos axiológicos:

1. Un mal funcionamiento del servicio que corresponde a la administración, incluyendo, dentro de ese concepto, el funcionamiento tardío, el deficiente y su no prestación.

2. Que se causó un perjuicio.

3. Que exista una relación de causalidad entre el perjuicio y el mal funcionamiento (sentencia 1638 de noviembre 24 de 1989. Sala de la

Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente Doctor Gustavo de Greiff Restrepo. Expediente No. 5573). 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46400 (520012331000201100003-01) Rzo 1.3. Fallo de primera instancia El Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia del 04 de mayo de 2012 declaró a

la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional administrativa y patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios sufridos por los demandantes y sus hijas a causa de la muerte de Luis Eduardo Leiton Erazo producida el 29 de diciembre de 2008, y exoneró de toda responsabilidad al Municipio de Túquerres y dijo que la imputación se circunscribe al plano de la omisión, por cuanto la responsabilidad que se endilga a las instituciones estatales deviene, no de una acción propiciada por la misma, sino por un no hacer que no se ajusta al deber que a la misma se le ha atribuido. La omisión es entendida como la abstención de hacer algo necesario o conveniente; algo que correspondía hacer. En relación con ello la doctrina distingue ente las omisiones en sentido laxo y las omisiones en sentido estricto. Respecto de las primeras se sostiene que hace alusión al incumplimiento de los deberes del cuidado necesario para evitar un evento de por sí previsible y evitable cuando se ejerce una actividad de este tipo, sería por ejemplo, la relacionada con la falta de señalización de obstáculos que en la actividad de la construcción se dejan sobre una vía; las segundas están relacionadas con el incumplimiento de una actuación a la cual se hallaba obligado el demandado, es decir, la omisión de una actuación que estaba en el deber de ejecutar y que podía impedir la ocurrencia de un hecho dañoso. El caso típico sería el del incumplimiento del deber de protección que el Estado debe brindar a las personas y que de haberse cumplido hubiera podido impedir la ocurrencia del hecho dañoso. En el caso bajo examen estaríamos ante la configuración de la segunda de ellas de

conformidad con la hipótesis que hasta aquí se ha planteado, pero la definición de un término no es suficiente para comprobar que dicha terminología se encuentra dentro de la situación concreta. El Consejo de Estado ha fijado ciertas reglas a partir de las 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46400 (520012331000201100003-01) Rzo cuales se establece la existencia de responsabilidad del Estado, estos requisitos son: a. La existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios. b. La omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal atendidas las circunstancias particulares del caso. c. Un daño antijurídico y de la relación causal entre la omisión y el daño. 1.4. Salvamentos de voto a) primer salvamento: una magistrada del Tribunal Administrativo de Nariño dijo que la decisión adoptada discrepa parcialmente por que se reconocen perjuicios morales a favor de la ex compañera permanente del señor Luis Eduardo Leyton y, adicionalmente, se reconocen a favor de la esposa e hija de la mencionada víctima, pues estima que si se reconocieron perjuicios morales a favor de la esposa de la víctima, la presunción judicial deja de operar frente a la compañera

permanente. La señora Aura Cecilia Vallejo Obando, ex compañera permanente de Leyton Erazo, podía presentarse como damnificada con la ocurrencia del daño y en dicha condición, obviamente demostrada, podía ordenarse en su favor el pago de perjuicios que hubiere acreditado, pero las pruebas obrantes en el proceso no demostraron dicha condición. Una de las características del daño, para que proceda su indemnización, es la certeza de su ocurrencia; en la sentencia de la cual discrepo parcialmente, se ordena una indemnización por un daño cuya incertidumbre se desconoce, en los siguientes términos: “… el tratamiento médico Psicológico y Psiquiátrico 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46400 (520012331000201100003-01) Rzo que requieran para el restablecimiento de su salud mental, si se determinase que a la presente fecha, todavía requiriesen de algún tipo de manejo por parte de personal especializado…” Entonces, so pretexto de aplicar medidas de reparación integral, se está reconociendo perjuicios por un daño cuya ocurrencia se desconoce totalmente por parte del Juez, es decir,, no es cierto, y cuya indemnización, además no fue incluida dentro del petitum de la demanda, lo cual resulta contrario a derecho b) Segundo salvamento de voto: otro magistrado se refirió diciendo que no

procede la indemnización de perjuicios a favor de la señora Aura Cecilia Vallejo, quien actúa en el proceso como ex compañera del señor Luis Eduardo Leyton, puesto que éstos no se probaron y no se pueden presumir porque el mismo fallo reconoce perjuicios morales a favor de la esposa del señor Leyton. 1.5. La apelación El apoderado de la Policía Nacional interpuso recurso de apelación frente a la sentencia adversa a sus intereses, dijo que el consejo de Estado en reiteradas jurisprudencias ha establecido que para la prosperidad de la Demanda es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a. Un riesgo creado por la administración b. La ocurrencia de un daño c. La relación de causalidad entre el riesgo y el perjuicio causado. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46400 (520012331000201100003-01) Rzo Sobre estos requisitos no se acreditó ninguna actuación irregular por parte de la Policía Nacional que lleve a determinar que en efecto fuera un funcionario de la Policía Nacional quien con su labor le causó los supuestos perjuicios a los demandantes, lo que hace que no surja responsabilidad alguna por parte de la Policía Nacional. Del material probatorio allegado al proceso se observa que, si bien en el presente caso se acreditó el daño (homicidio con arma de fuego) sobre los demás supuestos

esenciales para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, no se ha allegado prueba alguna que permita evidenciar la existencia de una relación de causalidad entre el daño y el riesgo creado, pues evidentemente el riesgo no fue creado por algún miembro de la Policía Nacional, ya que como es de notorio conocimiento, el hecho fue causado por un delincuente, como así lo demostró el apoderado de la parte demandante, por lo tanto, la Policía Nacional no es administrativamente responsable por los daños causados a las demandantes, rompiéndose, entonces, el nexo causal.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Le asiste responsabilidad a la naciónMinisterio de Defensa-Policía Nacional y/o a la Alcaldía Túquerres (N), como consecuencia de la conducta omisiva en los hechos que dieron lugar al homicidio del señor Luis Eduardo Leyton Erazo (q.e.p.d.); en su calidad de Concejal del Municipio de Túquerres y ante la circunstancia de no contar con protección especial del Estado?

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Expediente No.46400 (520012331000201100003-01) Rzo 2.1.2. ¿Existía obligación legal o reglamentaria por parte del Estado - Policía

Nacional, de evitar la ocurrencia de los hechos en los cuales resultó asesinado el señor Luis Eduardo Leyton Erazo (q.e.p.d.) en su calidad de funcionario público como Concejal de Túquerres (Nariño)? 2.1.3. ¿podrá el tribunal administrativo de Nariño en la sentencia apelada, ordenar la reparación integral? 2.2. Marco teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad patrimonial del Estado La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46400 (520012331000201100003-01) Rzo c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” Cuando se invoca la figura de la falla del servicio como título de imputación responsabilidad al Estado, tal y como ocurre en la presente demanda, para que surja el deber de resarcimiento patrimonial a cargo del primero, se deben dar los siguientes elementos: a) Una actuación irregular del Estado b) El daño antijurídico c) El nexo de causalidad entre el daño y el actuar activo u omisivo de la administración El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado se deriva del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que es deber del Estado responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que por sus acciones u omisiones las Entidades Estatales causen a los ciudadanos. Así que al interior de los procesos de responsabilidad deban probarse los elementos fundamentales de la misma cuales son, la existencia de un daño antijurídico, la acción u omisión del Estado y una relación de causalidad entre ellos, que pueda constituir como sucede en el presente caso una falla del servicio. Sin perder de vista la cláusula general de responsabilidad contenida en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, la evolución jurisprudencial del Consejo de

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Expediente No.46400 (520012331000201100003-01) Rzo Estado ha determinado unos títulos de imputación como es el de la falla del servicio, respecto del cual, ha expresado lo siguiente: “La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. (…) la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como

es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía.1” La misma Corporación, en cuanto a los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado por la falla del servicio, ha dicho: “Así las cosas, no debe perderse de vista que para la prosperidad de la acción de grupo y, por ende, para que el sentenciador pueda ordenar la reparación pretendida, deben estar acreditados con las pruebas que obran en el proceso los elementos que estructuran la responsabilidad extracontractual por falla del servicio a saber: i) la existencia de un daño, lesión o menoscabo de tipo patrimonial o moral, cierto y determinado, que afecta de forma individual a una pluralidad de sujetos; ii) la conducta activa u omisiva de la autoridad que lo infiere; y iii) la relación de causalidad entre ésta y aquél, es 1 Sentencia proferida el 7 de abril de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Radicado No. 52001-23-31-000-1999-00518 – 01 (20750). Actor: Alicia Margoth Montilla y otros. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46400 (520012331000201100003-01) Rzo decir, que el daño se originó como consecuencia directa de la

actuación atribuida a la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. 2 Por lo demás, como criterio de identificación para la determinación de la falla del servicio, en forma constante la jurisprudencia ha dicho que, por regla general, “…las obligaciones a cargo de la administración (…) deben ser determinadas, especificadas, por las leyes o los reglamentos que se expidan para precisar las funciones que a cada organismo administrativo haya de ejecutar…”3(…)”4 2.2.2. De la responsabilidad del Estado por falla del servicio por omisión. El Consejo de Estado respecto de la falla del servicio por omisión en sentencia del once (11) de agosto de dos mil once (2011) Radicado número: 19001-23-31-0001998-58000-01(20325) Consejero ponente MAURICIO FAJARDO GÓMEZ argumentó lo siguiente: (…) En similares términos la Sala, al analizar el fenómeno de la imputación desde el plano de lo material o fáctico y desde el punto de vista jurídico, ha discurrido de la siguiente manera5: 2 La responsabilidad patrimonial por falla del servicio, como se ha manifestado por la Corporación de tiempo atrás, se configura por los siguientes elementos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración; “b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano;“c) Un daño

que, implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc.; “d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de octubre de 1976, C.P. Jorge Valencia Arango. 3 Consejo de Estado, Sala de l