PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Las muertes son imputables a las autoridades públicas obedeciendo

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por muerte violenta de unos ciudadanos por falta de medidas de seguridad de las autoridades DAÑO ANTIJURÍDICO-Las muertes son imputables a las autoridades públicas obedeciendo a la falta de medidas de seguridad/CONCILIACIÓN-El Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos El fallo de primera instancia declaró responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional por los daños antijurídicos causados a los demandantes como consecuencia de la muerte de los señores quienes fueron asesinados el 4 de septiembre de 1997, a manos de las CONVIVIR. Se tiene demostrado en el proceso, con los elementos de prueba documental allegados y los testimonios recibidos, que se trató de un acto de violencia efectuado por las CONVIVIR, cuyo propósito no fue otro que el de alterar el orden público, razón por la cual las consecuencias nocivas son imputables a las autoridades públicas, porque se probó que dicho acto obedeció a la falta de medidas de seguridad de las autoridades correspondientes, las cuales, a sabiendas de que se ese grupo armado estaba en el pueblo, no hicieron nada por evitarlo y omitieron proteger a las personas afectadas (población civil), es decir que procuraron por la permanencia del grupo en la localidad. De las pruebas practicadas no existe duda que el grupo armado de las CONVIVIR operó con pleno conocimiento de las Fuerzas Militares y de Policía del municipio de Lebrija pues el Comandante Brigadier del Batallón Antonio Ricaurte no sólo da fe de la existencia del grupo armado, sino también del apoyo que se le brindó para su conformación, en

principio, como un grupo de vigilancia que terminó decayendo en el grupo paramilitar que sembró el terror en dicha población al salirse del control de las autoridades públicas, razón por la cual se les declaró grupo al margen de la ley. Al respecto, ha sido muy clara la Constitución Política de Colombia según lo contenido en los artículos 2 y 218, pues ha preceptuado que el Estado como estructura en la cual radica el poder político y público y el monopolio de la fuerza pública no sólo está en la obligación de precaver el delito, sino a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que, pudiéndose evitar, se concreten por omisión en el cumplimiento del deber legal, así como también el fin esencial de mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica. FALLA DEL SERVICIO-Daño antijurídico/DAÑO ANTIJURÍDICO-Está probada la relación de causalidad entre la omisión de los agentes del Estado y el daño sufrido Razón le asiste al Tribunal, puesto que la causal eximente de responsabilidad denominada “hechos de un tercero”, alegada por la parte demandada (NaciónMinisterio de Defensa – Ejército Nacional) es indispensable establecer si estos hechos son o no ajenos a la acción u omisión del Estado y determinar cuál era el alcance de su deber de vigilancia y protección, en cuanto que se encontraba obligado dentro de sus medios y posibilidades, a evitar la ocurrencia del hecho dañino que se causó. De otro lado como se manifiesta en el marco teórico, además la connivencia con el grupo al margen de la ley, genero responsabilidad para el Estado por los hechos desplegados.

No se encuentra acreditada dentro del material probatorio, por ende se convierte en simple conjeturas al no encontrar respaldo probatorio a lo manifestado por la accionada en la apelación. Ahora en relación con los elementos para que se configure la falla del servicio de las entidades demandadas, esta Delegada observó del material probatorio que no existe duda respecto de la existencia del daño alegado, ya que consta en el plenario el deceso de los señores según el Certificado de Defunción. De manera que demostrado el daño causado, y que la muerte de los señores fueron realizadas por las CONVIVIR así se desprende de las pruebas testimoniales, se acredita Procuraduría Cuarta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12761 a 12794 Carrera 5 No. 15-80 Piso 27 Bogotá D.C. PBX 5878750 Exp. No. 680012331000199901847 01 (46901) Rzo la relación de causalidad existente entre la omisión de los agentes y el daño sufrido, del cual los demandantes no estaban en la obligación de soportar, por cuanto es obligación de la Policía Nacional y del Ejército proteger la vida de la personas y propender por un espacio de tranquilidad y de paz, máxime cuando no obra dentro del sub examine, elementos probatorios que demuestren una agresión o un hecho ilícito por parte de las víctimas, hoy occisos frente a las CONVIVIR. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Por falla del servicio/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por la evidente falla del servicio En relación con la aplicación de las reglas de la carga de la prueba y las relativas a la

valoración de cada uno de los testimonios, así como de los respectivos informes, ésta Delegada concluye que se encuentran conforme al marco probatorio, la responsabilidad en contra de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, es decir, los elementos suficientes para la adecuación de la cláusula general de la responsabilidad estatal o administrativa y la configuración de los elementos constitutivos de la falla del servicio alegada. Considera esta Delegada, que el Consejo de Estado, debe recordar a la Policía Nacional y al Ejército Nacional el deber de incoar acción de repetición, por la evidente configuración de falla en el servicio. RESPONSABILIDAD ESTATAL POR FALLA EN EL SERVICIO-Por omisión de protección a la población civil según jurisprudencia del Consejo de Estado IMPUTACIÓN DEL DAÑO-Jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12792-12794 Carrera 5 No. 15-80 Piso 27 Bogotá D.C. PBX 5878750 Exp. No. 680012331000199901847 01 (46901) Rzo

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO DE CONCILIACIÓN No. 005 /2014

Bogotá, 10 de abril de 2014

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera

E. S. D.

EXPEDIENTE: 680012331000199901847-01 (46901)

Conciliación

ACTOR: Germán Peña Hernandez y otros.

DEMANDADO: Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y

Nación - Policía Nacional.

Sentido del concepto: la conciliación resulta VIABLE respecto de los perjuicios morales y materiales solicitados en la demanda toda vez que se probaron en el transcurso del proceso; por lo tanto, existen elementos de juicio suficientes para el acuerdo. / Es responsabilidad del Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Ejército Nacional. / La fuerza pública están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos que habitamos en el territorio nacional.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demandahechos Primer grupo de reclamantes: Germán Peña Hernández, María Ninfa Díaz Criado, Yuli Helena Peña Díaz, Edwin Alexander Peña Díaz, Heriberto, Gabrielina, Hernán, Augusto, Jorge Enrique y Wilson Peña Rincón, padre, compañera, hijos y

3 Procuraduría Cuarta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12792-12794 Carrera 5 No. 15-80 Piso 27 Bogotá D.C. PBX 5878750 Exp. No. 680012331000199901847 01 (46901) Rzo hermanos respectivamente de Mario Julio Peña Rincón quien fue asesinado el

pasado 19 de agosto de 19997 por miembros de una organización que se autodenomina CONVIVIR, la cual opera en Lebrija (Santander) con el apoyo y auspicio de miembros del Ejército y la Policía Nacional.

Un segundo grupo de reclamantes: Ana Lourdes Ardila de Cadena esposa de Leonardo Cadena y madre de José Manuel Cadena, Dulcelina, Amalia e Isabel Cadena Barrera, hermanas de Leonardo Cadena Barrera; Jorge Leónidas, José Omar, María Lucena, Misael Adolfo, Ana Mercedes, Rosalba y Carlos Alberto Cadena Ardila, hijos, hermanos respectivamente etc., por intermedio de apoderado judicial, formularon demanda contenciosa administrativa en ejercicio de la acción de reparación directa contra la NaciónMinisterio de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional, por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la muerte de Leonardo Cadena y José Manuel Cadena quienes fueron asesinados por miembros de un grupo armado denominado CONVIVIR el 4 de septiembre de 1997.

El grupo armado que ocasionó la muerte a Mario Julio empezó a hacer presencia con la CONVIVIR convocando a reuniones a los habitantes de la región (LebrijaSantander) para dar a conocer sus propósitos e imponer cuotas de sostenimiento a campesinos y comerciantes. En declaraciones e indagatorias a distintos personajes de la Fuerza Pública se pudo verificar que ni el Ejército, ni la Policía Nacional combatieron o impidieron el accionar del grupo armado que asesinó y despareció a varias personas en Lebrija (Santander) en el año 1997, a pesar de tener conocimiento de su existencia y que

como miembros de estas instituciones contrariaron claros mandatos constitucionales, entre los cuales está el deber de velar por la vida de las personas, además permitieron el actuar de éstos grupos, y les ayudaron proporcionándoles armas, entre otros elementos y tipos de apoyo para que actuaran. 4 Procuraduría Cuarta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12792-12794 Carrera 5 No. 15-80 Piso 27 Bogotá D.C. PBX 5878750 Exp. No. 680012331000199901847 01 (46901) Rzo 1.2. La contestación de la demanda. 1.2.1. La Policía Nacional, Departamento de Policía Santander, Grupo de Negocios Judiciales contestó la demanda (fls. 68 y 69) oponiéndose a las pretensiones por cuanto estimó que no es clara la realidad como acontecieron los hechos, ni existe suficiente documentación o prueba de las cuales se pueda derivar algún tipo de responsabilidad por falla en el servicio. 1.2.2. La Policía Nacional de Colombia, Departamento Policía Santander Contestó la demanda (fls. 106 a 109) oponiéndose a las pretensiones y dijo que los hechos ocurridos son precisos, en las circunstancias de tiempo y especio en cuanto a su ejecución por parte de grupos subversivos, pero en nada tuvo que ver con la responsabilidad de la Policía Nacional. Precisó que los actos terroristas no comprometen por sí solos la responsabilidad de la administración, por cuanto no se puede pretender que exista una falla del servicio o una omisión por la acción de grupos delincuenciales (hechos

exclusivos de un tercero) contra unos particulares dejando en entre dicho la actuación policial, cuando de por medio no existe negligencia alguna de esa entidad. 1.2.3. La NaciónMinisterio de Defensa – Ejército Nacional contestó la demanda (fls. 76 a 81) oponiéndose a las pretensiones por cuanto sostiene que no son ciertas las imputaciones efectuadas por el grupo familiar demandante. Adujo que el ingreso del grupo de las CONVIVIR al Municipio de Lebrija se debió no a una iniciativa de la entidad Estatal, sino por el contrario a iniciativa de un grupo de vecinos de la vereda Santo Domingo de esa municipalidad ante la necesidad de buscar mecanismos de defensa en favor de la paz y tranquilidad de los habitantes de dicha región, por lo cual acudieron a la superintendencia de vigilancia y seguridad privada en solicitud de autorización y licencia que les permitiera disponer del funcionamiento de una cooperativa de vigilancia y 5 Procuraduría Cuarta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12792-12794 Carrera 5 No. 15-80 Piso 27 Bogotá D.C. PBX 5878750 Exp. No. 680012331000199901847 01 (46901) Rzo seguridad privada y ante dicha petición, mediante resolución No. 5564 del 21 de marzo de 1997, la Superintendencia accedió permitiendo la participación de la Cooperativa.

Propuso como excepción: la inimputabilidad del daño a la Nación, Ministerio de Defensa Ejército Nacional por la culpa o hechos de terceros. 1.3. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 21 de junio de 2012,

declaró a la Nación – Ministerio de Defensa y Policía Nacional, administrativa y extracontractualmente responsable por los perjuicios que sufrieron los demandantes, como consecuencia de la muerte de los señores Mario Julio Peña (q.e.p.d.) Rincón, Leonardo Cadena Becerra (q.e.p.d) y José Manuel Cadena Ardila (q.e.p.d.). Sobre la falla del servicio el Tribunal precisó que es indispensable considerar las circunstancias anteriores a la ocurrencia de los hechos del caso que se analizan y de esta forma establecer la responsabilidad que le asiste al Estado por el daño ocasionado a los demandantes por efecto de los actos perpetrados por las CONVIVIR en el municipio de Lebrija (Santander) en los cuales se dio muerte a los señores Mario Julio Peña Rincón, Leonardo Cadena Becerra y José Manuel Cadena Ardila. Si bien es cierto que el acto fue cometido por terceros delincuentes, es indispensable establecer si estos hechos son o no ajenos a la acción del Estado, y determinar cuál era el alcance de su deber de vigilancia y protección, en cuanto que se encontraba obligado, dentro de sus medios y posibilidades, a evitar la ocurrencia del hecho dañino que se causó. 6 Procuraduría Cuarta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12792-12794 Carrera 5 No. 15-80 Piso 27 Bogotá D.C. PBX 5878750 Exp. No. 680012331000199901847 01 (46901) Rzo Aduce que la Fuerza Pública debió haber establecido un control más estricto sobre el actuar ilegal de este grupo por cualquier medio posible y no esperar la

ocurrencia y comisión de la cantidad de actos delictivos perpetrados, porque los mandos militares y de policía no tuvieron más remedio que declararlos grupos al margen de la ley retirándoles su apoyo económico como bien lo sostuvo el comandante de Policía de Lebrija, siendo responsables directos la NaciónMinisterio de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional por las muertes de los señores Mario Julio Peña Rincón, Leonardo Cadena Becerra y José Manuel Ardila al permitir la incursión de grupos paramilitares y consentir el desarrollo de sus actividades ilícitas por más de siete (7) meses sin tomar las medidas necesarias para detenerlos o contrarrestarlos y así garantizar la seguridad, la vida, la honra y los bienes de la población de Lebrija como era su deber legal y constitucional. 1.4. La apelación del fallo 1.4.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional interpuso recurso de apelación adverso a los intereses de su representado. Dijo que los hechos perpetrados por delincuentes sólo son el reflejo de la incertidumbre y la zozobra a la que estamos sometidos y por los cuales se ha reclamado e insistido para hacer alto en esta clase de actos que únicamente se veían con frustración, como es caso que hoy se analiza, donde ubicándonos en el contexto histórico de los mismos, se atenta contra los ciudadanos de forma indiscriminada. Tal es así, que se ha dispuesto tomar medidas que han evitado la ocurrencia de hechos como el que hoy nos convoca; lo que demuestra la buena disposición del

Gobierno y de la Policía Nacional de evitar cualquier tipo de actuar que pueda afectar a la comunidad. 1.4.2.El Ministerio de Defensa Nacional interpuso recurso de apelación contra el fallo adverso a sus intereses y consideró el fallador, obvio analizar, las circunstancias de tiempo, que rodearon el hecho, como quiera que si se traslada a la época en que ellos ocurrieron, se debe entrar a dar valor a cruda e insostenible realidad que para la fecha de los hechos, donde era imposible tener un control 7 Procuraduría Cuarta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12792-12794 Carrera 5 No. 15-80 Piso 27 Bogotá D.C. PBX 5878750 Exp. No. 680012331000199901847 01 (46901) Rzo permanente y absoluto en cada kilómetro del territorio nacional, así como brindar a cada ciudadano una seguridad personalizada, pese a que varios ciudadanos muchas veces inocentes eran víctimas de grupos al margen de la ley. Estas situaciones nos deben llevar a concluir que frente al hecho dañino que hoy nos distrae en esta instancia, nos encontramos frente a una inimputabilidad del daño sufrido por las partes, por el hecho exclusivo y determinante de un tercero.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

Los problemas jurídicos a resolver son los siguientes: 2.1.1.¿Es o no responsable administrativa, patrimonial y extracontractualmente el Estado –Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional por la muerte a los señores Mario Julio Peña Rincón (q.e.p.d), quien fue asesinado el 19 de agosto de 19997;

Leonardo Cadena Becerra (q.e.p.d.) y José Manuel Cadena Ardila (q.e.p.d.), quienes fueron asesinados el 4 de septiembre de 1997, por miembros de una organización que se denominó CONVIVIR, la cual operaba en Lebrija (Santander) con el apoyo y protección de los miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional.? 2.1.2 ¿Es posible aplicar el régimen de falla en el servicio y además la teoría del daño especial en este caso? 2.1.3 ¿Es viable llegar a una acuerdo conciliatorio? 2.2. Marco teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 8 Procuraduría Cuarta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12792-12794 Carrera 5 No. 15-80 Piso 27 Bogotá D.C. PBX 5878750 Exp. No. 680012331000199901847 01 (46901) Rzo 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la

administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano. c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización... 2.2.2. Responsabilidad por falla del servicio por omisión de protección. La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sobre el tema de responsabilidad por la omisión de protección, ha sostenido como fue en sentencia de 30 de noviembre de 2006, con ponencia del doctor Alier Eduardo Hernández Enríquez, dentro del expediente No. 2000-1233-1000-1997-03359-01 (16626), lo siguiente: “(…) En casos como éste, en los que se discute la responsabilidad del Estado, por la muerte de una persona, es necesario acreditar que ésta se debió a una falla imputable a la Administración, por acción u omisión de sus agentes. De llegar a materializarse el hecho, esto es, si la persona muere o sufre lesiones como consecuencia de un atentado, surge llana y claramente la responsabilidad del Estado, a título de falla en el servicio, por omisión. circunstancia que, en principio, pudo influir para que la víctima se convirtiera en objetivo

militar de grupos que operan al margen de la ley, no se demostró que el occiso hubiera recibido amenazas de muerte. En varias oportunidades, esta Corporación encontró probada la responsabilidad de la Administración, con fundamento en un régimen de falla en el servicio, por omisión, en aquellos eventos en los que se demostró que la víctima fue asesinada, a pesar de haber solicitado protección a las autoridades, quienes, no obstante tener conocimiento de que su vida corría peligro, se negaron a protegerlo. Nota de 9 Procuraduría Cuarta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12792-12794 Carrera 5 No. 15-80 Piso 27 Bogotá D.C. PBX 5878750 Exp. No. 680012331000199901847 01 (46901) Rzo Relatoría: Ver sobre FALLA DEL SERVICIO DE PROTECCION (sic) sentencia del 22 de julio de 1996 Expediente 11934 (…)”. 2.2.3. Responsabilidad del Estado por ser pasivo frente a la actividad paramilitar para tal efecto debe tenerse en cuenta que incluso internacionalmente el Estado ha sido declarado responsable, por la Corte Interamericana de los DDHH entre otros casos el de los comerciantes y por las masacres de Ituango entre otros. 2.2.4. Imputación del daño En sentencia de 18 de febrero de 2010. Radicación número: 20001-23-31-0001997-03529-01(18274), la Sección Tercera precisó en relación con la imputabilidad del daño por fallas en el deber de protección. (…) el hecho de que el daño tenga su génesis directa, material y causal en la

conducta de un tercero no quiere significar, en principio, que se haya configurado una causa extraña que exonere de responsabilidad a la administración pública, toda vez que aquél puede devenir imputable a esta última si su comportamiento fue relevante y determinante en el desencadenamiento del mismo, bien porque se contribuyó con una acción en la producción, o si pudiendo evitarlo se abstuvo de enervar su generación, esto último, siempre y cuando se constate en estos eventos que la entidad demandada se encontraba en posición de garante, es decir, que de conformidad con el ordenamiento jurídico estuviera compelida a evitar el resultado. (…) Por ende, cuando el Estado conociendo la situación de riesgo y peligro que yace sobre una determinada población, grupo de personas o un ciudadano, omite y desatiende los mandatos contenidos en la Constitución Política, no sólo vulnera y transgrede de manera ostensible sus deberes y obligaciones positivas, sino que desatiende los mandatos propios fijados por los imperativos categóricos, específicamente, la defensa y satisfacción del principio de dignidad humana, fundamento y sustancia de todos los derechos y libertades públicas3.” 3 (pie de página de la cita) “Todo mandato, por eso, que pretenda obligar a una persona, en tanto que norma jurídica, tiene que reconocer a esta persona como persona. El reconocimiento del hombre como persona responsable es el presupuesto mínimo que tiene que mostrar un orden social si éste no quiere forzar simplemente por su poder sino obligar en tanto que derecho. Este contenido material natural, de que hay una obligatoriedad o un deber ser trascendente a la existencia.”

WELZEL, Hans “Introducción a la filosofía del derecho natural y justicia material”, Ed. Aguilar, 1972, 2ª edición, pág. 252. 10 Procuraduría Cuarta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12792-12794 Carrera 5 No. 15-80 Piso 27 Bogotá D.C. PBX 5878750 Exp. No. 680012331000199901847 01 (46901) Rzo 2.3. Las pruebas obrantes -Se encuentra acreditado que el 19 de agosto y 4 de septiembre de 1997, en jurisdicción del Municipio de Lebrija (Santander), miembros del grupo armado CONVIVIR dieron muerte a los señores Mario Julio Peña Rincón, Leonardo Cadena Becerra y José Manuel Cadena Ardila. -Registro de defunción de los occisos. (fls. 22 y ss del cppal) Testimoniales: -Con los testimonios de Dulcelina Cadena Becerra, Amalia Cadena Becerra, Ana Lourdes Ardila de cadena, Leónidas cadena Ardila se pudo establecer las circunstancias en las cuales quien asesinados Leonardo y José Manuel Cadena, estos testigos relataron que el 4 de septiembre de 19997 llegó un grupo de hombres armados portando armas de fuego sacando a los señores Cadena de su hogar para posteriormente fueran asesinados y abandonados sus cuerpos en la carretera que conduce hacia el “Cerro de la Aurora”; el móvil del crimen se da por las sindicaciones de ser colaboradores de la guerrilla, no obstante previamente habían realizado amenazas de muerte por las aspiraciones políticas que tenían las

victimas al lanzarse al Concejo Municipal de Lebrija en contienda electoral con otros candidatos propuestos por las CONVIVIR según consta en el folio 105 del cuaderno 2 de anexos del proceso penal en contra de Jesús Velasco alias “chucho”. De igual manera, con fundamento en la prueba testimonial se estableció que la muerte de Mario Julio Peña se da de manera violenta a manos de grupo de las CONVIVIR el 19 de agosto de 1997, él como los dos anteriores también fue amenazado de muerte según lo relata el párroco Jorge Ríos Cortés donde asevera que el señor Peña se le acercó días antes de su muerte diciéndole que estaba 11 Procuraduría Cuarta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12792-12794 Carrera 5 No. 15-80 Piso 27 Bogotá D.C. PBX 5878750 Exp. No. 680012331000199901847 01 (46901) Rzo amenazado, en su declaración también aportó datos sobre las circunstancias que rodearon este execrable crimen. -La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Fernando Millán Pérez comandante de la Quinta Brigada del Ejército, Hernando Sánchez Salamanca Comandante del Batallón Antonio Ricaute y Oscar Esteban Hernandez Comandante de la Estación de Policía de Lebrija (Santander). 2.4. Caso concreto. El fallo de primera instancia declaró responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional por los daños antijurídicos

causados a los demandantes como consecuencia de la muerte de los señores Mario Julio Peña Rincón (q.e.p.d), quien fe asesinado el 19 de agosto de 19997; Leonardo Cadena Becerra (q.e.p.d.) y José Manuel Cadena Ardila (q.e.p.d.), quienes fueron asesinados el 4 de septiembre de 1997, a manos de las

CONVIVIR.

Se tiene demostrado en el proceso, con los elementos de prueba documental allegados y los testimonios recibidos, que se trató de un acto de violencia efectuado por las CONVIVIR, cuyo propósito no fue otro que el de alterar el orden público, razón por la cual las consecuencias nocivas son imputables a las autoridades públicas, por que se probó que dicho acto obedeció a la falta de medidas de seguridad de las autoridades correspondientes, las cuales, a sabiendas de que se ese grupo armado estaba en el pueblo, no hicieron nada por evitarlo y omitieron proteger a las personas afectadas (población civil ), es decir que procuraron por la permanencia del grupo en la localidad. De las pruebas practicadas no existe duda que el grupo armado de las CONVIVIR operó con pleno conocimiento de las Fuerzas Militares y de Policía del municipio de Lebrija pues el Comandante Brigadier del Batallón Antonio Ricaurte no sólo da fé de la existencia del grupo armado, sino también del apoyo que se le brindó para su conformación, en principio, como un grupo de vigilancia que terminó decayendo en el grupo paramilitar que sembró el terror en dicha población al salirse del 12 Procuraduría Cuarta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12792-12794

Carrera 5 No. 15-80 Piso 27 Bogotá D.C. PBX 5878750 Exp. No. 680012331000199901847 01 (46901) Rzo control de las autoridades públicas, razón por la cual se les declaró grupo al margen de la ley. Al respecto, ha sido muy clara la Constitución Política de Colombia según lo contenido en los articulo 2 y 218, pues ha preceptuado que el Estado como estructura en la cual radica el poder político y público y el monopolio de la fuerza pública no sólo está en la obligación de precaver el delito, sino a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que, pudiéndose evitar, se concreten por omisión en el cumplimiento del deber legal, así como también el fin esencial de mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica. Razón le asiste al Tribunal, puesto que la causal eximente de responsabilidad denominada “hechos de un tercero”, alegada por la parte demandada (NaciónMinisterio de Defensa – Ejército Nacional) es indispensable establecer si estos hechos son o no ajenos a la acción u omisión del Estado y determinar cuál era el alcance de su deber de vigilancia y protección, en cuanto que se encontraba obligado dentro de sus medios y posibilidades, a evitar la ocurrencia del hecho dañino que se causó. De otro lado como se manifiesta en el marco teórico, además la connivencia con el grupo al margen de la ley, genero responsabilidad para el Estado por los hechos desplegados. No se encuentra acreditada dentro del material probatorio, por ende se convierte en simple conjeturas al no encontrar respaldo probatorio a lo manifestado por la

accionada en la apelación. Ahora en relación con los elementos para que se configure la falla del servicio de la entidades demandadas, esta Delegada observó del material probatorio que no existe duda respecto de la existencia del daño alegado, ya que consta en el plenario el deceso de los señores Mario Julio Peña Rincón, Leonardo Cadena Becerra y José Manuel Cadena Ardila, según el Certificado de Defunción visible a folios 22 y ss del cuaderno principal. 13 Procuraduría Cuarta Delegada Ante el Consejo de Estado. Ext. 12792-12794 Carrera 5 No. 15-80 Piso 27 Bogotá D.C. PBX 5878750 Exp. No. 680012331000199901847 01 (46901) Rzo De manera que demostrado el daño causado, y que la muerte de los señores Mario Julio Peña Rincón, Leonardo Cadena Becerra y José Manuel Cadena Ardila fueron realizadas por las CONVIVIR así se desprende de las pruebas testimoniales, se acredita la relación de causalidad existente entre la omisión de los agentes y el daño sufrido, del cual los demandantes no estaban en la obligación de soportar, por cuanto es obligación de la Policía Nacional y del Ejército proteger la vida de la personas y propender por un espacio de tranquilidad y de paz, máxime cuando no obra dentro del sub examine, elementos probatorios que demuestren una agresión o un hecho ilícito por parte de las víctimas, hoy occisos frente a las CONVIVIR. Por consiguiente en re